Periodistas Unidos. Mexicali, México. 04 de agosto de 2025.- Desde el emblemático edificio Scorpio en el Centro Cívico de Mexicali, periodistas de las plataformas Villalobo Informa, Jorge Eras Periodista y Ciudad Capital han denunciado una campaña de censura digital orquestada, presuntamente, por el Teniente Coronel Medina, coordinador de la Fuerza Estatal de Seguridad (FES), y posiblemente bajo órdenes del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo. Según filtraciones obtenidas desde la propia corporación, se ha instruido a personal administrativo de la Secretaría en Mexicali, Tijuana y Ensenada a reportar masivamente las páginas de estos medios en redes sociales, con el objetivo de que sean suspendidas.

La acción, calificada como un acto de represión digital, responde a las publicaciones críticas de estos medios, que han señalado presuntos operativos ilegales y actos de corrupción por parte de la FES en Mexicali. Los periodistas aseguran que las denuncias se han realizado de manera transparente, con nombre, apellido y rostro, sin incurrir en difamación ni campañas personales contra las autoridades. Sin embargo, la respuesta ha sido una estrategia para silenciarlos, utilizando los recursos de la Secretaría para atacar su labor informativa.

«Esto es un acto de censura en toda la extensión de la palabra, algo que no se debe tolerar en un Estado democrático. Tenemos pruebas de que en los grupos de WhatsApp de la FES y la Secretaría se está llamando a reportar nuestras páginas como si hubiéramos cometido algo ilegal», afirmó Jorge Eras, periodista de una de las plataformas afectadas.

Los comunicadores han hecho un llamado directo a la gobernadora y al secretario de Seguridad Ciudadana para que detengan estas acciones y asuman la responsabilidad de los señalamientos de corrupción en lugar de intentar acallar a la prensa. Además, han descartado recurrir al mecanismo estatal de protección a periodistas, al que consideran ineficaz y vinculado a las mismas autoridades que estarían detrás de esta campaña.

«Nuestra intención no es desestabilizar al gobierno ni personalizar campañas. Nuestro objetivo es informar sobre los errores evidentes de la autoridad desde una perspectiva periodística. Exhortamos a que dejen de perseguir e intimidar a los periodistas y se enfoquen en cumplir con su trabajo», añadieron.

Los periodistas advierten que esta represión digital no solo atenta contra la libertad de expresión, sino que desvía recursos que deberían destinarse a combatir la inseguridad en el estado. «En lugar de gastar energías en censurar medios, deberían detener a los responsables de las condiciones de inseguridad que vivimos», subrayaron.

El caso, según los denunciantes, está documentado y evidenciado, y constituye un precedente grave en un gobierno que, aseguran, no debería replicar prácticas represivas asociadas a administraciones anteriores. Los comunicadores han hecho un llamado a las autoridades estatales y a la sociedad para que se sumen al rechazo de estas acciones y se garantice el derecho a la información en Baja California.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 03 de noviembre de 2023.- El Frente de Organizaciones Oaxaqueñas – FORO ha emitido un comunicado de prensa el 31 de octubre de 2023, en el que hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional ante las acciones de judicialización y criminalización que enfrenta David Hernández Salazar, Agente Comunitario de Puente Madera, Oaxaca. Hernández Salazar es un defensor del territorio y miembro de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT).

Desde 2021, David Hernández Salazar ha liderado la lucha en contra de la imposición de uno de los Parques Industriales o Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI) del Corredor Interoceánico en las tierras de uso común de San Blas Atempa, Oaxaca. Sin embargo, actualmente se enfrenta a una denuncia penal presentada por el Municipio de San Blas Atempa y el Registro Agrario Nacional, con 17 órdenes de aprehensión en contra de habitantes de Puente Madera. La próxima audiencia para el desahogo de pruebas y dictamen de sentencia está programada para el 7 de noviembre.

Adicionalmente, el 18 de octubre de 2023, David Hernández Salazar fue notificado de otra Carpeta de Investigación que lo acusa de Ataques a las Vías de Comunicación, presentada ante la Fiscalía General de la República por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. La audiencia inicial para esta nueva denuncia se ha fijado para el 1 de diciembre de 2023.

Estas acciones de judicialización y criminalización se consideran parte de una campaña de difamación, hostigamiento, persecución y amenazas por parte de los tres niveles de gobierno, instituciones estatales, la SEDENA, organizaciones partidistas, políticos y empresarios relacionados con la imposición del PODEBI en las tierras de uso común de San Blas Atempa.

El comunicado enfatiza que este tipo de intimidaciones y acciones represivas no son inusuales en Oaxaca y señala la impunidad y el avance del crimen organizado en las comunidades indígenas del estado. Además, critica la brecha entre la realidad de Oaxaca y la imagen que el gobierno estatal intenta proyectar.

El Frente de Organizaciones Oaxaqueñas – FORO hace un llamado a organizaciones y personas solidarias a nivel nacional e internacional a unirse en solidaridad con David Hernández Salazar y los defensores de Puente Madera y la APIIDTT. Además, responsabiliza al gobierno del estado de Oaxaca, al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y a Antonino Morales Toledo de cualquier daño físico o psicológico que pueda sufrir David Hernández Salazar o sus compañeros en resistencia.

La comunidad está llamando a la defensa del Pitayal, que representa la vida de las personas en Puente Madera y el Istmo de Oaxaca, y a la unidad en acción para enfrentar estas acciones de represión.

La audiencia programada para el 7 de noviembre se presenta como un punto crucial en la lucha por la justicia y la libertad de David Hernández Salazar y sus compañeros de Puente Madera.

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EFE. Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. 21 de julio de 2023.- Las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), el Consejo de Europa y la Unión Europea (UE) expresaron en una declaración conjunta su «consternación» por la aprobación en el ente serbio de Bosnia-Herzegovina de una ley que criminaliza la difamación.

«Las enmiendas representan un lamentable e innegable gran paso atrás en la protección de los derechos fundamentales y socavan el funcionamiento efectivo de la democracia en la República Srpska», indica el comunicado de esas instituciones internacionales en el país balcánico.

«La libertad de expresión es un derecho fundamental y un valor europeo fundamental», señala la nota, y añade que la ley serbobosnia «contraviene los compromisos internacionales de derechos humanos de Bosnia-Herzegovina» y las aspiraciones del país a integrarse en la UE.

El comunicado conjunto señala que las leyes que criminalizan la difamación, dondequiera que existan, pueden emplearse contra periodistas, defensores de los derechos humanos y la sociedad civil por su trabajo de investigar e informar de asuntos de interés público, «algo fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática».

El Parlamento serbobosnio aprobó el jueves una polémica enmienda del Código Penal que tipifica como delito la difamación, medida que ha desatado las críticas y protestas dentro y fuera del país.

La enmendada ley estipula penar con multas de entre 1.000 y 3.000 euros el delito de la difamación.

La oposición advirtió de que la ley perjudica a la democracia y a las libertades en el ente serbio de Bosnia-Herzegovina, que junto con el común de musulmanes y croatas conforma el Estado bosnio.

Las asociaciones de prensa consideraron que afecta negativamente al periodismo de investigación y sofoca la libertad de expresión, y exigían retirar el proyecto de ley de la agenda parlamentaria.

La entidad serbobosnia y su líder, el nacionalista y prorruso Milorad Dodik, ha lanzado varias iniciativas legales separatistas que cuestionan el poder de las instituciones centrales bosnias.

Hace varios meses Dodik anunció que también se estaba preparando una denominada «ley de agentes extranjeros», que restringiría las actividades de las ONG financiadas desde fuera del país, una propuesta criticada por la UE y Estados Unidos.

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