Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 13 de noviembre de 2025.- Los gobiernos neoliberales han priorizado bajar la inflación con granos importados baratos, lo cual ha sido a costa de actuar en detrimento de los productores nacionales, de relegar la autosuficiencia alimentaria, de reducir el crecimiento económico y aumentar nuestra dependencia de la entrada de capitales para financiar las crecientes importaciones. Ello ha llevado a que la política económica se dirija a promover entrada de capitales a través de alta tasa de interés y austeridad fiscal a costa de no tener política económica a favor del crecimiento y del empleo.

Las demandas de los productores agrícolas del maíz han sido principalmente: 1) sacar los granos básicos del T-MEC y 2) incrementar el precio de tonelada a 7,200 pesos para poder cubrir sus costos y evitar caer en sobreendeudamiento y cartera vencida. La demanda de sacar los granos básicos del T-MEC, es para que las importaciones de éstos no desplacen la producción nacional y la demanda de un precio de 7,200 pesos la tonelada de maíz es para que el precio se fije en torno a las condiciones productivas nacionales y no en torno al precio que fija la Bolsa Mercantil de Chicago que está en función de las condiciones productivas de EUA, con el cual los productores de México no tienen capacidad de competir y han terminado siendo desplazados. Ante ello, el secretario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), ignoró la primera y dijo que era una cuestión política, lo que evidencia es que su decisión política es seguir favoreciendo las importaciones de los granos básicos y no impulsar la autosuficiencia interna de tales productos y no aceptó fijar el precio de tonelada en 7,200 pesos, por lo que muchos productores se levantaron de la mesa de negociación y terminó pactando con los que se quedaron en la negociación, que fueron los productores de Jalisco, Guanajuato y Michoacán. A éstos les otorgarán un subsidio de 950 pesos por tonelada, los cuales serán cubiertos por el gobierno federal (800) y los gobiernos estatales (150) para que junto a los 5,200 pesos por tonelada vigentes se llegue a 6,150 pesos por tonelada. Además, el secretario del ramo ofreció otorgar créditos a los pequeños y medianos productores a una tasa de interés de 8.5%. Dicho funcionario dijo que ello “beneficiará a productores de hasta 20 hectáreas, que representan entre el 96 y 98% de los agricultores del Bajío. En total, se respaldará la producción de un millón 400 mil toneladas de maíz, con un límite de 200 toneladas por productor”. Al respecto cabe decir que ello no resuelve el problema que enfrentan los productores agrícolas que han visto caer su producción por no haber una política agrícola a su favor. Ello ha llevado a que las importaciones agrícolas representen el 48% de la producción nacional, dada la apertura comercial y el dólar barato que ha predominado. Hay que señalar que la producción anual de maíz en el país oscila alrededor de 27-28 millones de toneladas y el programa de la SADER solo apoya a productores que producen 1.4 millones de toneladas. La tasa de interés de los créditos ofrecidos de 8.5% está por arriba del crecimiento del ingreso nacional y de los productores, por lo que les será imposible cubrir el pago de dichos créditos.

También dicha Secretaría informó que “no se establecerá un precio específico de comercialización para dejarles márgenes para negociar un precio mejor”. Al no establecer un precio específico de comercialización, se deja su determinación a la oferta y demanda en un contexto de economía abierta, donde las importaciones de estos productos son más baratas, por lo que los productores nacionales no podrán fijar un precio en función a sus condiciones de producción, sino seguirán como hasta ahora, siendo tomadores de precios, frente a los precios fijados en la Bolsa Mercantil de Chicago.

Además, dicho funcionario señaló que se creará un nuevo Sistema de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del maíz para buscar mejores precios. Pero para que ello se logre se tendría que sacar los granos básicos del T-MEC, cosa que el gobierno no contempla. La resolución de continuar importando dichos productos es una decisión política del gobierno en contra de los productores nacionales y a favor de los productores de EUA.

La presidenta del país continúa con la política gubernamental de su antecesor de no apoyar al gran productor nacional de Sinaloa. La política gubernamental se ha centrado en el apoyo a productores de máximo dos hectáreas, que es política de autoconsumo, que no resuelve los problemas del campo mexicano en su conjunto, ni la autosuficiencia en granos básicos, por lo que se tiene que recurrir a importaciones, favoreciendo a los grandes productores de EUA, así como a proseguir instrumentando una política a favor de la entrada de capitales a costa de continuar sacrificando la autosuficiencia alimentaria y el crecimiento económico.

También la presidenta dijo que el apoyo se otorgará “sin chantajes, evidentemente, porque ellos pedían muchísimas cosas y nosotros dijimos: ‘lo que se puede es esto, porque nosotros tampoco podemos prometer cosas que no se pueden cumplir”. Las demandas de los agricultores por un precio justo y que se deje de importar granos básicos para proteger la producción nacional y avanzar en la autosuficiencia y soberanía alimentaria, no son “chantajes” y no es pedir muchísimas cosas, y el decir por parte de la presidencia que “tampoco podemos prometer cosas que no se pueden cumplir”, implica que el gobierno seguirá favoreciendo las importaciones de estos productos para no cuestionar el T-MEC, lo que implica favorecer a los productores de EUA, a costa de seguir relegando la soberanía alimentaria.

Mientras sigan los granos básicos dentro del T-MEC, las grandes empresas harineras de maíz, como Minsa, Maseca y Cargill continuarán recurriendo a las importaciones de estos productos por resultarles más baratos y más por el dólar barato con que trabaja Banxico para reducir inflación, bajando el precio de los productos importados, por lo que la producción nacional seguirá siendo desplazada y la economía estancada y continuará el descontento y las protestas legítimas de los productores de granos básicos y muchos más.

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Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 18 de octubre de 2025.- Para el mes de agosto de 2025, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) del INEGI indicó un crecimiento anual del 0.2% y estimó una baja anual del 2.0% en las actividades secundarias. Esto apunta a que no se cumplirá el objetivo de crecimiento de 1% del FMI, ni el de Banxico de 0.6%. Al parecer, la tendencia de crecimiento será menor que la del sexenio pasado, donde se creció en 0.8% promedio anual, aunque en el primer año de dicho gobierno en 2019 el PIB cayó 0.1%. El estancamiento económico es resultado de las altas tasas de interés establecidas por Banxico, como por la banca comercial, así como por los recortes presupuestales de Hacienda y el dólar barato en el que insisten las autoridades monetarias y hacendarias, para abaratar importaciones y bajar la inflación, a costa de que éstas desplacen a la producción nacional e incrementen el desempleo y subempleo. Datos del IMSS reflejan una caída de 27% en la creación de empleo formal en los primeros nueve meses del presente año en relación con igual período del año pasado. A ello se suman las políticas adversas que instrumenta el gobierno de EUA contra México. La exportación de vehículos pesados tuvo una caída anualizada en septiembre de 58.3%, informó INEGI. Las remesas en el mes de agosto muestran una caída anual de 8.3%, reportado por Banxico. La inflación en septiembre 2025 está en 3.76%, lo que evidencia la equivocada política de Banxico de alta tasa de interés para bajarla al nivel objetivo de 3%, debido a que encarece el crédito, lo que restringe la inversión y la producción, por lo que prosiguen las presiones de oferta (altos costos, escasez de productos) presionando precios, y se añade el aumento del margen de ganancia de las empresas.

El secretario de Hacienda en el pleno del Senado de la República el 1 de octubre de 2025, señaló que “nuestro país sigue avanzando, el crecimiento se mantiene positivo y sostenido a pesar de las presiones comerciales y reafirmamos nuestra condición de una de las economías más abiertas del mundo”. Festeja que México sea de las economías más abiertas, mientras que el neoliberalismo viene siendo cuestionado ante los resultados de desindustrialización, desempleo y bajo crecimiento, por lo que EUA, después de impulsar el libre comercio, ha pasado a establecer políticas proteccionistas para frenar importaciones e impulsar la producción y el empleo. En cambio, en México se insiste en el libre comercio. No hay que olvidar que, si México se industrializó y creció, fue gracias a las políticas proteccionistas que predominaron desde 1947 hasta mediados de los años ochenta y a la intervención del Estado en la economía, donde el banco central era funcional al crecimiento económico. En cambio, con el predominio de las políticas neoliberales de apertura generalizada, aunada a la alta tasa de interés, dólar barato, desregulación bancaria, superávit fiscal primario (donde se gasta menos de lo que se recauda excluyendo el pago de la deuda) para reducir el déficit fiscal y evitar crecimiento de la deuda, la economía ha estado estancada.

Hay que señalar que la deuda pública no se reduce dejando de gastar. Eso es válido para una familia y para una empresa, no para el gobierno, pues éste al dejar de gastar contrae demanda, la actividad económica y el empleo, por lo que el gobierno recauda menos y tiene que aumentar el gasto social y de seguridad pública para contrarrestar los problemas de miseria y delincuencia que genera el menor crecimiento económico, por lo que siguen las presiones sobre las finanzas públicas y la deuda pública.

La política fiscal no debe encaminarse a reducir el déficit, ni la relación de endeudamiento, sino debe actuar en forma contracíclica para contrarrestar la caída del consumo e inversión privada, como de las exportaciones y así evitar la caída de la actividad económica. Ello debe ir acompañado de menores tasas de interés para reducir el costo del servicio de la deuda y mejorar la capacidad de gasto e inversión de los sectores endeudados, lo que impulsaría más la economía. Al crecer ésta, el gobierno recaudará más y menores serán los gastos sociales y de seguridad pública debido a que habrá mayor generación de empleo, por lo que se mejorarán las finanzas públicas y del sector privado y se reduciría la deuda.

A la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) le va muy bien. Del 2 de enero al 10 de octubre de 2025 trae un crecimiento de 23.29%, como consecuencia de que la política monetaria, cambiaria y fiscal actúan a favor del mercado de capitales, a costa de sacrificar el crecimiento económico y la generación de empleo. Ese boom bursátil terminará siendo insostenible, debido a que no tiene sustento productivo que valorice el alza del precio de las acciones.

Las autoridades monetarias y haciendarias no están encarando los desafíos que enfrenta la economía nacional, tanto para salir del estancamiento, aumentar el empleo, como para afrontar los embates derivados de la política del gobierno de EUA de reducir las exportaciones que México realiza a tal país y el deseo de que México le compre más, lo que contraería más la actividad productiva. Por más que el gobierno habla del Plan México, este no tiene sustento macroeconómico para hacerlo viable. Las altas tasas de interés, el dólar barato y los recortes presupuestales actúan en detrimento de la inversión y la sustitución de importaciones.

No se puede continuar con las políticas neoliberales predominantes causantes de los problemas que enfrentamos.

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Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 12 de julio de 2025.- El jueves 3 de julio de 2025 se reunieron grandes empresarios mexicanos con la presidenta Claudia Sheinbaum y acordaron la consolidación del Plan México “ante la desaceleración económica». Afirmó la presidenta que con dicha estrategia tratarán de compensar “las posibles pérdidas que se puedan generar por el momento de incertidumbre que se vive con Estados Unidos”. Al respecto hay que decir que la economía mexicana ha venido decreciendo – mucho antes de la incertidumbre generada por los aranceles establecidos por EUA – como consecuencia de la política de alta tasa de interés, dólar barato y austeridad fiscal con que se ha venido trabajando y tales políticas no son cambiadas en el Plan México. De hecho, el secretario de Economía, presente en dicha reunión, dijo que “el plan fiscal del presidente Donald Trump no afectará a la economía mexicana, porque el balance al final es que nuestra ventaja se va a acentuar”. Para los que nos gobiernan, el equilibrio fiscal es ventaja frente a los países que trabajan con déficit fiscal. Esta creencia es un dogma neoliberal que nos ha llevado al atraso, a acentuar la desigualdad del ingreso y a depender de las variables externas (exportaciones, remesas, entrada de capitales), lo que nos coloca en un contexto de alta vulnerabilidad.

Una economía no puede trabajar con balance fiscal cuando está cayendo el consumo, la inversión privada, las exportaciones y la entrada de capitales, pues ello acentúa más la contracción económica e incrementa el desempleo. El IMSS reporta que, en el primer semestre de 2024, la generación de empleos formales fue menor que en el primer semestre de 2023 y que en el primer semestre de 2025, se generaron 70 % menos empleos que en el mismo período de 2024.

El Consejo Coordinador Empresarial manifestó en dicha reunión que “hay preocupación por cómo Trump ha transformado la dinámica económica y comercial, pero México está en punto y aparte, con un ritmo muy importante y venimos a ver cómo lo mantenemos… cómo podemos acelerar más el Plan México”. Esta idea de que México no es afectado por lo que acontece en EUA, es no reconocer la gran dependencia que México tiene de la economía estadounidense y que no tenemos condiciones endógenas de acumulación y crecimiento.

Además, la posición del gobierno y los empresarios de que el “Plan México es clave para producir más en el país”, no está sustentado en una política de baja tasa de interés, tipo de cambio competitivo, incremento del gasto público y el establecimiento de aranceles a importaciones por parte de México para estimular la inversión, la sustitución de importaciones y la generación de empleo que proyecta el Plan México.

La titular del Consejo Asesor Empresarial del gobierno federal “destacó el compromiso de los empresarios para consolidar el Plan México”. Aquí de nuevo, se ve que muchos funcionarios no saben de economía, o están mal asesorados. Para que los empresarios incrementen la inversión para el cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan México, tienen que haber perspectivas de crecimiento económico y de ganancias, lo que no se vislumbra con las políticas monetaria y fiscal restrictivas.

El gobierno insiste que el Plan México “permitirá producir más en el país, para el mercado interno y también para la exportación”. Para que se produzca para el mercado interno, se tiene que dinamizar éste, lo que requiere de incremento de gasto público, de empleo, de salarios y distribución del ingreso, lo que no está presente en la economía nacional. Asimismo, para aumentar la producción para las exportaciones, no hay viabilidad ante los aranceles establecidos en EUA, a lo que se suma la desaceleración del comercio internacional, por lo que no hay perspectivas de que las exportaciones crezcan.

El gobierno confía en que se llegará a un acuerdo “con Estados Unidos que va a permitir que la economía… continúe exportando”. El problema es que Donald Trump quiere a toda costa reducir el déficit de comercio exterior que tiene con nuestro país, por lo que es muy probable que salgamos perjudicados en estas negociaciones. En consecuencia, el Plan México no es alternativa para contrarrestar la desaceleración de la economía nacional.

Por más que la presidenta de la República afirme que “la economía mexicana mantiene estabilidad, con un peso fuerte y finanzas públicas sanas”, tales políticas, más que actuar a favor de la estabilidad y el crecimiento, actúan en su contra. El peso fuerte es producto de la alta tasa de interés que estimula la entrada de capitales. Además, dicha tasa de interés incrementa el costo del servicio de la deuda pública y privada, lo que restringe la capacidad de gasto e inversión de ambos sectores y por lo tanto la actividad económica. El ingreso nacional está muy por debajo del costo de la deuda, lo que aumenta los problemas de insolvencia del sector privado, que tiende a desestabilizar al sector bancario.

El dólar barato reduce el costo de las importaciones, las cuales desplazan a la producción nacional e incrementan el déficit de comercio exterior. Las finanzas públicas “sanas” que instrumenta el gobierno mexicano se sustentan en recortes presupuestales que contraen la inversión y el gasto público y por lo tanto la economía y prosiguen las presiones sobre las finanzas públicas por el alto costo del servicio de la deuda pública, por lo que la economía no tiene estabilidad macroeconómica.

La presidenta destacó que en “este año se ejercerá una inversión pública cercana a los 800 mil millones de pesos”, pero ello es insuficiente y para nada reactivará la economía. Hay que resaltar que ello representa el 60.7% de lo que se paga por el servicio de la deuda pública. Por último, la presidenta dijo que “es muy importante que se potencie la inversión privada” y el problema es que para que ello se dé, se requiere de mayor inversión y gasto del sector público, para que se incremente la demanda y así la inversión. Pero esto es algo que no parece interesarle al gobierno.

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