Periodistas Unidos. Ciudad de México. 21 de noviembre de 2025.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó esta semana la eliminación del fondo mínimo presupuestal para la reparación integral de víctimas de delitos graves y violaciones a derechos humanos, desatando la condena unánime de más de 200 colectivos de búsqueda, organizaciones de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas.

En una resolución que organizaciones como el Centro Prodh califican de “grave retroceso”, el máximo tribunal desechó un amparo que buscaba declarar inconstitucional la reforma de 2020 a la Ley General de Víctimas, la cual suprimió el porcentaje obligatorio del presupuesto federal destinado al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI). Con este fallo, la SCJN permitió que la atención a víctimas quede sujeta a la discrecionalidad anual del Ejecutivo, sin garantía de recursos mínimos.

“Es una traición a las más de 110 mil personas desaparecidas y a sus familias”, señalaron los colectivos en un pronunciamiento conjunto. Desde la entrada en vigor de la reforma, el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha caído en promedio 29 % respecto al monto que estaba garantizado, dejando para 2025 solo 658 millones de pesos cuando el mínimo requerido era de 909 millones.

Las organizaciones acusaron a la Suprema Corte de violar el principio de cosa juzgada al ignorar una sentencia previa de la extinta Primera Sala que protegía dicho fondo, y advirtieron que el fallo debilita el juicio de amparo como herramienta de defensa de derechos humanos.

Exigen al gobierno de Claudia Sheinbaum y al Congreso restituir de inmediato un fondo obligatorio y blindado, así como fortalecer la CEAV y las comisiones de búsqueda. “Sin recursos fijos, la Ley General de Víctimas se convierte en letra muerta”, concluyeron.

En redes sociales, la indignación crece bajo hashtags como #SCJNTraicionaAVíctimas y #FondoParaVíctimasYa, mientras colectivos anuncian nuevas acciones de presión para revertir lo que califican como “un golpe devastador a la lucha de las madres buscadoras”.

La entrada SCJN avala desaparición del fondo de reparación: Colectivos de búsqueda y víctimas condenan retroceso histórico se publicó primero en Periodistas Unidos.

Periodistas Unidos. Ciudad de México 01 de noviembre de 2025.- En vísperas del Día de Muertos, diversos colectivos feministas y familiares de víctimas colocaron este viernes 31 de octubre una emotiva ofrenda en la Antimonumenta, frente al Palacio de Bellas Artes, para honrar a las mujeres y niñas asesinadas por feminicidio o aún desaparecidas. El altar, tradición anual convertida en símbolo de memoria, resistencia y exigencia de justicia, se llenó de flores de cempasúchil, fotografías, veladoras y carteles con nombres de las ausentes.

«Por las que no están el día de hoy, por las que no queremos que no estén… Ni una madre más, sino una hija menos. Justicia para las que no tienen voz», corearon las participantes, denunciando la impunidad rampante y la falta de recursos para investigar.

Cifras que duelen: Más de 133 mil desaparecidos y 11 feminicidios diarios

México arrastra una crisis humanitaria: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPDNO) suma más de 133 mil casos desde los años 50, con un promedio de 11 mujeres asesinadas por feminicidio al día. Organizaciones de madres buscadoras y derechos humanos claman por investigaciones efectivas ante un Estado que, según ellas, revictimiza a las familias.

La Antimonumenta —instalada originalmente contra la violencia de género— se transforma cada Día de Muertos en espacio de duelo colectivo, donde las voces de las madres y hermanas rompen el silencio oficial.

Acciones en paralelo: Altar nacional en 11 estados

El clamor trasciende la CDMX. Colectivos como We R Women On Fire convocan un Altar Nacional por Víctimas de Feminicidio en 11 entidades, incluyendo Xochimilco (CDMX), Morelia y otros puntos, con lecturas de calaveritas y elementos simbólicos como cruces rosas. Hasta agosto de 2025, se registraron 444 feminicidios oficiales.

Memoria viva contra el olvido institucional. Mientras el país celebra sus muertos, estas mujeres exigen: no más impunidad. La ofrenda permanece abierta al público como recordatorio perenne. ¿Justicia o continuación del terror? El grito de las colectivas resuena en el corazón de México.

La entrada Colectivos feministas instalan ofrenda en la Antimonumenta: «Ni una madre más, sino una hija menos» por víctimas de feminicidios y desaparecidas se publicó primero en Periodistas Unidos.

EFE. Ciudad de México. 13 de mayo de 2025.-  La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció desarrollar “todos los esquemas necesarios” para atender a la juventud de Jalisco, en el occidente del país, luego de que un informe de la Universidad de Guadalajara (UdeG) alertara sobre el reclutamiento forzado de jóvenes de entre 15 y 19 años.

Cuestionada durante su conferencia de prensa matutina sobre el informe en el que la UdeG alertaba sobre un alza de reclutamiento forzado de jóvenes por parte del crimen organizado en ese estado, la mandataria mexicana aseguró que ha pedido a su gabinete investigar si en efecto existió ese aumento.

“Para poder saber de dónde vienen los datos, qué información tienen y cómo poder, primero, saber si en efecto hubo un aumento en el número de personas desaparecidas”, aseveró.

Sheinbaum señaló que su Gobierno trabaja conjuntamente con una comisión de la UdeG para prevenir “en caso de que siga este proceso de reclutamiento de jóvenes sea de manera voluntaria o no voluntaria, no importa, para poder desarrollar todos los esquemas necesarios para atender a los jóvenes de Jalisco”.

El reporte de UdeG señaló que la causa más probable de este ascenso es el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado que, apuntó, «se aceleró desde el año pasado y parece seguir con la misma intensidad en los meses recientes”.

En el reporte, la UdeG expuso datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas en Jalisco, que revelan que entre enero y abril de este 2025 se reportó la desaparición de 1.123 personas, de las cuales 616 quedaron sin localizar.

Mientras que en el mismo periodo del 2024, se registró la desaparición de 1.158 personas y de ellas se logró la localización de 650 en abril de ese año.

Además, entre enero y abril de 2024, el primer lugar en desapariciones lo ocupaba el grupo de personas con edades entre 25 y 29 años, con 117 reportes; en contraste, en 2025 el primer lugar lo ocupa el grupo de personas con edades de entre 15 y 19 años, con 122 reportes.

“La incapacidad de localizar a las personas de este grupo de edad en particular se agudizó a partir del año pasado y continúa en lo que va de este”, alertó la institución.

El reporte se presenta luego de que el 8 de marzo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunciara un supuesto «campo de exterminio» del narcotráfico tras hallar 400 pares de zapatos en el rancho de Teuchitlán, a una hora de Guadalajara, aunque el Gobierno mexicano señaló que se trata de un «campo de adiestramiento».

La polémica del rancho en Teuchitlán ha elevado la presión para que la presidenta Claudia Sheinbaum atienda la crisis de desapariciones en México, donde hay más de 120.000 personas no localizadas desde que existe registro.

La entrada Sheinbaum ofrece atender a jóvenes de Jalisco ante presunto reclutamiento forzado se publicó primero en Periodistas Unidos.

AMEXI. Ciudad de México. 02 de enero de 2024.- La Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas (SIBP) desaparecidas inició operaciones en Jalisco, con el fin de reforzar la estrategia en la localización de hombres, mujeres e infantes ausentes de sus hogares en ese estado.

Entre las funciones de ese organismo se encuentran: el diseño, la puesta en práctica y la coordinación de análisis de datos en materia criminal para erradicar los delitos; la creación de políticas públicas para prevenirlos, así como la implementación de herramientas tecnológicas en inteligencia criminal.

Asimismo, la dependencia promoverá un trato digno a los familiares basado en el respeto a los derechos humanos en Jalisco y creará un sistema integral de análisis de datos que permita unificar y eficientizar los recursos disponibles para la agilización en la búsqueda de personas desaparecidas.

En este sentido, se asegurará la protección de datos personales y se establecerán mecanismos de participación ciudadana, además de impulsar la profesionalización en materia de inteligencia, ciencias forenses, análisis de datos y atención a víctimas, se informó este miércoles.

Más desaparecidos, en Guadalajara y Zapopan

La SIBP trabajará estrechamente con la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General del Estado (FGE), C5 Jalisco, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), así como con los tres órdenes de gobierno y organismos nacionales e internacionales, por medio de convenios de intercambio de información.

De acuerdo con las estadísticas de Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, con corte en mayo de 2024, los municipios que concentran la mayor cantidad de personas desaparecidas en Jalisco son Guadalajara (dos mil 996), Zapopan (dos mil 400), Tlajomulco de Zúñiga (mil 360), Tlaquepaque (mil 150) y Tonalá (685).

La Secretaría estará liderada por Edna Montoya Sánchez quien tiene más de 30 años de experiencia en el Servicio de Inteligencia Civil del Estado Mexicano y se ha desempeñado como catedrática, investigadora y representante de la Embajada de México en Chicago, Estados Unidos.

La entrada Nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas desaparecidas, en Jalisco se publicó primero en Periodistas Unidos.

EFE. Ciudad de México. 29 de octubre de 2024.-  La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió este martes a trabajar para encontrar a los desaparecidos en el país, y que, según el Registro nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, suman más de 115.500.

“Esta metodología la vamos a seguir, pero además vamos a reforzar la Comisión de Búsqueda y también el contacto con distintas organizaciones de madres buscadoras, de familiares, de buscadoras y buscadores”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa.

Sheinbaum aseguró la metodología que se implementó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) para localizar a personas desaparecidas se diseñó cuando ella fue jefa de gobierno de la Ciudad de México (2018-2023) por lo que mantendrá esta estrategia, sin dar mayores detalles de en qué consiste la misma.

Afirmó que su Gobierno estará en contacto con los familiares de las personas desaparecidas y que se les apoyará a través de las Fiscalía General de la República (FGR) y de la propia Comisión de Búsqueda “debemos apoyarles”, señaló.

Organizaciones de buscadoras y buscadores han criticado que en su programa de 100 puntos de gobierno, Sheinbaum fue omisa en cuanto a su abordaje de la crisis de desapariciones y ni siquiera mencionó la problemática, y solo se comprometió a seguir trabajando en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

México suma más de 115.500 personas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), mientras que el proyecto de investigación ‘¿A dónde van los desaparecidos?’ detalla que cerca de 50.000 desaparecieron durante la presidencia de López Obrador.

La entrada Sheinbaum se compromete a trabajar para encontrar a las personas desaparecidas en México se publicó primero en Periodistas Unidos.

• Una investigación de Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos  permitió descubrir que 30 personas que continúan desaparecidas figuran en la lista de localizados del cuestionado censo de AMLO. Sus familias niegan que hayan sido encontradas. Existen además dos casos de personas que fueron “borradas” del registro nacional. Algunas irregularidades se produjeron durante las jornadas masivas de búsqueda

Periodistas Unidos / A donde van los desaparecidos. Ciudad de México. 06 de marzo de 2024.- Aunque el Gobierno federal asegura que no está “desapareciendo desaparecidos”, al menos 30 personas figuran como localizadas en el censo del presidente Andrés Manuel López Obrador sin que hayan regresado con sus familias. Dos fueron además borradas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el contador oficial de esta tragedia.

Entre las personas “localizadas” están diez que desaparecieron durante la “guerra sucia”, e hijos de buscadoras que participan activamente en colectivos de Chihuahua, Morelos, Jalisco, Sonora, Veracruz y Zacatecas. En todos los casos se confirmó que las víctimas continúan ausentes.

En los resultados de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, el llamado censo de AMLO que es una actualización del RNPDNO, Virginia Ortiz Ramírez, que tenía 13 años cuando desapareció el 5 de julio de 2007 en Oaxaca, es una de las 16,681 personas localizadas. Daniela, siete años mayor que su hermana y ausente también desde ese día, está clasificada como “Se requiere información de identidad”;  según las definiciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), esto quiere decir que no se cuenta con datos suficientes para confirmar su identidad. 

“Hasta el día de hoy no hemos encontrado a ninguna de las dos”, aseguró su prima, Emelia Ortiz. Ambas hermanas son triquis de la región mixteca de Oaxaca y pertenecen al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui. “Mientras pasan más años es más doloroso para nosotros sus familiares porque no sabemos si están vivas. Es una incertidumbre la que estamos viviendo a diario”.

Una investigación de Quinto Elemento Lab y su proyecto A dónde van los desaparecidos permitió descubrir que al menos 30 víctimas que continúan desaparecidas figuran como localizadas en el censo. Sus nombres permanecen inscritos en el RNPDNO, salvo en dos casos: una mujer michoacana desaparecida en julio de 2022 a los 58 años –de quien un informe de la comisión de búsqueda estatal consigna que no fue localizada– y José Marco Antonio Márquez Sandoval, un joven desaparecido en Guadalajara, Jalisco, el 13 de junio de 2017;  ambos, según fue posible comprobar, han sido “borrados”.

La buscadora Lorena Guzmán recorre las fosas clandestinas de Orizaba con la esperanza de encontrar a su hijo Miguel Ángel Hernández Guzmán. Quienes se lo llevaron el 19 de mayo de 2019 de esta ciudad veracruzana no se lo han devuelto, aunque purguen una condena por secuestro y desaparición forzada. Cuando desapareció, a los 27 años, iba con dos amigos, con quienes solía jugar fútbol.

Pese a que los perpetradores han mantenido en secreto su paradero, Miguel Ángel fue incluido en el censo como localizado, sin nombre pero con el Folio Único de Búsqueda (FUB). Su madre no se explica el supuesto hallazgo. Una de las fichas del programa “¿Has visto a…?”, de la Fiscalía General de la República (FGR), todavía pregunta por su hijo.

“Están mal, no se vale eso, es delicado y le da mucho coraje a uno, impotencia”, señaló la madre buscadora del colectivo Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba. “No es verdad que mi hijo ya haya sido localizado, eso es mentira. Estamos en búsquedas, buscando [en] las fosas clandestinas, vamos de un lado a otro. Es la única esperanza que tenemos de encontrarlos, así como sea”. 

El caso de Miguel Ángel proviene de una base con 12,350 FUB, el “Listado de folios localizados” publicado por el Gobierno federal. Esto significa que, de acuerdo con la metodología que dio a conocer la Segob, habría sido encontrado por los servidores de la nación durante las visitas que realizaron a domicilios de familiares para confirmar si la persona desaparecida había regresado, o bien por un informe de la fiscalía estatal.

Esa lista no incluye a quienes fueron reportados como localizados tras hallar su acta de defunción. Estos casos, un total de 4,134, serán notificados directamente a las familias. Otras 197 personas, que pudieron ubicarse en un centro penitenciario, no se especificó en qué lista estarán. 

Guzmán negó haber sido contactada por los empleados de la Secretaría del Bienestar, que de repartir programas sociales pasaron a hacer visitas casa por casa; tampoco ha sido informada por las autoridades locales de que hayan encontrado a su hijo. Por eso, desde hace cinco años no ha dejado de buscarlo.

El FUB de Cristian Paola Pérez Pérez, de 29 años, también está en el “Listado de folios localizados”. Desapareció en Moroleón, Guanajuato, hace casi un año, el pasado 16 de marzo. Tiene cuatro hijos que la esperan de vuelta. Sus familiares confirman que no ha aparecido;  tampoco recibieron la visita de servidores de la nación como parte de un censo del que han escuchado poco.

“Hemos pedido que se investigue, yo sé que tienen las herramientas y los mejores sistemas para trabajar con los teléfonos, y nada. Nada más el ministerio público [a cargo de la investigación] nos dice que a él le interesa mucho este caso, que es el único de 2023 que no tiene ni pies ni cabeza –la mujer fue sacada de manera violenta de su domicilio–, porque todos los demás han aparecido o hay algún indicio”, dice una de las hermanas de Cristian Paola, que prefiere no mencionar su nombre porque la familia ha sido hostigada por gente desconocida desde que hicieron pública la desaparición.

Aunque la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo durante la presentación de la Estrategia Nacional que tendrían que validar la información para “formalizar” las localizaciones, también aseguró que, sobre las 16,681 personas halladas, tenían la “certeza de su paradero”.

Cruce de datos

A partir de la técnica del web scraping, que permite extraer información de sitios web, y el cruce de datos masivos entre cuatro bases que el Gobierno federal ha hecho públicas –una “Versión pública integral del RNPDNO”, dos actualizaciones de la “Versión pública especial para consulta del RNPDNO” y el “Listado de folios localizados”–, se identificaron los nombres de 11,026 personas (incluidos probablemente duplicados), que forman parte del total de 16,681 localizados. El resto de los registros estaban testados, ocultos bajo la leyenda “eliminado” o “confidencial”. 

Los nombres se obtuvieron, primero, al comparar los FUB –un código que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) asigna a cada registro de desaparición– de la primera “Versión pública especial para consulta del RNPDNO”, que estuvo disponible entre el 14 y el 30 de diciembre de 2023, con los del “Listado de folios localizados”, publicado posteriormente. Así se obtuvieron 1,407 nombres. 

Después se confrontó la segunda “Versión pública especial para consulta del RNPDNO”, que incorporaba las clasificaciones del censo de AMLO, con la “Versión pública integral del RNPDNO” del 23 de agosto de 2023, con 110,964 registros que incluían las localizaciones, pero sin FUB. Para este cruce se utilizaron los nombres, apellidos, el estado donde ocurrió la desaparición y la autoridad que hizo el reporte. Así se obtuvieron 9,619 nombres de personas localizadas.

Del cruce del total de 11,026 nombres con listas de personas desaparecidas proporcionadas por colectivos de familiares, fichas de búsqueda activas del programa “¿Has visto a..?” de la FGR, y la lista vigente de Acciones Urgentes del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, se obtuvieron 85 registros de personas localizadas que podrían continuar desaparecidas. 

A través de colectivos y organizaciones que acompañan a familiares de personas desaparecidas, y directamente con sus parientes, se confirmó que 30 víctimas seguían ausentes, contrario a lo que indican los resultados del censo.

De otras nueve personas incluidas como localizadas, esta investigación encontró reportes o denuncias de desaparición, entrevistas con sus familiares en medios de comunicación que datan del último año, y publicaciones recientes en redes sociales sobre su búsqueda. No fueron agregadas a la cifra de 30 casos porque este equipo no logró contactar a un colectivo o fuente que pudiera confirmar que siguen desaparecidas.

De los 16,681 casos reportados como localizados, el 27 % no cuentan con entidad federativa. Del resto, tres de cada diez localizaciones corresponden a personas desaparecidas en la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Guerrero y Tamaulipas. A excepción de Guerrero, estos estados figuran entre los cinco con mayor número de víctimas. Además, según el censo, en Aguascalientes, la Ciudad de México y Oaxaca se habría localizado más de una cuarta parte de las personas que estaban desaparecidas.

Casos “borrados”

El “borrado” de casos ha sido una preocupación de los colectivos de búsqueda desde que el pasado 14 de diciembre se dieron a conocer los resultados de la Estrategia Nacional.  Decenas de miles de víctimas de desaparición fueron clasificadas en categorías que resultaron confusas para sus familiares, como “Personas ubicadas”/”Con indicios” o “Con identidad sin datos adicionales”/”Se busca reportante”.

Este medio reveló que más de 260 registros están mal clasificados: desde hijos de mujeres que lideran colectivos de búsqueda y que durante años han exigido justicia, hasta casos de desaparición ocurridos en la “guerra sucia” y víctimas que cuentan con resoluciones de organismos internacionales de las Naciones Unidas.

Según el Gobierno federal, quienes figuran como “localizados” son personas “que han sido formalmente localizadas por alguna autoridad local o que se cuenta con una prueba de vida o un acta de defunción como resultado de la búsqueda generalizada, pero que aún no han sido formalizadas por autoridades primarias”.

“Yo no doy por encontrado a mi hijo por un pedazo de hueso del brazo que hallaron. ¿Cómo me aseguran ellos que sí es él?”, señaló indignada Leticia Sandoval Zúñiga, madre de José Marco Antonio Márquez Sandoval, uno de los dos casos reportados como localizados que fueron borrados del RNPDNO, según pudo comprobar este medio.

Con ese hueso del brazo, la Fiscalía General del Estado de Jalisco ha buscado dar carpetazo a la desaparición, aseguró Sandoval. “Fueron por mí para decirme que supuestamente lo habían encontrado. Llego [a la fiscalía] y me mandan con un dizque psicólogo que me dice: ‘Necesita conseguir un cajón de unos 80 centímetros porque hay un hueso largo’. Y luego: ‘A ver, espéreme, no hay hueso largo, nada más uno pequeño’”, narró la buscadora del colectivo Entre Cielo y Tierra. Esto ocurrió el 22 de octubre de 2018.

Aunque ha luchado para que el caso de José Marco Antonio no sea considerado una localización, pues la única prueba de la fiscalía estatal es la coincidencia de su ADN con el del hueso analizado, así figura en el censo de AMLO.

Rasuramiento ‘criminal’

Anunciado en junio de 2023 por López Obrador como un nuevo censo “para tener plena certeza de cuántos desaparecidos hay realmente”, meses después se reveló, tras la salida de la ex comisionada nacional de Búsqueda Karla Quintana, que la intención del presidente era política. Lo que se busca “es reducir las cifras de personas desaparecidas, principalmente en este gobierno”, acusó la exfuncionaria. 

En un informe publicado en octubre, el CED de la ONU advirtió que el censo no contaba con una metodología “clara y transparente”, ni había contemplado la participación de las familias buscadoras. 

Sobre los errores y omisiones en el nuevo censo, el académico y abogado Santiago Corcuera, expresidente del CED, consideró que se ha pasado “del sospechosismo a la comprobación”. “Sí parece haber un rasuramiento [del RNPDNO], y eso es criminal, es de una crueldad descomunal para las familias”.

Corcuera, quien también fue integrante del primer Consejo Nacional Ciudadano, un órgano que vigila el cumplimiento de la Ley General en Materia de Desapariciones, agregó que el gobierno no debería estar preocupado por “sacar” casos del conteo oficial sino por detener las desapariciones. El RNPDNO contabiliza actualmente más de 114,500 víctimas, el 43 % bajo la presente administración.

A Johana Karina Santos Huicho sí la buscó un servidor público para preguntarle si su hijo, Eduardo Armando González Santos, había vuelto a su casa en Nogales, Sonora. En una llamada telefónica le dijo que el joven había sido localizado con vida en octubre de 2020, dos meses después de su desaparición a los 21 años. 

“‘Pero ¿cómo es posible si hasta el momento yo no sé nada?’, le dije a la persona que me habló. A mí sí se me hace un error la forma en que trabajan”, afirmó la integrante del colectivo Buscadoras de la Frontera Nogales. Como respuesta, le pidieron que tramitara un reporte de desaparición ante la comisión de búsqueda local; aunque lo hizo, no le han informado sobre la supuesta localización. Lo que sí ocurrió es que el FUB de su hijo fue incluido en el “Listado de folios localizados”.

A Juana Bosques Álvarez, que busca a su hijo Juan Antonio Flores Bosques, desaparecido a los 20 años en Hidalgo del Parral, Chihuahua, el 9 de octubre de 2011, nadie le informó sobre el censo. No recibió ninguna visita y la Fiscalía General del Estado tampoco la ha buscado. Su nombre es uno de los 9,619 obtenidos de la “Versión pública integral del RNPDNO”.

Cuando a través del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) se le contactó para saber su opinión, la madre buscadora reclamó indignada a este gobierno: “Si lo puso en la lista [de localizados], yo quisiera saber dónde está mi hijo y por qué no me [lo] han comunicado. Si hubiera una localización yo lo sabría o él se habría comunicado conmigo”.

Visitas fallidas y llamadas sin responder

Entre abril y diciembre de 2023, según los resultados de la Estrategia Nacional, se realizaron jornadas de búsqueda masiva en todo el país: 111,641 visitas casa por casa que permitieron localizar a 3,945 personas, y 86,341 llamadas telefónicas desde un call center instalado en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La revisión de cientos de informes de localización elaborados por personal de la CNB y por servidores de la nación, a los que tuvo acceso este medio, permitió encontrar que algunas irregularidades se dieron también durante estas jornadas.

Al menos dos personas que cuentan con fichas de búsqueda de la FGR y fueron registradas en los informes como desaparecidas, figuran como localizadas. 

Una es la mujer desaparecida en Michoacán en 2022 “borrada” del RNPDNO. En el informe de localización, fechado el 15 de mayo de 2023, un funcionario de la comisión de búsqueda estatal anotó que nadie respondió al visitar el domicilio, y que un cartel en la casa anunciaba que estaba en renta. Al llamar al número de teléfono anotado, le confirmaron que la persona seguía desaparecida, pero su FUB está en la lista de localizados.

Una fuente que participó en dos jornadas de búsqueda –y pidió resguardar su identidad por temor a represalias– aseguró que el personal a cargo no estaba capacitado, no conocía la problemática de la desaparición de personas ni los impactos psicológicos que podría generar su visita a las familias. Los funcionarios, además, solo contaban con el nombre de la persona desaparecida y su dirección. Como no tenían acceso al RNPDNO, desconocían la edad de la víctima y sus señas particulares, tampoco disponían de una fotografía para comprobar que la persona que tenían enfrente era la que buscaban. 

Aunque no pudo precisar los casos en que se consignó erróneamente una localización en los informes, dijo que le consta que ocurrió.

Este medio también tuvo acceso a una base de datos con registros de más de 18,000 llamadas realizadas desde el call center de la SSPC en octubre de 2023. Más del 86 % no fueron respondidas. En dos casos, los funcionarios asentaron en la bitácora que nadie había contestado, y en otros dos, que las personas que respondieron dijeron que su familiar no había regresado a casa; aun así, los cuatro FUB están en la lista de localizados.

LA PERSONA REPORTANTE INDICA QUE CONTINÚA DESAPARECIDA SU HIJA, CONFIRMA DATOS DE FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO Y COMENTA QUE SÍ TIENE CONTACTO CON LA FISCALÍA DEL ESTADO, PERO POR EL TIEMPO LE COMENTAN QUE NO TIENEN DATOS. 

Ejemplo de una anotación en la bitácora de llamadas; el FUB de la persona está en el “Listado de folios localizados”. (Quinto Elemento Lab)

No se pudo confirmar si, después de estas llamadas, otros funcionarios lograron contactar a las familias y obtener una prueba de vida de la localización.

Casos de la “guerra sucia”

El nombre de Alicia de los Ríos Merino, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre desaparecida en 1978 durante la “guerra sucia”, no estaba incluido en el censo, solo en el RNPDNO. Su hija, la abogada e historiadora Alicia de los Ríos, publicó en X que a su madre la habían “borrado”. En privado, personal de la CNB le explicó que la plataforma de la Estrategia Nacional “no abarca el registro completo”.

El FUB de la militante comunista no estaba en las bases de datos que la Segob publicó en diciembre de 2023. Esto significa que debió ser incluida en la lista de 16,681 localizados, de acuerdo con el análisis realizado por este medio.

Después del reclamo de la historiadora, la CNB agregó al censo el registro de su madre con la clasificación “Denuncia confirmada”. Pero otras diez víctimas desaparecidas entre 1965 y 1980, que tampoco figuran en ninguna categoría, como era el caso de De los Ríos, se encuentran entre los 11,026 nombres de personas localizadas obtenidos por este medio. 

“Este es un indicio de la frivolidad con la que se ha venido trabajando [en la CNB], sobre todo en estos últimos meses. No entienden, no escuchan [a las víctimas]. Que sustraigan un dato de otra base para que ‘no estén dando lata’ evidencia la frivolidad, la ineptitud, la incapacidad, la falta de información”, dice la historiadora sobre la posibilidad de que, solo tras su reclamo público, se rectificara la clasificación de su madre.

No ha habido una explicación de por qué estas desapariciones forzadas figuran como localizaciones. Este medio pudo confirmar que cerca de 350 casos ocurridos también durante la “guerra sucia” están incluidos como desapariciones en el censo de AMLO.

Aunque se ha buscado en varias ocasiones a la comisionada nacional de Búsqueda Teresa Guadalupe Reyes Sahagún para que explique el porqué de los errores identificados en el censo, no se ha tenido respuesta. A finales de 2023, el presidente se comprometió a informar sobre los avances de la Estrategia Nacional una vez al mes, pero ni en enero ni en febrero dedicó tiempo al tema.

Mientras tanto, las familias de las personas desaparecidas están confundidas, no saben si el Gobierno federal ha dado por localizada a la persona que buscan o cómo impactarán las clasificaciones del censo en las pesquisas para dar con el paradero de su ser querido.

“Él [López Obrador] dice que no es cierto que son tantos desaparecidos y que está trabajando en eso, pero pues no es verdad porque la gente sigue desapareciendo, y no son poquitos, son muchos, no es verdad que está haciendo algo”, lamentó Lorena Guzmán, que sigue sin saber dónde está su hijo “localizado”.

* Con información de Andrés de la Peña, Aranzazú Ayala y Mónica Cerbón.

Participaron en la revisión y verificación de casos: Analy Nuño, Aranzazú Ayala, Fernando Arauz, Camelia Muñoz, Carlos Morán, Efraín Tzuc, Lucía Flores, Mónica Cerbón, Paloma Patiño y Violeta Santiago.

Catálisis, la unidad de aplicación tecnológica para el periodismo de investigación de Quinto Elemento Lab, está integrada por Efraín Tzuc (coordinador) y Andrés de la Peña (periodista de datos).

¿Cómo puedo saber si mi familiar está en la lista de localizados?

1. Si cuentas con su Folio Único de Búsqueda (FUB), escríbelo en el buscador de la página https://busquedageneralizada.gob.mx/localizados/. Si hay una coincidencia, quiere decir que la persona que buscas está en la lista de localizados que, según la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda, “corresponde únicamente a los folios identificados como localizados en jornadas y por la autoridad local”. Si encuentras el FUB de la persona desaparecida al escribirlo en el buscador de https://busquedageneralizada.gob.mx/consulta/, significa que tu familiar no ha sido incluido como localizado en los resultados del censo.
2.  Si no cuentas con el FUB, sigue estos pasos:
   1. Entra a https://busquedageneralizada.gob.mx/consulta/.
   2. En el buscador, escribe el nombre de la persona sin acentos. Puede haber errores en la captura, por lo que se sugiere intentar varias combinaciones; por ejemplo, escribir solamente los dos apellidos, sin el nombre.

El siguiente video puede ayudarte:

1. Si el nombre de tu familiar no está en la clasificación podría deberse a que:
   1. La autoridad ante la que se hizo la denuncia o el reporte no lo cargó en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Esto no significa que no exista denuncia o reporte, solo que no fue incorporado al RNPDNO.
   2. La autoridad que cargó el registro de la persona que buscas lo hizo con errores. Por ejemplo, hemos notado que en ocasiones se intercambia la z por la s en apellidos como González (que también aparece como Gonzales) o Velázquez (que se podría anotar como Velasquez). En esos casos, no podrás encontrar el nombre porque no fue registrado correctamente.
   3. El registro de la persona que buscas está en la lista de las 16,681 personas que las autoridades federales clasificaron como localizadas. 

Podemos ayudarte a verificar si la persona que buscas está en la lista de “localizados”. Estos nombres se encuentran en bases de datos públicas que “reconstruimos” para identificar los casos que el Gobierno federal incluyó en esa clasificación. Si realizaste los pasos anteriores y no obtuviste ningún resultado, escríbenos a contacto@adondevanlosdesaparecidos.org para que busquemos el nombre de la persona en la lista. No será posible para nuestro equipo identificar los casos en que el Gobierno federal omitió el nombre y los apellidos de la víctima, alrededor de 4,600 personas.

Si tienes dudas, llama a la Comisión Nacional de Búsqueda, que es la institución a cargo del censo. Sus números telefónicos son: 55 1309 9024 (puedes enviar también un mensaje por WhatsApp), 800 0287783 (para llamadas nacionales gratuitas) y 185 5262 3109 (para llamadas gratuitas desde otros países). También en Locatel (55 5658 1111) pueden brindarte información.

¿Cómo hicimos este trabajo?

Catálisis, la unidad de aplicación tecnológica para el periodismo de investigación de Quinto Elemento Lab, obtuvo tres bases de datos publicadas por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda, entre el 15 de diciembre de 2023 y el 16 de enero de 2024, aplicando la técnica de web scraping. El origen de estas bases de datos fue el mismo: versiones “recortadas” del RNPDNO que, con 110,964 casos, fue publicado por la CNB el 23 de agosto de 2023.

• “Versión pública especial para consulta del RNPDNO”: 96,738 registros con FUB.
• “Versión pública especial para consulta del RNPDNO”, nueva versión que sustituyó a la anterior e incluye las clasificaciones del censo, excepto la correspondiente a las personas localizadas: 94,283 registros con FUB.
• “Listado de folios localizados”: 12,350 registros con FUB.

Para relacionar los registros entre las dos bases de datos correspondientes a la “Versión pública especial para consulta del RNPDNO” se utilizó el FUB. El 100% de los casos de la segunda base se encontraba incluido en la primera. Además, se hizo un nuevo cruce de los FUB con el “Listado de folios localizados” –también publicado en diciembre, pero que únicamente contaba con FUB y estado–. Así, además de los 94,283 registros con clasificaciones, se obtuvieron 2,455 casos más que coincidían con el listado de localizaciones. De estos, 1,407 tenían nombre, el estado en que ocurrió la desaparición y la autoridad que la reportó, el sexo de la persona y, en algunos casos, edad, fecha del hecho y nacionalidad; los demás estaban testados.

Para obtener el resto de los nombres de personas localizadas se tomó como base la “Versión pública integral del RNPDNO”, publicado por la CNB. Como no tiene FUB, para relacionar los casos, primero, se eliminaron los registros que estaban testados, y después se generó una combinación de nombre-apellidos-estado-autoridad reportante para que cada caso resultara en un registro único, como el del FUB. Así fue posible determinar qué casos estaban en ambas bases y, sobre todo, cuáles no. Este último universo era de 9,619 nombres. Había otras 4,607 personas localizadas, la cifra que faltaba para completar las 16,681 supuestas localizaciones del Gobierno federal, pero eran casos testados. En total, se obtuvieron 11,026 nombres.

Se hizo una revisión de casos por un grupo de diez periodistas y mediante cruces masivos entre la base de datos con 11,026 nombres de localizados con listas de personas desaparecidas solicitadas a colectivos, la lista de Acciones Urgentes del CED, víctimas de la “guerra sucia” con expedientes en la FGR –obtenidos hace dos años a través de una petición de información pública–, y casos incluidos en el programa “¿Has visto a..?”, también de la FGR. Así se obtuvieron 85 nombres.

El siguiente paso fue buscar a personas que pudieran confirmar que las víctimas seguían desaparecidas y, en algunos casos, ayudaran a contactar a sus familias e, incluso, a brindarles una atención psicosocial al informarles del hallazgo. Descartamos 46 casos. Hablamos directamente con seis familiares de personas desaparecidas que fueron clasificadas como localizadas y confirmamos con fuentes otros 24 casos. Sobre otras nueve personas se consideró que es altamente probable que sigan desaparecidas, pero no se logró confirmarlo.

La entrada Decenas de personas ‘localizadas’ por el Gobierno siguen desaparecidas se publicó primero en Periodistas Unidos.

EFE. Ciudad de México. 27 de diciembre de 2023.- La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de México, Teresa Guadalupe Reyes, aseguró este miércoles que aún están buscando a 92.000 personas desaparecidas, después de que el Gobierno ofreció una cifra de cerca de 12.000 hace días.

En la conferencia diaria del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la representante de la CNB defendió la nueva categorización de personas desaparecidas para poder atender «la gama compleja de realidades» que hay entre «el que no está localizado y el que sí lo está».

«En términos de lo que hemos estado trabajando, podríamos decir que, conforme al dato de 110.000 (desaparecidos) que había en esos momentos (hace un mes), hemos localizado a 16.000 y seguimos buscando a 92.000 aproximadamente, con diferentes niveles de aproximación», detalló.

A mediados de diciembre, el Ejecutivo mexicano notificó que había 12.377 personas desaparecidas según su nuevo censo y no 111.000, cifra incluida en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), que López Obrador había tachado de «manipulado».

Según reiteró el Gobierno ahora, de las 110.964 personas desaparecidas, 16.681 están localizadas y 17.843 están ubicadas, pero no localizadas, 26.090 no cuentan con datos suficientes para su identificación, 36.022 están registradas aunque sin indicios para su búsqueda y 12.377 tienen una denuncia por desaparición confirmada.

Tras los cuestionamientos de agrupaciones de familias de desaparecidos, ahora se matizó la cifra y Reyes subrayó que «no se va a dar de baja nadie», sino que se va a «actualizar» el sistema para abordar un «bloque de registros de personas desaparecidas que no cuentan con toda la información requerida».

«El registro es histórico y viene, principalmente, de dos grandes bases de datos. Tiene dificultades, por decirlo así», argumentó.

«Hay una revisión que está haciendo un equipo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conahcyt) para corregir y mejorar. Esto no implica que se dé de baja a nadie», insistió.

En la misma conferencia, la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, defendió que «no se ha borrado a nadie ni se borrará».

Algunas organizaciones sociales criticaron el cambio de cifras, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que avisó de que «acotar en 12.377 el número de personas desaparecidas puede minimizar una crisis mucho mayor» en México.

Mientras que la ahora extitular de la CNB, Karla Quintana, renunció al cargo porque, en su opinión, la intención del nuevo recuento era reducir la cifra oficial de personas desaparecidas.

Finalmente, López Obrador anunció que «cada mes» se presentará un informe sobre la situación de las personas desaparecidas: el próximo será el lunes 29 de enero.

La entrada El Gobierno de México rectifica que sigue buscando a 92.000 personas desaparecidas se publicó primero en Periodistas Unidos.

*Fernanda Valentina Fidel Romero/ GIASF

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 24 de diciembre de 2023.- En México, cuando una mujer desaparece, las primeras movilizaciones para su búsqueda son hechas por sus familiares y amistades: crean contenido de difusión para redes sociales, hacen recorridos de búsqueda por el lugar de desaparición e incluso todo el país; y realizan marchas para solicitar el apoyo de las autoridades y de la sociedad para localizar a su ser querido. Tal es el caso de INOF, quien desapareció en la Ciudad de México, y quien fue localizada gracias a familiares, amigas y demás personas que empatizaron con su caso y acudieron a las marchas y campañas de búsqueda, culminando con su localización en siete largos días.

Esto nos muestra que, en ocasiones, los esfuerzos de las personas buscadoras se ven recompensados con la localización de sus hijas, sus hermanas, sus primas y/o sus amigas. Sin embargo, muchas veces las condiciones en las que encuentran a estas mujeres son lamentables; así como lamentables son las explicaciones que dan las autoridades acerca de su desaparición, las cuales en varias ocasiones es redefinida como una “ausencia voluntaria”. 

Como tantos otros casos, está el ejemplo de Ana Arizbeth Soto Font, mejor conocida como INOF. Ella fue vista por última vez en Olivar del Conde en la alcaldía Gustavo A. Madero el 8 de abril de 2023. Tras siete días de incansables jornadas de búsqueda por parte de su familia y de sus amigas y amigos, fue localizada en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. La situación en la que se le encontró indicaba que estaba siendo víctima de privación de la libertad y de violencia física y sexual por parte de un hombre de aproximadamente 65 años de edad, al que no conocían ni ella ni su familia, y quien al parecer la mantenía drogada en una casa de campaña para evitar que escapara. 

Pese a que los familiares posibilitaron la detención del sospechoso, y a que varias personas testificaron que a este sujeto se le ha visto con varias jóvenes, quienes después de un tiempo no se les vuelve a ver, las autoridades determinaron que Ana no fue víctima de ningún delito. Aunque la última persona con quien la vieron fue un conductor de mototaxi, no fue citado a realizar su declaración formal ante la institución correspondiente. 

Tampoco le proporcionaron atención médica y psicológica inmediata a la víctima y además, las autoridades pretendían tomarle su declaración a los pocos minutos de haber sido localizada en un estacionamiento, cuando no se encontraba en condiciones físicas ni psicológicas para ello. No tomaron en cuenta que ese no era el lugar adecuado para que rindiera su declaración, saltándose el procedimiento para la atención a estos casos, en donde se tiene que brindar de manera inmediata la asistencia médica, psicológica y de trabajo social, para que determinen en conjunto el estado en que se encuentra, y atender a la viabilidad de que la víctima pueda narrar los hechos de su desaparición [1].

Otro ejemplo es el caso de María Ángela Olguín Bustamante, quien tenía 16 años cuando desapareció afuera de los baños cercanos al metro Indios Verdes en la alcaldía Gustavo A. Madero, mientras esperaba a que su mamá saliera de dichos sanitarios el 19 de enero de 2023. Dos días después, la adolescente fue encontrada en Nezahualcóyotl, en el Estado de México. María fue auxiliada por personas que dieron parte a las autoridades estatales, y refirieron que fue localizada desnuda, con signos de violencia sexual y, atada de manos y de pies. 

Sin embargo, las autoridades capitalinas aseguraron que María se ausentó voluntariamente. Las autoridades basaron dicha afirmación en la observación de una secuencia de imágenes, donde se registró su recorrido en el centro de Bellas Artes, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, así como en supuestos exámenes físicos y psicológicos que le realizaron a la víctima directa, en los que se concluye que no tiene daños. 

No obstante, en este último caso, hay dos puntos que nos hacen dudar de esta versión. Por ejemplo, la vestimenta de la persona que se observa en dichas imágenes no corresponde a la descripción de la vestimenta que aparece en la ficha de búsqueda, así como los testimonios que refieren las autoridades del Estado de México. Tras lo sucedido, su asesora legal mencionó que la versión de la autoridad violó los derechos humanos de la adolescente víctima del delito de desaparición (derecho al trato digno, a la integridad y seguridad personal y a la legalidad) y por ende la revictimizó, por lo cual se pidió una disculpa pública y se ordenó a las autoridades que realizaran las investigaciones correspondientes, mismas que hasta la fecha no se tiene noticias del seguimiento del caso por parte de las autoridades.

Estos dos casos ilustran no sólo una falta de empatía, sino la falta de aplicación del protocolo ALBA (conjunto de pasos para la búsqueda y localización de una niña, adolescente o mujer adulta desaparecida). Este instrumento establece las directrices para activar un mecanismo de búsqueda y localización de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas en México, con la coordinación de las tres órdenes de gobierno. Su falta de ejecución implica que no ha sido incorporada la obligatoria perspectiva de género en la búsqueda y en la investigación en los casos de mujeres que han sido víctimas del delito de desaparición y de los delitos que se derivan de éste. 

También constituye una revictimización cuando, al momento de ser localizadas, se define pública y apresuradamente su desaparición como una “ausencia voluntaria”, sin haber agotado todas las líneas de investigación y sin considerar el análisis de todos los indicios para resolver el caso, mucho más cuando éstos permiten presumir que existe un patrón de actuación por parte del perpetrador, como es el caso de Ana Arizbeth Soto Font, en donde se tenían dos indicios importantes para procesarlo (era una persona desconocida para la familia de Ana y los testimonio de las personas).

Uno de los derechos de las víctimas de casos de desaparición forzada o por particulares es garantizar en todo momento el respeto a su dignidad y a su situación especial de vulnerabilidad, dado que son mujeres y más aún cuando pertenecen al sector de adolescentes o niñas, donde debe privilegiarse el interés superior de la niñez. Es necesaria la aplicación del enfoque diferencial y la perspectiva de género, que permita crear estrategias de búsqueda y de investigación acordes con sus particularidades y condiciones de extrema vulnerabilidad, sin dilación y sin revictimizar a las personas que son víctimas de desaparición [2].

Asimismo, se debe considerar la pertinencia del momento y del lugar para realizar una entrevista a la víctima de desaparición, tomando en cuenta que previamente a rendir su declaración, la víctima debe ser asistida médica y psicológicamente para que se determine el estado de la persona y la viabilidad para dar su testimonio en ese momento.

En todos los casos de desaparición de mujeres se debe procurar la debida diligencia, garantizando la imparcialidad, la sensibilidad, la empatía y el trabajo con enfoque diferencial y perspectiva de género, en pro del derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y a la seguridad personal, prevaleciendo el trato digno y apoyo, tanto para la víctima directa como para sus familiares y amistades que salen en redes y a las calles en su búsqueda.

Referencias

[1] Protocolo ALBA, Fiscalía General del Estado de Chihuahua, México, 2012.

[2] ONU-DH México. (2019). Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas. México: Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

***

* Fernanda Valentina Fidel Romero es egresada de la Licenciatura en Ciencia Forense por la UNAM y operadora logística del GIASF.

El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo, así como personas columnistas invitadas por el mismo (Ver más: www.giasf.org).

La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.

La entrada Búsqueda por familiares: esperanza para la localización de mujeres desaparecidas se publicó primero en Periodistas Unidos.

• Desde registros incompletos o erróneos en la versión pública especial del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta operadores telefónicos sin capacitación en derechos humanos, junto con la búsqueda de familiares de víctimas de casos emblemáticos como Ayotzinapa y Cadereyta, el Gobierno federal acumula deficiencias en su nueva estrategia 

Por Lucía Flores y Germán Canseco para A dónde van los desaparecidos

Periodistas Unidos Ciudad de México. 19 de diciembre de 2023.- Registros duplicados, apellidos mal escritos, información insuficiente o búsquedas que únicamente se completan al poner el nombre solo en mayúsculas o minúsculas. La “Versión pública especial para consulta” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) puesta en línea por el Gobierno federal como parte de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas es una muestra más de las deficiencias del “nuevo censo” del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

La Estrategia Nacional, que se prolongó de mayo a diciembre de este año –después de una primera etapa en la capital del país en septiembre y octubre de 2022–, se basó en la metodología desarrollada por la Ciudad de México, que consistió en comparar el RNPDNO con bases de datos administrativas (programas sociales, vacunación por covid, Registro Nacional de Población, IMSS) para encontrar indicios de vida posteriores a la fecha de desaparición de una persona.  Mediante una “búsqueda masiva casa por casa” y llamadas telefónicas se consiguió localizar a 16,681 personas, el 15 por ciento de las 110,964 desapariciones registradas hasta el pasado agosto. Actualmente, son más de 113,000 personas desaparecidas.

Desde 2004, Sivia Ortiz busca a su hija Fanny Sánchez-Viesca, desaparecida en Torreón a la edad de 16 años. Cuando la vocera del Grupo Vida consultó su nombre en el nuevo registro descubrió que no incluía la fecha en que desapareció. Ortiz refiere que, de las 222 víctimas que buscan las familias integrantes de su colectivo en Coahuila, solo encontraron a tres inscritas. 

Esta versión especial del registro, que solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar información, debería contener, de acuerdo con el propio documento, los casos de personas desaparecidas confirmadas, a los que están dando “seguimiento puntual” las fiscalías y las comisiones de búsqueda.

“Puse el primer nombre [de los desaparecidos que busca el colectivo] y no apareció, el segundo, el tercero, y tampoco. Puse varios nombres y nada más dos y mi hija me resultaron”, explicó Ortiz. “Esto es lo más grave, o sea, en el momento que dicen hay indicios no especifican a qué tipo de indicios se refieren […]. Significa que es una porquería su base,  siguen sin tener realmente una base de datos, no está correctamente  elaborada, no pueden entonces atreverse a decir la cantidad, si ni siquiera ellos la saben”.

Durante una reunión que sostuvo con el fiscal de Personas Desaparecidas de Coahuila, José Ángel Herrera, Ortiz le dijo: “¿De qué se trata, Herrera, ustedes lo que quieren es quitarnos del mapa? No tienen la capacidad de buscar y encontrar, y como no saben qué hacer, ahora nos quieren hacer a un lado”.

Irma Claribel Lamas López, desaparecida en 2008 en Torreón, aparece registrada dos veces, con distintos folios de búsqueda, y en ambas con el primer apellido mal escrito, informó su madre, María de la Luz López Castruita, representante del colectivo Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas. En el caso de Jesús Piedra Ibarra, integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre desaparecido en 1975 en el marco de la llamada “guerra sucia”, buscado incansablemente por su madre Rosario Ibarra de Piedra durante más de cuatro décadas, no figura su nacionalidad ni la fecha en que desapareció.

Los señalamientos sobre errores en el registro de las personas desaparecidas se remontan a 2014, cuando se publicó el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), antecesor del RNPDNO. En 2017, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila, tras cotejar los casos que tenía documentados con el RNPED, encontró que solo habían incluido el 20 por ciento. En su informe identificó también casos duplicados. Fallas que permanecen en la nueva versión pública para consulta. 

Desde que se dieron a conocer los resultados de la Estrategia Nacional, que informó también sobre la ubicación de 17,843 personas sin prueba de vida, y 62,112 registros sin datos suficientes para identificar a la persona o sin indicios que permitan la búsqueda, reduciendo el número de personas desaparecidas confirmadas a 12,377, diversos colectivos han manifestado su rechazo a estas cifras que “desaparecen a los desaparecidos” por lo que llaman “un interés electoral”. 

Ayer, colectivos de familiares de siete estados, como Zacatecas, Tamaulipas y Nayarit, se manifestaron en diversos puntos en contra del nuevo censo. En una protesta frente a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, los familiares hicieron un pronunciamiento en el que manifestaron su inconformidad con las cifras presentadas por considerar que “mienten”, y aseguraron que es una incongruencia afirmar que son 12,377 personas desaparecidas confirmadas cuando en los Servicios Médicos Forenses hay “por lo menos 56,000” cuerpos sin identificar. Exigieron también una “disculpa pública” de López Obrador “por sus lamentables declaraciones y descalificaciones de nuestra lucha”.

En los últimos meses, desde que anunció la actualización del RNPDNO, el presidente ha reiterado su propósito de demostrar que este no es el sexenio con mayor número de personas desaparecidas, aunque el 40 por ciento de los reportes corresponden a esta administración. El temor de que el nuevo censo tuviera como objetivo reducir el número de desaparecidos fue confirmado por la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, quien aseguró que esa es “la intención” del gobierno lopezobradorista.   

Cero capacitación

La búsqueda telefónica, según la metodología desarrollada por la Ciudad de México, en la que se basó la estrategia federal, debe ser realizada por “operadores de un centro de contacto telefónico que han sido sensibilizados para tratar con potenciales víctimas de delito, o bien, con personas reacias a cooperar con la autoridad”. En el informe de los resultados de la Estrategia Nacional, presentado el 14 de diciembre en Palacio Nacional durante la conferencia mañanera de López Obrador, se aseguró que “todos los servidores públicos” recibieron “capacitación para cada jornada de búsqueda”.

Una persona que formó parte del call center instalado en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para localizar a personas desaparecidas o a sus familiares aseguró que nunca fueron capacitados en temas de derechos humanos o en el trato a víctimas de desaparición. La fuente, que pidió el anonimato, agregó que la computadora con la que trabajaba y que contenía “datos sensibles” relacionados con el censo era su equipo personal, que trasladaba todos los días a su domicilio; también precisó que la base de datos fue elaborada en un archivo de Drive al que cualquiera que tuviera el enlace podía acceder.

Otra fuente que trabaja en el área de implementación de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, que también pidió no ser nombrada, refirió que en las órdenes de trabajo comenzó a aparecer, sin previo aviso ni ninguna explicación, la palabra “comisión”. Quienes tenían esa tarea acudían a laborar al cuarto piso de un edificio de la FGJCDMX, descrito por la fuente –que colaboraba en la actualización del RNPDNO– como un lugar con grandes ventanales y mesas largas; destacó que sobre el vidrio de las ventanas escribían con plumón los lugares que se visitarían como parte de las jornadas casa por casa, y el número de cuestionarios aplicados en esas visitas.

Sin noticias de Cadereyta

Aunque según la metodología de la Estrategia Nacional todos los casos de personas desaparecidas en los que “se tenga confirmada la denuncia o reporte de desaparición” no deben formar parte de las jornadas de búsqueda individualizada, incluidos aquellos en que los familiares pertenezcan a un colectivo de desaparecidos, o que sean investigados por las fiscalías, el Gobierno federal incurrió en numerosos fallos, al buscar a numerosos integrantes de colectivos e incluso a familiares de víctimas de dos casos emblemáticos de violación a los derechos humanos: Ayotzinapa y la masacre de Cadereyta.

Eblin Banegas, madre de Wilder Ubaldo Murillo, un joven hondureño identificado como una de las 49 víctimas halladas el 13 de mayo de 2012 en Cadereyta, Nuevo León, recibió una llamada el pasado 9 de octubre, alrededor de las seis de la tarde, preguntándole si su hijo había regresado o ya lo habían encontrado.

Aunque las autoridades han afirmado que solo se contacta a familiares cuando existe un indicio de vida, tras varios cruces de datos, una operadora que se identificó como integrante del Programa Nacional de Búsqueda le preguntó sobre el paradero de Wilder. Banegas aún no se explica por qué la buscaron y con qué fin.

“Hola, ¿hablo con Eblin? Solo le llamo para ver si ya encontró a su hijo”. La respuesta de Banegas fue inmediata: gracias a una fundación pudo recuperar el torso de su hijo. La operadora le respondió que era obligación del gobierno hallar a Wilder. “Faltan partes del cuerpo de mi hijo. Me pidieron que volviera a marcar para que me ayudaran. Yo ya no quise hablar con ellos. Me da mucho coraje, tristeza y dolor de todo”, lamentó.

Los cadáveres mutilados de la masacre de Cadereyta fueron descubiertos por el Ejército en la carretera Monterrey-Reynosa tras una denuncia anónima. Aunque se atribuyó al grupo de Los Zetas, no hay ningún procesado por estos crímenes. Hasta la fecha se han identificado 18 víctimas, de las que catorce son migrantes.

Banegas decidió seguir los pasos de Wilder y venir a México tras su desaparición, para saber qué le había pasado y buscarlo. Desde entonces, dijo, no ha recibido apoyo de las autoridades, solo ha tenido el acompañamiento de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), que le ayudó a localizar el torso de su hijo, identificado a finales de 2020 y entregado en 2021. Banegas fue remitida con la FJEDD por la Casa del Migrante de San Luis Potosí, donde Wilder estuvo a mediados de abril de 2012.

Al preguntarle si interpondrá alguna queja o denuncia contra el Estado por lo sucedido, Banegas aseguró que solo quiere encontrar las partes del cuerpo que faltan de su hijo para poder sepultarlas. “Yo me pongo a analizar: de dónde sacaron mi celular”, pues con esa línea telefónica tiene cuatro años. “Mi dolor no es su dolor, están nada más preguntando, es molesto; si no van a hacer nada, para qué llaman. Nada más por salir del paso lo hacen. Es indolente”. 

En la versión especial para consulta del RNPDNO, el registro de Wilder no incluye la fecha de los hechos ni su edad, aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue una de las bases de datos que se consultó para elaborarla.

La subdirectora de la FJEDD, Fabienne Cabaret, señaló que pareciera que existe una descoordinación en las instituciones y una falta de claridad en la información que se les proporciona a los familiares, “sobre todo porque son familias que muchas veces han vivido situaciones de extorsión; entonces, el tipo de llamadas siempre obviamente genera desconfianza y enojo”.

Pese a que la metodología establece que si el familiar informa que la persona desaparecida ha muerto, como en el caso de Wilder, el operador telefónico debe “solicitar empáticamente” datos sobre el fallecimiento y una copia del acta de defunción, esto no sucedió en la llamada que se le hizo a Banegas.

Preguntar por uno de los 43

Sin aviso previo, funcionarios de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tlaxcala tocaron a la puerta de Mario González, quien desde hace nueve años busca a su hijo César Manuel González, uno de los 43 normalistas desaparecidos en la noche de Iguala. Desde entonces, su historia ha sido contada múltiples veces; funcionarios, organizaciones civiles y la población en general conocen lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014, pero eso no evitó que, como parte de las acciones del nuevo censo, le preguntaran si su hijo ya había regresado a casa. Esta visita se hizo semanas antes de que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes dieran su último informe, el pasado 25 de julio.

Una camioneta blanca se detuvo frente a la casa de González en Tlaxcala, de la que descendieron dos personas. El domicilio se ubica en un callejón poco transitado, donde hace meses que no reside con su familia, por eso ignora cómo dieron con la dirección. “Me preguntaron que si ya había encontrado a mi hijo y que si lo había yo encontrado vivo o muerto”. 

Fue como si lo hubieran insultado, afirmó. Dijo que era triste lo ocurrido porque revictimiza a las familias. Momentos antes de que los funcionarios llegaran a su domicilio a preguntar por César Manuel, estaba arreglando el motor de un auto, un recuerdo que lo une a su hijo pues era el vehículo que utilizaba.

Aunque la metodología recomienda, en el supuesto de que la persona continúe desaparecida, que el familiar reciba “una disculpa institucional por los hechos que está viviendo”, no hubo ocasión para que esto sucediera porque, según contó González durante la reunión de los padres de los 43 con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) –realizada también en julio–, “yo sí les grité muy feo, que no puede ser que sean tan insensibles de ir y preguntar estupideces”. Para el padre del estudiante de Ayotzinapa, se trató de una visita estúpida y cruel.

En ese momento, recordó en entrevista, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, no le mencionó que esas visitas formaban parte de la nueva estrategia de búsqueda, pero le ofreció disculpas.  “Nosotros tenemos la oportunidad de decírselos en su cara, pero imagínate a aquella madrecita que van y le dan la esperanza de que esté bien su hija y que no sea verdad, mira que lo que tratan de hacer es bajar las cifras a como dé lugar”.

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

La entrada Suma fallas censo de AMLO se publicó primero en Periodistas Unidos.

EFE. Ciudad Juárez, México. 30 de noviembre de 2023.- A menos de cinco días del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la Policía especializada localizó este jueves el cuerpo de la activista Karina Domínguez Rubio, enterrado en un negocio de autopartes usadas de Ciudad Juárez (norte de México), la ciudad donde más feminicidios se comenten en el país.

Aunque el cuerpo sepultado aún no ha sido identificado oficialmente como el de Karina Rubio Domínguez, el grupo de empoderamiento femenino en el que trabajaba ya confirmó a través de sus redes sociales que se trata de su ella.

“Nos acaban de confirmar el hallazgo de Karina Rubio y ante esto no nos quedaremos calladas”, publicó la organización Renace y Vive Mujer en su página de Facebook.

Las activistas exigen se investigue el crimen, se encuentre al culpable y se incrementen los programas de prevención para evitar que sucedan estos hechos.

Karina Rubio fue vista por última vez por su familia el 16 de noviembre antes de salir a realizar unos cobros.

Yadira Cortés Castillo, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, una organización que trabaja contra la violencia de género, señaló que la impunidad en la que se dan estos hechos hace cada vez más vulnerables a las mujeres de Ciudad Juárez, porque los delincuentes se dan cuenta de que no existe consecuencias.

“Cómo es posible que una persona decida quitarle la vida a una mujer, no sólo eso, hacer todo el proceso de excavar, de colocar el cuerpo, de volver a colocar tierra y no sólo tierra sino cosas para ocultar el cuerpo sin que nadie haga nada o sin que sienta que va a tener una carga significativa”, cuestionó Cortés Castillo en un comunicado.

Cortés Castillo alertó que “hasta el mes de octubre van 127 mujeres víctimas de homicidio doloso, y sólo en lo que va de noviembre se han registrado 16 homicidios dolosos contra mujeres, lo que da 143 en todo el año. Hasta ahorita noviembre es el segundo mes más violento de todo el año porque marzo fue el más alto con 19 registros”.

Se espera que este jueves la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género dé a conocer formalmente la identidad del cuerpo encontrado.

En un documento firmado por Rocío Sáenz, presidenta de Renace y Vive Mujer, critica lo común que es “despertar cada día con la terrible noticia de la muerte de una mujer, el hallazgo de restos humanos abandonados en lugares desolados o vertederos, la desaparición de niñas, jóvenes o mujeres y el posterior hallazgo sin vida dos días después”.

La entrada Encuentran enterrado el cuerpo de una activista desaparecida en Ciudad Juárez se publicó primero en Periodistas Unidos.