Periodistas Unidos. Ciudad de México. 06 de junio de 2026.- En esta emisión de La Ciudad de las Mujeres 2.0 de Periodistas Unidos, Layla Sánchez y Montserrat Jiménez analizan la instalación del antimonumento a periodistas en Paseo de la Reforma, una acción de memoria colectiva que honra a más de 200 periodistas asesinados en México. Además, reflexionan sobre la violencia que enfrentan las mujeres periodistas, la precarización laboral, el acoso digital y los desafíos para ejercer el periodismo en un país marcado por la impunidad.

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• El movimiento critica que el dictamen no contempla dos días de descanso efectivos y legaliza jornadas de hasta 12 horas

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 02 de febrero de 2026.- El Frente Nacional por las 40 Horas se manifestó afuera del Senado de la República para exigir cambios en la reforma de la reducción de la jornada laboral. El documento enviado por el Poder Ejecutivo al Legislativo no contempla dos días de descanso efectivos y en cambio legaliza labores de hasta 12 horas.

La propuesta ha sido criticada por especialistas en Derechos Humanos desde que se dio a conocer el 4 de diciembre pasado. «Estamos luchando por el tiempo porque el tiempo es la vida misma», señaló uno de los integrantes del Frente durante la manifestación.

En ese sentido, una de las demandas es que si la jornada no se reduce de forma inmediata, en lugar de ser 40 horas sean 35. Durante la protesta también participaron integrantes del Partido Comunista Revolucionario y trabajadores y ex trabajadores del sector salud. Estos últimos denunciaron que hay turnos de hasta 48 horas en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La protesta concluyó con la tradicional partida de piñata donde había consignas contra patrones y gobierno.

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Periodista Unidos. Ciudad de México. 29 de enero de 2026.- La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) presentó nuevos proyectos de acuerdo relacionados con el tercer emplazamiento por Cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Institución (SITUAM) durante la decimotercera mesa plenaria, donde la doctora Esthela Irene Sotelo Núñez, secretaria general de la UAM, destacó la importancia de abordar la problemática laboral desde una perspectiva integral mediante un diálogo constante y constructivo.

Sotelo Núñez aseguró que la Universidad reestructuró su respuesta desde tres grandes dimensiones: Problemáticas Generales, a partir de propuestas que abordan 10 temas clave del emplazamiento; Casos Específicos, en los que la representación de la Universidad se encuentra en busca de información adicional para dar respuesta a situaciones particulares que afectan a los trabajadores en sus lugares de trabajo; y Demandas Específicas, sobre las que la Secretaría General manifiesta su compromiso para dar seguimiento puntual.

La secretaria general de la UAM destacó la iniciativa de 23 plazas de nueva creación que atienden las prioridades expresadas por las Unidades Universitarias y que representan un esfuerzo importante en términos económicos. «El análisis efectuado busca el máximo esfuerzo institucional dentro de la lógica de los recursos disponibles que permitan, por un lado, favorecer el desarrollo de las trayectorias del personal administrativo de base y por otro, generar movimientos en la estructura a partir de plazas de nueva creación para ser ocupadas a través de ascensos y desarrollar espacios en otros rangos salariales que permiten la movilidad», señaló.

La doctora Sotelo Núñez reconoció el compromiso bilateral para seguir avanzando en las agendas laborales y comentó que «uno de esos temas es la Casa del Jubilado, que requiere de información y una metodología de trabajo para producir una respuesta satisfactoria para la Institución como para el SITUAM; otro es el Programa de mejora salarial, con el que hemos dado un primer paso al proponer una revisión de los tabuladores tanto administrativo como académico por parte de la Comisión mixta general de tabuladores».

Durante esta sesión, se reiteró la propuesta de trabajar en un protocolo bilateral que atienda el tema de hostigamiento y violencia laboral, el cual implica el diseño de un nuevo mecanismo o instrumento.

Para el abordaje de planteamientos hechos de manera general, se presentaron proyectos de acuerdo relacionados con medidas correctivas y preventivas en materia de trabajo del personal administrativo de base, introducción de nuevas tecnologías, revisión de puestos por parte de la comisión mixta general de tabuladores, plazas con extensión de jornada, asuntos laborales de Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), Unidades Universitarias y Rectoría General, así como la propuesta de un grupo de trabajo que evaluará la guía de prestaciones y uno relacionado con las actividades que realizan las ayudantías.

La decimocuarta mesa plenaria se llevará a cabo este miércoles 28 de enero a las 17:30 horas.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 15 de enero de 2026.– En conferencia de prensa, la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC) denunció la precariedad laboral y los bajos salarios que afectan a gran parte de sus agremiados.

Los representantes sindicales explicaron que “en muchos de nuestros centros de trabajo, las categorías tabulares más bajas ya han sido rebasadas por el Salario Mínimo. Esto ocurre en varias de nuestras instituciones, donde los trabajadores ganan menos del mínimo, lo que afecta su derecho a la jubilación, los aportes a las afores y los créditos de vivienda”. Señalaron que, según sus datos, más de 150,000 trabajadores al servicio del Estado perciben un salario inferior al mínimo general. “Ante esta problemática, los responsables de las dependencias no ofrecen solución alguna. De esta manera, el Estado mexicano se convierte en el principal violador de sus propias leyes en materia laboral”, afirmaron.

Entre los sindicatos participantes, el Sindicato Independiente de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) informó que cuenta con tres emplazamientos a huelga para el 1 de febrero y espera una respuesta seria de las autoridades. Como parte de su plan de acción, realizará una marcha de la UAM Xochimilco a Rectoría el 16 de enero.

En su intervención, Montserrat Rico, Secretaria General del Sindicato de Cultura, también denunció el empeoramiento de las condiciones laborales en la Secretaría de Cultura Federal. “Ante esta problemática, los responsables de las dependencias no ofrecen solución alguna: no hay plan, no hay fecha, escudándose en supuestas ‘cuestiones operativas de la SHCP’”, declaró.

Los integrantes de la CNSUESIC exigieron ser atendidos y que se amplíe el presupuesto para todas las instituciones del sector, incluyendo universidades públicas, instituciones de educación superior, centros de investigación y todos los espacios culturales.

Para hacer oír sus demandas, la Coordinadora ha convocado a una marcha en la Ciudad de México el próximo 29 de enero, en la que participarán los más de 30 sindicatos que la conforman.

 

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Por Alejandro Meléndez

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 13 de enero de 2026.-  Kattya Vivanco González, maestra jubilada de 62 años, enfrenta una batalla legal contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que pretende reducir su pensión en casi siete mil pesos mensuales, pasando por alto una sentencia judicial que le otorgó la razón hace cuatro años.

La docente, quien se jubiló el 1 de febrero de 2018 tras una carrera en el subsistema DGETI (bachillerato tecnológico) de la SEP, ostentaba la plaza de profesor de tiempo completo titular «C», la más alta en el escalafón magisterial. Desde el momento de su jubilación detectó irregularidades en el cálculo de su pensión.

Una lucha de años por sus derechos

Al recibir su documento de «concesión de pensión», Vivanco se percató de que la cuota diaria establecida no correspondía a lo que legalmente le tocaba, pues se le estaba aplicando ilegalmente el criterio de tope en Unidades de Medida y Actualización (UMAs), sin que existiera modificación legal ni criterios jurídicos que avalaran ese monto.

«Recalco ilegal porque hasta ese momento no había modificación legal, ni criterios jurídicos que avalaran ese monto», enfatiza la maestra.

En febrero de 2020, Vivanco inició una demanda contra el ISSSTE, fundamentada en una tesis de la Suprema Corte de Justicia que establecía que las pensiones no podían determinarse con base en las UMAs.

El juicio se llevó a cabo en la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que emitió sentencia definitiva el 20 de octubre de 2020 favorable a la docente. Sin embargo, el ISSSTE se negó a cumplir la resolución.

Fue necesario que Vivanco interpusiera una queja el 31 de enero de 2022 y ejerciera presión en redes sociales, incluso publicando una carta de denuncia en el correo ilustrado del periódico La Jornada, para que finalmente se le ajustara la cuota diaria de su pensión.

El costo de esta batalla judicial fue alto: cerca de 90 mil pesos en honorarios de abogados, además del desgaste emocional y el tiempo invertido en movilizaciones y trámites legales.

En noviembre de 2024, el director del ISSSTE, Martí Batres, publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo mediante el cual, argumentando el artículo 50 de la Ley del ISSSTE, anunció una revisión de las pensiones que rebasen el tope de las 10 UMAs.

La pensión de Vivanco rebasa ese tope por aproximadamente cuatro o cinco mil pesos mensuales, precisamente porque cuando se jubiló era ilegal fijarla en UMAs, situación que fue reconocida judicialmente.

El 6 de agosto de 2025, tres hombres se presentaron en el domicilio de la maestra —quien vive sola— en actitud prepotente y sin identificación institucional adecuada, exigiéndole que se identificara.

«Afortunadamente reaccioné a tiempo y les respondí que yo estaba en mi casa y que en todo caso ellos eran los que debían identificarse», relata Vivanco sobre el momento intimidatorio.

El 11 de agosto, la docente compareció en las oficinas centrales del ISSSTE, en la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, acompañada de su abogado, a quien no se le permitió hablar.

Llevó consigo las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa y la impresión de 26 talones de pago correspondientes a su último año laborado, documentos con base en los cuales el juez le había dado la razón.

Noventa días después, el ISSSTE le notificó un documento de 70 páginas en donde la acusa de «dañar el patrimonio de la institución». La institución pretende reducir su pensión mensual de 38,516 pesos a 31,791.90 pesos.

Violación a la división de poderes

«Ahora resulta que el artículo 50 de la ley del ISSSTE y el acuerdo publicado por Martí Batres están por encima de una resolución judicial. Luego entonces, qué caso tiene que uno recurra y exista un poder judicial si un funcionario menor en el momento que se le ocurra puede pasar por encima de otro de los poderes, el Judicial», cuestiona la maestra.

Vivanco argumenta que si bien el artículo 50 de la ley del ISSSTE faculta a la institución para revisar las pensiones, esto aplica cuando se trata de sus propias resoluciones, no cuando existe una sentencia judicial de por medio.

«Ese artículo no le puede dar al ISSSTE la atribución de cambiar una resolución judicialmente, porque simple y sencillamente eso es violatorio de la constitución», señala.

Según información de la docente, no es el único caso: existe una relación de aproximadamente ocho mil jubilados en situación similar.

«Seguramente habrá algunos que consiguieron su pensión mediante la corrupción, pero seguramente también habrá muchos otros como yo que fue de manera legal y legítima», reflexiona.

Promesas incumplidas

Vivanco recuerda que durante su campaña electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió al magisterio echar para atrás la reforma de la Ley del ISSSTE, promesa que no solo no se ha cumplido, sino que ahora los maestros y personal del sector salud que demandaron sus derechos enfrentan intentos de reducción de sus pensiones.

«Cómo espera la presidenta que los empresarios y los ciudadanos confiemos en el poder ejecutivo que no respeta la constitución», cuestiona la maestra.

Vivanco reconoce que las pensiones son un problema en México, pero considera que se deben tomar medidas que respondan verdaderamente a la problemática y no generen más injusticias.

«En nuestro país hay más de ocho sistemas de jubilación. Hay quien recibe hasta cuatro pensiones. Los empleados privilegiados de algunos sectores como CFE tienen derecho a la pensión de la empresa, del IMSS e incluso algunos también tienen la del ISSSTE porque trabajaron en alguna dependencia, y finalmente tienen la del bienestar», ejemplifica.

Menciona casos de instituciones como Nafin o la Suprema Corte de Justicia, donde funcionarios se van con pensiones «muy jugosas» sin tener 28 o 30 años de servicio.

«Si se requiere revisar las pensiones, pero se requiere revisarlas con criterio de justicia social y no como burócrata que lo único que piensa es: esto rebasa el límite, lo ajusto y ya», enfatiza.

En espera de respuesta

Al momento de esta denuncia, Vivanco se encuentra en espera de que el mismo funcionario que le comunicó la reducción de su pensión responda al recurso de inconformidad que interpuso en diciembre pasado.

La maestra hace un llamado a denunciar el comportamiento que califica de «ilegal e ilegítimo» del ISSSTE y solicita el apoyo de la sociedad civil y de las autoridades para que se respete el estado de derecho y las sentencias judiciales.

Este caso pone en evidencia las contradicciones de un sistema que, por un lado, promete la defensa de los derechos de los trabajadores y, por otro, intenta reducir pensiones obtenidas legalmente y respaldadas por resoluciones judiciales, generando incertidumbre entre miles de jubilados que lucharon por sus derechos durante años

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AMEXI. Ciudad de México. 05 de diciembre de 2025.- Diputados de Morena aplaudieron la iniciativa de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana enviada al Senado de la República, la cual se prevé sea aprobada en febrero de 2026.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó este viernes que recibió una iniciativa histórica que responde a una de las demandas más sentidas de las personas trabajadoras: la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

“Esta propuesta representa un paso firme hacia una vida laboral más justa, digna y equilibrada. Es también una muestra de sensibilidad y compromiso que la presidenta @ClaudiaShein demuestra con el pueblo de México”, escribió en sus redes sociales.

Respaldo de los legisladores

Al respecto, el diputado morenista Manuel Vázquez Arellano expresó que, en cuanto la iniciativa llegue a la Cámara de Diputados, será respaldada a fin de que las familias tengan más espacios para el descanso, la convivencia y otras tareas que a veces no les da tiempo de realizar, lo que causa estrés y otras enfermedades.

En tanto, el diputado Antonio Castro Villarreal afirmó que, con estas determinaciones, el país vive momentos estelares y se refleja el esfuerzo y la lucha de los trabajadores.

“No se pueden colgar los partidos de oposición, decir que es gracias a ellos; no, es gracias a las luchas históricas de la clase trabajadora y a que la presidenta les está dando hoy la razón”, aseveró.

Comentó que la lucha de las 40 horas es muy importante, toda vez que se logró un buen acuerdo en la parte de la gradualidad de la reforma, “y eso aplaudimos del sector empresarial, el sector laboral y el gobierno”.

Beneficios tangibles

Por su parte, la legisladora Evangelina Moreno Guerra reconoció el trabajo que ha realizado la presidenta Sheinbaum y todos los cambios que ha logrado para las y los mexicanos.

“Que no se dejen engañar, los beneficios están a la vista, son tangibles y en muchas casas, en muchas familias lo están viviendo. Y lo de las 40 horas parecía largo, se presentó desde la legislatura pasada, pero ya está avanzando y se está logrando en consenso con los empresarios, con los trabajadores y con los obreros”.

Calendario de implementación gradual

Los legisladores coincidieron en que se trata de un avance en materia de derechos laborales y bienestar, ya que se implementará de manera gradual.

La reforma en la materia establece que entraría en vigor el 1 de mayo de 2026. Posteriormente, el 1 de enero de 2027 comenzará el proceso de reducción gradual a 46 horas; en 2028 bajará a 44 horas; en 2029 a 42 horas, y finalmente en 2030 se alcanzarán las 40 horas.

Asimismo, reiteraron que la reducción no implicará disminución de salarios ni de prestaciones.

Nuevas regulaciones y derechos

Destacaron que la medida busca mejorar la salud, seguridad y equilibrio familiar de los trabajadores, además de incrementar la productividad.

“Para garantizar los derechos de las y los trabajadores, se establecerá a nivel constitucional, así como también en la Ley Federal del Trabajo, una jornada laboral de 40 horas semanales. Esta reducción no podrá implicar bajar los sueldos ni prestaciones”.

Además, se establece la prohibición de que los menores de edad trabajen horas extras, así como una implementación gradual y paulatina.

Límites a horas extras y registro

La suma de horas ordinarias y extraordinarias no superará las 12 horas en un día; el trabajador podrá elegir cuántas horas extras trabajar, con un tope de 9 a 12 horas semanales y un máximo de cuatro horas triples, figura que antes no existía.

Las empresas implementarán un registro electrónico de la jornada laboral, regulado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para garantizar su cumplimiento.

La gradualidad de la jornada laboral de 40 horas se acordó en el sistema tripartito porque “es la única manera de que no tengamos una inflación”, ya que un cambio radical crearía “una inflación que no necesitamos en este momento en México”, destacaron.

Concluyeron que  la reducción será progresiva y acompañada de esquemas de horas extras para los trabajadores.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México más de 13.4 millones de personas trabajan más de 40 horas a la semana para cumplir con sus responsabilidades laborales.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 21 de noviembre de 2025.- En un país donde la jornada laboral de 48 horas semanales sigue siendo la norma, miles de trabajadores y activistas se preparan para tomar las calles este domingo 23 de noviembre. El Frente Nacional por las 40 Horas ha convocado a una Marcha Nacional para exigir la reducción inmediata de la jornada a 40 horas, con dos días de descanso obligatorios, rechazando la propuesta de una transición gradual hasta 2030 que consideran un «robo» al derecho al descanso y a la vida digna.

La iniciativa, apartidista e independiente, surge en medio de un contexto de creciente descontento laboral en México. Según el movimiento, las jornadas extenuantes no solo agotan a la clase trabajadora, sino que enriquecen a unos pocos mientras dejan poco tiempo para el cuidado familiar, el ocio o el sueño. «Queremos recuperar nuestro tiempo para vivir, para descansar, para cuidar, para soñar», reza el lema de la convocatoria, que ha ganado tracción en redes sociales con el hashtag #40HorasYa. En ciudades como Saltillo, Torreón y la Ciudad de México, se esperan concentraciones masivas para presionar al Congreso de la Unión a retomar y aprobar la reforma laboral sin dilaciones.

Orígenes de la demanda: Un reclamo histórico

La lucha por las 40 horas no es nueva. Inspirada en experiencias como la Ley 40 Horas de Chile –aprobada en 2023 y que reduce gradualmente la jornada de 45 a 40 horas para 2028–, la propuesta mexicana busca alinear al país con estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que recomienda no exceder las 40 horas semanales. En México, la Constitución establece un máximo de 48 horas, pero el movimiento argumenta que esto perpetúa la explotación laboral en un mercado donde el 56% de los trabajadores informales y el 40% de los formales superan ese límite sin compensación adecuada, según datos del INEGI.

El Frente Nacional, integrado por sindicatos independientes, colectivos feministas y organizaciones juveniles, critica la propuesta gubernamental de una implementación escalonada. «Mi descanso no es gradual», advierten en sus mensajes, aludiendo a que una transición hasta 2030 posterga beneficios en un momento de crisis económica, inflación y violencia que ya roban tiempo y vidas a los mexicanos. Voces como las de la cuenta @YoXLas40Horas2, que ha acumulado miles de interacciones, llaman a la unidad: «El mismo poder económico promociona otras marchas, pero ¿Cuándo apoyan las de desaparecidas, por agua o por las 40 horas? Salgamos el pueblo este 23 de noviembre».

Detalles de la convocatoria: De norte a sur, el país responde

La marcha principal en la Ciudad de México iniciará a las 10:00 horas en el Zócalo capitalino, avanzando hacia el Palacio Nacional y la Cámara de Senadores. En el norte, Saltillo y Torreón se suman con concentraciones pacíficas desde las 11:00 horas, partiendo de plazas centrales para exigir que el Congreso reactive la discusión legislativa. Otras ciudades confirmadas incluyen Guadalajara, Monterrey, Puebla y Tijuana, con un llamado a la participación masiva en un hilo viral que lista más de 20 puntos de encuentro.

El movimiento enfatiza el carácter pacífico: «Nos mantenemos independientes y luchando con dignidad, en tiempos donde la derecha instrumentaliza la violencia», señalan, distanciándose de protestas recientes como la del 15 de noviembre por la Generación Z o paros sectoriales en el SAT y el Poder Judicial. Se espera que la movilización confluya con demandas transversales como vivienda digna, transporte accesible y una nueva ley de aguas, ampliando el espectro de la protesta.

Hasta el momento, el gobierno federal no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la marcha, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un panorama de múltiples protestas –desde paros de transportistas hasta huelgas en la UNAM– que evidencian fracturas en su agenda laboral. Empresarios, por su parte, han advertido sobre posibles impactos económicos, similar a las críticas iniciales en Chile, donde pese al escepticismo, la ley ha permitido a trabajadores «ver a sus hijos por la mañana» sin colapsar la productividad.

Organizadores estiman al menos 10 mil participantes en la capital, con un llamado a evitar la politización: «No le hagan el caldo gordo a más políticos». Si la movilización logra visibilizar el reclamo, podría marcar un hito en la agenda social de 2025, un año marcado por elecciones y tensiones económicas.

Para más detalles, consulta las convocatorias en @YoXLas40Horas2 o el sitio del Frente Nacional por las 40 Horas. La pregunta es clara: ¿Cuánto tiempo más el país esperará para que el trabajo no robe la vida? Este domingo, las calles darán la respuesta.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 11 de noviembre de 2025.- Con el cierre de la fase de consultas públicas para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada formalmente para 2026, organizaciones de la sociedad civil mexicanas, lideradas por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), llaman al Gobierno federal a fortalecer el capítulo laboral del acuerdo comercial. El objetivo: garantizar un comercio justo, libre de explotación, y consolidar los avances de la reforma laboral de 2019 en un contexto de presiones arancelarias globales impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un documento de observaciones y propuestas entregado al Gobierno, la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil por los Derechos Humanos Laborales —de la que forma parte ProDESC— enfatiza la necesidad de mejorar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MRR) y reformar el artículo 23.6, que prohíbe importaciones de bienes producidos con trabajo forzoso. Las sugerencias buscan mayor transparencia, acceso y participación de trabajadoras y sociedad civil, en un tratado que no debe limitarse a compromisos en papel, sino traducirse en herramientas efectivas para erradicar la explotación laboral.

Entre las propuestas clave se incluyen: Crear una base de datos pública con quejas y resoluciones del MRR, para visibilizar patrones de violaciones laborales.
Establecer canales seguros y confidenciales para denunciar represalias contra denunciantes.
Ajustar requisitos probatorios más accesibles y publicar un registro público de empresas sujetas a restricciones por trabajo forzoso.

Además, se impulsa la cooperación trilateral con Estados Unidos y Canadá para armonizar criterios de vigilancia regional y fortalecer la implementación. El documento identifica oportunidades para integrar al Capítulo 23 temas emergentes, como la protección de trabajadoras migrantes bajo el sistema de visas H-2 —donde más del 90% de las visas agrícolas H-2A en EE.UU. van a mexicanas, con documentados abusos— y la prevención de violencia y acoso laboral, alineada con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Paralelamente, la Coalición contra el Trabajo Forzoso en el Comercio (CAFLT), integrada por ProDESC y 16 organizaciones globales, envió una carta a las secretarías de Trabajo y Previsión Social (STPS) y Economía, así como a homólogos en Canadá y EE.UU., para exhortar una mayor coordinación interinstitucional. Estas acciones se enmarcan en un precedente reciente: el 29 de octubre, una resolución judicial —derivada de una demanda de Empower, acompañada por ProDESC— ordenó a la STPS reabrir una investigación sobre importaciones chinas ligadas a trabajo forzoso, modificando reglas mexicanas y haciendo más operativo el artículo 23.6 del T-MEC.

“El T-MEC no debe quedarse en el papel: tiene que traducirse en herramientas efectivas para erradicar el trabajo forzoso y proteger los derechos laborales de quienes sostienen las cadenas globales de producción”, afirmó Guillermo Torres, coordinador de Justicia Transnacional en ProDESC. Este llamado resuena en un diagnóstico previo de la Coalición, presentado en abril, que analiza avances como la democracia sindical y persisten desafíos en sectores vulnerables como migrantes, mujeres y jóvenes.

La revisión del T-MEC, anunciada a inicios de 2025, representa una ventana única para incidir desde un enfoque de derechos humanos, según expertos como Alejandra Ancheita, fundadora de ProDESC. En un panorama donde el 50% de las quejas del MRR se concentran en el sector automotriz por prácticas antisindicales, estas propuestas buscan no solo defender, sino expandir los logros laborales regionales.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México 4 de noviembre de 2025.- La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), que representa a más de 20 mil trabajadores sindicalizados en Petróleos Mexicanos (Pemex), lanzó un llamado público urgente para que la petrolera estatal emita un pronunciamiento formal sobre la aplicación del incremento salarial del 4.5% acordado el 15 de octubre con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). La exclusión de sus afiliados de este beneficio se califica como un acto de discriminación laboral y sindical, violatorio de la igualdad gremial histórica en la empresa.

El reclamo surge en un contexto de erosión del poder adquisitivo por inflación (4.22% en mayo de 2025) y políticas de austeridad que han precarizado las condiciones laborales, incluyendo despidos injustificados, retrasos en promociones y una jubilación cada vez más lejana. «No pedimos privilegios, sino respeto a nuestros derechos adquiridos como trabajadores sindicalizados de Pemex», enfatizó la dirigencia nacional de la UNTyPP en un comunicado difundido este lunes.

Cronología del conflicto salarial

El 15 de octubre, Pemex y el STPRM firmaron el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 2025-2027, que incluye un aumento salarial del 4.5% retroactivo al 1 de agosto, más ajustes en prestaciones como viáticos, transporte y préstamos de vivienda hasta 3.19 millones de pesos. Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, calificó el acuerdo como «histórico» por su alineación con la justicia laboral y el equilibrio financiero del gobierno federal. Sin embargo, la UNTyPP –reconocida formalmente como sindicato ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)– no fue incluida en estas negociaciones, rompiendo con la práctica equitativa de años anteriores.

En redes sociales, secciones locales de la UNTyPP, como la de Ciudad Madero (Tamaulipas), han visibilizado el agravio. El 27 de octubre, publicaron un video de un diputado cuestionando al director de Pemex en la Cámara de Diputados sobre la exclusión de técnicos y profesionistas. «¡Aumento salarial inmediato y retroactivo para los técnicos y profesionistas sindicalizados de la UNTyPP en Pemex!», se lee en su llamado viral.

Impacto en los trabajadores y reclamos urgentes

La UNTyPP subraya que sus afiliados –esenciales en mantenimiento, ingeniería y seguridad industrial– enfrentan no solo la pérdida real de ingresos, sino un deterioro general: jornadas extenuantes, incertidumbre laboral y despidos en regiones como Veracruz y Campeche. Esta exclusión agrava un historial de tensiones, como el rechazo al Plan Estratégico de Pemex en agosto de 2025, que contemplaba despidos y contenciones salariales.

La organización exige:

1. Respuesta por escrito de Pemex sobre la aplicación inmediata y retroactiva del 4.5% a sus sindicalizados.

2. Instalación de una mesa de trabajo con Pemex y autoridades federales (STPS) para garantizar equidad anual y erradicar la desigualdad gremial.

 La dirigencia sindical advierte que, sin respuesta, escalará acciones, incluyendo posibles amparos ante la STPS, como en revisiones contractuales previas. Este conflicto pone a prueba el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con la soberanía energética y los derechos laborales en Pemex, la empresa más importante de México. La UNTyPP reitera: «Exigimos certidumbre sobre el aumento salarial que nos corresponde por derecho».

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 01 de noviembre de 2025.- Se conjura la huelga en la UNAM: a 72 horas de que venciera el emplazamiento, la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) propuso un aumento salarial de 4% para los trabajadores integrantes del STUNAM, quienes reclamaban un aumento de 20% directo al salario. Con 9 mil 644 votos, los trabajadores aceptaron el ofrecimiento.

Adicionalmente al 4% directo al salario, los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) recibirán un aumento del 1% mediante el reordenamiento del tabulador y otros 2.5% en el Programa de Recuperación Salarial (PROGRESA), porcentajes que se aplicarán progresivamente en diciembre próximo y en enero de 2026.

El Consejo General de Huelga aprobó por mayoría de votos la propuesta de las autoridades universitarias, entregada por la mañana de este 30 de octubre. La decisión fue secundada por la base trabajadora mediante votación universal, libre y secreta, con 64% de los votos. Votaron en contra 5 mil 541 trabajadores.

Al aumento salarial acumulado del 7.5%, la UNAM asume otros compromisos

En la respuesta que el STUNAM está sometiendo mediante consulta con voto universal, libre y secreto, también se incluyen otras acciones generales y específicas, entre las que destacan las siguientes:

Acciones generales

• Pago único retroactivo al 1 de enero de 2025 a la cuota de compensación, que tendrá un aumento diferenciado de 8.5% en promedio.
• Aumento de 2% a cada nivel en el programa de Calidad y Eficiencia, para quedar de la siguiente manera:
  Nivel A del 18 al 20%
  Nivel B del 36 al 38%
  Nivel C del 54 al 56%
  Nivel D del 72 al 74%
  Nivel E del 91.5 al 93.5%
• Flexibilizar el puntaje para acceder al nivel C Máxima, que operará a partir de febrero de 2026.
• Compromiso de iniciar los trabajos para Reordenar el Tabulador en febrero de 2026.
• Compromiso para iniciar la Diversificación del puesto de Técnico.

Acciones específicas

1. Reclasificación del Auxiliar de Inventarios, del Rango 6 al 7, y del Prefecto, del Rango 8 al 9.
2. Asignación de pago complementario de 5% para el jefe de Sección y el jefe de Oficina de Archivo General.
3. Se mantiene el Programa de Jubilación Digna.

Los argumentos de la UNAM para no conceder un mayor aumento salarial

En su intervención para presentar la propuesta de aumento salarial de la Rectoría ante la Comisión del STUNAM, el secretario administrativo de la UNAM, Tomás Humberto Rubio Pérez, dijo que en su ofrecimiento se está considerando el recorte de 1.8% en términos reales previsto para esta máxima casa de estudios en el Programa de Egresos de la Federación 2026 que planteó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La propuesta de incremento salarial se presenta el día de hoy en un contexto en el que las proyecciones oficiales estiman que el crecimiento económico en México para 2026 se ubicará entre 1.8% y 2.8% solamente”, dijo Rubio Pérez.

El representante de la Rectoría de la UNAM explicó también que el próximo año depara al país un escenario de incertidumbre económica. Detalló que esa incertidumbre es consecuencia de la posible imposición de nuevos aranceles de Estados Unidos a las exportaciones mexicanas y de la revisión del T-MEC.

Agregó también que los vencimientos de pagos de la deuda externa, la volatilidad de los precios del petróleo y la disminución en la plataforma de exportación de hidrocarburos configuran un panorama económico moderado para México el próximo año.

STUNAM demanda a Sheinbaum incrementar el presupuesto para la educación en todos los niveles

El 29 de octubre, un día antes de que la UNAM presentara su ofrecimiento salarial, el STUNAM realizó una multitudinaria movilización. La protesta salió de la Rotonda de las Mujeres que Luchan hacia el Zócalo de la CDMX.

Con esta marcha, el STUNAM demandó al gobierno federal el incremento del presupuesto destinado a la educación en todos los niveles. El sindicato expuso que deben garantizarse salarios dignos para todos los trabajadores de la educación.

Así lo señaló Carlos Hugo Morales, secretario general del STUNAM, al intervenir en el mitin de cierre de la actividad:

“Nos dirigimos a la presidenta de la República para decirle que todos los que estamos aquí le venimos a demandar mayor presupuesto para la educación media, superior y básica”.

En ese acto, Carlos Hugo Morales aseveró que los trabajadores con salarios contractuales deben tener los mismos incrementos que ha tenido el salario mínimo.

“No puede vernos el gobierno de manera diferente, porque todos, absolutamente todos, trabajamos para la misma nación”, remató el representante sindical de los trabajadores de la UNAM.

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