EFE. Ciudad de México. 24 de junio de 2023.- La Copa Oro pondrá frente a frente este domingo en Houston a una selección mexicana sin entrenador en propiedad y con muchas dudas, y a la de Honduras, que espera pescar en río revuelto, aunque antes tendrá que superar las lesiones que le han impedido a Diego Vázquez formar un equipo base.

El NRG Stadium de la ciudad estadounidense es probable que tenga colmadas sus gradas con miles de hinchas mexicanos y hondureños atraídos por el morbo de saber cómo se comportará el Tri, ahora sin el argentino Diego Cocca en el banquillo, y qué giro táctico introducirá en la H su compatriota Vázquez, nacionalizado hondureño.

El partido corresponde a la apertura del Grupo B del máximo torneo de selecciones de la Concacaf, en el que también están emparejadas las plantillas de Haití y Catar.

México llega a su debut una semana después de vencer por 1-0 a Panamá en el partido por el tercer puesto de la Liga de la Concacaf.

El resultado de ese encuentro en Las Vegas, el 18 de junio, apenas sirvió para maquillar la campaña de Cocca, marcada para el fracaso, pues días antes, en el partido de semifinales del torneo, el equipo fue apabullado 0-3 por Estados Unidos.

Cocca, que había llegado al banquillo en febrero pasado, fue destituido el día 19 y en su lugar fue designado provisionalmente el mexicano Jaime Lozano, de 44 años, que dos años atrás condujo al Tri sub-23 a la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La selección de Honduras, que dirige desde mayo de 2022 el exportero argentino Diego Martín Vázquez, es un equipo en construcción.

Aunque el mendocino, de 51 años, no la ha tenido fácil, la Copa Oro se presenta como el laboratorio definitivo para demostrar si puede crear un grupo sólido para afrontar las eliminatorias del próximo Mundial.

Vázquez llegó a la H como entrenador interino tras los sucesivos fracasos en las eliminatorias del Mundial de Catar del uruguayo Fabián Coito y el colombiano Hernán Darío Gómez.

El exfutbolista argentino debía conducir a la selección durante tres partidos de Liga de Naciones ante Canadá y Curazao respectivamente, pero el 19 de junio de 2022 fue contratado como seleccionador en propiedad.

Ahora tendrá que demostrar que tiene alternativas para conformar un once estable frente a las múltiples lesiones de jugadores, principalmente en defensa.

Los Catrachos vienen de perder 0-1 ante Venezuela en un amistoso jugado el 15 de junio en Washington.

El otro examen que tenían previsto, con Barbados, fue cancelado a última hora.

Alineaciones probables:

México: Guillermo Ochoa; Julián Araujo, Israel Reyes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Luis Romo, Erick Sánchez; Uriel Antuna, Ozziel Herrera y Henry Martín.

Seleccionador: Jaime Lozano.

Honduras: Luis López; Wesly Decas, Devron García, Deiby Flores, Raúl Santos; Alexander López, Bryan Acosta; Joseph Rosales, José Pinto; Jerry Bengtson y Alberth Elis.

Seleccionador: Diego Vázquez.

Árbitro: Mario Escobar, de Guatemala.

Estadio: NRG Stadium, de Houston (Texas).

Hora: 18.00 local (00.00).

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 20 de marzo de 2023.- “Yo, en lo personal, tengo muchas dudas del veredicto porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la fiscalía: videos, grabaciones, fotografías, estados de cuentas, depósitos y la verdad que nada de eso se exhibió. Todo fue en base a testimonios de criminales confesos que, por cierto, a la mayoría de ellos nosotros, o sea nuestro gobierno, perseguimos, capturamos y extraditamos”. Fueron las palabras textuales que dijo Felipe Calderón, el lunes 13, en Madrid, España, donde reside como víctima de “una persecución en contra mía, abierta, franca, burda, por parte del gobierno que, como suele ocurrir, utiliza las instituciones de justicia para perseguir opositores”.

Aparte de que todos los funcionarios militantes (o ex) de Acción Nacional que tienen carpetas de investigación abiertas por presuntos actos de corrupción, como es el caso del “cártel inmobiliario” en la alcaldía Benito Juárez, para no hablar de los prófugos de la justicia como Ricardo Anaya –el fracasado candidato que asesoró el “estratega” Jorge Castañeda–, lo cierto es que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús la pasa excelente en tierras madrileñas, pues la primera aparición pública después de la sentencia de culpable por cinco delitos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado que recibió el 22 de febrero Genaro García, su poderoso secretario de Seguridad Pública que soñó con ser presidente de México, tuvo lugar en el lujoso hotel Four Seasons, antes de un foro sobre turismo y aviación.

Desde aquellas refinadas comodidades que no tienen miles de auténticos perseguido políticos del orbe, Calderón practicó con gran soltura aquello de que “elogio en boca propia es vituperio” al sentenciar sobre sí mismo y su gobierno de la “guerra contra el narcotráfico”: “… yo soy el presidente que más ha combatido el crimen organizado en México, que no he dado ni tregua ni cuartel en el combate a los criminales y a todos los cárteles, incluyendo el llamado cártel del Pacífico”.

Lástima que lo tenga que decir el marido de Margarita Zavala. Pero es tan cierto que el concepto “daños colaterales”, del Pentágono pasó a formar parte del Ejército y la Marina durante 2012-18. Y el finado secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, el amigo íntimo, juraba que los grupos criminales “se matarán entre ellos”. El malogrado Iván no entendió que la sociedad estaba en medio de la “guerra” en la que García Luna tenía sus favoritos desde que dirigía el Cisen. Falta documentar si con la anuencia del michoacano que desconoció a su señor padre.

De este lado del Atlántico, en Palacio Nacional, una voz generalmente receptiva le tomó la palabra al expresidente “Haiga sido como haiga sido” y disfrutaba disfrazarse con el improvisado uniforme de comandante supremo, tanto que le quedó grande y fue objeto de las delicias de los fotógrafos y caricaturistas que lo inmortalizaron hasta el extremo de llamarlo Tomandante Borolas. El cómico era buen actor. Y ya de pasadita que dé una explicación sobre por qué duda de la justicia estadunidense y defiende a García.

Parafraseando un extracto de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, López Obrador retó a Calderón. “El Quijote, bueno, Cervantes decía: ‘Por la dignidad y la libertad se puede arriesgar hasta la vida’. Entonces, cuando uno tiene la seguridad de que sé es inocente no se debe de permitir que nadie ponga en entredicho nuestra honestidad, es lo que debe de importar más que ninguna otra cosa, la honestidad”.

Sin duda, Calderón debe una explicación al pueblo de México.

Acuse de recibo

“Recordatorio. Mi querido Eduardo, te recuerdo amigo, que todo lo que platicamos queda entre nosotros, nada se publica. Te abrazo fuerte y es muy agradable conversar contigo”… Respuesta: “Nunca revelo mis fuentes, hasta donde recuerdo. Platico y publico los pecados, jamás a los pecadores. Pregúntales a los altos mandos castrenses de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo”… Reporte de la mañanera del 10 de marzo. Entre los concesionarios de la radio hay varios grupos que acapararon la publicidad en ese sector. Por ejemplo, en los tres sexenios de referencia, Grupo Fórmula obtuvo 2 459 millones de pesos (MDP), en tanto que Grupo ACIR recibió 726 y MVS 529. Con Enrique Peña Nieto se oficializa el pago directo a periodistas y columnistas por su trabajo en los medios, además de financiar sus portales personales. Se tiene una lista de 36 comunicadores que recibieron entre todos 1 029 MDP entre 2013 y 2018. El que más destaca por sus ingresos en los tres sexenios es Joaquín López-Dóriga, quien obtuvo en ese periodo más de 446 en contratos con el gobierno, siendo el de Peña al que más dinero facturó (249) a través de cuatro empresas. En segundo lugar está el escritor Enrique Krauze, con 370.8 (como dueño y principal accionista de Letras Libres, Vuelta y Clío). En tercer lugar, está el escritor Héctor Aguilar Camín al frente del Grupo Nexos, quien cobró 166 (casi 100 MDP de ellos, con Peña Nieto)…

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EFE. Ciudad de México. 05 de febrero de 2023.-  El narcotraficante mexicano Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán más buscados por Estados Unidos, cumple un mes detenido en medio de incertidumbre sobre su posible extradición y cuestionamientos a la política de seguridad de México.

Las dudas sobre el futuro de Ovidio, capturado por el Ejército mexicano el 5 de enero en el norteño estado de Sinaloa, han crecido desde que hace 10 días un juez le otorgó un amparo que frena de forma indefinida su extradición a Estados Unidos, que tiene hasta el 5 de marzo para presentar una solicitud formal.

Esto refleja «una actitud laxa del Gobierno mexicano» para que la defensa de Ovidio presente recursos para impedir que avance el proceso y «ajustarlo a los tiempos de la política en México”, señala a EFE el consultor en políticas públicas y seguridad David Saucedo.

«El Gobierno mexicano está poniendo en marcha todos los mecanismos de burocratismo, de tortuguismo del sistema de justicia mexicano para ir administrando los tiempos de la extradición de Ovidio Guzmán», indica el experto, quien estima que el proceso tarde hasta un año y medio.

¿PRESIÓN DE ESTADOS UNIDOS?

La captura del heredero del «Chapo» sorprendió al ocurrir días antes de la visita a México del presidente estadounidense Joe Biden, con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte, aunque el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha negado cualquier relación entre los dos hechos.

“Que si se detuvo a esta persona, Ovidio, fue porque venía el presidente Biden, que si se lo detuvo es porque queríamos quedar bien con el presidente, es un argumento muy ramplón», declaró López Obrador tras los cuestionamientos el mes pasado.

Ovidio, conocido también como «El Ratón», es uno de los objetivos prioritarios de Estados Unidos, que ofrecía 5 millones de dólares por su captura desde diciembre de 2021, porque lo acusa de delitos que versan sobre la conspiración para la introducción de drogas en ese país.

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EFE. Ciudad de México. 19 de mayo de 2022.- Mirar lo que nadie veía y escuchar a quien nadie escuchaba hicieron que la escritora mexicana Elena Poniatowska, quien este jueves cumple 90 años de vida, encontrara en las letras un espacio para hacerle frente a las injusticias de un país en donde la pobreza, la violencia y la corrupción estaban normalizadas.

“(Poniatowska) ha sido una ventana que nos ha permitido asomarnos a lo que es México y conocerlo, ella empezó a trabajar en 1953 y desde entonces no ha parado”, asegura en entrevista con Efe Beatriz Zalce de Guerriff, la sobrina de la escritora y dos veces ganadora del Premio Nacional de Periodismo.

“Es la Princesa Roja, la tía Elena, la que siempre está dispuesta a ser una de los abajo firmantes para las mejores causas, la cronista por excelencia de este país”, ahonda el escritor Benito Taibo.

Nacida en París en 1932, Poniatowska llegó a México con su familia huyendo de la Segunda Guerra Mundial a los diez años.

Al ser descendiente de la realeza polaca, Hélène Elizabeth Louise Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor, su nombre completo, estaba destinada a tener una vida tradicional e igual que la de una aristócrata de su tiempo, pero encontrarse con un México tan inexplicable en su niñez cambió su rumbo.

“El hecho de no haber nacido en México le permitió ver con mucho asombro cosas que aquí se veían como algo normal. Ella pone un ejemplo muy concreto como es el que haya gente que no tenga zapatos, aquí uno obvia la respuesta y dice, ‘es porque son pobres’, pero eso no le parecía una respuesta, ni una razón, y eso en un principio muestra esa mirada de curiosidad y de asombro”, cuenta Zalce.

Sin los títulos universitarios que le hubiera gustado tener, Poniatowska tuvo una formación que ninguna escuela puede ofrecer al haber tenido grandes “maestros” como Octavio Paz, Alfonso Reyes, Diego Rivera y Juan Rulfo.

Además, pudo llamar amigos a intelectuales como Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, Leonora Carrington, Vicente Rojo y José Emilio Pacheco por citar solo algunos.

Su debut como reportera fue en 1953 en el periódico Excélsior, dos años más tarde se encontró con Fernando Benítez en el suplemento “México en la cultura” del diario Novedades, y fue él quien de forma exigente, pero cariñosa, la obligó a “subir de categoría” en el arte de la entrevista.

“Benitez le decía ‘eres una perla en un basurero’, impulsándola siempre a mejorar”, cuenta su sobrina, quien inspirada en ella también decidió dedicarse al periodismo.

LUCHADORA DE CAUSAS SOCIALES

En un tiempo en el que las voces de la gente “común y corriente” no eran interesantes, Poniatowska detuvo su mirada y prestó su oído para “entrevistar a gente que no era entrevistable”, dice Zalce, pues se dedicó a escuchar a aquellas personas “invisibles” para los medios y la gente de su estrato social.

De esa preocupación genuina nacieron crónicas como “La noche de Tlatelolco: Testimonios de historia oral” (1971) en donde narró las vivencias de los estudiantes y líderes del movimiento estudiantil de 1968, “Fuerte es el silencio” (1980) donde habló de luchas populares que resuenan en la actualidad por sus similitudes.

Y novelas como “Hasta no verte Jesús mío” (1969) donde narra la vida de Jesusa Palancares, una mujer oaxaqueña víctima de la pobreza y la violencia, o “Las soldaderas” (1999), en donde da una mirada a las mujeres que fueron parte de la Revolución Mexicana (1910-1921).

“Elenita es nuestra memoria, nuestro ‘Pepe Grillo’ (conciencia) que está en el oído diciéndonos siempre hacia dónde ir, qué camino tomar y cómo hacer de alguna forma las cosas”, considera Taibo.

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EFE. Ciudad de México. 04 de febrero de 2022.- El Tren Maya, la obra emblemática del presidente Andrés Manuel López Obrador para el sureste mexicano, ha arrancado 2022 entre tropiezo por los cambios de la ruta y del encargado del proyecto, las dudas sobre su entrega a tiempo y las denuncias de comunidades.

Preocupado por el retraso de la obra, el mandatario nombró en enero pasado a Javier May, uno de sus hombres de confianza, como titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), organismo público encargado del tren, que debe estar listo en diciembre de 2023.

Esto después de que el antiguo titular, Rogelio Jiménez Pons, admitió en una entrevista con Efe en noviembre pasado que la obra afrontaba «cinco meses de retraso» por recursos legales de pueblos originarios, burocracia e inestabilidad en el terreno.

Además, en octubre pasado Jiménez Pons reconoció ante el Senado que el costo de la obra había crecido en 60.000 millones de pesos (más de 2.900 millones de dólares) hasta los 200.000 millones de pesos (unos 9.730 millones de dólares).

«En diciembre del 23 vamos a estar inaugurando todo el Tren Maya, los 1.500 kilómetros», aseveró, no obstante, López Obrador el pasado fin de semana de gira en Cancún.

EL TRAMO DE LA DISCORDIA

El presidente reiteró el pasado lunes que el tren «avanza de acuerdo con el programa», con cinco empresas y el Ejército trabajando en los siete tramos que abarcan los cinco estados del sureste: Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

Pero un tramo de Quintana Roo, en la turística Playa del Carmen, fue el catalizador de la sacudida en Fonatur, pues el trazo se cambió tres veces y ha generado incertidumbre, según Marcos Antonio López, presidente de la Asociación Civil Vecinos Unidos de Playa del Carmen.

“Estamos preocupados porque se le hizo un gran daño a Playa del Carmen en la cuestión de que el Tren Maya no fue planeado, sino fue un proyecto de escritorio, como el mismo presidente lo dice, de los funcionarios ‘fifí’ (elitistas) que no salen del aire acondicionado”, expuso López en entrevista con Efe.

El cambio también causó controversia porque implicó la tala de 22.000 árboles.

Mientras el Gobierno tachó este dato de «noticia falsa», Fonatur afirmó que trasplantó los árboles con apoyo de la Asociación Mexicana de Arboricultura (AMA), pero esta organización respondió que «desconoce del posible destino final del trasplante».

“Nosotros necesitamos que se le finque responsabilidades al anterior titular de Fonatur porque no es posible que hayan devastado más de 22.000 árboles», pidió el presidente de Vecinos Unidos, quien lamentó que además se premió a Jiménez Pons con una subsecretaría.

¿EXPROPIACIONES CONCERTADAS?

Para avanzar en la obra, López Obrador anunció «expropiaciones concertadas» de 198 predios en Quintana Roo con 240 hectáreas.

La asociación civil Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que trabaja en Yucatán, cuestionó este discurso y que las expropiaciones ocurran tras el acuerdo que el Gobierno emitió en noviembre para decretar que sus megaobras son de «interés público y seguridad nacional».

«Lo cierto también es que estas negociaciones con los ejidos y con las comunidades son amañadas, son desinformadas. Los ejidatarios no tienen la información completa sobre los daños negativos, las repercusiones que va a tener este proyecto», contó a Efe el abogado Miguel Anguas, de la ONG Indignación.

López Obrador ha reconocido que el acuerdo y los cambios en Fonatur son para «saltarse obstáculos».

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EFE. Ciudad de México. 24 de enero de 2022.- El cadáver del bebé mexicano de tres meses que apareció en la basura de una cárcel de Puebla tras ser extraído de un panteón de Ciudad de México levanta cada vez más dudas y aviva las sospechas contra las autoridades, que han respondido con evasivas y hasta amenazas.

Aunque el cuerpo de Tadeo apareció el 10 de enero en el Centro Penitenciario de Puebla y volvió este domingo con sus padres a Ciudad de México, las autoridades no han esclarecido el crimen, denunció este lunes Saskia Niño de Rivera, presidenta de la asociación Reinserta, en una conferencia de prensa para tratar el caso.

El hecho que el bebé fuera introducido a la cárcel en una «visita familiar» -aparentemente ya muerto- sin que nadie verificase su salida sugiere la existencia de la «colusión de las autoridades», advirtió la activista en una conferencia con casi una decena de agrupaciones civiles.

“Falta puntualmente que se entienda para qué se usó el cuerpo de este chiquitito, que se entienda cómo fue robado este cuerpo de un panteón de la Ciudad de México, quién exhumó el cuerpo de esta manera, quién se lo llevó a Puebla», denunció.

MUCHAS HIPÓTESIS, POCAS RESPUESTAS

El caso de Tadeo, nacido el 4 de octubre, ha estremecido a México desde hace dos semanas, cuando un reo encontró el cuerpo del bebé cubierto con cal y dentro de una bolsa en los contenedores de plástico reciclable.

El bebé, enterrado en un cementerio de la alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México, presentaba una herida en el abdomen, por lo que una de las hipótesis iniciales era que su cuerpo se había utilizado para transportar droga.

Después se aclaró que la herida respondía a una operación que se le hizo al bebé, que murió el 5 de enero por problemas intestinales en Ciudad de México.

Sus padres, que había enterrado a Tadeo días antes, se enteraron de que el cuerpo del bebé había aparecido en un penal de Puebla por reportes de la prensa que señalaron que el infante portaba un brazalete en su muñeca izquierda con sus apellidos, lo que permitió la identificación.

ENTRE EVASIONES Y AMENAZAS

El caso ha despertado sospechas contra el Gobierno federal porque los gobernantes de Puebla, Ciudad de México y la alcaldía Iztapalapa son todos del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Cuestionado por la prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió este lunes que el caso es un «fruto podrido de la descomposición social, son hechos lamentables que no deberían suceder y tienen que ver con el pasado reciente», en referencia a los «gobiernos neoliberales».

A pregunta de Efe, la abogada Paola Zavala, socia fundadora de la ONG Ocupa, lamentó que López Obrador haya dedicado solo un minuto al caso.

También argumentó que el actual Gobierno no ha aliviado la crisis en las cárceles, al citar que en el penal de Puebla donde ocurrió el caso, el hacinamiento es de 103 %. Es decir, que hay más de 4.000 reos en una prisión de 2.000.

El hecho también ha levantado polémica porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se negó a investigar el caso, mientras que el gobernador de Puebla, el oficialista Miguel Barbosa, advirtió a periodistas y activistas de que «tengan cuidado» al indagar la historia.

Los activistas coincidieron en que el caso de Tadeo es un reflejo de la violencia contra niños en México, donde en 2021, los homicidios de menores de edad crecieron un 2,7 % hasta los 2.240, lo que significa seis niños o adolescentes asesinados al día, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Además, hay una impunidad del 95 % en los asesinatos que involucran a niños, lamentó Tania Ramírez, presidenta ejecutiva de Redim.

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EFE. Los Ángeles, Estados Unidos. 06 de diciembre de 2021.- El gobierno de Estados Unidos reanuda este lunes el programa «Quédate en México” (MPP por su sigla en inglés) en medio de crecientes dudas de si logrará garantizar la seguridad de los solicitantes de asilo, que tendrán que esperar en el país vecino el proceso de sus casos en EE.UU.

El programa, una de las insignias de la Administración anterior presidida por Donald Trump, fue derogado por el Gobierno de Joe Biden, pero un juez federal ordenó reanudarlo, y desde entonces EE.UU. ha estado negociando con el Gobierno mexicano sobre los parámetros en los que volvería a implementarse la iniciativa.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) aseguró haber hecho varios cambios para dar mayores garantías, los defensores de los migrantes no creen que serán suficientes.

“Es probable que los migrantes enfrenten desafíos similares a los que enfrentaron cuando se implementó por primera vez”, dijo a Efe Jessica Bolter, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI).

En este sentido, Kennji Kizuka, analista e investigador de la organización Human Rights First (HRF), advirtió que sin importar la forma en que la Administración Biden “trate de adornar” el nuevo MPP “no hay forma de realizar la implementación de manera humana y segura”.

EXPUESTOS AL PELIGRO

Según esta organización, en los primeros siete meses de la administración Biden se contabilizaron hasta 6.356 informes de ataques contra migrantes expulsados o bloqueados en la línea divisoria sur del país

En el caso de MPP, los investigadores de HRF documentaron más de 1.500 ataques contra los solicitantes de asilo que fueron puestos bajo ese programa y entre los delitos se contabilizaron casos de secuestros, tortura, asalto, y violación, entre otros.

“Al restablecer esta medida habrá más secuestros… habrá más violencia contra las familias, adultos, y niños que tratan de buscar seguridad en EE.UU.”, indicó Kizuka.

PROMETEN REFUGIOS SEGUROS

La Casa Blanca insistió la semana pasada en que ha trabajado «de cerca» con la Administración del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para ofrecer refugios y transporte seguro a los solicitantes de asilo en el proceso, pero el anuncio ha generado varios cuestionamientos.

Pero para Bolter “no está claro” cómo (EE.UU. y México) harán para garantizar un refugio seguro a los solicitantes de asilo “ya que muchos refugios a lo largo de la frontera ya están abrumados de inmigrantes” que viven allí.

UN PLAZO DE SEIS MESES

Los cambios realizados por el DHS a los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), designación formal del programa «Quédate en México” incluyen el compromiso de que los procedimientos “generalmente” concluirán dentro de los seis meses posteriores al regreso inicial de una persona a México, un plazo que también ha sido cuestionado por los defensores de los migrantes.

Bolter dijo que “es probable que los migrantes continúen enfrentando los peligros de vivir durante períodos prolongados en las ciudades fronterizas mexicanas, a menudo sin refugio o recursos suficientes”.

También consideró que las medidas tomadas por el Gobierno de Biden con respecto a MPP “no parecen muy diferentes a las de la administración Trump”.

En su opinión, la falta de acceso a asesoría legal fue uno de los mayores desafíos a los que se enfrentaron los solicitantes de asilo en la versión anterior de MPP, y “es probable que los migrantes ahora enfrenten nuevamente el mismo reto”.

LA REPRESENTACIÓN LEGAL

El DHS aseguró que aquellos procesados en MPP tendrán «oportunidades significativas» para acceder a información y asesoría o representación legal.

Todas las personas inscritas en MPP también tendrán acceso a teléfonos (y, cuando sea posible, videoconexión) para hacer llamadas gratuitas con un abogado en un entorno confidencial, señaló el Gobierno.

Al respecto, el consejero de política del Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC), Aaron Reichlin Melnik, recordó que los inmigrantes puestos bajo MPP entre enero de 2019 y enero de 2021 enfrentaron enormes dificultades para presentar sus casos debido a que había pocos abogados en los EE.UU. que pudieran brindar asistencia legal a los migrantes que estaban en México.

Casi el 95 % de los cerca de 70.000 solicitantes de asilo bajo MPP no pudieron encontrar un abogado.

Pese a que Melnik encontró algunos cambios positivos en la nueva versión de MPP, criticó el hecho de que el Gobierno demócrata incluyera a los inmigrantes haitianos y de otras nacionalidades que antes no estaban cobijadas por este programa.

En medio de las críticas, la administración Biden ha reiterado su objetivo de poner fin a MPP.

El pasado 29 de octubre, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, emitió un nuevo memorando explicando su decisión de dar por terminado el programa pero tendrá que esperar a que se resuelva a su favor la demanda entablada por varios estados conservadores que lo obligaron a restablecer la política.

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Foto: Luis Enrique Olivares / FotorreporterosMx

EFE. Ciudad de México. 14 de marzo de 2021.- Una de las principales motivaciones de la regularización de la marihuana en México es combatir el narcotráfico, pero expertos dudan de su impacto pues el cannabis ya no es la mayor fuente de ingresos de los cárteles.

La Cámara de Diputados aprobó esta semana la legislación que regula el consumo lúdico de la marihuana para cumplir con un mandato de la Suprema Corte que declaró inconstitucional su prohibición, y ya solo falta el voto del Senado.

Durante el debate del miércoles, el diputado Arturo Hernández, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), defendió la regularización sosteniendo que la guerra militar contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón (2006-2012) «causó más estragos que las afectaciones a la salud» de las drogas.

REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL NARCO

En 2020, a pesar del confinamiento por la pandemia de covid-19, México registró 34.515 víctimas de homicidio doloso, casi igualando el récord histórico de los 34.582 asesinatos de 2019.

De acuerdo con la ONG Semáforo Delictivo, el 80 % de los homicidios que se registran cada año en el país son atribuibles al crimen organizado, a enfrentamientos y ajustes de cuentas.

Por ello, al director de la organización, Santiago Roel, no le cabe la menor duda de que «la regulación de la marihuana y de otras drogas que tengan mercado negro en México puede contribuir a la reducción de la violencia».

«La única manera de combatir esta violencia es mediante principios económicas y no con balas», dijo este domingo a Efe Roel, quien cree que la regularización quitará mercado a los cárteles del narcotráfico.

La nueva Ley Federal de Regulación del Cannabis y las reformas a la Ley General de Salud y del Código Penal discutidas en el Congreso prevén ampliar la posesión permitida de marihuana hasta los 28 gramos, el cultivo de ocho plantas en casa y permisos para la siembra y venta de cannabis con fines recreativos.

México se sumará así a Uruguay, Canadá y a algunos estados de Estados Unidos que han regulado el asunto.

El director de Semáforo Delictivo consideró que esta normativa llega «tarde», pues México tendría que haber sido «pionero» en el mundo a raíz de la violencia que sufre, y pidió que el cultivo de amapola siga por el mismo camino.

Aunque admitió que Estados Unidos, el mayor consumidor del mundo de drogas, tradicionalmente ha usado a México como «chivo expiatorio», culpándolo por la venta de estupefacientes y presionando para que no regularice las drogas.

DIVERSIFICACIÓN DE LAS DROGAS

De acuerdo con el Instituto RIA, que investiga la política de drogas en México, la producción de marihuana en este país oscila entre las 15.000 y las 27.000 toneladas anuales.

La superficie de los cultivos es de unas 114.000 hectáreas, el 72 % de las cuales ubicadas en la región conocida como el Triángulo Dorado, ubicado entre los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, área prácticamente dominada por el Cártel de Sinaloa.

El investigador Falko Ernst, de la organización Crisis Group, dijo a Efe que la regularización es positiva porque puede vaciar las cárceles de consumidores y vendedores de baja escala.

Pero expresó que «hay dudas sobre la reducción de los niveles de violencia porque la marihuana para la mayoría de cárteles ya no es tan relevante como otras drogas».

Un estudio del Senado de México calculó en 2016 que los cárteles mexicanos recibían entre 1.000 y 2.000 millones de dólares anuales por la venta de marihuana en Estados Unidos y calculó pérdidas de entre el 15 % y el 26 % de sus ingresos totales si se legalizaba el México.

Además, previó «un daño económico de los cárteles, en particular del de Sinaloa» debido a una menor demanda de la planta mexicana por la expansión de la producción legal en Estados Unidos.

Algo que ya comienza a ser realidad, según constató la agencia estadounidense antidrogas (DEA) en su informe de Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2020.

Aunque todavía considera México como «la mayor fuente de suministro de marihuana en Estados Unidos», señala que su presencia está disminuyendo, de 287.000 kilos en 2018 a 249.000 kilos en 2019.

Por contra, destaca las «grandes cantidades» de fentanilo, heroína, metanfetaminas y cocaína que distribuyen el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa en Estados Unidos.

Por ello, Ernst subrayó que la «supervivencia» de los cárteles no depende de la marihuana, además de que tienen gran capacidad de «extorsión» a campesinos que opten por la vía lícita de la siembra.

«Existe un gran riesgo si no acompañas la legalización con estrategias de seguridad», concluyó.

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Foto: Luis Enrique Olivares / FotorreporterosMx

AP. Ciudad de México. 12 de marzo de 2021.- A pocos pasos de que se legalice el uso recreativo de la marihuana en México, algunas organizaciones civiles y analistas expresaron el jueves pesimismo por la ley aprobada la víspera por la Cámara de Diputados y mostraron inquietud de que se mantenga la criminalización de los usuarios.

La nueva regulación, que aún espera el aval del Senado para su aprobación definitiva, fue criticada por México Unido contra la Delincuencia. La organización no gubernamental —que lleva años luchando por la legalización de la marihuana en el país— lamentó que se mantenga la criminalización de usuarios y que la Cámara de Diputados no cumpliera la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que determinó en 2019 que la prohibición absoluta del consumo de cannabis para uso personal era inconstitucional.

Al cuestionar la decisión de los diputados de modificar la tabla de cantidades de posesión toleradas para consumo personal y el cambio de las cantidades que se considerarán narcomenudeo y narcotráfico, México Unido contra la Delincuencia afirmó en un comunicado que con ello se “mantiene un sistema de umbrales de tolerancia que genera inseguridad jurídica para los usuarios, pues hace difícil comprender cuándo están cometiendo un delito y cuándo una falta administrativa”.

Asimismo, la organización planteó que el aumento de las cantidades por las cuales se puede sancionar penalmente “no elimina los espacios de extorsión ni la posibilidad de que la policía detenga arbitrariamente a las personas por apariencia sospechosa”.

En la regulación aprobada por la Cámara de Diputados se permite la posesión personal de hasta 28 gramos de marihuana.

La organización también cuestionó que no se elimina el delito de cultivo para personas de escasa instrucción y extrema necesidad económica que se dediquen a esa actividad. “De esta manera perpetúa la marginación y el castigo penal de nuestros campesinos”, agrega el escrito.

México Unido contra la Delincuencia exhortó al Senado a “corregir el proyecto” y cumplir con el mandato de la Suprema Corte.

Por su parte, Duncan Wood, vicepresidente de Estrategia y Nuevas Iniciativas del Wilson Center en Washington, dijo que es “poco probable” que la legalización del cultivo y el consumo de marihuana en México marque una gran diferencia para los principales grupos del crimen organizado que obtienen la mayor parte de sus ingresos de otras fuentes, o se afecte el flujo hacia Estados Unidos ahora que esa sustancia es legal en algunos estados.

Wood planteó que el beneficio potencial de la legalización podría verse en que habrá menos jóvenes enviados a la cárcel por delitos menores.

La nueva normativa generó posiciones encontradas entre los mexicanos. Concepción Castro, una comerciante de 40 años, afirmó que es mejor que legalicen el consumo de la marihuana porque “ya va ser más cuestión de uno si lo quiere probar o no”, y agregó que eso puede contribuir a reducir el narcotráfico y la “gran violencia que eso genera”.

Al rechazar la ley, Fabian Sánchez, un obrero de 25 años, indicó que “eso estimulará el consumo” y hará que “suba la venta de droga”. “No creo que eso nos beneficie en nada”, agregó.

El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, controlada por el partido oficialista Morena y sus aliados, autoriza el consumo recreativo de cannabis y mantiene un sistema de licencias a todos los involucrados en la cadena de producción, distribución, transformación y venta de marihuana para todo tipo de uso, y establece que los particulares deben obtener un permiso para cultivar plantas en su casa para el autoconsumo. Cada persona podría tener 6 plantas, con un máximo de 8 por domicilio.

Los diputados dejaron el control del mercado en manos de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), una entidad que, según los expertos, no tiene la capacidad ni las facultades para regular un mercado tan complejo.

México comenzó a otorgar en 2016 permisos para la importación legal de productos con cannabis para uso medicinal, y un año después aprobó dicho uso, una utilización que también es legal en varios países latinoamericanos. El último en aprobarlo fue Argentina, pero el uso recreativo sólo es legal en un país de América Latina: Uruguay.

Aunque el Senado no le cambie nada al texto en su segunda revisión, llevará tiempo para que la ley se convierta en realidad, porque habrá que hacer los reglamentos y los ajustes necesarios a otras normas. En el caso del uso medicinal de marihuana, aunque la ley se aprobó en 2017, su reglamento sólo fue avalado en enero de este año.

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