EFE. Ciudad de México. 03 de marzo de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció este martes que la desaparición de personas “sigue siendo una situación dolorosa en el país” y defendió que su Gobierno ha modificado el modelo de investigación para enfrentar un fenómeno que consideró «distinto» al de la llamada “guerra sucia” del siglo pasado.

“Sí sigue siendo una situación eh dolorosa en el país y nuestra obligación es atender a las familias y dar con los responsables y terminar con cualquier esquema de reclutamiento forzado de algún joven”, afirmó durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria sostuvo que es necesario distinguir entre las desapariciones políticas de las décadas de 1970 y 1980 y las que ocurren en la actualidad, pues recordó que en aquella época las personas eran desaparecidas por el Estado mexicano “por tener una posición por ser luchadores sociales en el país”, en un contexto de “represión y del autoritarismo”.

En contraste, afirmó que hoy “la situación que se vive es donde hay desaparecidos vinculados con los grupos delictivos, con la delincuencia organizada”, aunque reconoció que existen otros casos, “que pueden ser pasionales, pero son menores”.

Sheinbaum explicó que tras el caso de Teuchitlán, en el estdo Jalisco (oeste de México), donde fue localizado un sitio de reclutamiento y adiestramiento de jóvenes presuntamente por parte del crimen organizado, su Gobierno decidió modificar el modelo de atención a colectivos y familiares.

“A partir de ahí tomamos la decisión de cambiar el modelo de atención a los colectivos, a las familiares que buscan a sus hijos, a sus familiares”, indicó.

Entre las medidas, destacó la obligación de abrir una carpeta de investigación desde el momento en que se denuncia una desaparición.

“Eso cambia por completo, porque se reconoce el delito y hay la obligación de la búsqueda”, subrayó.

También mencionó el fortalecimiento de un sistema de alerta para que, una vez presentada la denuncia, se active una notificación en aeropuertos, puertos, bancos y sistemas de transporte para intentar localizar a la persona en las primeras horas.

“Hay que decir también que se han encontrado a muchas personas. No es que hay un desaparecido y nunca se encuentra”, sostuvo, y señaló que en promedio pueden pasar tres meses para ubicar a una persona, aunque aseguró que existen “muchísimos casos” de localización con vida.

Cuestionada sobre señalamientos de colectivos respecto a la posible participación de fuerzas de seguridad en algunos casos, la presidenta aseguró que el Estado tiene la capacidad de investigar y sancionar a sus propios elementos.

No obstante, insistió en marcar distancia con el pasado, pues aseguró que “antes era instrucción” del Gobierno “desaparecer a los opositores”, y sostuvo que hoy no existe una política de Estado en ese sentido.

México enfrenta una crisis de desapariciones con más de 130.000 personas no localizadas, según registros oficiales, y colectivos de familiares mantienen una presión constante para exigir verdad, justicia y el fin de la impunidad.

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EFE. Ciudad de México. 27 de febrero de 2026.-  Rubí Patricia Gómez-Tagle, identificada como integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, fue hallada asesinada este viernes en la ciudad de Mazatlán, estado de Sinaloa, noroeste de México, donde hoy la presidenta Claudia Sheinbaum realizó su conferencia de prensa diaria.

De acuerdo con medios locales, la mujer fue identificada como Rubí Patricia, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, organización conformada por madres buscadoras que participan en la localización de personas desaparecidas en la zona sur de Sinaloa.

El cuerpo fue localizado al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento (urbanización) Jabalíes, sobre la avenida Santa Rosa, en las inmediaciones de Luis Donaldo Colosio Murrieta, zona donde horas antes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó su conferencia de prensa matutina.

De acuerdo con la información, la activista habría sido atacada con un arma blanca dentro de la vivienda, donde su cuerpo fue encontrado en la sala.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó en un comunicado que “este viernes 27 de febrero de 2026 se registró el hallazgo de una mujer sin vida en el interior de un domicilio ubicado en Mazatlán”.

Según la dependencia, “de acuerdo con información preliminar, la víctima podría formar parte de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas”.

La Fiscalía detalló que en el sitio trabajan la Policía de Investigación y personal de la Dirección de Servicios Periciales, quienes realizan las diligencias correspondientes y el procesamiento del lugar.

“Según los datos recabados hasta el momento, la mujer presenta lesiones en distintas partes del cuerpo, presuntamente producidas por arma punzocortante”, señaló la autoridad.

La institución agregó que continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias del homicidio.

Rubí Patricia era conocida en la comunidad por su participación en labores de búsqueda de personas desaparecidas, una actividad realizada por colectivos de familiares ante la magnitud de la crisis de desapariciones en México, donde más de 133.000 personas permanecen desaparecidas según registros oficiales.

En un comunicado aparte, el colectivo de madres buscadoras Sabuesos Guerreras, afirmó que el asesinato de la activista, justo el día de la visita de Sheinbaum a Mazatlán, es no solo una “tragedia individual”, sino un “desafío a la autoridad” y confirma que el discurso de “abrazos” o “protección” no “ha llegado al terreno donde las madres escarban la tierra.

Asimismo, subrayó que el crimen es un “mensaje de impunidad absoluta por parte de los perpetradores”.

El asesinato ocurre en medio de un contexto de violencia persistente en Sinaloa, donde autoridades federales han reforzado la presencia de fuerzas de seguridad tras enfrentamientos entre grupos criminales y operativos contra organizaciones del narcotráfico.

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EFE. Ciudad de México. 09 de febrero de 2026.-  La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México determinó este lunes que juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad la desaparición forzada de mujeres defensoras de derechos humanos es un criterio obligatorio, al reconocer la doble vulnerabilidad que enfrentan las defensoras por su género y su labor.

El pleno de la Corte estableció que «juzgar estos casos con perspectiva de género e interseccionalidad es una obligación, no una opción», de acuerdo con una tarjeta informativa difundida este día.

«Esto implica reconocer la doble condición de riesgo que puede existir al ser mujer y defensora de derechos humanos, lo que puede generar violencia agravada, discriminación y contextos específicos que deben analizarse en cada caso», indicó la nota.

El caso analizado corresponde al Amparo Directo en Revisión 5887/2025, presentado tras una sentencia penal por desaparición forzada de una mujer defensora de derechos humanos, quien fue desaparecida luego de participar en una manifestación social en 2021.

Aunque varios servidores públicos fueron condenados por estos hechos, un tribunal ordenó la liberación de uno de ellos al considerar que no había pruebas suficientes, por lo que los familiares de la víctima impugnaron esa decisión y el caso llegó a la Corte.

Por ello, el máximo tribunal determinó anular la decisión previa y devolver el caso al tribunal para que emita un nuevo fallo con perspectiva de género e interseccionalidad.

El ministro (magistrado) a cargo del proyecto, Arístides Guerrero, explicó que el dictamen parte del reconocimiento de la desaparición forzada como una de las formas más graves de violencia, por lo que exige un análisis judicial especializado que valore de manera integral las pruebas, el contexto de los hechos y la situación de vulnerabilidad de la víctima por ser mujer y defensora de derechos humanos.

En ese sentido, la Corte subrayó que «por la naturaleza clandestina de la desaparición forzada» es obligatorio realizar «un escrutinio judicial especializado, con análisis de contexto y valoración de pruebas circunstanciales cuando no existan medios de prueba directos».

Finalmente, el Supremo puntualizó que aplicar perspectiva de género no reduce el estándar probatorio, ni invierte la carga de la prueba o releva al Ministerio Público de acreditar el delito.

«Su finalidad es incorporar elementos indispensables para una decisión integral, sensible y con enfoque de igualdad», precisó la nota.

Nueve de cada 10 personas buscadoras de desaparecidos en México son mujeres, de las que al menos un 97 % sufre violencias y afectaciones por realizar una labor que le corresponde al Estado, según advirtió Amnistía Internacional en un reciente informe.

México acumula más de 133.000 personas desaparecidas, de las que una cuarta parte son mujeres, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 29 de julio de 2025.- La Unión Europea (UE) y la Embajada de Francia en México expresaron su profunda preocupación por el allanamiento al domicilio de Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), ocurrido el pasado 22 de julio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En un comunicado conjunto, ambas representaciones calificaron el hecho como un acto de violencia e intimidación contra la reconocida defensora de derechos humanos.

El incidente, que tuvo lugar en el sureste mexicano, ha generado indignación debido al compromiso de Roblero con la defensa de los derechos humanos, labor que la ha hecho beneficiaria del programa “Protejamos sus voces”, impulsado por la UE junto a las embajadas de Francia, Noruega y Suiza. Este programa busca proteger a personas defensoras en contextos de riesgo.

“Manifestamos nuestra profunda solidaridad con la víctima y nuestro rechazo a esta agresión”, señala el comunicado, que también urge a las autoridades mexicanas a esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de Roblero y del Frayba a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), entre enero y diciembre de 2024 se registraron 94 agresiones contra defensores de derechos humanos en México, incluyendo 25 asesinatos relacionados con la protección del medio ambiente. Este contexto resalta la vulnerabilidad de quienes dedican su vida a esta labor en el país.

Las representaciones diplomáticas aseguraron que estarán atentas a las acciones de las autoridades locales y federales para garantizar justicia y protección, reafirmando su compromiso con la seguridad de quienes defienden los derechos humanos en México.

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EFE. Monterrey, México. 03 de junio de 2025.-  Activistas en favor de los desaparecidos en Monterrey (norte de México) denunciaron este martes deficiencias en los procesos de búsqueda por parte de las autoridades regionales encargadas de este trabajo.

Leticia Hidalgo, fundadora del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, señaló a EFE que la Fiscalía retarda la entrega de certificados de personas desaparecidas y encontradas sin vida, además de retrasar los análisis de restos hallados por las propias buscadoras. La activista acusó al fiscal general, Javier Flores Saldívar, quien recientemente declaró que no hay personal suficiente para estas labores; sin embargo, dijo esa es una excusa poco creíble que viene de hace años.

«No quieren elevar el índice de personas desaparecidas y de víctimas de la violencia y la inseguridad que nunca han podido atender desde hace más de 15 años, siendo ellos los responsables de que no tengamos garantizada la vida y la seguridad en un Estado de derecho», dijo la activista.

Expuso tres casos que desde el colectivo han acompañado: el de un joven víctima de desaparición que fue encontrado sin vida en junio de 2024 y de quien, a casi un año del hallazgo, el Servicio Médico Forense no ha expedido su certificado de defunción porque alega que no ha sido posible determinar su causa de muerte.

Un segundo caso es el de una joven cuyos restos fueron encontrados en una fosa clandestina del crimen organizado, en el municipio de Hidalgo, y a un año de su identificación no ha sido entregada a sus familiares para una restitución digna.

También reveló que a principios de abril de 2025, el colectivo realizó el hallazgo de diversos restos humanos los cuales a la fecha no han sido analizados.

La activista afirmó que estas acciones violan los derechos humanos de familiares víctimas de desaparición y constituyen también un delito.

«Es equiparable a la tortura lo que ellos hacen y eso ya está por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una jurisprudencia, lo que pasamos nosotros como familiares de personas desaparecidas», afirmó.

Añadió que además negar y ocultar la información es también una desaparición forzada.

«Estas acciones configuran también el delito de desaparición forzada, es decir, los vuelven a desaparecer. Ya tienen cuerpos, ya tienen restos, ya tienen identificaciones y no quieren dar la información, ocultan la información, porque en los tres casos eso es lo que estamos denunciando», agregó.

Ante la situación que se está viviendo en el norte de México, Hidalgo comentó que han dado parte a instancias internacionales.

«Nosotros en todos los casos estamos haciendo la recopilación de nuestras denuncias y nuestras exigencias precisamente con estos escritos y damos parte al Grupo Contra la Desaparición Forzada de la ONU», comentó.

Explicó que para llegar a un grupo internacional se necesita agotar todas las instancias en el país de origen. «Ya agotamos todas las instancias y no nos dan respuesta», puntualizó.

En México, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) existen a la fecha más de 127.000 personas víctimas de este delito y en Nuevo León (norte) la cifra es de más de 7.000.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de mayo de 2025.– Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa exigieron la renuncia de Rosendo Gómez Piedra, fiscal especial de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), acusándolo de actos de corrupción y de mantener estancada la investigación sobre la desaparición forzada ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La exigencia fue planteada durante una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, según informó Melitón Ortega, vocero de las familias. El reclamo se sustenta en una denuncia presentada el pasado 28 de abril por trabajadores de la propia UEILCA, quienes acusan al fiscal de peculado, cohecho, extorsión, abuso de autoridad e intimidación.

Los empleados señalaron que Gómez Piedra ha utilizado vehículos oficiales para fines personales, ha solicitado dinero en efectivo y regalos de cumpleaños, y ha incurrido en prácticas humillantes como poner apodos al personal. También se le acusa de haber designado al chofer de su esposa como jefe de departamento en la Fiscalía General de la República (FGR), acción que, según el artículo 223 del Código Penal Federal, constituiría delito.

Melitón Ortega, padre de uno de los normalistas, señaló que la remoción del fiscal es la demanda central de las familias, que consideran que su gestión carece de resultados tangibles. Aunque Gómez Piedra declaró que “las investigaciones continúan”, los familiares han manifestado que los avances son mínimos y superficiales.

El nombramiento de Gómez Piedra en octubre de 2022, tras la renuncia de Omar Gómez Trejo –quien dejó el cargo por diferencias con Alejandro Gertz Manero, fiscal general– ya había generado desconfianza. Los padres sostienen que no fueron consultados y que el nuevo fiscal, cercano a Adán Augusto López, carece de experiencia en derechos humanos y desaparición forzada.

En redes sociales, la indignación ha escalado. Usuarios como @temoris han acusado al fiscal de desmantelar el equipo anterior y de “patear el bote” en la investigación. La incorporación de su hijo, Rosendo Gómez Silva, a la fiscalía ha encendido aún más las alertas por conflicto de interés.

Aunque el gobierno ha entregado documentos, como registros telefónicos que evidencian complicidades entre autoridades y el grupo criminal Guerreros Unidos, los familiares consideran que dichos avances no son suficientes. En su encuentro con Sheinbaum, reiteraron su exigencia de verdad y justicia, mientras que la Secretaría de Gobernación defendió su apertura al diálogo y el compromiso de facilitar acceso a archivos militares, incluyendo los de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Las familias de los 43 normalistas han advertido que continuarán con movilizaciones si no hay respuestas claras. “Nos queda claro que solo la fuerza de nuestra exigencia logrará mover los obstáculos”, señalaron en un comunicado reciente.

Hasta ahora no se ha anunciado si Gómez Piedra permanecerá en el cargo, pero la presión social y política continúa en aumento. A más de una década de los hechos, el caso Ayotzinapa sigue siendo una de las heridas abiertas más profundas en la historia reciente del país.

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EFE. Ciudad de México. 21 de abril de 2025.- Durante su viaje apostólico a México en 2016, del 12 al 17 de febrero, el Papa Francisco abordó temas clave que aún resuenan en el país tras su muerte este lunes, como la migración, la exclusión de los pueblos indígenas, los desafíos del mundo laboral, la corrupción y la violencia.

A lo largo de seis días, Francisco visitó Ciudad de México -donde fue recibido por el entonces presidente, Enrique Peña Nieto (2012-2018)-; así como Ecatepec, en el central Estado de México; Chiapas, en el sureste, Michoacán, en el occidente, y Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua. En su visita a Ciudad Juárez, el Pontífice alzó la voz por los migrantes que cruzan la frontera con Estados Unidos: “No podemos negar la crisis humanitaria que en los últimos años ha significado la migración de miles de personas (…) ¡No más muerte, ni explotación!».

También en Juárez, durante su visita al penal Centro de Readaptación Social (CERESO), Francisco cuestionó los modelos de seguridad basados en el encierro.

“Ya tenemos varias décadas perdidas creyendo que todo se resuelve aislando, apartando, encarcelando. Nos hemos olvidado de concentrarnos en lo que realmente debe ser nuestra verdadera preocupación: la vida de las personas”, dijo el papa en Chihuahua.

Ese mismo día, el pontífice también se encontró con trabajadores y empresarios, con quienes aprovechó para denunciar la cultura del descarte y los modelos económicos que priorizan el lucro sobre las personas:

“Dios pedirá cuenta a los esclavistas de nuestros días (…) El flujo del capital no puede determinar el flujo y la vida de las personas”, sentenció Francisco.

Chiapas, perdón por los abusos

En su visita a Chiapas, en el sureste mexicano y la región más pobre del país, el Papa celebró una misa con comunidades indígenas y reconoció los abusos cometidos contra ellos.

“Algunos han considerado inferiores sus valores, sus culturas y sus tradiciones. […] ¡Perdón, hermanos! (…) El mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte, los necesita”, defendió el primer papa latinoamericano.

Además, Francisco reivindicó su cultura, sus lenguas y su respeto por la naturaleza y admitió que las culturas originarias mexicanas “tienen mucho que enseñarnos”.

Por su parte, durante su visita a Morelia, en el estado de Michoacán, el heredero del trono de Pedro alentó a los jóvenes a no dejarse engañar por los falsos caminos del narcotráfico y la violencia.

“Jesús, el que nos da la esperanza, nunca nos invitaría a ser sicarios. Sino que nos llama discípulos”, manifestó el pontífice.

Al reunirse con sacerdotes y seminaristas en esa ciudad, el Papa alertó sobre la “tentación de la resignación” frente a la corrupción y el crimen, y pidió no encerrarse en las sacristías.

En Ecatepec, en el Estado de México, Francisco denunció las tres grandes tentaciones que enfrenta la sociedad: la riqueza que se impone sobre los demás; la vanidad que busca prestigio a costa del otro y el orgullo que desprecia a los demás; y el orgullo “de ponerse en un plano de superioridad”.

El mensaje más emotivo del líder de la iglesia católica universal lo dejó en la Basílica de Guadalupe, donde oró en silencio ante la imagen de la Virgen Morena acompañado de casi 50.000 católicos reunidos en el principal templo de Latinoamérica.

Francisco concluyó su visita pidiendo a los mexicanos que no pierdan la esperanza y sigan soñando con un país justo, reconciliado y solidario.

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EFE. Ciudad de México. 11 de marzo de 2025.-  La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no debería presionar a los estados en México para aprobar leyes o resoluciones a favor del aborto, pues con ello está yendo “muchísimo más allá” de sus atribuciones, advirtió este martes una especialista antiaborto.

En entrevista con EFE, Ana Guadalupe Correa Torres, abogada especialista y profesora de la Escuela Libre de Derecho, señaló que la SCJN está avanzando en las agendas sobre el aborto en entidades federativas como Nuevo León y Chihuahua.

Para la especialista, en este caso no se hablaba específicamente de aborto o criminalización de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, sino que “era un tema preventivo en la educación: dar respeto a la vida humana”.

Disputa legal sobre reforma en Nuevo León

La controversia surgió a raíz de una reforma a la ley publicada en el Periódico Oficial de Nuevo León el 24 de julio de 2020 y una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que argumentaba que la redacción del artículo iba en contra de principios constitucionales, ya que promovía una visión particular sobre la vida, la cual no es compartida universalmente.

En este caso, los ministros de la SCJN coincidieron en que la neutralidad del Estado es crucial en temas ideológicos, y que la inclusión de una perspectiva específica en la educación pública vulnera los derechos a la pluralidad y la libertad de pensamiento.

Sin embargo, Correa Torres afirmó que esto no tenía “nada que ver con el aborto” y solo se trataba de una promoción del respeto a los derechos humanos.

Sientan precedentes en Chihuahua

La especialista citó otra de las controversias más recientes: en enero pasado, la SCJN invalidó las leyes que prohíben el aborto voluntario y los requisitos para acceder al aborto por violación en el estado de Chihuahua, luego de que el Congreso estatal se negara a legislar pese a una orden judicial.

Con esta decisión, Chihuahua se convirtió en el estado número 21 de México en despenalizar el aborto voluntario hasta las 12 semanas, pero, a diferencia de otros casos, esto ocurrió por decisión de la SCJN y no del Congreso estatal.

La experta también criticó que organizaciones civiles como Human Rights Watch (HRW) promuevan que el Congreso de la Unión está obligado a eliminar disposiciones que penalizan el aborto en el Código Penal Federal y a regular el aborto como un servicio de salud.

“La Corte puede decir: ‘Esto es inconstitucional’, pero no le puede decir al Congreso ni que derogue normas y mucho menos que regule como servicio de salud”, insistió.

El aborto en México: entre la SCJN y el Congreso

Hasta ahora, más de 20 de los 32 estados del país han despenalizado el aborto como decisión voluntaria antes de la semana 12 (y en Sinaloa, hasta la semana 13), en sintonía con la sentencia de la SCJN que en 2021 determinó que prohibir la interrupción del embarazo viola los derechos a la dignidad humana, autonomía reproductiva, salud e igualdad, entre otros.

Además, el aborto por violación está permitido en todo México, en cualquier momento de la gestación y sin necesidad de presentar una denuncia, conforme a la normativa NOM-046.

En particular, Correa Torres hizo referencia a la resolución de la SCJN que el año pasado invalidó el artículo 7, fracción XII de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León, en especial la frase “desde la concepción hasta la muerte natural”, al considerar que adoctrina a los estudiantes y viola el derecho a una educación laica.

“Aquí la Corte está yendo muchísimo más allá de lo que le compete”, concluyó.

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