Periodistas Unidos. Ciudad de México. 25 de junio de 2025.– El colectivo “Los Otros Desaparecidos de Iguala, Guerrero”, conformado por familiares de personas desaparecidas, expresó este miércoles su profunda preocupación ante la discusión legislativa de la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, así como de la ley relativa al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

A través de un posicionamiento público, el colectivo –conocido por su labor de búsqueda en campo y su colaboración activa con autoridades locales y nacionales– advirtió que los cambios propuestos podrían debilitar mecanismos clave de búsqueda, identificación y reparación, y representar un retroceso en los derechos de las víctimas y sus familias.

“Los Otros Desaparecidos” se alinearon con otras organizaciones de derechos humanos al enumerar los principales riesgos identificados en la propuesta legislativa:

• Centralización excesiva: El colectivo advirtió que concentrar facultades en una sola entidad nacional debilitaría a las Comisiones de Búsqueda Estatales, cuyo conocimiento del territorio es vital para encontrar a personas desaparecidas.

• Restricción a la participación familiar: Rechazaron cualquier disposición que limite la intervención de las familias en los procesos de búsqueda e identificación, al señalar que la experiencia acumulada de los familiares ha sido esencial para avanzar en múltiples casos.

• Afectaciones al Registro Nacional: Cambios al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) podrían comprometer la transparencia y funcionalidad de esta herramienta crucial para dimensionar la magnitud de la crisis, que ya supera las 114,000 personas desaparecidas en México.

• Falta de coordinación institucional: Alertaron sobre el riesgo de que las reformas entorpezcan la cooperación entre instituciones, lo que agravaría la revictimización de las familias.

• Consulta insuficiente: Denunciaron que no se ha garantizado un proceso amplio y transparente de consulta con colectivos, expertas y sociedad civil. Para las familias, este punto es fundamental: “Ninguna reforma debe hacerse sin nosotras”, subrayaron.

En su posicionamiento, el colectivo recordó la deuda histórica del Estado mexicano en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, señalando que la impunidad sigue siendo la norma, con mínimas sentencias judiciales pese a la gravedad de la crisis.

“La búsqueda de nuestros seres queridos es responsabilidad del Estado, no solo de las familias”, afirmaron. Por ello, exigieron que la reforma garantice:

• Recursos suficientes para las comisiones de búsqueda,

• Investigaciones efectivas con enfoque forense y territorial,

• Procesos dignos de identificación y entrega de cuerpos, y

• Sanciones ejemplares a los responsables.

El colectivo finalizó con un mensaje claro y contundente: “No daremos un paso atrás. #HastaEncontrarles”. Demandaron que cualquier reforma legal en esta materia tenga como eje central la verdad, justicia, memoria y reparación, y que las propuestas de las familias sean escuchadas e incorporadas para acelerar la localización de miles de personas desaparecidas en el país.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de mayo de 2025.– Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa exigieron la renuncia de Rosendo Gómez Piedra, fiscal especial de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), acusándolo de actos de corrupción y de mantener estancada la investigación sobre la desaparición forzada ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La exigencia fue planteada durante una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, según informó Melitón Ortega, vocero de las familias. El reclamo se sustenta en una denuncia presentada el pasado 28 de abril por trabajadores de la propia UEILCA, quienes acusan al fiscal de peculado, cohecho, extorsión, abuso de autoridad e intimidación.

Los empleados señalaron que Gómez Piedra ha utilizado vehículos oficiales para fines personales, ha solicitado dinero en efectivo y regalos de cumpleaños, y ha incurrido en prácticas humillantes como poner apodos al personal. También se le acusa de haber designado al chofer de su esposa como jefe de departamento en la Fiscalía General de la República (FGR), acción que, según el artículo 223 del Código Penal Federal, constituiría delito.

Melitón Ortega, padre de uno de los normalistas, señaló que la remoción del fiscal es la demanda central de las familias, que consideran que su gestión carece de resultados tangibles. Aunque Gómez Piedra declaró que “las investigaciones continúan”, los familiares han manifestado que los avances son mínimos y superficiales.

El nombramiento de Gómez Piedra en octubre de 2022, tras la renuncia de Omar Gómez Trejo –quien dejó el cargo por diferencias con Alejandro Gertz Manero, fiscal general– ya había generado desconfianza. Los padres sostienen que no fueron consultados y que el nuevo fiscal, cercano a Adán Augusto López, carece de experiencia en derechos humanos y desaparición forzada.

En redes sociales, la indignación ha escalado. Usuarios como @temoris han acusado al fiscal de desmantelar el equipo anterior y de “patear el bote” en la investigación. La incorporación de su hijo, Rosendo Gómez Silva, a la fiscalía ha encendido aún más las alertas por conflicto de interés.

Aunque el gobierno ha entregado documentos, como registros telefónicos que evidencian complicidades entre autoridades y el grupo criminal Guerreros Unidos, los familiares consideran que dichos avances no son suficientes. En su encuentro con Sheinbaum, reiteraron su exigencia de verdad y justicia, mientras que la Secretaría de Gobernación defendió su apertura al diálogo y el compromiso de facilitar acceso a archivos militares, incluyendo los de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Las familias de los 43 normalistas han advertido que continuarán con movilizaciones si no hay respuestas claras. “Nos queda claro que solo la fuerza de nuestra exigencia logrará mover los obstáculos”, señalaron en un comunicado reciente.

Hasta ahora no se ha anunciado si Gómez Piedra permanecerá en el cargo, pero la presión social y política continúa en aumento. A más de una década de los hechos, el caso Ayotzinapa sigue siendo una de las heridas abiertas más profundas en la historia reciente del país.

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