EFE. Ciudad de México. 20 de mayo de 2026.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México anunció este miércoles que está investigando a doce personas y dos entidades legales señaladas por Washington por sus vínculos con el Cartel de Sinaloa, por lo que realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo para identificar posibles redes o operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A través de un comunicado, el organismo de la Secretaría de Hacienda de México informó que está «reforzando» las acciones contra estas personas, sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense por estar relacionadas con el tráfico de fentanilo y con grupos criminales del Cartel de Sinaloa, también conocido como el del Pacífico.

«Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada», apuntó la dependencia del Gobierno federal.

En este sentido, recordó que la UIF mantiene «coordinación permanente» con autoridades internacionales para «proteger la integridad del sistema financiero y mitigar riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita».

En concreto, Washington acusa a estas personas de tráfico de drogas y lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas.

Una de las redes está liderada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como responsable de coordinar la recolección de grandes cantidades de efectivo procedentes de la venta de fentanilo y otras drogas en Estados Unidos, que posteriormente eran convertidas en activos digitales para su transferencia a México.

Entre los sancionados figuran también Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como operador financiero clave en transacciones con criptomonedas; Rodrigo Alarcón Palomares, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero; y el empresario Alfredo Orozco Romero, junto con empresas y familiares que presuntamente actuaban como testaferros.

El Cartel de Sinaloa es una de las organizaciones mexicanas del narcotráfico que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, designó como terrorista desde su llegada a la Casa Blanca.

Recientemente, el Departamento de Justicia estadounidense solicitó la detención urgente de diez funcionarios mexicanos, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al acusarlos de narcotráfico por colaborar, supuestamente, con Los Chapitos a cambio de sobornos y favores políticos.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 20 de mayo de 2026.- El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este miércoles sanciones contra más de una docena de capos y empresas presuntamente vinculadas al mexicano cártel de Sinaloa, acusadas de ser las encargadas del lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.

Los dos principales sancionados son Armando Ojeda Avilés, acusado de ser el principal responsable del lavado de dinero, y el capo Jesús «Chuy» González Peñuela, sobre el que ya hay una recompensa de 5 millones de dólares desde enero de 2024.

La lista de sancionados distribuida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en inglés) también incluye al que es considerado el jefe financiero de la red, Jesús Alonso Aispuro, y a Rodrigo Alarcón Palomares, quien se encargaría de toda una red de recolección de dinero en Estados Unidos.

Familiares de esos capos fueron también sancionados por gestionar una empresa de seguridad, Grupo Especial Mamba Negra, y un restaurante en Chihuahua (norte de México), Gorditas Chiwas.

El cártel de Sinaloa fue declarado organización narcoterrorista por orden presidencial de Donald Trump el año pasado, y se ha convertido en uno de los principales objetivos de la justicia estadounidense.

Hace dos semanas, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otras nueve personas de su entorno, de trabajar para el cártel, lo que provocó tensión con el gobierno de la mexicana Claudia Sheinbaum.

El gobernador dejó el cargo, mientras que dos de sus colaboradores, el secretario de Finanzas y el de Seguridad, se entregaron a las autoridades estadounidenses.

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Periodistas Unidos. Washington, Estados Unidos. 06 de octubre de 2025.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a ocho individuos y 12 empresas mexicanas acusadas de apoyar la producción y tráfico de fentanilo por parte de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, en un esfuerzo por desmantelar las redes financieras del narcotráfico. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó a estas entidades como proveedores clave de precursores químicos, equipos de laboratorio y servicios logísticos para la fabricación del opioide sintético.

Entre los sancionados destacan los hermanos Víctor Andrés, Francisco y Jorge Luis Favela López, responsables de suministrar y transportar materiales esenciales para la producción de fentanilo, según el Tesoro. Las empresas, con operaciones en estados como Sinaloa y Baja California, incluyen compañías farmacéuticas, químicas y de limpieza que supuestamente lavaban dinero y facilitaban envíos a Estados Unidos. Estas medidas congelan activos en territorio estadounidense y prohíben transacciones con entidades norteamericanas.

El anuncio se enmarca en una ofensiva más amplia contra el Cártel de Sinaloa, que incluye cargos por apoyo material a una organización terrorista extranjera presentados en septiembre contra altos mandos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó que “estas sanciones cortan las venas financieras del fentanilo, protegiendo a comunidades de la crisis de opioides”. México, por su parte, ha colaborado en inteligencia, aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum reiteró su soberanía en la lucha contra el crimen organizado.

Analistas internacionales ven en estas acciones un escalamiento en la presión bilateral, que podría impactar la economía de regiones sinaloenses dependientes de estas empresas. La OFAC insta a la cooperación global para rastrear flujos ilícitos, mientras activistas en México demandan mayor transparencia en la extradición de capos y la prevención de la violencia asociada al narcomenudeo.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 19 de septiembre de 2025.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió este viernes a Estados Unidos pruebas concretas sobre los señalamientos que vinculan a la diputada federal Hilda Araceli Brown Figueredo, de Morena, con la facción ‘La Mayiza’ del Cártel de Sinaloa, al afirmar que el Gobierno mexicano «no tiene indicios» de tales nexos. La declaración surge un día después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense impusiera sanciones a Brown y una red de siete personas y 15 empresas en Baja California, acusadas de facilitar el lavado de dinero y el control territorial del grupo criminal.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum enfatizó que «el Gobierno mexicano no tiene indicios de que la diputada federal haya estado involucrada o esté involucrada con el Cártel de Sinaloa«. La mandataria aclaró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México fue notificada semanas antes de las sanciones, y aunque se realizó un bloqueo administrativo preventivo a las cuentas de Brown, no se cuenta con evidencia suficiente para congelarlas de manera definitiva o abrir una investigación formal en la Fiscalía General de la República (FGR). «Tendrían que presentar ellos las pruebas, aquí se hace lo propio y se abre una investigación en la Fiscalía, no se presentaron pruebas suficientes para que la UIF pudiera congelar desde aquí las cuentas», precisó Sheinbaum, quien reiteró: «Nosotros no vamos a proteger a nadie» si surgen indicios adicionales.

‘La Mayiza’, liderada por Ismael Zambada Sicairos —alias ‘El Mayito Flaco’, hijo del extraditado ‘El Mayo’ Zambada—, es una rama del Cártel de Sinaloa en pugna interna con ‘Los Chapitos’, facción de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Según la OFAC, Brown, exalcaldesa de Playas de Rosarito (2019-2021), habría brindado protección a las operaciones de este grupo durante su gestión municipal, permitiendo el lavado de activos a través de empresas inmobiliarias y hoteleras en Baja California. Las sanciones, anunciadas el jueves como parte de una acción conjunta México-EE.UU., también incluyen a exfuncionarios policiales y empresarios locales, y buscan desmantelar una red que facilita el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia el mercado estadounidense.

La diputada Brown, sorprendida por las acusaciones, negó rotundamente cualquier vínculo en declaraciones a la prensa en el Congreso de la Unión. «No he recibido ninguna notificación al respecto y no tengo mis cuentas bloqueadas; incluso he hecho transferencias cotidianas recientemente», afirmó, al tiempo que describió los señalamientos como una «infamia» destinada a desacreditar su compromiso con Morena. Brown, quien asegura contar con el respaldo de Sheinbaum y del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se declaró «firme para cualquier situación legal» y lista para defenderse ante cualquier autoridad. En un mensaje en redes sociales, reiteró: «Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento».

Esta controversia se enmarca en el contexto de la intensificada cooperación bilateral contra el narcotráfico, impulsada por la administración de Sheinbaum y el gobierno de Estados Unidos bajo Donald Trump, quien ha endurecido su postura contra el flujo de fentanilo. La UIF mexicana, por su parte, anunció que investigará la información financiera de las siete personas y 15 entidades señaladas, en un esfuerzo por validar o refutar las acusaciones estadounidenses. Analistas observan que el caso pone a prueba la soberanía investigativa de México, especialmente ante la revisión del T-MEC en 2026, donde temas como la seguridad fronteriza podrían complicar las relaciones comerciales.

Sheinbaum, visiblemente cauta, subrayó la disposición mexicana a colaborar: «Si hay más información, actuaremos en consecuencia». Mientras tanto, la oposición en México, liderada por el PAN y el PRI, ha exigido una auditoría inmediata a Brown y cuestionado la infiltración del crimen organizado en Morena. El incidente resalta las tensiones en Baja California, una zona estratégica para el narco por su proximidad a la frontera, donde ‘La Mayiza’ ha expandido su influencia en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa. Este caso podría marcar un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción política, con México insistiendo en evidencia tangible para evitar percepciones de injerencia externa.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 10 de septiembre de 2025.- El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, anunció este miércoles que las autoridades mexicanas están próximas a levantar las intervenciones temporales impuestas a los bancos CI Banco e Intercam, así como a Vector Casa de Bolsa, tras ser señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo. “Todo está transcurriendo de manera normal, incluso ya estamos por levantar las intervenciones”, afirmó Amador Zamora durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Las intervenciones, iniciadas en julio por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la SHCP, se implementaron como medida preventiva tras las acusaciones del Tesoro estadounidense el 25 de junio, que vinculaban a estas instituciones con una red de blanqueo de capitales para cárteles mexicanos, incluyendo los de Sinaloa, del Golfo y Jalisco Nueva Generación. Las sanciones estadounidenses provocaron dificultades operativas, restricciones en transferencias internacionales, cancelaciones de inversiones y problemas de liquidez, lo que llevó a la CNBV a asumir el control administrativo y legal de las entidades para proteger a ahorradores y garantizar la continuidad operativa.

Amador Zamora destacó que los procesos de transferencia de algunos negocios de estas instituciones ya están en marcha. La licencia bancaria de Intercam fue adquirida por Kapital, mientras que el negocio fiduciario de CI Banco se trasladó a Multiva. En el caso de Vector Casa de Bolsa, la intervención también avanza conforme a la normativa. “El sistema de pagos y los bancos están funcionando con normalidad”, aseguró el secretario, quien señaló que las operaciones se han estabilizado y que los avances se anunciarán por etapas, incluyendo el “acomodo de los activos”.

La presidenta Sheinbaum ha insistido en que no se han recibido pruebas contundentes del Departamento del Tesoro para respaldar las acusaciones. En julio, afirmó que las evidencias se limitaban a transferencias ordinarias entre empresas mexicanas y chinas, en el contexto de un comercio bilateral de más de 139,000 millones de dólares anuales. La SHCP y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectaron irregularidades administrativas, sancionadas con multas por 134 millones de pesos, pero no hallaron vínculos con actividades ilícitas. “No vamos a proteger a nadie, pero se necesita información verificable para actuar”, reiteró Sheinbaum.

Las sanciones estadounidenses, que prohíben ciertas transferencias financieras, han generado incertidumbre entre ahorradores, con reportes de clientes enfrentando dificultades para acceder a sus fondos. Las agencias calificadoras Fitch y HR Ratings rebajaron las calificaciones crediticias de las tres entidades, y algunos clientes, como los fideicomisos Fibra Inn y Terrafina, desvincularon a CI Banco como fiduciario. A pesar de ello, las autoridades mexicanas subrayan que el sistema financiero nacional mantiene niveles históricos de capitalización y liquidez.

El caso ha avivado el debate sobre la cooperación bilateral en la lucha contra el lavado de dinero. Mientras el Tesoro estadounidense destaca la colaboración con México, Sheinbaum ha exigido reciprocidad, señalando que EE.UU. también debe investigar operaciones financieras en su territorio. “No somos piñata de nadie, a México se le respeta”, afirmó la presidenta en junio, enfatizando la soberanía nacional.

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EFE. Washington, Estados Unidos. 20 de febrero de 2025.-  El Gobierno de Estados Unidos designó oficialmente este jueves como grupos terroristas a 6 carteles del narcotráfico de México, entre ellos el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de la banda criminal Tren de Aragua y la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).

Así lo confirmó en un comunicado el secretario de Estado, Marco Rubio, en el que indicó que la decisión parte del «compromiso» de EE.UU. de «proteger la nación, a los estadounidenses y el hemisferio» de las «campañas de violencia y terror» de estas organizaciones. La orden, que cumple con un decreto firmado por el presidente, Donald Trump, durante su primer día de mandato, la dio Rubio el miércoles en un documento que quedó publicado hoy en el Registro Federal.

Además del Cartel de Sinaloa y el CJNG, también fueron incluidos en la lista de grupos terroristas los carteles mexicanos del Noreste, del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y los Carteles Unidos.

«Designo a las organizaciones antes mencionadas y sus respectivos alias como organizaciones terroristas extranjeras», determinó el jefe de la diplomacia estadounidense en un documento publicado ayer en el Registro Federal.

México se ha opuesto en los últimos años a que Estados Unidos diera ese paso por temor a que eso abra la puerta a una intervención estadounidense en territorio mexicano.

Varios medios estadounidenses informaron el martes de que drones espías de la CIA han espiado al crimen organizado en territorio mexicano para detectar laboratorios de fentanilo.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles «no tener miedo» de una invasión de Estados Unidos porque se siente respaldada por la población.

Con respecto al Tren de Aragua, que surgió en una prisión venezolana y tiene presencia en varios países de Suramérica, fue sancionado ya en julio del año pasado por el Departamento del Tesoro bajo la Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025).

Trump ha asegurado desde hace tiempo que existe una supuesta presencia de miembros del Tren de Aragua en Estados Unidos y ha vinculado a la banda criminal con la migración venezolana en el país.

Recientemente, el Gobierno ha trasladado a más de 150 migrantes venezolanos a la base naval estadounidense en Guantánamo (Cuba), acusando a varios de pertenecer al grupo criminal.

Sin embargo, tanto testimonios de los familiares de algunos de estos migrantes, como sus antecedentes penales, contradicen esta versión.

MS-13, con orígenes y presencia en El Salvador, Honduras y Guatemala, también está sancionado por el Tesoro estadounidense desde 2012, bajo la presidencia de Barack Obama (2009-2017).

La inclusión de estos grupos en la lista de grupos terroristas puede tener consecuencias en los migrantes que llegan a Estados Unidos, dado que estas organizaciones se dedican también al tráfico de personas en la frontera.

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