• Con las consignas sedes de el Río hasta el mar, Palestina vencerá, y Viva Palestina libre se realizó la acción en las inmediaciones del monumento a la Revolución

• La bandera humana se realizó en el contexto de la inauguración de la Copa Mundial de fútbol

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 12 de junio de 2026.- Ayer se realizó, la conformación de una bandera humana Palestina, como acto simbólico de solidaridad internacional y conciencia ética, con el objetivo de recordar que mientras millones de personas dirigen su atención al espectáculo deportivo mientras la población Palestina continúa enfrentando a una de las crisis humanitarias más graves de nuestro tiempo, esta acción busca transmitir un mensaje sencillo pero urgente, no podemos mirar únicamente un balón mientras una parte de la humanidad enfrenta la destrucción de sus comunidades, el desplazamiento forzado, la limpieza étnica, el hambre, el asedio y un genocidio continuo.

 

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Esta convocatoria busca también abrir una reflexión sobre el significado que tiene Palestina para América Latina y particularmente para México, lo que ocurre hoy en Palestina no es un asunto lejano ni aislado, las formas de militarización, vigilancia, control social y erosión de derechos que se desarrollan en distintos conflictos del mundo terminan teniendo repercusiones globales y afectan también a nuestra sociedad, lo que está en juego no sólo es solamente el futuro de Palestina lo que está en juego es el futuro de la humanidad misma y la vigilancia de los principios que sostiene la evidencia entre los pueblos la igualdad de libertad la dignidad humana y el derecho de todos los pueblos a vivir en paz.

La bandera humana fue realizada por aproximadamente 150 voluntarios qué portaron impermeables de colores de la bandera Palestina.

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EFE: Ciudad de México. 04 de agosto de 2025.- Aunque su familia teme que desaparezca en México, la hondureña Mary Martínez regresa cada vez que puede para buscar a su hijo Marco Antonio Amador Martínez, -desaparecido en 2013-, mientras carga con la triple tarea de ser buscadora, además de cuidadora y proveedora de su hogar, frente al abandono del Estado.

«A ellos les da miedo lo que pasa aquí en México (…) que desaparecen a las madres y eso se difunde por todos lados», señaló Martínez, integrante del colectivo Comité Amor y Fe.

Como ella, muchas mujeres asumen la labor que corresponde al Estado de buscar a sus familiares desaparecidos, al tiempo que lidian con la responsabilidad de cuidar y sostener su hogar, según el informe ‘Desaparecer otra vez: Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México’, de Amnistía Internacional (AI).

Nueve de cada diez personas que buscan a sus familiares desaparecidos en México son mujeres, de acuerdo con AI, que desde 2011 ha registrado la desaparición de al menos cinco y el asesinato de 16 buscadoras en el país.

En su última visita a México, Martínez compartió que le resultó difícil dejar en Tegucigalpa a su hija y a sus nietas, con quienes vive y que se quedaron preocupadas por los riesgos de su viaje, además de que ella cuida a las niñas para que su hija pueda trabajar.

«Pero hija, le digo, no puedo dejar de hacerlo porque si fueras vos la que estuvieras desaparecida, yo lo haría (…) Y a mí me hace falta mi hijo y lo voy a seguir buscando», contó Mary, quien desde la muerte de su esposo, hace tres años, se mantiene sola y sostiene su hogar vendiendo trampas para cazar ratones.

Cada vez que Mary vuelve a México, también carga con las fotografías de otros desaparecidos centroamericanos para difundirlas y «ser la voz de todas esas madres que están esperando una noticia de su hijo» y no pueden trasladarse al país.

«Porque esa incertidumbre, a nosotras las madres, a las familias que tenemos un hijo desaparecido, nos está matando (…) Nos está trayendo muchas enfermedades como la hipertensión, el azúcar (diabetes), el olvido en nuestra mente», relató Mary.

AI advirtió de que el 97 % de 661 mujeres buscadoras encuestadas han afrontado violencia y problemas físicos, emocionales, sociales y económicos por sus labores de búsqueda, que van desde enfermedades crónicas hasta empobrecimiento y desplazamiento forzado, entre otras.

Doble discriminación

Además, AI identificó que las buscadoras de personas migrantes y pertenecientes a pueblos indígenas enfrentan discriminación estructural e interseccional que dificulta su acceso a autoridades y servicios, debido a barreras como el idioma, la nacionalidad y requisitos migratorios, lo que agrava la violación de sus derechos humanos.

Beatriz Zapoteco, fundadora del colectivo Buscando Justicia por los Nuestros, que agrupa a más de 20 mujeres indígenas del estado de Guerrero (sur), explicó que fue tanta la inacción de las autoridades tras la desaparición de su esposo Santiago Tixteco Cosme en 2016 que decidió estudiar Derecho por su cuenta para comprender el sistema de justicia.

«Mi vida cambió mucho. Yo era muy dedicada a mi familia, a mi hogar, a mis hijos (…) y ahora tengo doble trabajo y a veces hasta triple porque tenemos que encontrarlo como sea», relató Zapoteco.

También señaló que, como mujeres indígenas, la búsqueda se les complica «en todos los ámbitos», especialmente por la lejanía de sus comunidades con la capital, Chilpancingo, donde deben hacer denuncias y trámites.

Martínez resaltó que para los familiares de personas migrantes desaparecidas los obstáculos se intensifican al no poder desplazarse a México y recordó que hubo un tiempo en que las autoridades repatriaban tierra o bolsas de ropa, por lo que ahora «las madres abren los ataúdes para verificar si va el cuerpo ahí».

México suma más de 130.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.

Las cifras oficiales solo reportan 267 personas migrantes desaparecidas en México, pero Amnistía Internacional alertó de un «importante subregistro».

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 22 de julio de 2025.- En el marco del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, la Colectiva Cambiémosla Ya exige la prohibición de la minería metálica a cielo abierto, una práctica que ha devastado territorios, desplazado comunidades y contaminado suelos y cuerpos de agua en México. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que no se otorgarán nuevas concesiones mineras, las 23,231 concesiones vigentes, que abarcan más de 13.4 millones de hectáreas, permiten la continuidad de esta actividad altamente perjudicial.

Actualmente, México cuenta con 874 operaciones mineras activas, de las cuales 249 extraen minerales metálicos. De estas, 95 emplean la técnica de tajo a cielo abierto, ocupando 61,172 hectáreas, incluyendo 5,510 hectáreas en cuatro áreas naturales protegidas y 1,541 hectáreas en humedales. Esta técnica, que remueve cobertura vegetal, consume grandes volúmenes de agua y genera residuos tóxicos, es la más destructiva para el medio ambiente y la salud humana. Alarmantemente, el 37% de estas operaciones no reporta las sustancias contaminantes vertidas en 17 años.

La minería a cielo abierto, además de sus impactos ambientales, ha provocado desplazamientos forzados de comunidades campesinas, violaciones de derechos humanos y la destrucción de modos de vida, como en el caso del Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, devastado por la minera San Xavier, o en Concepción del Oro, Zacatecas, afectado por la mina Aranzazú de la canadiense Aura Minerals. Las empresas optan por esta técnica para reducir costos, evadiendo la responsabilidad por los daños causados.

En 2024, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para prohibir la minería a cielo abierto, pero en junio de 2025, Sheinbaum expresó reticencias, argumentando que afectaría la extracción de materiales como el balastro o el litio. Sin embargo, expertos y activistas sostienen que es posible prohibir la minería metálica a cielo abierto con excepciones para materiales pétreos, que no requieren procesos tóxicos como la lixiviación con cianuro, usada en la extracción de oro, plata y cobre.

El reciente informe del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) denuncia el “extractivismo depredador” que contamina, acapara agua y destruye territorios y comunidades. En México, ninguna de las concesiones mineras otorgadas fue consultada previamente con las comunidades afectadas, incumpliendo sus derechos. Solo a partir de la reforma a la Ley de Minería de 2023 se estableció la obligación de obtener consentimiento comunitario.

La Colectiva Cambiémosla Ya y otras organizaciones llaman a regular estrictamente la minería subterránea y prohibir la técnica a cielo abierto, un acto de justicia social y ambiental urgente para reparar el daño a las comunidades y proteger los ecosistemas mexicanos.

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