AMEXI. Ciudad de México. 19 de noviembre de 2025.- Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), llamó a esclarecer las detenciones durante la marcha de la Generación Z del pasado sábado, tras las protestas de diversos sectores de que el gobierno federal busca criminalizar la manifestación.

Consideró indispensable conocer quiénes fueron detenidos y cuáles son las imputaciones concretas, y «se tendrán que llevar a cabo las investigaciones para determinar si realmente ellos fueron los que cometieron estos hechos de violencia y, de no ser el caso, se tendrá que buscar a los que realmente lo cometieron”.

Investigación a fondo de los hechos

En entrevista con los medios de comunicación tras participar en un foro realizado en el Senado en el marco el Día Mundial de la Filosofía de la República, Lomelí subrayó que las autoridades están obligadas a investigar a fondo y determinar si las personas arrestadas realmente participaron en actos de violencia.

Consultado sobre si la actuación de la policía capitalina fue la correcta, el rector señaló que no cuenta con elementos suficientes para emitir un juicio, pues no observó el desarrollo completo de la manifestación.

“Tendría que revisar con cuidado la información disponible”, dijo.

Movilización dentro de CU

El rector de la UNAM habló sobre la movilización convocada en redes sociales para este jueves dentro de Ciudad Universitaria.

Señaló que la Universidad no tiene claridad sobre el origen de la convocatoria, pues ni el nombre de la institución está correctamente mencionado en los mensajes que circulan.

“No sabemos si son realmente colectivos de la universidad o si son otras personas que están convocando a reunirse en la UNAM”, advirtió.

Comentó que los llamados identifican al plantel como “Universidad Autónoma de México”, nombre que la institución no utiliza desde hace varias décadas.

También detalló que la convocatoria es inusualmente amplia, sin precisar si se trata de una concentración o de una marcha.

UNAM ya recuperó la normalidad

Tras los recientes paros, suspensiones de labores y amenazas de bomba en algunos planteles, el rector de la máxima casa de estudios del país aseguró que, en términos generales, la UNAM ya recuperó la normalidad en su funcionamiento.

“La mayor parte de la universidad está trabajando con actividades presenciales, o sea que la estabilidad está ya recuperada”, destacó.

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Periodistas Unidos. Quito, Ecuador. 28 de septiembre de 2025.- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y sectores sociales cumplen 10 días de paro nacional contra el alza del diésel, el aumento del costo de vida, la crisis en salud y educación, el extractivismo y la represión a líderes indígenas y defensores de derechos humanos. El gobierno de Daniel Noboa ha respondido con militarización, censura y violencia, dejando un saldo de una persona asesinada, 47 heridos y cerca de 100 detenciones arbitrarias, según reportes de la CONAIE y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).

El 28 de septiembre, Efraín Fueres, comunero kichwa de 46 años de Inguintza-Cuicocha (Imbabura), murió tras recibir tres disparos de militares durante un bloqueo en la Panamericana Norte, en lo que la CONAIE califica como “ejecución extrajudicial”. Un video muestra a un civil intentando socorrerlo mientras es agredido por militares. Otro comunero permanece en estado crítico por heridas de bala. El Ministerio de Defensa reporta 12 militares heridos y 17 retenidos temporalmente, pero no ha confirmado la muerte ni iniciado investigaciones.

La CONAIE denuncia la criminalización de la protesta: 12 jóvenes kichwas de Otavalo fueron acusados de terrorismo y trasladados a cárceles de alta seguridad en Esmeraldas y Portoviejo, uno de ellos con epilepsia y sin acceso a medicación. Además, personas venezolanas han sido detenidas como “falsos positivos”, vinculadas sin pruebas al Tren de Aragua. “No son terroristas, son trabajadoras, estudiantes, artesanas y campesinas”, afirma la CONAIE. Medios indígenas han sido silenciados y cuentas bancarias de dirigentes congeladas, lo que se señala como persecución política.

El gobierno impulsa dos nuevas rondas petroleras (Suroriente y Subandina) y un referéndum que amenaza derechos colectivos y el Estado plurinacional, según las organizaciones. La CONAIE exige derogar el alza del diésel, reducir el IVA al 12%, frenar el extractivismo y priorizar salud y educación.

El 27 de septiembre, Gina Romero, Relatora Especial de la ONU, expresó “profunda preocupación” por el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias, urgiendo al gobierno a cumplir estándares internacionales de derechos humanos. El Foro Permanente de la ONU sobre Cuestiones Indígenas respaldó estas demandas.

La CONAIE llama al cese de la represión, la liberación de detenidos, el respeto a derechos colectivos y un diálogo real. Pide a la comunidad internacional vigilar para evitar más víctimas, advirtiendo: “Si nadie enfrenta a un gobierno autoritario, no hay democracia”. El paro, con bloqueos en Imbabura, Pichincha y Cotopaxi, ha generado pérdidas económicas de más de 40 millones de dólares, según sectores turísticos y comerciales.

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AMEXI. Ciudad de México. 10 de septiembre de 2025.- El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que, como parte de la “Operación Frontera Norte”, se logró uno de los mayores decomisos en lo que va del año: 5 mil 541 armas de fuego y 386 kilos de fentanilo, droga sintética considerada la principal causa de muertes por sobredosis en América del Norte.

Desde el inicio de las acciones, el 5 de febrero, se han realizado 7 mil 122 detenciones y asegurado 980 mil 371 cartuchos de diversos calibres, 26 mil 448 cargadores, 94 mil 461 kilos de droga, 4 mil 768 vehículos y 864 inmuebles.

Las autoridades subrayaron que los operativos se efectuaron en estricto apego al estado de derecho y con respeto a los derechos humanos.

Decomisos destacados

Baja California. En Tijuana y Mexicali se capturó a siete personas y se incautaron cuatro armas cortas, 10 cargadores, 42 cartuchos, además de 305 dosis de metanfetamina y 69 de marihuana.

Chihuahua. En Ciudad Juárez se aseguraron 170 cargadores y 500 cartuchos. En una revisión al Cereso No. 3 fueron decomisados 29 armas blancas, cuchillos, electrónicos, ropa no autorizada y objetos prohibidos.

Sinaloa. En Badiraguato, Culiacán y Cosalá se desmantelaron cuatro centros de producción de drogas sintéticas, con 2 mil 553 litros y 537 kilos de precursores químicos, generando un impacto económico al crimen organizado de 63 millones de pesos. En Navolato se aseguraron seis armas de fuego, 12 cargadores y dos vehículos.

Sonora. En Huatabampo, dos personas fueron encontradas con mil 951 dosis de metanfetamina y 2 mil 841 de marihuana, además de un vehículo con reporte de robo.

Tamaulipas. En Reynosa se decomisaron cinco armas largas, 104 cargadores, cartuchos, equipo táctico, vehículos –uno con blindaje artesanal– y un inmueble. En Tula se detuvo a ocho personas y se les aseguraron nueve armas, una subametralladora, más de 2 mil 600 cartuchos, chalecos tácticos y vehículos.

Relevancia del operativo

El decomiso de casi 400 kilos de fentanilo representa un golpe estratégico a la delincuencia organizada, al reducir de manera significativa su capacidad de distribución de una de las drogas más letales en el continente.

Las autoridades federales destacaron que la “Operación Frontera Norte” se ha convertido en uno de los mayores esfuerzos de coordinación de seguridad en los últimos años, con el objetivo de debilitar a las organizaciones criminales y disminuir el flujo de armas y drogas en territorio nacional.

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AMEXI. Ciudad de México. 24 de julio de 2025.- Un grupo de habitantes del municipio de Totolapan, al noreste de Morelos, se enfrentó de forma violenta a un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales, quienes realizaban cateos y detenciones contra una célula delictiva vinculada al narcomenudeo y otras actividades criminales.

¿Qué motivó el conflicto con las autoridades?

El operativo se desarrollaba en la comunidad cuando, tras irrumpir en al menos dos domicilios, los pobladores comenzaron a movilizarse, bloqueando caminos con piedras y cercando tanto a elementos de la Guardia Nacional, como del Ejército y de la Policía Estatal.

¿Qué grupo delictivo está relacionado con los cateos?

Una célula delictiva identificada como “La Empresa” y presuntamente vinculada al Cártel de Sinaloa, estaría involucrada en los hechos violentos y el cerco impuesto por pobladores contra fuerzas federales y estatales que ingresaron el miércoles a Totolapan para ejecutar cateos y detenciones.

De acuerdo con fuentes oficiales, esa célula opera bajo las órdenes de Júpiter Araujo, señalado como cabecilla en Morelos y con supuestos vínculos con alcaldes de la región oriente y de los Altos, donde se ubica Totolapan.

¿Qué desató la reacción más agresiva de los pobladores?

La situación se intensificó tras la detención de un sujeto identificado como “Benito”. En respuesta, los habitantes cerraron las salidas del pueblo, impidiendo que los elementos se retiraran con el detenido. Incluso, reporteros presentes quedaron atrapados sin posibilidad de comunicarse.

¿Qué acciones realizaron los pobladores?

En medio de la tensión, algunos habitantes incendiaron vehículos particulares para presionar a las fuerzas de seguridad. En redes sociales circuló un video donde una mujer, identificada como Marlén Burgos, justificó las acciones.

Burgos, quien se autodenominó líder local, acusó a las fuerzas de seguridad de ingresar “para robar” y señaló que un hombre apodado “El Apá” y el grupo Los Chiripas “los defienden” de extorsiones.

¿Qué ocurrió con el detenido y los elementos de seguridad?

Finalmente, el alcalde de Totolapan, Alejandro Alfaro, intervino para dialogar con los pobladores. La salida del operativo solo fue posible tras la liberación de “Benito”, acción celebrada por los habitantes que vitorearon el liderazgo de “El Apá”.

¿Cuál ha sido el historial de violencia en la zona?

Totolapan ha registrado episodios similares en el pasado, particularmente en 2017, cuando se reportaron levantamientos armados. La Fiscalía estatal no ha confirmado detenciones ni acciones legales posteriores a estos hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información adicional sobre nuevos detenidos ni sobre la posible apertura de carpetas de investigación contra los responsables de la retención del personal de seguridad.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 31 de enero de 2025.- La mañana de este viernes se registró una balacera en la salida sur de Culiacán, cuyos disparos pudieron escucharse en distintos puntos de la ciudad, principalmente en las inmediaciones del Aeropuerto y el sector de una conocida plaza comercial. Las autoridades han confirmado que el ataque fue dirigido contra personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), dejando a un agente herido.

De acuerdo con Verona Hernández Valenzuela, vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el ataque ocurrió en las cercanías de la plaza Explanada, sobre la avenida Kumate y Las Torres.

“Efectivamente, se dio seguimiento a ese reporte en el área de la Feria Ganadera. Se tiene hasta el momento que hubo una agresión a personal de la Fiscalía General del Estado, cerca de la plaza La Explanada, por la avenida Kumate y Las Torres. Hay un elemento herido, ya están todos los elementos apoyando en la búsqueda de los agresores, el área ya está controlada”, informó la funcionaria.

Tras el ataque, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en la zona para ubicar a los responsables. Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con la agresión.

Las autoridades mantienen un dispositivo de seguridad en la zona para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y continuar con las investigaciones. Se recomienda a la población evitar la zona y reportar cualquier actividad sospechosa a las líneas de emergencia.

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EFE. Nueva York, Estados Unidos. 19 de diciembre de 2024.- La ciudad de Nueva York pagará 92,5 millones de dólares (unos 89,2 millones de euros) por la detención indebida de 20.000 inmigrantes entre 1997 y 2012, demanda colectiva presentada hace una década y que fue resuelta por un juez este miércoles.

Los inmigrantes que eran detenidos permanecían en prisión durante días, semanas e incluso varios meses después de las fechas de liberación programadas, después de recibir solicitudes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para retenerlos temporalmente.

Los agentes del ICE buscaban a inmigrantes que se encontraban bajo custodia policial o que cumplían condenas cortas de prisión y solicitaban que la ciudad los retuviera hasta 48 horas después de que hubieran cumplido su condena, para después iniciar el proceso de deportación.

Los miembros del grupo demandante, algunos de los cuales viven ahora en los Estados Unidos y otros en países como México, República Dominicana y Cuba, entre otros, fueron detenidos hasta totalizar juntos más de 166.000 días (454 años) después de sus fechas de liberación programadas.

«Las órdenes de detención imponen un doble castigo a los inmigrantes, ya que los obligan a ingresar al sistema de detención del ICE después de haber cumplido sus condenas», según recoge el comunicado de prensa.

Dependiendo de la duración y la fecha de la detención, los miembros del grupo de inmigrantes podrán optar a recibir indemnizaciones de hasta decenas de miles de dólares.

«Como alguien que ha vivido con miedo al ICE y que perdió un año de su vida por ser detenido, aplaudo esta demanda y aliento a cualquier persona que haya experimentado un trato similar o que tenga un familiar o amigo que se haya visto afectado por esto, a que tome medidas para ser incluido en esta demanda colectiva”, aseguró uno de los que fueron arrestados por el ICE, Frank Barker, residente del Bronx, Nueva York, de 58 años, en el comunicado.

Según los términos del acuerdo, la ciudad de Nueva York niega su responsabilidad, pero ha acordado establecer el fondo para compensar a los demandantes, pagar a los abogados y los costes del acuerdo.

«Estamos orgullosos de poder brindar justicia a las personas que sufrieron una pérdida de libertad y una alteración de sus vidas debido a esta detención injustificada y excesiva», aseguró la socia del bufete Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLP, Debra L. Greenberger, en el comunicado.

«Este acuerdo debería servir como recordatorio de que todas las personas tienen derecho a un debido proceso legal», concluyó.

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EFE. Ciudad de México. 17 de septiembre de 2024.- El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria detectó 90.000 presos sin sentencia en México, donde alrededor del 50 % están sujetos a detención preventiva oficiosa y los arrestos arbitrarios son una «práctica generalizada».

Esta agrupación entregó ahora su informe sobre México ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras visitar el país 18 al 29 de septiembre de 2023 por invitación del Gobierno.

«El Grupo de Trabajo observó que la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y que existen deficiencias en el sistema de justicia penal, tales como la figura del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, que violan el derecho a la libertad», indicó el reporte.

El informe consideró «preocupante» la prisión preventiva oficiosa «excesivamente prolongada», al detectar a personas que han pasado más de cinco años en la cárcel con esta figura, lo que ha contribuido a una población encarcelada de cerca de 230.000.

También alertó de «la militarización de la seguridad pública» al reportar 100.000 soldados en tareas policiales y de control migratorio.

«Esto ha estado estrechamente relacionado con el aumento de la violencia contra las personas detenidas, las desapariciones y los homicidios. Las personas detenidas por personal militar con frecuencia son sometidas a graves actos de violencia y tortura», argumentó.

Por otro lado, denunció que México desde 2006 ha adoptado un enfoque «mucho más punitivo» hacia el uso personal de drogas y la venta de drogas al por menor, un crimen llamado ‘narcomenudeo’.

Sostuvo que «ha habido un aumento en el encarcelamiento de consumidores de drogas», pero constató que «fuerzas de seguridad fabricaron cargos contra personas colocando drogas en sus hogares, vehículos, bolsos o ropa».

Aunque celebró la Ley de Amnistía que el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó en 2020, el informe también reportó que «solo alrededor de 424 personas habían sido liberadas mediante amnistía» al momento de su visita.

Entre otros problemas, enunció también «el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, interpretaciones amplias del delito en flagrancia, la falta de acceso a la asistencia legal con abogados calificados, ataques a la independencia judicial», y las «carencias en las condiciones de detención».

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EFE. Ciudad de México. 09 de marzo de 2023.- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este jueves que obtuvo de parte de un juez órdenes de aprehensión contra 22 personas presuntamente implicadas en el millonario desfalco al organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

En un comunicado, la FGR indicó que obtuvo del juez federal de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en Almoloya de Juárez, las órdenes de aprehensión en contra de 22 personas vinculadas con los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, por el desfalco multimillonario al patrimonio de Segalmex, de la Secretaría (Ministerio) de Agricultura y Desarrollo Rusal (Sader).

«De las 22 personas referidas, 12 fueron servidores públicos de Segalmex; 4 pertenecen a las empresas con las que se coludieron; y 6 fueron los beneficiaros de los recursos de Segalmex que fueron desviados», señaló la nota.

La Fiscalía expuso que todo ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados, «celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142,4 millones de pesos (7,7 millones de dólares)», por la supuesta adquisición de 7.840 toneladas de azúcar».

Las cuales «se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal».

La FGR recordó que este caso corresponde a la sexta judicialización que la propia Fiscalía ha realizado en cuatro carpetas de investigación, en torno a desfalcos en contra de Segalmex.

«Existen más carpetas que serán judicializadas próximamente, respecto a otros casos multimillonarios de peculado, en contra de dicha institución del Estado mexicano», señaló la FGR.

De acuerdo con informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el desfalco en Segalmex asciende a más de 10.000 millones de pesos (unos 545 millones de dólares) esto tras la revisión de cuentas públicas correspondientes a 2019 y 2020 en las que se hallaron diversas irregularidades.

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EFE. Washington, Estados Unidos. 19 de octubre de 2022.- Las autoridades estadounidenses efectuaron en septiembre pasado 24.820 detenciones de migrantes venezolanos bajo los títulos 42 y 8 de inmigración, que prácticamente los devuelven en la frontera, en comparación con las casi 19.000 de agosto.

El informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) indica también que hubo un total de 161.381 capturas de migrantes que cruzaron ilegalmente la frontera durante septiembre.

En el caso de los venezolanos, el Gobierno del presidente Joe Biden anunció la semana pasada un plan que beneficiará de forma temporal a 24.000 migrantres que lleguen por avión, pero devolverá a México a todos los que crucen la frontera de forma irregular. El proceso para dichas solicitudes comenzó este martes.

Entre los migrantes interceptados también hubo 18.719 cubanos, 14.909 nicaragüenses y 9.179 guatemaltecos. Los mexicanos, con 55.576 cruces, siguen siendo la mayoría.

El informe detalla que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) «no ha realizado cambios materiales en su política sobre la aplicación del proceso del Título 42», que expulsa de inmediato a migrantes con base en una ley sanitaria durante la pandemia de covid-19.

De esta forma, detalla que sólo 13.221 migrantes fueron exceptuados en septiembre del Título 42 en ocho puertos de la frontera con México como parte de acuerdos con organizaciones no gubernamentales humanitarias, según el informe mensual de la agencia migratoria, el cual es un reporte mensual que presenta en una corte federal como parte de un caso judicial.

Adicional, indica que la Patrulla Fronteriza aplicó durante septiembre la «deportación acelerada» de 1.110 adultos que ya habían sido devueltos bajos los título 8 o 42.

Desde octubre de 2021 hasta agosto de 2022 las autoridades efectuaron 2.150.639 detenciones de migrantes indocumentados en la frontera desde Texas a California, y un total de 2.493.721 en todo el país.

Las cifras de detenciones son más altas que las de personas detenidas ya que hay migrantes que son capturados y expulsados, retornan a Estados Unidos y son detenidos de nuevo.

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EFE. Luisiana, Estados Unidos. 05 de agosto de 2021.- Alexander Martínez dice que huyó de la homofobia, la persecución del gobierno y la famosa pandilla MS-13 en El Salvador, pero lo que encontró fueron abusos y acoso en el sistema estadounidense de detención de inmigrantes.

Desde que cruzó la frontera de forma ilegal en abril, el salvadoreño de 28 años ha pasado por seis centros distintos en tres estados. Dice que se contagió de COVID-19, recibió insultos racistas y abusos de guardias y sufrió acoso de otros detenidos por ser homosexual.

“Me veo emocionalmente inestable porque he sufrido mucho en la detención”, dijo Martínez la semana pasada en el Correccional Winn de Luisiana. “Nunca imaginé ni esperé recibir este trato inhumano”.

Es uno de los cada vez más migrantes en centros de detención en todo Estados Unidos. Muchos de ellos, como Martínez, han superado sus primeras entrevistas para pedir asilo en el país.

El número de detenidos es más que el doble que al final de febrero, casi 27.000 personas para el 22 de julio, según los datos más recientes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés). Eso supera los 22.000 detenidos el julio pasado bajo el mandato del entonces presidente Donald Trump, aunque sigue muy por debajo del récord de agosto de 2019, cuando había más de 55.000 detenidos, según datos del ICE.

El aumento de las detenciones es doloroso para los aliados proinmigración del presidente, Joe Biden, que esperaban que cambiara la dura estrategia de su predecesor. Biden prometió en su campaña poner fin a la detención “prolongada” y el internamiento de inmigrantes en prisiones privadas, que alojan a la mayoría de las personas retenidas por el ICE.

“Estamos en un momento muy extraño con él”, dijo Silky Shah, director ejecutivo de Detention Watch Network, que hace campaña para acabar con la detención de inmigrantes. “Aún hay tiempo para cambiar las cosas, pero por ahora sus políticas no han estado a la altura de sus mensajes de campaña”.

El gobierno de Biden canceló en mayo los contratos con dos controvertidos centros de detención del ICE, uno en Georgia y otro en Massachusetts, una decisión elogiada por activistas que confiaban en que pudiera ser el inicio de una campaña más amplia.

Pero ningún otro centro ha perdido su contrato con el ICE y Biden ha propuesto financiar 32.500 camas de detención para migrantes en su presupuesto, una ligera reducción de las 34.000 financiadas por Trump.

El presupuesto de Biden reduce el número de plazas de detención del ICE y transforma parte de los recursos para tramitar salidas en libertad condicional y otras alternativas, según un vocero de la Casa Blanca.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en una comparecencia reciente ante el Congreso que está “preocupado por el uso excesivo de la detención” y prometió seguir revisando los centros problemáticos.

El creciente número de solicitantes de asilo detenidos durante largos periodos es uno de los datos más preocupantes, dijo Heidi Altman, directora de política en el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.

El número de detenidos que han superado su primer filtro en el proceso de asilo ha pasado de unos 1.700 en abril a 3.400 a finales de julio, lo que les convierte en aproximadamente el 13% de todos los detenidos, según los últimos datos del ICE.

“Según la propia política del ICE, es gente que ya no debería estar detenida”, dijo Altman, en referencia al proceso del ICE de dar libertad condicional a los solicitantes de asilo hasta que un juez decida su caso.

Funcionarios del ICE declinaron hacer comentarios.

Martínez pasó su primer filtro en mayo, que determina si un solicitante tiene un “miedo creíble” a la persecución en su país de origen.

Pero sus abogados dicen que el ICE le mantiene detenido por la creencia errónea de que pertenece a la MS-13.

Martínez dijo haber huido de El Salvador después de que su familia y él recibieran amenazas de muerte porque declaró contra la pandilla en la investigación de la muerte de un amigo. Él dice que los investigadores intentaron que declarase en otros casos de asesinatos relacionados con las pandillas, pero él era reacio porque no había presenciado esos crímenes.

“Tenía mucho miedo”, dijo Martínez. “Les dije a los investigadores que dejaría el caso. Ya no quería pasar por el proceso porque no quiero que hagan daño a mi familia, ni a mí”.

Agentes del ICE en Nueva Orleans declinaron hacer comentarios sobre el caso de Martínez y sobre las preocupaciones específicas por el trato que reciben los presos en Winn. Los funcionarios citaron leyes federales de confidencialidad que afectan a casos con víctimas de violencia y otros delitos.

Hace tiempo que Winn, uno de los centros de detención del ICE más grandes del país, provoca indignación entre defensores de los derechos civiles. El Southern Povert Law Center pidió en junio al gobierno de Biden que cancele el contrato del gobierno con el centro debido a abusos, negligencias médicas, racismo y otras formas maltrato en el recinto, situado en medio de un denso bosque en la Luisiana rural y rodeado de alambre con cuchillas.

Un vocero de la agencia dijo que en general, el ICE está comprometido con asegurarse de que los detenidos están en un entorno limpio, seguro y a salvo, reciben atención médica adecuada y obtienen respuestas por escrito a sus quejas y preocupaciones.

Los que se oponen a la inmigración creen que más preocupante que el aumento de las detenciones es la aparente retirada del ICE de algunas ciudades y pueblos.

Hasta el mes pasado, más del 80% de los detenidos habían sido capturados por agentes de la Patrulla de Frontera, y menos del 20% por agentes del ICE, según datos de la agencia. En julio del año pasado, bajo el mandato de Trump, el 40% habían sido detenidos por la Patrulla de Fronteras y el 60% por el ICE.

Eso implica que la mayoría de los detenidos fueron capturados cuando intentaban entrar en el país de forma ilegal, no por agentes locales de inmigración, dijo Andrew Arthur, miembro del Centro de Estudios de Inmigración, que defiende reducir la inmigración.

“Sencillamente no estamos aplicando la ley de inmigración en el interior del país”, dijo.

Entre tanto, detenidos y activistas piden cerrar centros de detención a cambio de vigilar a los migrantes en libertad condicional con dispositivos GPS y otras medidas.

Varios detenidos del ICE en la cárcel del condado Bergen de Nueva Jersey presentaron una queja administrativa el mes pasado ante la oficina de derechos civiles de Seguridad Nacional para pedir una investigación sobre las acusaciones de malas condiciones higiénicas y negligencias médicas durante la pandemia.

“Al final, somos detenidos, no reos”, dijo Jean Claude Wright, de 38 años, originario de Trinidad y exmiembro de la Fuerza Aérea citado en la queja. “Pero esto es peor que la prisión”.

Los detenidos del ICE en el Correccional del Condado Plymouth, en Massachusetts, también enviaron una carta a sus defensores en junio en la que detallaban problemas como restricciones a las visitas.

Allison Cullen dijo que no había podido visitar a su marido, ciudadano brasileño, desde antes de la pandemia.

La hija más pequeña de la pareja tenía apenas unos meses cuando Flavio Andrade Prado fue detenido, y no ha visto en persona a su hija de ahora dos años en meses, explicó Cullen.

“Estamos en este limbo infinito”, dijo Cullen, ciudadana estadounidense de Brockton, unos 40 kilómetros (25 millas) al sur de Boston. “No hay una forma fácil de hablar a mis hijos de lo que pasa y cuándo va a venir papá a casa”.

De vuelta en Luisiana, Martínez dijo que ha pedido que le pongan en aislamiento porque teme por su seguridad.

Dos detenidos que le acosaban por ser gay fueron trasladados, pero dijo que después los agentes del ICE le enviaron a un módulo de más seguridad donde hay muchos detenidos relacionados con las pandillas.

Explicó que se pasa la mayor parte de sus días en la celda, con acceso limitado a comunicaciones y ocio.

“Es muy difícil y miserable, y estoy solo todo el tiempo”, dijo. “Soy una buena persona. Este trato es inhumano”.

Quiere instalarse en San José, California, donde un amigo prometió ayudarle a conseguir trabajo. Quiere enviar dinero de vuelta a El Salvador, donde su madre tiene cáncer y su hermana menor está en la universidad.

“Sólo quiero lo que quiere todo el mundo”, dijo Martínez. “Salir, ser libre y ayudar a mantener a mi familia”.

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