EFE. Ciudad de México. 16 de septiembre de 2024.- El presiente Andrés Manuel López Obrador publica en la edición nocturna del Diario Oficial de la Federación (DOF) la Reforma al Poder Judicial de la Federación.

Con ello esta controvertida reforma entrará en vigor mañana lunes 16 de septiembre, al ser publicada dos días después de que el Congreso de la Unión declaró su constitucionalidad con el aval de más de 17 congresos locales.

INE empezará preparativos para elegir jueces y magistrados

Al entrar en vigor esta reforma a la Constitución Mexicana, el Instituto Nacional Electoral (INE) comenzará los preparativos para realizar el proceso electoral para elegir a través del voto a jueces, ministros y magistrados, en el mes de junio de 2025.

Es decir que se designarán por el voto popular los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como a los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.

El Senado tiene 30 días para emitir convocatoria para candidatos

El Senado de la República tiene a partir de mañana 16 de septiembre hasta 30 días para emitir la convocatoria para la integración de listas de candidatos que participen en esta elección extraordinaria, a fin de renovar los cargos en el Poder Judicial de la Federación.

También, a partir de este lunes, el INE tendrá hasta 7 días para realizar una sesión en el Consejo General, a fin de iniciar la etapa de preparación de la elección extraordinaria 2025.

El INE se alita para elecciones en el Poder Judicial

Cabe recordar que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dijo que iniciaron trabajos preparatorios para la elección de los integrantes del Poder Judicial, y tendrán reuniones con consejerías y áreas técnicas del Instituto para delinear la ruta del proceso.

Y es que el INE será el encargado de organizar y desarrollar el proceso electoral para elegir a los jueces, ministros y magistrados, los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría de los candidatos que ganen.

También, el INE declarará la validez de la elección y enviará sus resultados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 28 de julio de 2023.- El 10 de febrero de 2014 fue publicada en el Diario Oficial, para entrar en vigor al día siguiente, la reforma electoral que, entre otras cosas, transformó al IFE en INE, estableció la reelección de diputados y senadores, aumentó a los partidos de 2 a 3% el mínimo de votación necesario para seguir con vida, dispuso la paridad de género en los comicios legislativos federales y locales y adelantó un mes la votación (del primer domingo de julio al de junio) y otro tanto la toma de posesión del Presidente, del primero de diciembre al primero de octubre, dos meses después de la fecha de instalación de las cámaras de Diputados y Senadores.

Se puede discutir si cada una de las reformas era procedente, pues, por ejemplo, lo referente a la reelección de diputados y senadores contraviene el principio de no reelección, que fue una de las principales banderas de la Revolución y del Constituyente de Querétaro, lo que no impidió la reforma ejecutada en el cuatrienio de Plutarco Elías Calles, destinada a propiciar el retorno de Álvaro Obregón a la Presidencia, en 1928, lo que impidió José de León Toral, mediante el recurso de darle seis balazos al reelecto.

Ante lo ocurrido, se eliminó de nuevo la reelección y Calles impuso su Maximato para seguir reinando, por lo cual las fuerzas políticas lo reconocieron como quien tenía la última palabra y, con frecuencia, la primera en la toma de decisiones. Así funcionó el gobierno mexicano desde el asesinato de Obregón hasta que Lázaro Cárdenas echó del país al llamado Jefe Máximo, después de que tres presidentes (Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez) aceptaran someterse a Calles.

Con Cárdenas se inicia un proceso menos grosero, que fue la llamada monarquía sexenal, en la que el presidente en turno disfrutaba de un poder casi omnímodo —a veces sin el casi—, pero que al final de su gestión debía entregar sin remilgos el poder a quien fuera su sucesor. Con el tiempo, el candidato del partido oficial fue ganando poder desde el momento mismo de su nominación, como probablemente ocurrirá ahora si se cumple lo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que, en septiembre, la corcholata que sea destapada asumirá funciones que rebasan por mucho la mera candidatura, lo que constituye una forma de priismo sin el PRI.

Otro punto discutible es el referente a la votación mínima para conservar el registro, tener diputados plurinominales, disfrutar de tiempos en radio y televisión, y recibir los dinerales de las prerrogativas. Para la chiquillada resulta difícil contar con el 3% de los votos para conservar su registro, pues, por citar un caso, el PRD ya lo perdió en varios estados.

Pero hay un asunto que estuvo mal legislado y del que, al parecer, hasta ahora se dan cuenta partidos y diputados, y es que la actual Legislatura acaba el último día de agosto de 2024, en tanto que la próxima deberá instalarse e iniciar sus tareas el día primero del mismo mes. Si esto no se resuelve, durante todo agosto del año próximo México tendrá sesionando dos legislaturas simultáneamente.

Rubén Moreira, coordinador de la bancada priista, informó que desde marzo hay una iniciativa del Frente Amplio por México para destrabar el asunto, pero la Comisión de Puntos Constitucionales la mantiene congelada. Ahora, con el tiempo encima, algo tendrán que hacer para darle una salida más o menos aceptable al caso.

Paa los actuales levantadedos, sería más que aceptable irse a su casa un mes antes, recibir por adelantado las dietas de un mes, su pago de marcha y otros dineros que suelen repartirse con largueza a esos legisladores que no legislan, sino que simplemente acatan la voz del amo.

Pero habrá conflicto si la oposición en su conjunto se niega a aceptar un acuerdo como el citado, pues los mexicanos los elegimos para un periodo de tres años, no de 35 meses. Podría llegarse a un acuerdo, pero no se ajustaría a los mandatos constitucionales. Por si hiciera falta, con la polarización presente, cualquier cosa puede pasar. Y todo porque los integrantes de la LXII Legislatura, encabezada por Emilio Gamboa Patrón, no leyeron el texto que se votaba, pero cobraron como si de veras les interesaran su trabajo y su función.

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Foto: Cuartoscuro

Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 15 de mayo de 2020.- Esta semana apareció en el Diario Oficial un acuerdo presidencial que dispone el uso de “la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, según reza el documento.

Como es obvio, se procede a una aparente formalización de lo que existía de facto. El Ejército y la Marina están en las calles desde los estertores del sexenio foxista, pues a Felipe Calderón le urgía legitimarse por cualquier vía y, a lo largo de su gobierno, las Fuerzas Armadas, con casi 50 mil elementos en las calles, cumplieron funciones meramente policiacas y lo mismo hizo Enrique Peña Nieto.

Con tales antecedentes, resulta por lo menos superfluo que se pretenda dar estatus legal al empleo anticonstitucional de las Fuerzas Armadas. Por supuesto, el crimen organizado sigue en auge y, ante la crisis económica que se nos vino encima, es previsible que también se multiplique la delincuencia “desorganizada”.

Se sabe que sacar a los soldados de los cuarteles es, generalmente, muy fácil. El problema es hacerlos regresar, y no tanto por la gana de disipar el riesgo de un golpe de Estado, sino porque resulta muy cómodo el uso de las corporaciones militares para afrontar los problemas que los políticos no saben o no pueden resolver.

Echar mano de las Fuerzas Armadas es siempre resultado de un mal cálculo, porque, como lo hemos visto en los últimos sexenios, la presencia militar en las calles no resuelve el problema de la delincuencia ni puede garantizar el orden público, pues las Fuerzas Armadas cuentan con una capacitación que tiene otros fines y diferentes medios.

Pese a los elementos corruptos —una ínfima minoría—, la Guardia Nacional desempeña sus funciones hasta donde lo permiten el número de sus efectivos y las condiciones técnicas y sociales. Lo mismo puede decirse de otras corporaciones que, como la policía capitalina, tienen orden de la más alta superioridad (YSQ) de no responder a las agresiones, como lo hemos visto en manifestaciones en las que grupos de enmascarados atacan y humillan a los uniformados. Para colmo, cuando, gracias a sus labores de inteligencia, la Secretaría de Seguridad Pública logra dar importantes golpes a las bandas criminales, jueces ineptos, blandengues o corruptos los ponen en libertad.

De modo que si algo está mal no puede culparse a corporaciones como las citadas, sino a la ausencia de una estrategia que requiere de la fuerza pública, sí, pero que debe estar regida por una política capaz de impedir que la delincuencia se desborde, como ahora sucede, y se haga incontrolable.

El reparto de despensas que realizan algunas mafias incomoda a las autoridades, pero despierta simpatía entre la población más depauperada. Lo peor es que resulta una evidencia incontrastable de políticas fallidas o de la falta de políticas para adelantarse a las pandillas y atender las necesidades de la población. Por si hiciera falta, muestra también el fracaso o, al menos, la insuficiencia de las políticas asistenciales del presente gobierno.

Y mientras las mafias ganan legitimidad social, las autoridades se muestran impotentes para afrontar exitosamente el reto —los retos— que plantea la delincuencia. En el fondo, y también en la superficie, la causa de tan rotunda ineficiencia radica en la política, pues, una y otra vez, el Ejecutivo ha saboteado los intentos de despenalizar y reglamentar debidamente la producción, distribución y consumo de drogas, que, hasta ahora, constituye el principal negocio de las bandas delictivas.

El actual gobierno ha hecho suya la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, pese a los nefastos resultados de esa cruzada que se presenta como moralista, pero que, en el fondo, resulta profundamente perversa, pues ha llevado a la muerte de centenares de miles de mexicanos. Insistir en esa estrategia fallida puede ser la tumba de la 4T.

El camino no es disponer de más policías ni de más soldados. Tampoco es aconsejable elevar el gasto en el rubro de seguridad, cuando las necesidades de los mexicanos, que nunca han sido pocas, se verán incrementadas con la pandemia y con lo que siga. Insistir en lo mismo es inhumano, suicida incluso.

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