AP. Ciudad de México. 23 de octubre de 2022.- A las puertas de un albergue que opera en el este de la capital mexicana, el mecánico venezolano José Cuicas aguarda ansioso la respuesta de un amigo estadounidense que lo patrocinará para optar por una de las 24.0000 visas humanitarias que el gobierno de Joe Biden anunció que entregará a venezolanos.

Cuicas fue uno de los 1.700 venezolanos que las autoridades estadounidenses expulsaron a México la semana pasada en virtud de una orden de Estados Unidos para negarles el derecho al asilo y tratar de contener el creciente flujo de migrantes de ese país.

Muchos de ellos fueron transportados en autobús a la capital mexicana para aliviar la presión sobre las ciudades fronterizas de México ya saturadas de migrantes.

Las restricciones en los asilos se dan en respuesta a un aumento significativo en el número de venezolanos que llegan ilegalmente a la frontera estadounidense. Los migrantes procedentes de Venezuela rebasaron en agosto a los de Guatemala y Honduras para representar la segunda nacionalidad más numerosa en llegar a la frontera de Estados Unidos, sólo detrás de México.

Dado que Cuicas fue expulsado el 13 de octubre, justo antes del lanzamiento oficial del plan de visas esta semana, podría ser elegible para presentar una solicitud. Los venezolanos elegibles que presenten su solicitud en línea, encuentren un patrocinador estadounidense y cumplan con otros requisitos podrían volar directamente a Estados Unidos si se les otorga una visa.

El viernes, funcionarios estadounidenses y mexicanos dieron la primera actualización sobre el programa: se estaban procesando 7.500 solicitudes y los primeros 100 venezolanos habían recibido autorización para volar a Estados Unidos. Funcionarios del gobierno de Biden señalaron que cerca de 150 venezolanos cruzaban la frontera desde México diariamente, frente a los 1.200 de antes de que se anunciara la política el 12 de octubre.

Los primeros cuatro venezolanos con un permiso de permanencia temporal en Estados Unidos llegaron el sábado —dos desde México, uno desde Guatemala y otro desde Perú— y cientos más han recibido autorización para volar, informó el Departamento de Seguridad Nacional.

“Mi sueño es estar allá (en Estados Unidos) para hacer una nueva vida”, afirmó el mecánico, de 31 años, al asegurar que aunque dejó en Venezuela a su mujer y dos hijos pequeños no tiene planes de volver a su país natal porque “no hay ningún futuro, no hay trabajo”.

Si bien Cuicas se mostró optimista sobre sus posibilidades de inscribirse en el programa, activistas y analistas han señalado que la cantidad de visas que se ofrecen es minúscula en comparación con la demanda. Sólo en septiembre más de 33.000 venezolanos cruzaron la frontera sin autorización legal desde México.

Para los venezolanos que se dirigían hacia Estados Unidos el anuncio de la administración de Biden fue impactante. Los migrantes han sido devueltos en la última semana a México en virtud de una orden, que se activó durante el gobierno de Donald Trump, relacionada con la pandemia conocida como Título 42 la cual suspende el derecho a solicitar asilo con el argumento de evitar la propagación del COVID-19.

Las restricciones de asilo mantienen desconcertados a cientos de los venezolanos expulsados, muchos de los cuales ahora deambulan en la Ciudad de México entre diferentes albergues, la terminal de autobuses del norte, y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) donde una treintena de ellos pernoctan en la calle a la espera de poder iniciar sus trámites migratorios.

Sumido en un estado depresivo en el que entró tras su expulsión, Cuicas reconoció que no está dispuesto a hacer ningún trámite de refugio en México porque teme que eso le pueda bloquear el proceso para la visa estadounidense, e indicó que esperará la respuesta de su amigo, que vive en Nueva York, para decidir lo qué hará con su vida.

A pesar de que Venezuela salió el año pasado de un largo período de más de cuatro años de hiperinflación, continúa padeciendo una de las mayores inflaciones del mundo y su economía sigue en condiciones muy precarias que no han permitido recuperar el nivel adquisitivo de los mayoritarios sectores pobres, lo que ha estimulado una nueva ola migratoria.

Desde 2015 se inició un éxodo masivo de venezolanos que comenzaron a abandonar el país petrolero para huir de la peor crisis política, económica y social que haya enfrentado en más de un siglo.

Mientras muchos de sus compatriotas buscan salir de Venezuela, el joven Darío Arévalo, otro de los expulsados la semana pasada, afirmó que está considerando retornar a su país luego que las autoridades estadounidenses, por motivos que dijo desconocer, lo separan de sus padres y hermanas cuando lo detuvieron al ingresar ilegalmente a inicios de mes al estado de Texas.

“Es la primera vez que me separo de ellos, que quedo solo”, afirmó Arévalo, de 20 años, aún desolado por la separación de su familia que logró pasar los controles migratorios y llegar hasta Chicago.

El delgado joven admitió que ahora lo único que espera es reunir el dinero del boleto aéreo para viajar a su natal Venezuela, que dejó hace cuatro años cuando se mudó a la ciudad colombiana de Pereira junto a su familia huyendo de la devastadora crisis que azota a la nación suramericana que ha forzado la salida de más de 7 millones de personas.

Frente a la sede de la COMAR, en el centro de la capital mexicana, donde ha dormido a la intemperie en los últimos días luego que fue expulsado la semana pasada de Estados Unidos, Jonathan Castellanos, de 29 años, afirmó que no tiene intenciones de volver a Venezuela, donde aún vive su madre anciana y tres hijos.

Luego de vivir por seis años entre Chile y Colombia, Castellanos ingresó a finales de septiembre a Texas, pero la semana pasada fue expulsado junto a un grupo de 95 venezolanos.

A pesar de haber dormido en el suelo y soportado el frío durante las noches, Castellanos confesó que no está dispuesto rendirse y que ahora apostará a quedarse en México luego que las autoridades le entregaron una forma migratoria por razones humanitarias que le permitirá permanecer en el país legalmente, buscar un empleo y un lugar para vivir.

En México ahora residen cerca de 140.000 venezolanos.

“Mi sueño era llegar a Estados Unidos, pero ya que no lo logré… La vida continúa y yo no puedo frenarme. Tengo que salir adelante y buscar la manera de trabajar, de producir de ayudar a mis hijos en Venezuela”, concluyó.

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AP. Londres, Inglaterra. 20 de abril de 2022.- Un juez británico autorizó oficialmente el miércoles la extradición de Julian Assange a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje. El caso pasará ahora al Ministerio británico del Interior para que tome una decisión y el fundador de WikiLeaks aún tiene opciones legales para apelar.

La Corte Suprema británica denegó el mes pasado autorizar una apelación de Assange contra el fallo de una corte inferior sobre que podía ser extraditado.

El juez Paul Goldspring de la Corte de Magistrados de Westminster emitió la orden en una breve vista que Assange siguió por videoconferencia desde la prisión de Belmarsh. Seguidores de Assange se manifestaron ante la corte para pedir su liberación.

La secretaria de Interior, Priti Patel, decidirá si autoriza la extradición.

El fallo es un paso más hacia la extradición pero no agota las opciones legales de Assange, que lleva años tratando de evitar un juicio en Estados Unidos por cargos relacionados con la publicación en WikiLeaks de un enorme lote de documentos clasificados hace más de una década.

Sus abogados tienen cuatro semanas para presentar alegaciones a Patel y también pueden apelar ante el Alto Tribunal.

El abogado de Assange Mark Summers dijo a la corte que el equipo legal entregaría documentos “serios”.

Estados Unidos ha pedido a las autoridades británicas que extraditen a Assange para juzgarle por 17 cargos de espionaje y un delito informático. La fiscalía estadounidense afirma que Assange ayudó de forma ilegal a la analista de inteligencia del ejército estadounidense Chelsea Manning a robar despachos diplomáticos clasificados y archivos militares que WikiLeaks publicó más tarde, lo que puso vidas en peligro.

Partidarios y abogados de Assange, de 50 años, alegan que cuando publicó documentos que expusieron malas acciones del ejército estadounidense en Irak y Afganistán actuaba como periodista y tiene derecho a las protecciones a la libertad de expresión contempladas en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. Afirman que su caso tiene motivaciones políticas.

Un juez británico de distrito rechazó en un principio la solicitud de extradición con el argumento de que probablemente Assange se suicidaría si se veía retenido bajo duras condiciones carcelarias en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses presentaron garantías después de que el fundador de WikiLeaks no sufriría un trato duro, lo que según sus abogados habría puesto en peligro su salud física y mental.

El Alto Tribunal revocó esa decisión en diciembre y dijo que las promesas estadounidenses bastaban para garantizar un trato humano a Assange. La Corte Suprema rechazó en marzo un intento de Assange de apelar esa decisión.

Si es condenado en Estados Unidos, podría recibir una pena de hasta 175 años de cárcel, según los abogados de Assange, aunque las autoridades estadounidenses han dicho que la condena probablemente sería mucho menor.

Assange lleva retenido en la Prisión Belmarsh de alta seguridad en Londres desde 2019, cuando fue detenido por incumplir su fianza en otra batalla legal. Antes de eso pasó siete años en la embajada de Ecuador en Londres para evitar su extradición a Suecia, donde enfrentaba acusaciones de violación y agresión sexual.

Suecia archivó los casos por delitos sexuales en noviembre de 2019 porque había pasado demasiado tiempo.

Assange y su pareja, Stella Moris, se casaron el mes pasado en una ceremonia en prisión.

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Foto: José Méndez / EFE

EFE. Ciudad de México. 22 de enero de 2021.- Padecer una enfermedad diferente a la covid-19 ha sido para muchos mexicanos una sentencia de muerte debido a la falta de atención médica luego de que buena parte de los hospitales tuvieran como prioridad atender el coronavirus, dejándolos a la deriva.

Mientras que las autoridades sanitarias están tratando de recopilar datos sobre cuántas personas dan positivo y cuantas mueren a causa del coronavirus, la pandemia ha dejado un número incalculable de muertes en las sombras.
«La gente que ya tenía otras enfermedades antes de la covid-19 no está siendo atendida igual y, al menos en el caso de mi madre, creemos que eso influyó en su muerte», dice este viernes a Efe Jorge, quien perdió a su mamá el 1 de enero de este año.

Jorge cuenta que, si bien su mamá ya rebasaba los 80 años y padecía hipertensión y principios de alzhéimer, hasta antes de la pandemia «todavía se veía bien».

Señala que cuando empezó todo, a finales de febrero de 2020, su madre empezaba a ir al neurólogo. «Fue a dos o tres consultas, pero a la siguiente ya no pudo ir», lamenta.
Si bien tenía a su médico particular, debido a la pandemia, este solo la atendía a distancia. «Y no es lo mismo», apunta.

Afirma que la señora también sufría de los nervios y dejó de recibir los medicamentos que la ayudaban a sortear esa situación debido a la crisis del coronavirus.

Según cifras oficiales, la pandemia suma al momento más de 1,7 millones de casos y 146.174 muertos en el país. Este mismo jueves, mientras se aplican las primeras vacunas contra la covid en México, se registró un récord de 1.803 muertos y 22.339 contagios.

FALTA DE ATENCIÓN

Se estima que entre marzo y octubre de 2020 cerca de 3 millones de personas con alguna enfermedad distinta a la covid-19 no pudieron ser recibidas en urgencias o ser hospitalizadas para tener algún tratamiento o cirugía en los hospitales públicos.

Aunado a ello, también hubo una baja en la detección y diagnóstico de nuevos casos de cánceres, diabetes, enfermedades del corazón, alzhéimer, desnutriciones severas o depresión, las cuales se redujeron entre un 20 % y un 60 % en 2020, según denunció recientemente la Asociación Juntos contra el Cáncer.

«Hemos visto que el Gobierno mostró una estrategia de modificar la funcionalidad de muchos hospitales pero no prestó atención a cómo atender a las personas con otro tipo de enfermedades y estamos viendo las consecuencias en el exceso de mortalidad», refiere a Efe Carolina Gómez, epidemióloga y miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.

En México, en las primeras 50 semanas de 2020, se registró un exceso de mortalidad de 274.486, un 40 % más del esperado. Aunque solo se confirmaron en esas fechas 108.873 muertes a causa de la covid-19, por lo que el resto podría estar relacionado o no con el coronavirus.

Existen casos, como el de Yazmín, una mujer de 36 años que padecía obesidad e hipertensión y, aunque tomaba medicamentos, el seguimiento a su tratamiento se frenó debido a la pandemia.

Además, cerraron el centro de actividades donde se ejercitaba dos veces a la semana, mientras que sus visitas a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde se controlaba, fueron cada vez más esporádicas.
Eso derivó a que el 17 de enero tuviera un infarto al miocardio en casa que le arrebató la vida.

«Nos dimos cuenta que empezó a tener dificultades para hablar y luego se desvaneció», rememora Graciela, suegra de Yazmín. Y aunque llamaron a una ambulancia, esta nunca llegó.

CRISIS ANTES Y DESPUÉS DE LA MUERTE

La situación de la pandemia ha llevado a las familias a vivir momentos angustiantes en el momento de mayor gravedad de sus pacientes, pero también previo y posterior a sus muertes.

Graciela cuenta que, aunque su nuera no padecía covid, ningún médico quiso acudir a su domicilio para auxiliarla. Solo tuvieron una guía a través del teléfono con la que intentaron reanimarla, pero no fue posible.
Lo peor, cuentan tanto Jorge como Graciela, es que tuvieron que mantener los cuerpos de sus familiares en casa entre 12 y 18 horas, porque las funerarias están rebasadas de trabajo.
«No tenían espacio, había que esperar», revive Jorge.

MIEDO A LOS HOSPITALES

Otro de los problemas que enfrentan las familias es el miedo que tienen a internar a sus seres queridos en los hospitales por miedo a que contraigan la covid-19.

Claudia Figueroa, directora de la Asociación de Pacientes de Cáncer de Tiroides en México (Amecat), asegura que los enfermos padecen ansiedad y miedo de acudir a los hospitales, pues muchos han sido reconvertidos para la atención de la covid. “No quieren ir a sus controles por miedo a infectarse”, afirma.

Diana Morales tenía a su madre con un problema gastrointestinal que empezó a complicarse y derivó en una úlcera.
Aunque previo a la pandemia tenía una consulta clínica cada mes, cuando empezó a crecer el número de contagios se espaciaron las consultas y decidieron que lo mejor era esperar a que se regularizaran.

«Era mayor de 60 años, hipertensa, con obesidad, y hace un año la habíamos hospitalizado en el hospital de La Raza por un problema similar y se infectó de una bacteria. Temíamos que ahora se infectara de coronavirus», afirma.
La ansiedad que le provocaba a su madre el encierro la llevó a tener desórdenes en su alimentación y elevó a niveles críticos la úlcera, hasta que un día en noviembre esta se reventó.

Aunque intentaron actuar con rapidez, la ambulancia llegó 3 horas después, cuando la señora ya había muerto.
Reprocha que no exista sensibilidad de las autoridades de salud con este tipo de pacientes.
«Nadie debería tener que pasar por esto. Deberían las autoridades prestar más atención a las otra enfermedades que están matando a las personas, además de la covid. Es muy triste», señala.

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Foto: Twitter

Por Jesús Yáñez Orozco

• Conade, que dirige Ana Guevara, “carece de carta de navegación», denuncia la agrupación Medallistas Olímpicos de México
• No hay puerto seguro a la vista que salve la frágil embarcación
• “Muy preocupante”,  advierte, falta del Plan Nacional de Cultura Física y Deporte
• Critica la satanización de la comida chatarra por parte del gobierno que encabeza 

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 14 de octubre de 2020.- Eterno barco a la deriva, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, desde su creación, 1988, con el entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari. Van 32 años de navegar en un mar embravecido por la corrupción y falta de claridad en planes de trabajo a corto, mediano y largos plazos. Y no se otea ningún puerto seguro que salve la frágil embarcación del deporte oficial. Porque tampoco tiene capitán.

En poco más de 21 meses en el cargo, ha sido polémica la gestión de Ana Gabriela Guevara, la medallista olímpica en Atenas 2004, al frente de la Conade. Tiene abiertas  cuatro carpetas de investigación desde la Secretaría de la Función Pública, por presunta corrupción, y una querella judicial por extorsión contra empresarios veracruzanos, que prestaban servicio de comedores a la Conade.

Por eso, Daniel Aceves, presidente de Medallistas Olímpicos de México (MOM), puso el dedo en la llaga. Consideró que al margen de la administración de recursos y el destino final del Fondo del Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) –uno de los 109 fideicomisos desaparecidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador– , lo más preocupante es la falta del Plan Nacional de Cultura Física y Deporte.

Pues, agregó, más allá de que Ana Guevara deje o no la dirección de la Conade para contender al gobierno de Sonora, “es indispensable esa carta de navegación”.

Argumentó:

«Políticamente desconozco cuál pueda ser el dictamen final. O si en su caso pudiera haber una reconsideración. O lo que pase en comisiones y en el pleno (de la Cámara de Senadores), pero aquí lo importante es visualizar la necesidad de que prevalezca ese recurso y, sobre todo, haya un apuntalamiento para generar un plan nacional, ya que no se ha elaborado hasta el momento”.

Y hacerlo, puntualizó, “con énfasis en lo que estamos viviendo: tenemos un México pandémico, con problemas de salud muy agudos, en donde el tema de la activación física y el deporte social son fundamentales.”

Observó que ante la cercanía de los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados a 2021, lo ideal era trasladar la extinción del Fodepar al menos hasta después d

e la justa, para garantizar la preparación de los atletas, y el otro aspecto “en vilo”, puntualizó, es el de los estímulos vitalicios a los medallistas olímpicos y paralímpicos, aunque espera que de una u otra forma todo se resuelva.

“Hemos sido insistentes ante la Secretaría de Hacienda para que la Tesorería Federal no sólo sea el instrumento del recurso, sino también pudiera garantizar que el dinero se mantuviera a su resguardo”, recordó el medallista de lucha grecorromana en Los Ángeles 1984.

Destacó que el Estado mexicano está ante una oportunidad para poder relanzar el deporte y la cultura física con un enfoque social, preventivo en materia de salud pública, dijo, y citó que la AMO, que él encabeza, “ha fijado su postura sobre las prohibiciones de la comida llamada chatarra”.

Y abundó:

“Hemos dicho que la salida no es esa, sino impulsar la educación física y reformular los contenidos de estos productos con la industria, y sobre todo hacer pilotos de las decisiones legislativas que se vayan tomando”.

Concluyó:

“Es ofertar algo que no existe, un programa nacional de educación física y deporte social, que no se puede lograr si no existe un programa nacional general en la Conade.”

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