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Foto: Natacha Pisarenko / AP

Por Carlos Valdez

AP. El Alto, Bolivia. 20 de noviembre de 2019.- Un depósito de combustible que abastece a dos ciudades, entre ellas La Paz, se ha convertido en un objetivo clave en la lucha que libra el gobierno boliviano con los seguidores del expresidente Evo Morales.

El barrio Senkata de la cercana ciudad de El Alto parecía en guerra el miércoles. La víspera soldados y policías tomaron la planta para sacar 50 camiones cisterna y abastecer a La Paz y El Alto, que están al borde del colapso.

Un puente de concreto estaba caído en medio de la carretera y los escombros de los muros derribados con explosivos por los manifestantes llegaban al interior de la planta, mientras la gente buscaba a sus familiares en hospitales cercanos.

Seis fallecidos eran velados en bancas de madera en una iglesia, pero los familiares aseguraron que hay más muertos que no fueron reportados por las autoridades.

“Queremos que aparezcan los muertos. Nos han disparado con bala y hay más muertos. Han venido con helicóptero. Cerca de mi cayó un muerto”, dijo a The Associated Press Sabino Gonzáles.

En 2003 en medio de una revuelta popular, uno de cuyos líderes era el entonces dirigente cocalero Evo Morales, un operativo de desbloqueo de esa misma planta derivó en la muerte de más de 65 manifestantes y provocó la dimisión y huida del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

“A los muertos los llevaron a la planta (de combustible), ahora no hay. Que se investigue, pedimos justicia”, agregó con la voz entrecortada Helena Vargas.

Policías y militares encontraron resistencia en los manifestantes que desde hace varios días mantienen un cerco humano a la planta. Los seguidores de Morales volaron un muro con dinamita y una pasarela de concreto, dijo el ministro de Defensa, Fernando López.

“Estamos ante hordas vandálicas que pretendían volar la planta con explosivos, lo cual hubiera ocasionado una tragedia de magnitud”, explicó en rueda de prensa. Según López “del ejército no salió ni un sólo proyectil”.

El gobierno asegura que los manifestantes, que reclaman el regreso del exmandatario, son pagados por exfuncionarios de Morales. La policía informó que detuvo a varios con mochilas llenas de dinero.

La de Senkata es la única planta que abastece de combustible y gas doméstico a los más de dos millones de habitantes de La Paz y El Alto.

La falta de combustible empeoró la situación en ambas urbes. El transporte es escaso, la basura se amontona en las calles, las filas para abastecerse de carne y otros productos son interminables y los bloqueos de carreteras impiden el ingreso de alimentos, pudieron observar periodistas de AP.

Bolivia está estancada en una crisis que parece no tener sin salida. Los opositores, que ahora controlan el gobierno con la autoproclamada presidenta interina Jeanine Áñez, no logran pacificar el país. En tanto, Morales alienta las protestas de sus seguidores para presionar por su retorno desde México, donde se asiló tras dimitir acorralado por las protestas de los opositores que lo acusaron de montar un fraude para asegurarse un cuarto mandato y la presión de la policía y las fuerzas armadas.

Una auditoría del conteo de votos de las elecciones del 20 de octubre realizada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) corroboró las irregularidades y aconsejó repetir la elección.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el uso excesivo de la fuerza y que el gobierno de Áñez haya otorgado inmunidad a los militares que apoyan el control de la seguridad interna. En casi un mes de protestas han muertos al menos 28 personas.

Según analistas el país quedó partido en dos tras el fin del ciclo político que lideró durante casi 14 años el primer presidente indígena, que tuvo una buena gestión económica pero salpicada por casos de corrupción, autoritarismo y su ambición por reelegirse aun cuando la constitución y un referendo de 2016 le negaban esa posibilidad.

Los esfuerzos para establecer un diálogo entre ambas partes con la mediación de las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europa y los obispos católicos todavía no han arrojado resultados debido a la intransigencia de las partes.

El gobierno de Áñez espera concertar con la bancada mayoritaria del Movimiento al Socialismo (MAS) -el partido de Morales- una ley para convocar elecciones inmediatas, pero advirtió que de no haber consenso lo hará por decreto.

En tanto, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, acusó al exministro Juan Ramón Quintana por la insurrección y dijo que el gobierno no dará un salvoconducto a los tres exministros de Morales refugiados en la embajada de México en La Paz si no ordenan el repliegue de los manifestantes.

Opositores se manifestaron en la puerta de esa embajada para exigir que México no los proteja.

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