AMEXI. Tuxtla Gutiérrez, México. 15 de julio de 2024.- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) aseguró que Chiapas vive una descomposición del tejido social auspiciada desde el gobierno estatal y federal.

Lo anterior, añadió, “mediante el uso de organizaciones criminales para enmascarar violaciones a los derechos humanos, envilecer a la juventud con drogas y justificar la instalación de nuevas bases militares represivas”.

En una de sus secciones del órgano de difusión mensual El Insurgente, número 237, que inició su circulación este lunes 15 de julio en redes sociales, el EPR señala que los supuestos grupos de la delincuencia organizada son utilizados para ocultar la responsabilidad de las graves violaciones a los derechos humanos que el Estado comete.

Ello, con el supuesto argumento de combatir al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al Cártel de Sinaloa y al Cártel Chiapas-Guatemala, quienes, aseguran, representan los diferentes grupos de poder económico “confrontados por el reparto del botín”.

En este apartado del órgano de difusión, el brazo armado del Partido Democrático Popular Revolucionario explica que en Chiapas acontece el problema de descomposición del tejido social, donde una parte de los pueblos comienzan un proceso de lumpenización, degradación de la clase proletaria por causa de la miseria, donde el individuo pierde de vista su condición humana y roba a su hermano de clase.

Cita que en días recientes la violencia se agudizó y cobró vidas, en los municipios de Berriozábal, Ocozocuautla, Jiquipilas, Carranza, La Concordia y Ocosingo, donde estos pueblos son escenario de la violencia por parte de grupos paramilitares para meter terror y la descomposición.

Asegura el EPR que es el pueblo el que sufre las consecuencias de la violencia, “son desplazados de su lugar de origen de manera violenta, sufren casos de asaltos, extorsión, cobro de piso, ante estos casos algunos pueblos se han organizado para hacerle frente a los grupos descompuestos.

“El ejemplo claro lo tenemos en el pueblo de Carranza, donde el poblado Nicolás Ruiz ha tomado cartas en el asunto, han realizado bloqueos para no dejar pasar a los grupos paramilitares a los pueblos”, agregó.

También cita que en la zona selva de Chiapas, en particular Ocosingo, el Estado está llevando a cabo la violencia, por medio de estos grupos, propicia la descomposición con la venta de todo tipo de drogas, la juventud es víctima y es obligada a ser parte de estos grupos descompuestos.

En Chiapas existe una fuerza operativa conformada por 27 mil 391 elementos, de los cuales mil 800 son marinos, nueve mil 76 del ejército y cinco mil 910 de la Guardia Nacional; y revelan que, la administración de López Obrador aumentó las fuerzas operativas en la entidad, agregó 23 mil 821 elementos operativos.

En total, las que llaman fuerzas represivas se conforman por 58 mil 656 hombres de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), a la cifra se suman los elementos militares que arribaron a la entidad los últimos días de junio del presente año y la primera de julio cuya misión, dicen, es instrumentar bases de operaciones interinstitucionales.

El EPR indicó que dichas bases son instauradas en líneas y puntos bajo la misma lógica que las Bases de Operaciones Mixtas (BOM), las cuales destacaron en el pasado por ser puestos de las fuerzas represivas con objetivos contrainsurgentes y que en nada contribuyeron al bienestar popular.

Responsabiliza al gobernador Rutilio Escandón de encabezar esta cruzada anti popular y asegura que la acción de las tropas desplegadas en Chiapas va dirigida a resguardar los intereses del grupo económico representado por la administración estatal y federal, a contrarrestar los intereses de grupo que compiten con los que representa la camarilla en la administración y sobre todo a amedrentar con el terror a la población.

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EFE. Ciudad de México. 05 de agosto de 2021.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió este jueves en su intención de reformar el Tribunal Electoral ante su «descomposición», después de que la mayoría de magistrados se revelaran contra el presidente del organismo para sustituirlo.

«Hay una situación de crisis en el Tribunal Electoral, una descomposición, de ahí la necesidad de reformar tanto el INE (Instituto Nacional Electoral) como el Tribunal Electoral», expresó en su rueda de prensa matutina.

El miércoles, cinco de los siete magistrados del Tribunal se revelaron contra su presidente, José Luis Vargas, investigado por corrupción, y acordaron destituirlo, algo que el funcionario depuesto no reconoció.

López Obrador arremetió contra el nombramiento del nuevo presidente de la institución, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, pues recordó que el año pasado lo insultó en Twitter mediante un mensaje que deseaba su muerte.

«Resulta que el que eligieron en una ocasión me insultó. Lo comento para probar las características de estas personas», criticó.

El jefe del Estado opinó que todos los miembros de este tribunal «deberían renunciar por dignidad», ya que la crisis interna es «un asunto lamentable, que da vergüenza».

«Es una situación grave, la cual amerita una reforma constitucional para reformar los dos organismos, el INE y el Tribunal Electoral», reiteró.

López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sostiene que hay que reformar los organismos electorales desde que en las elecciones intermedias del pasado junio lo amonestaron por hacer campaña y anularon a candidatos de su partido por irregularidades.

El presidente arremetió contra las «contradicciones» de los fallos del organismo y señaló que los funcionarios electorales «ganan dos o tres veces» más que él.

Durante la sesión del miércoles, cinco magistrados intentaron promover la destitución de Vargas, pero este denunció un «golpe de Estado» y suspendió el encuentro.

Estos cinco miembros convocaron a una sesión paralela en la que nombraron a Reyes Rodríguez Mondragón nuevo presidente del Tribunal Electoral.

La destitución de Vargas se produce mientras la Unidad de Investigación Financiera (UIF) lo investiga tras encontrarle gastos de 36,7 millones de pesos (más de 1,8 millones de dólares) de 2013 a la fecha pese a haber declarado en ese periodo un ingreso de 16,7 millones de pesos (835.000 dólares).

El jurista llegó en 2016 a la Sala Superior del TEPJF nominado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y en noviembre pasado se convirtió en presidente del Tribunal Electoral.

La oposición ha acusado al magistrado de estar sesgado a favor del partido en el poder de turno, mientras que sus colegas han expresado descontento por su comportamiento errático.

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