AMEXI. Ciudad de México. 27 de noviembre de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que ya tiene en sus manos un documento enviado por el Senado de la República relacionado con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, aunque evitó aclarar si se trata de su posible renuncia.

Desde Palacio Nacional, sostuvo que, hasta el momento, Gertz Manero no ha manifestado deseos de abandonar la Fiscalía General de la República (FGR).

El contenido del documento, dijo la mandataria, sigue bajo análisis.

“Recibí un documento del Senado que estoy revisando con abogados y con la Consejería Jurídica; mañana podré informar con mayor precisión”, expresó.

Sheinbaum respaldó el desempeño del fiscal y destacó la importancia de reforzar la coordinación institucional en materia de seguridad.

“Nos hemos coordinado en muchos temas. Necesitamos más articulación entre fiscalías estatales y la FGR; es clave para atender varios asuntos de seguridad”, comentó.

Gertz Manero asumió el cargo el 18 de enero de 2019 y su periodo podría extenderse hasta 2028, en cumplimiento del artículo 102 de la Constitución, que fija una duración de nueve años para la titularidad de la FGR.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 22 de abril de 2023.- Inspirada en la novela La Isla de la Pasión, de la escritora colombiana Laura Restrepo, en el marco de la Feria del Libro de Bogotá (FILBO), donde México es el país invitado, se realizó esta exposición que muestra una variedad nunca antes reunida de documentos sobre  la  también  llamada  Isla  de  Clipperton,  ubicada  en  el  océano  Pacífico,  y que representa una historia prácticamente desconocida para la mayoría de los mexicanos. Por años, este lugar fue motivo de una disputa entre varios países que la reclamaban como suya, entre ellos México, quien envió un destacamento durante los últimos años del Porfiriato, nombrando gobernador del lugar a Ramón Arnaud, quien, acompañado de su joven esposa Alicia Arnaud, procreó descendencia ahí.

Sin embargo, ante el estallido de la Revolución mexicana, la comunicación con los habitantes cuya principal actividad era la extracción de guano fue interrumpida, viéndose abandonados a su suerte hasta 1917, cuando un barco estadounidense rescató a tres mujeres y ocho niños que sobrevivieron a un periodo de enfermedad, a lo que sumó la llegada de náufragos holandeses, desatando una época de violaciones y asesinatos;  muestra  de  esta  cruenta  realidad  es  la  imagen  que  encontraron  al rescatarlos, compuesta por dos mujeres que ese mismo día habían terminado con la vida del último victimario que sobrevivía en la isla. Finalmente, la disputa entre México y Francia sobre la propiedad de la isla tuvo una resolución hasta 1931, en favor del país galo, documento que forma parte de la exposición.

Esta muestra ofrece detalles poco conocidos de la historia de los habitantes de la isla y los pormenores de los envíos de provisiones, a través de diversos documentos recuperados en su versión digital que hasta ahora habían sido conservados por los Archivos Nacionales de Francia, así como de la Secretaría de Marina.

La curaduría fue realizada Iliana Ortega, subdirectora de Colecciones Digitales en la Oficina para la Memoria Histórica de México; la edición estuvo a cargo de Rebeca Flores; y el diseño gráfico y web fue realizado por; Bárbara Hernández y Oyuki Collado Velasco

Podrás visitar esta exposición en nuestro repositorio digital Memórica. México, haz memoria en https://memoricamexico.gob.mx/ a partir de este 18 de abril de 2023.

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• A ocho años y medio de la desaparición forzada de los 43 normalistas, los expertos independientes aseguraron que existen entre 80 y 90 documentos elaborados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala que podrían esclarecer lo ocurrido, pero se les ha negado el acceso

Periodistas Unidos / A donde van los Desaparecidos. Ciudad de México. 10 de abril de 2023.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) mostró, por primera vez, un documento elaborado por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala que prueba la existencia de un conjunto de información que permitiría esclarecer lo ocurrido en la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. 

Esta documentación ha sido sistemáticamente ocultada y su existencia negada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), desacatando la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, que mandata a todas las instancias de gobierno a entregar la información existente referida al caso y que pueda ser útil para la localización de los normalistas.

Ante las madres y los padres de los estudiantes, en una conferencia de prensa realizada el viernes en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la abogada colombiana Ángela Buitrago y el médico vasco Carlos Beristain revelaron que existen decenas de documentos clave para dar con el paradero de los muchachos, los cuales tienen la información recabada en tiempo real por el CRFI de Iguala, un nuevo actor en la telaraña institucional que oculta la verdad sobre lo sucedido. 

Estos centros forman parte de la estructura de la Sedena y se habían mantenido ocultos hasta que el GIEI reveló su existencia, en octubre del año pasado. 

“Hay un tipo de documentos que ustedes ya conocen, que se llaman CRFI”, precisó Beristain, “de los que se nos ha entregado una parte, pero calculamos que hay unos 80 o 90 documentos, que sabemos que existen por las numeraciones, a los cuales no hemos tenido acceso y son muy relevantes”.

“Es importante señalar”, añadió Buitrago, integrante junto con Beristain del órgano encargado de realizar una investigación independiente de lo sucedido a los estudiantes, “que estos documentos del CRFI ya han sido negados, hemos intentado reconstruir los números que faltan y se ha generado una última respuesta de que no existen más”.

Para desmentir esta versión, a sus espaldas se proyectó la imagen de un documento con membrete de la Sedena, enviado desde el CRFI de Iguala y dirigido al comandante de la IX Región Militar, con los sellos de “urgente” y “secreto”, y una fecha que consideraron clave: 15 de octubre de 2014. 

Este documento, que no fue mostrado completo por cuestiones de reserva, tiene la siguiente inscripción, que leyó Buitrago: “Me permito remitir a esa superioridad la siguiente información técnica, por ser de interés de ese mando”. El eufemismo “información técnica” refiere a un “monitoreo o seguimiento a conversaciones”, es decir, a interceptaciones telefónicas mediante sistemas de vigilancia. Sobre esto, el GIEI mostró dos líneas del documento que dicen que “se tuvo conocimiento sobre una conversación entre integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos, con presencia en la ciudad de Iguala, Guerrero, donde mencionan…”.

La fecha es el 15 de octubre de 2014, dieciocho días después de la desaparición forzada de los normalistas. La abogada explicó que los CRFI permiten conocer qué personas actuaban  esa noche y, sobre todo, “dónde podían estar, a través de esas comunicaciones, los muchachos que fueron desaparecidos”. “La importancia de los CRFI no es simplemente un nombre o una denominación”, añadió, “es una labor que realiza la Sedena, sobre la necesidad de estar siguiendo las comunicaciones”.

El GIEI revisó parte de estos documentos por primera vez en abril de 2021, cuando sus integrantes tuvieron acceso a los archivos de la 35 Zona Militar, ubicada en Chilpancingo; de la IX Región Militar en Acapulco, y de la sede del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Fue un hecho inédito que requirió la presencia in situ del subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas para abrir políticamente esas puertas. 

El 1 de octubre de 2021, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) dio a conocer a través de Encinas, su titular, dos documentos obtenidos del Estado Mayor de la Defensa Nacional, fechados el 26 de septiembre y el 4 de octubre de 2014, que evidencian esta labor de vigilancia: fragmentos de la transcripción de conversaciones interceptadas en tiempo real, entre presuntos integrantes de Guerreros Unidos, que aluden a los jóvenes desaparecidos. 

Beristain sostuvo que el GIEI sabe que estos registros no fueron breves sino continuados en el tiempo, que existe una amplia información a la que han pedido acceso y, también, que las conversaciones interceptadas son analizadas en una “sección especial destinada al monitoreo de estas actividades”. Como prueba de esto último, mencionó otro documento en poder del GIEI, fechado el 8 de octubre de 2014, que fue enviado por la Comandancia del Campo Militar 1 en la Ciudad de México a la 35 Zona Militar en Guerrero, citando “información técnica” obtenida por los CRFI. Allí se habla de “las órdenes que se impartieron para confundir la versión de Ayotzinapa, desde el principio”. 

Los expertos señalaron que existen pruebas de la existencia de documentos como el que se mostró en la pantalla, de cómo se obtuvo la información para elaborarlos y cómo se analizó en consecuencia. Incluso hay evidencia de que, en mayo y agosto del año pasado, los archivos que albergaban estos documentos fueron cambiados de lugar. 

“Esto se le ha informado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha solicitado que se le informe de manera directa”, apuntó Buitrago ante el silencio del auditorio. “Esto, obviamente, importa en la investigación porque cada elemento que se pueda sumar como parte de ese ajedrez, permite encontrar el destino de los estudiantes”, dijo. 

Beristain fue tajante al afirmar que el hecho de no proporcionar información constituye una “tortura psicológica, un maltrato” a las familias de las víctimas. “Hay un miedo a la verdad”, sostuvo.

Hace un año, en marzo de 2022, el GIEI denunció también que la Secretaría de Marina manipuló el escenario del basurero de Cocula el 27 de octubre de 2014, donde se aseguró que los estudiantes habían sido  asesinados e incinerados por Guerreros Unidos. Las acciones de los marinos en el lugar nunca se integraron al expediente del caso. 

El viernes, los expertos mencionaron que no solo realizaron operativos ese día, sino que existe evidencia y testimonios de que actuaron desde meses antes, que detuvieron personas y participaron en la construcción de la impugnada “verdad histórica”, utilizando la tortura para conseguir falsas confesiones sobre lo sucedido. 

Parálisis intencional

El quinto informe del GIEI, titulado Una visión global sobre los hechos, las responsabilidades y la situación del caso Ayotzinapa, es un recuento, a ocho años y medio, de lo que se sabe sobre la desaparición de los normalistas, que permite profundizar en el análisis de la información que continúa surgiendo, y ayuda a la hora de separar la paja del trigo. 

“Estamos en un momento clave, aunque ha habido muchos, estamos ante […] techos de cristal porque hemos llegado a avances significativos, y también [frente a] agujeros negros, donde la información desaparece, no se conoce o se oculta”, consideró Beristain al inicio de la presentación del informe. 

Entre los avances, el GIEI incluyó la judicialización del caso de Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, quien está preso desde agosto del año pasado, procesado por los delitos de tortura y desaparición forzada. También señaló que existe información suficiente para volver a solicitar las 21 órdenes de captura contra “sujetos del ejército, juez de barandillas y otros” que fueron “tiradas abajo” tras un episodio que evidenció la intromisión del despacho del fiscal general y la División de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República en la independencia de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), lo que causó la salida de su titular, Omar Gómez Trejo. 

Los expertos señalaron que existe una cantidad no definida de órdenes de aprehensión pendientes de cumplir contra antiguos funcionarios que siguen activos, trabajando en el gobierno, en especial las dirigidas a exagentes del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que dependía de la Secretaría de Gobernación. La principal captura pendiente es la de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), acusado de tortura y desaparición forzada de personas, quien reside desde 2019 en Israel, país donde solicitó asilo y que no tiene un acuerdo de extradición con México. 

Quien también intentó asilarse, pero en Estados Unidos, fue Alejandro Tenescalco Mejía, supervisor de la policía de Iguala durante el ataque a los estudiantes. Fue detenido por la Patrulla Fronteriza el 20 de diciembre de 2022, cuando intentaba cruzar la frontera clandestinamente. El 18 de enero de este año fue entregado a las autoridades mexicanas en el cruce internacional San Jerónimo-Santa Teresa, en Ciudad Juárez. 

Entre los retrocesos, el GIEI señaló la demora excesiva en los tiempos fiscales, la intromisión de otras autoridades en la labor de la UEILCA, con el nuevo fiscal Rosendo Gómez Piedra, y los límites impuestos a los expertos para interrogar testigos, en particular, a las personas detenidas en 2014 y señaladas como perpetradores. 

Existe, sobre todo, una triste convicción de que lo sucedido en Iguala pudo haberse evitado si no hubiese habido, en palabras de Beristain, “una especie de parálisis intencional” de las autoridades estatales y federales. El experto sostuvo que estas instancias han tratado de instalar la versión de que “no se supo” qué ocurría durante las más de cuatro horas del ataque armado que mantuvo a la ciudad paralizada por la violencia y el miedo. 

Incluso se mencionó un documento del segundo semestre de 2022, en el que la Sedena ordenaba, según el informe, que las respuestas en el caso Ayotzinapa “‘se acuerden’ entre diferentes secciones y ‘se otorguen en los términos que se acuerde’”.

“Se tienen muchas pruebas de que se sabía lo que estaba pasando y se dejó que pasara. Y hasta que pasó, se intervino. Esto evidencia la parálisis intencional de la autoridad. No se puede volver atrás sobre eso, está demostrado”, afirmó Beristain.

Hay datos que indican que la decisión de desaparecer a los jóvenes fue tomada en las primeras horas del día 27 de septiembre de 2014 y no en el momento de su secuestro, sobre las diez de la noche del 26, apuntó. El informe precisa que varios normalistas fueron llevados al Palacio de Justicia, y todavía a la una de la madrugada del 27 hubo actividad en los teléfonos de algunos estudiantes. “Una actuación temprana hubiera evitado las desapariciones”, concluye. Se les pudo proteger, pero no se hizo. 

El GIEI continuará trabajando durante tres meses más en México, y anunció que están siendo analizados otros restos óseos hallados en búsquedas, que fueron señalados por un informante anónimo como pertenecientes a los normalistas. A fines de abril se conocerá el resultado de las pruebas genéticas. 

Las familias de los estudiantes se retiraron sin hablar con la prensa. Su despedida fue el grito que las identifica: “¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!”.

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http://www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito del autor y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

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Foto: Jon Nazca / Reuters

Por Adriana Barrera

Reuters. Ciudad de México. 20 de agosto de 2020.- El exdirector de la petrolera estatal mexicana Pemex Emilio Lozoya acusó a expresidentes, exsecretarios de Hacienda, exlegisladores y a una periodista, en un testimonio filtrado con el que busca demostrar que es inocente de cargos de corrupción.

Lozoya se ha convertido en la pieza central del impulso del presidente Andrés Manuel López Obrador para exponer la corrupción que, según el mandatario, era desenfrenada en gobiernos anteriores antes de su llegada al poder en 2018.

El exjefe de Pemex, quien fue extraditado de España el mes pasado para enfrentar un juicio por aceptar sobornos y lavado de dinero, ha buscado desviar su culpa acusando al expresidente Enrique Peña Nieto y a su exsecretario de Hacienda Luis Videgaray de ordenarle pagar sobornos con fines electorales y compra de votos en el Congreso.

Una versión fotocopiada de la declaración de Lozoya circuló en los medios de comunicación el miércoles, lo que llevó a la Fiscalía General a decir en un comunicado que no había filtrado lo que describió como “la copia de la denuncia” del exdirector de Pemex, cuyos abogados se deslindaron también del documento.

En la declaración de 63 páginas, que fue vista por Reuters, Lozoya denunció a los expresidentes Felipe Calderón y Carlos Salinas por “actos que posiblemente constituyan delitos” junto a Peña Nieto, Videgaray y más de una docena de otros exfuncionarios.

Con diversos grados de detalle, Lozoya alegó que funcionarios y legisladores aceptaron sobornos, recibieron pagos ilícitos y se involucraron en actos de corrupción durante varios años, algunos de los cuales fueron antes de que tomara las riendas de Pemex en 2012.

Muchos ya han rechazado públicamente las acusaciones.

Entre los acusados ​​se encuentran exsenadores, dos de los cuales se desempeñan actualmente como gobernadores estatales, otros tres exsecretarios de Hacienda y asistentes del Congreso.

Calderón supervisó la corrupción en su gobierno 2006-2012, dijo Lozoya, señalando un acuerdo de suministro de etano alcanzado entre Pemex y un consorcio liderado por la firma brasileña Braskem que López Obrador ha condenado como una estafa para el estado. Braskem ha negado esas acusaciones.

Salinas, quien fue presidente de 1988 a 1994, se había involucrado en el cabildeo para obtener negocios lucrativos para su hijo, alegó Lozoya.

Entre los exsecretarios de Hacienda se encuentra José Antonio González Anaya, quien en 2016 sucedió inicialmente a Lozoya en Pemex.

González rechazó en Twitter las acusaciones, calificándolas de un intento de venganza contra él porque en 2017 había denunciado irregularidades en Pemex bajo la dirección de Lozoya.

José Antonio Meade, otro exsecretario de Hacienda que fue candidato presidencial en 2018 por el Partido Revolucionario Institucional de Peña Nieto, también rechazó firmemente en Twitter las acusaciones de Lozoya, al igual que Ernesto Cordero.

Lourdes Mendoza, una periodista a quien Lozoya acusó de pertenecer a una sección corrupta de la prensa que brindaba cobertura favorable al pasado gobierno a cambio de pagos, también criticó sus afirmaciones y dijo que lo demandaría.

Ni Peña Nieto ni Videgaray han comentado públicamente sobre las acusaciones, pero previamente negaron haber actuado mal. Calderón desestimó los cargos y desafió a Lozoya a presentar pruebas. Salinas no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.

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Foto: Cuartoscuro

Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 21 de mayo de 2020.- El documento del Presidente sobre “La nueva política económica en los tiempos del coronavirus”, no tiene nada de nuevo. Es lo mismo que se ha venido instrumentando desde los años ochenta. Desde 1983 ha venido predominando el superávit primario (gasto público menor que la recaudación, excluyendo el pago de la deuda), lo cual ha reducido el tamaño y participación del Estado en la economía y ha incrementado la intervención de la cúpula empresarial en la infraestructura y en los sectores estratégicos, los cuales antes eran exclusivos del Estado. El actual gobierno mantiene dicha política y es la causa de que no hayamos crecido en el 2019 y estamos en una situación de debilidad para encarar la pandemia. Ahora, con la fuerte caída del precio internacional del petróleo, de las exportaciones y del turismo, así como de la especulación de salida de capitales que está generando la pandemia, peor le irá a la economía nacional de seguir dicha política fiscal. A pesar de que dice que “sería un absurdo insistir en aplicar” el modelo neoliberal, “para enfrentar la actual crisis”, en los hechos, lo hace. El discurso es uno, y los hechos son otros. La autonomía del banco central y la austeridad fiscal son políticas neoliberales y además el gobierno actual mantiene el libre comercio y libre movilidad de capitales que son también políticas neoliberales donde el Estado dejar de regular al sector externo y le deja al mercado dicha tarea, donde se favorecen las empresas transnacionales y el capital financiero. Ello nos han llevado a tener una política a favor del sector financiero y a tener menos industria, a perder la autosuficiencia alimentaria, a aumentar el desempleo y la economía informal, a bajos salarios, y a déficit en el sector externo, que han aumentado nuestra dependencia de entrada de capitales. Ello ha obligado al gobierno a trabajar con alta tasa de interés y recortes presupuestales para evitar presiones sobre precios y el tipo de cambio, lo cual solo favorece a los dueños del dinero, a costa de que ello actúe contra el crecimiento económico y el empleo. Por lo tanto, no hay nada nuevo en lo económico en la 4ª. “T”. Seguimos con más de lo mismo.

El documento dice que “ahora existe una auténtica independencia del poder político respecto al poder económico”. Si fuera así, ¿por qué el gobierno no expande el gasto público para contrarrestar la caída de exportaciones y del consumo e inversión privada y así evitar mayor contracción económica?, ¿por qué no se baja la tasa de interés a 0.0% o 0.25% como muchos otros países? El gobierno no lo hace porque cree que ello sería inflacionario y podría provocar que el capital financiero se salga del país, debido a que éste pierde si se devalúa la moneda. De ahí  que sigue subordinado a los intereses del sector financiero y mantiene alta la tasa de interés para que no se afecte la rentabilidad de su capital. ¿Por qué el gobierno no regula el movimiento de capitales para evitar su salida y que especulen contra el peso? Si se evita la salida de capitales, podría bajar la tasa de interés e incrementar el gasto público para impulsar la actividad económica y la generación de empleo. ¿Dónde está la independencia del manejo de la política económica a favor de los intereses nacionales? Y su respuesta es que las políticas “contra cíclicas” (aquellas que se dirigen a contrarrestar la caída de exportaciones y del consumo e inversión privada) son neoliberales. Parece no darse cuenta o no quiere darse cuenta de que los gobiernos neoliberales, en contexto de crisis, claman por mayor participación del Estado en la economía – como ya está aconteciendo-, por mayor gasto deficitario y por bajas tasas de interés para poder salvar la economía.El Presidente dice que ello solo ha favorecido a los ricos y ha aumentado la desigualdad del ingreso. Eso ha ocurrido, pues en la mayoría de los casos los gobiernos responden a los intereses de los poderosos, pero ese no sería el caso del actual gobierno.Las políticas de disminución de la tasa de interés e incremento del gasto público deben actuar a favor de preservar la planta productiva y el empleo, que son la fuente de generación de riqueza, necesaria para el desarrollo. El propio documento reconoce que “debe crearse riqueza porque no puede distribuirse lo inexistente o lo que no se tiene”. Por lo tanto, no debe decir que “no habrá rescates o subsidios “ a las empresas, yque se va a rescatar primero a los pobres. El problema es que los pobres mas que becas o limosnas, necesitan empleos bien remunerados, y para ello hay que preservar e incrementar la capacidad productiva, por lo que no hay que dejar quebrar a las empresas productivas, pues de no apoyarlas se acentuará la desindustrialización, se contraerá más el crecimiento potencial de la economía y su capacidad para generar riqueza, empleo y bienestar. No se podrá sacar a flotea la economía y remontar la crisis con la política social y con los macro proyectos del aeropuerto, los trenes y las refinerías, ni con el T-MEC, que favorecerá solo a EUA. Hay que preservar la planta productiva que ha costado décadas construir y que se está destruyendo y de continuar ello, vamos a una severa crisis, por lo que los objetivos de combate a la pobreza y a la desigualdad del ingreso, quedarán en buenos deseos.

El documento señala que “si se aplica la austeridad como forma de gobierno, puede convocarse también a la colectividad a convertirla en una forma de vida”. Si bien hay que erradicar los privilegios, prebendas y el dispendio, el problema es que si se generalizan los recortes del gasto, se contrae demanda, y por lo tanto la producción y el empleo.El gobierno no puede abrocharse el cinturón y gastar menos en momentos en que están cayendo las exportaciones, el turismo, el consumo e inversión privada y disminuirán las remesas por el desempleo en EUA, y si a ello se suma el menor gasto e inversión pública, más disminuye la demanda y la actividad económica.

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