EFE. Tijuana, México. 05 de julio de 2022.- Migrantes varados en la frontera norte de México optan por un empleo en territorio mexicano por el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, como el Título 42, pero afrontan precariedad laboral, sueldos paupérrimos y muchos de ellos en la informalidad, sin prestaciones ni garantías de nada.

Pese a los esfuerzos que se realizan en ciudades como la fronteriza Tijuana, la activista Judith Cabrera, codirectora de Border Line Crisis Center, considera que sigue siendo un tema pendiente de consolidar porque los empleos en general para toda la población «precarizados».

«Son temas que enfrenta en sí la ciudad (Tijuana), pero para las personas que vienen de afuera es más complicado por el desconocimiento de la misma ciudad, desde cómo transportarse, dónde buscar trabajo, dónde es seguro, y a ello se agrega el problema de que no cuentan con documentos», dijo a Efe en entrevista.

Un caso es el de Byron Fuentes, originario de Guatemala, quien dijo a Efe que percibe un salario de 1.200 pesos (unos 60 dólares) a la semana, lo que no le alcanza para satisfacer sus necesidades y las de su familia.

«Hay que comprar todos los alimentos, a veces se presenta que uno se enferma y tenemos que poner dinero de la bolsa para comprar medicamentos y no alcanza, la verdad», expuso.

LOS DOCUMENTOS, UN PROBLEMA

Un estudio del Colegio de la Frontera Norte arrojó el año pasado que la documentación migratoria constituye el principal factor facilitador u obstaculizador de la integración social de los inmigrantes extranjeros.

Para que un inmigrante acceda a un trabajo formal en México debe contar con su documento de condición de refugiado expedido por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) o una tarjeta de visitante por razones humanitarias del Instituto Nacional de Migración (INM).

Además debe tener la Clave Única de Registro de Población, mejor conocida como CURP, y el Registro Federal del Contribuyente (RFC) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Luego de acercarse a solicitar trabajo, deben abrir una cuenta bancaria, para la que requieren el pasaporte vigente de su país, y aquí es donde enfrentan gran parte del problema.

Enrique Lucero, director municipal de Atención al Migrante en Tijuana, compartió a Efe que ese es un obstáculo porque muchas personas no cuentan con este documento y «al no tenerlo no se puede abrir la cuenta y no pueden ser contratados porque es donde la empresa deposita la nómina».

Aunque en Tijuana existen consulados de países como Honduras, Guatemala y El Salvador, además de una representación de la Embajada de Haití, apuntó que «el problema es que tarda tiempo en renovarse, el proceso tarda entre uno y dos meses».

Esto lleva a que muchos de los migrantes terminen en el empleo informal, como Ilse Viga López, originaria de Honduras, quien terminó aceptando un trabajo en una empresa coreana en la que hilaba ropa desde el albergue en el que estaba.

Ella cumplía jornadas de más de 12 horas diarias y a veces hasta de 24 para poder cumplir con todo.

«Tengo dos niños, soy madre soltera, no podía no aceptar, pero ahora estoy desempleada porque nos quitaron el trabajo, terminó la producción, y estamos sobreviviendo con lo poquito que ahorré y lo que aporta mi papá que trabaja en una chatarrera (centro de reciclaje)», narró.

DISCRIMINACIÓN Y HOSTIGAMIENTO

A esta problemática se suma la discriminación racial que enfrentan algunos de los migrantes, pues, aunque cuenten con la documentación requerida, son rechazados por prejuicios y estigmas, como es el caso de los centroamericanos, y la barrera del idioma, para los haitianos y africanos.

Esto lo reafirma Viga López, quien lamentó que las empresas «no te dan un pago digno porque eres migrante y la bronca (problema) es que si tú vas a pedir trabajo, lo primero que te dicen es ‘tú eres inmigrante, no eres de México’ y es algo muy fuerte porque solo queremos trabajar».

La activista Judith Cabrera denunció también el hostigamiento de la Policía, lo que inhibe la búsqueda de trabajo por temor a que les quiten su dinero.

Asimismo, «también son blancos fáciles de personas sin escrúpulos que ya saben que los pueden explotar y que saben dónde encontrarlos».

Lo que ocurre en Tijuana refleja un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre pasado.

Además, un récord de más de 58.000 personas solicitaron refugio en México durante la primera mitad de 2022, un aumento interanual del 14,88 %, según la Comar.

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• Ajusta los estímulos de atletas según los resultados que obtuvieron en los Juegos Olímpicos de Tokio

• Algunos pasan de 75 mil a 6 mil mensuales

• Y otros que no subieron al podio ganan más que los medallistas

• Mil 299 deportistas reciben una beca económica 

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 29 de abril de 2022.- Inconmensurable mano dura en guante de seda contra atletas de la Conade que dirige Ana Gabriela Guevara. Y que va en consonancia con la llamada, eufemísticamente, Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y la austeridad republicana. Y cada vez resulta más desalentador el panorama para los deportistas de cara al ciclo olímpico rumbo a París 2024.

Y mayor el riesgo de que no haya medallas.

Los deportistas mexicanos de alto rendimiento ya recibieron un ajuste en el monto de los estímulos económicos que reciben por parte del gobierno federal, de acuerdo con sus resultados en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 –donde se obtuvieron solo cuatro medallas de  bronce– o si no lograron calificar a la justa veraniega.

El diario La Afición publicó que  realizó los ajustes correspondientes la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), con base en los tabuladores publicados el 31 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación.

El más drástico es el de la taekwondista triple y medallista olímpica María Espinoza.  Pasó de 75 mil pesos netos a 6 mil. Espinoza no calificó ni a Tokio 2020 ni a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

La información, que fue obtenida mediante una solicitud en la plataforma nacional, indica que son mil 299 deportistas quienes reciben una beca económica.

Los que menos cobran tienen asignados mil 700 pesos al mes.

Quienes más cobran son los medallistas de oro paralímpicos con 55 mil pesos mensuales.

“Otro ejemplo de una reducción drástica es la que sucedió al clavadista Iván García, quien a finales de enero contó en entrevista a MILENIO-La Afición que le preocupaba que le redujeran su beca a 6 mil pesos tras haberse quedado en la ronda preliminar en Tokio 2020; ahora, se confirma que sí sufrió ese ajuste. Antes de los Olímpicos recibía 68 mil 622 pesos (menos impuestos).

Sin embargo, los ajustes no son claros, pues la pentatleta Mariana Arceo aparece con un monto de 24 mil pesos, pero al terminar en el sitio 16 en Tokio 2020 debería recibir sólo 9 mil pesos.

La ciclista Jessica Salazar, quien rechazó competir en la justa olímpica debido a que no estuvo de acuerdo con los procesos selectivos de la Federación Mexicana de Ciclismo, aparece con un monto mensual de 12 mil pesos.

La raquetbolista Paola Longoria también tiene un monto de 6 mil pesos, a pesar de que el año pasado ganó el Campeonato Mundial de la especialidad realizado en Guatemala; con ese triunfo le tocaría un monto de 21 mil 500 pesos.

Longoria, antes de que existieran los nuevos tabuladores recibía 80 mil pesos (menos impuestos). Paola Espinosa (clavadista), ante la incertidumbre de si se retira o no, rompió abruptamente con la Conade por lo que dejó de recibir un apoyo mensual; antes de Tokio, su beca era de 83 mil 678 pesos (menos impuestos).

Brandon Plaza (taekwondoín) era una de las cartas fuertes de esta disciplina por lo mostrado en los mundiales, por eso tenía una ayuda de 60 mil 142 pesos; al no calificar a Tokio, ahora sólo le dan 6 mil.

Los medallistas olímpicos en Tokio 2020 recibieron también un ajuste. La pesista Aremi Fuentes recibe ahora un monto de 50 mil pesos, el arquero Luis Álvarez 36 mil pesos, su compañera Alejandra Valencia 41 mil y la pareja de clavados sincronizados que integran Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco reciben 41 mil y 36 mil, respectivamente.

Todos ganaron medalla de bronce.

Los cuartos lugares olímpicos, Alexa Moreno (gimnasia) y Jorge Orozco (tiro deportivo) tienen un apoyo de 41 mil pesos, lo cual resulta absurdo, pues reciben más dinero que Alejandra Orozco, quien sí obtuvo medalla.

La Conade premia mejor las pruebas individuales que las de pareja, aún así no se entiende por qué Agúndez cobra 5 mil pesos más que Orozco.

Los clavadistas Juan Celaya y Yahel Castillo, también pareja que obtuvo cuarto lugar, quedaron con 33 mil pesos.

Los medallistas paralímpicos que ganaron oro reciben 55 mil pesos: Jesús Hernández, Diego López, José Chessani, Juan Diego García, Amalia Pérez, José Castorena y Mónica Rodríguez.

El patinador artístico Donovan Carrillo sigue registrado con 30 mil pesos mensuales, pese a que en el Campeonato Mundial no compitió porque no llegaron sus patines con los que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

(Con información de la agencia noticiosa Apro de la revista Proceso)

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AP. Kiev, Ucrania. 09 de abril de 2022.-  El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que quiere una dura respuesta global luego de un ataque con un misil sobre una estación de tren abarrotada de civiles que trataban de escapar de una inminente ofensiva rusa que dejó al menos 52 muertos.

La voz de Zelenskyy se elevó con rabia durante su discurso nocturno el viernes, cuando dijo que el ataque a la estación de Kramatorsk, en el este de Ucrania, equivalía a otro crimen de guerra a considerar por un tribunal internacional. Entre los fallecidos había cinco niños, y docenas de personas más estaban heridas de gravedad, dijeron las autoridades ucranianas.

El mandatario afirmó que se hará un gran esfuerzo “para establecer cada minuto de quién hizo qué, quién dio qué órdenes, de dónde provino el misil, quién lo transportó, quién dio la orden y cómo se acordó este ataque”.

Rusia negó la responsabilidad por el ataque y acusó al ejército ucraniano de disparar el misil en una operación de falsa bandera para culpar a Moscú del asesinato de civiles. Un vocero del Ministerio de Defensa ruso explicó la trayectoria del misil y la posición de las tropas ucranianas para reforzar este argumento.

La empresa ferroviaria estatal ucraniana dijo en un comunicado que los residentes de la disputada región del Donbás, donde Rusia ha concentrado sus esfuerzos al no poder tomar la capital del país, Kiev, podrían abandonar la zona desde otras estaciones el sábado.

“Los trenes no cesan en la tarea de llevar a todo el mundo a un lugar seguro”, señaló en un comunicado a través de la app Telegram.

Las imágenes tomadas después del ataque del viernes mostraron cadáveres cubiertos con lonas y los restos de un proyectil con las palabras “Para los niños” en ruso. La frase parecía sugerir que el misil se lanzó para vengar la pérdida o el sometimiento de los niños, aunque su significado exacto no estaba claro.

El ataque se produjo mientras trabajadores de otras zonas del país exhumaban al menos 67 cadáveres de una fosa común en Bucha, una localidad próxima a la capital donde las evidencias gráficas documentan la matanza de docenas de civiles tras la retirada de las fuerzas rusas. Moscú ha afirmado falsamente que las escenas de Bucha eran un montaje.

El alcalde, Anatoliy Fedoruk, dijo que los investigadores han encontrado al menos tres lugares donde numerosos civiles fueron asesinados a tiros y que continuaban hallando cadáveres en patios, parques y plazas de la ciudad, de los cuales el 90% habían sido baleados.

Al no poder tomar Kiev debido a la firme resistencia, las fuerzas de Moscú han puesto la vista sobre la región oriental de Donbás, una zona industrial de mayoría rusófona donde los rebeldes prorrusos luchan desde hace ocho años contra las fuerzas ucranianas y controlan algunas zonas.

Aunque la estación ferroviaria está en territorio controlado por Ucrania en el Donbás, Rusia acusó a Kiev de perpetrarlo. Lo mismo afirmaron los separatistas apoyados por Moscú, que colaboran estrechamente con las fuerzas del Kremlin.

Los expertos occidentales han rechazado la afirmación del vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, de que sus tropas “no utilizan” ese tipo de armas. Un funcionario occidental, que habló bajo condición de anonimato para abordar asuntos de inteligencia, apuntó que las fuerzas rusas han empleado ese misil y que, debido a la ubicación del ataque y al impacto, probablemente fuese ruso.

Justin Bronk, miembro investigador del Royal United Services Institute en Londres, dijo que solo Moscú tendría motivos para atacar las infraestructuras ferroviarias en el Donbás, y que son fundamentales para que el ejército ucraniano refuerce sus unidades en la región.

Bronk señaló que, en otras ocasiones, las autoridades rusas han intentado negar su culpa afirmando que sus fuerzas ya no utilizan una arma antigua “para enturbiar las aguas e intentar sembrar dudas”. También insinuó que Moscú escogió específicamente ese tipo de misil porque el ejército ucraniano también los tiene.

El ministro británico de Defensa, Ben Wallace, calificó el ataque de crimen de guerra, y el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo que era “completamente inaceptable”.

Las autoridades ucranianas y occidentales han acusado repetidamente a Moscú de cometer atrocidades durante la guerra que comenzó con la invasión rusa el 24 de febrero. Debido al conflicto, más de 4 millones de ucranianos han huido de su país y millones más están desplazados dentro de sus fronteras. Algunas de las pruebas más alarmantes de las masacres se hallaron en localidades próximas a la capital ucraniana de las que las fuerzas del presidente Vladimir Putin se retiraron en los últimos días.

Las autoridades ucranianas han advertido que esperan encontrar pruebas de más asesinatos masivos una vez lleguen a la ciudad portuaria de Mariúpol, que también está en el Donbás y lleva un mes asediada por las fuerzas rusas.

En un extracto de una entrevista con el programa “60 Minutes” de la televisora estadounidense CBS que se emitió el viernes, Zelenskyy citó las comunicaciones interceptadas por los servicios de seguridad ucranianos como evidencia de los crímenes de guerra rusos.

“Hay soldados (rusos) que hablan con sus padres sobre lo que robaron y a quien secuestraron. Hay grabaciones de prisioneros de guerra (rusos) que admiten haber matado a gente”, señaló el dirigente. “En prisión, hay pilotos que tenían mapas con objetivos civiles a bombardear. También se están realizando investigaciones en base a los restos de los fallecidos”.

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AFP. Ciudad de México. 01 de julio de 2021.- Sola y con las heridas de la última golpiza, Marisela Oliva espera afuera de un inmenso juzgado de Ciudad de México la audiencia en la que se decidirá si su agresor queda libre.

Su única petición es que haga justicia, pero lograrlo parece difícil en un país donde 94% de los delitos contra las mujeres quedan impunes, según Conavim, un ente gubernamental que trabaja en su prevención.

“Si la autoridad lo suelta, ¿a dónde voy a ir a protegerme? ¿Dónde me voy a esconder, si me tiene amenazada de muerte? ¿Dónde están las autoridades que lo deben proteger a uno?”, dice Oliva, de 58 años, a la AFP.

La mujer se mueve lentamente con ayuda de un caminador por los golpes de su expareja, que le dejaron moretones en los brazos, pero también el firme deseo de que haya castigo.

Su caso es apenas uno de los miles de una tragedia que no se detiene.

El gobierno reportó 423 feminicidios entre enero y mayo pasado, un aumento de 7,1% frente a igual período de 2020, que cerró con 967 casos.

El camino de Oliva para llegar a la audiencia fue difícil.

Con voz cansada, cuenta que los policías del central Estado de México redujeron el ataque a un pleito de pareja y no le tomaron una declaración completa.

Pero con ayuda de una activista, el lento aparato de justicia comenzó a moverse.

Sorprendido de verla con andadera, el juez observó fotos de los golpes y mensajes amenazantes del agresor y su familia.

“¿Qué está esperando la justicia? ¿Que me mate?”, cuestiona. El hombre quedó bajo arresto preventivo.

“Se duda de nuestra palabra”

En una cárcel del este de la capital, Daniela Sánchez acompaña a una mujer a una audiencia contra su agresor.

Empleada gubernamental de 37 años, la propia Sánchez busca justicia por el maltrato físico y psicológico que asegura haber recibido por años de su expareja. Siente enfrentarse a un muro de impunidad.

“Desde el primer momento en que nos acercamos a ellos (las autoridades), se duda de nuestra palabra, de las marcas de nuestros cuerpos”, afirma Daniela tras desplegar una pancarta y exigir castigo con un megáfono.

Para Fátima Gamboa, codirectora de la organización civil Equis Justicia, México carece de una institucionalidad capaz de “responder ante un fenómeno tan complejo, multifactorial y cultural como la violencia contra las mujeres”.

En un análisis de 120 sentencias de todo el país, esta oenegé encontró que en más del 80% de los casos los jueces no se pronunciaron sobre la violencia de género, ni analizaron si persistían las condiciones de riesgo, por lo que no dictaron medidas de protección para las víctimas.

“No es una impartición de justicia con perspectiva de género”, indica Gamboa.

El gobierno ha desplegado varias iniciativas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, como los Centros de Justicia -que, sostiene, han asesorado a 100.000 personas este año-, o los refugios para mujeres en riesgo.

También da seguimiento especial a dos centenares de homicidios. En Ciudad de México, en tanto, todos los asesinatos de mujeres se investigan inicialmente como feminicidios.

Batalla “desgastante”

Para Gris, de 34 años, el proceso contra su expareja ha sido agotador. Alcoholizado, el hombre irrumpió en la pequeña cocina que formó con otras mujeres para huir del desempleo y la violencia machista, acentuados durante la pandemia de covid-19.

Según la denuncia, el agresor las golpeó y destruyó el mobiliario.

Desde entonces, Gris -quien prefiere no dar su nombre completo- se siente decepcionada de la justicia.

“Es triste, desgastante, anda uno sin comer, no pruebas bocado porque estás pensando ‘¿qué va a suceder’? o ‘no me muevo de aquí para que el proceso sea más rápido, para que nos hagan caso’”, refiere desde una nueva cocina que el grupo levantó con esfuerzo y donaciones.

La lista de quejas es larga: la policía tardó 45 minutos en llegar, el agresor sigue libre y el caso se clasificó como violencia intrafamiliar.

Chío, otra de las cocineras, se pregunta lo mismo que Oliva y Sánchez: “¿Qué se necesita en este sistema para que realmente puedan iniciar una investigación con dignidad hacia las mujeres?”.

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EFE. Cajeme, México. 18 de junio de 2021.- El Plan de Justicia al Pueblo Yaqui para restituir su territorio y recursos naturales avanza poco a poco en medio de asesinatos, la desaparición de activistas y con grandes intereses económicos en juego, mientras los terratenientes temen la expropiación de sus terrenos en Sonora, noroeste de México.

La lucha histórica mas encarnizada de la tribu yaqui por la tierra y el agua data de finales del siglo XIX que terminó con las deportaciones de los indígenas desde Sonora a la península de Yucatán (sureste).

El presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) trató de hacerles justicia para restituirles sus derechos, lo que generó múltiples conflictos que prosiguieron hasta el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), quien aprobó la expropiación de 2.688 hectáreas que fueron entregadas a la tribu.

Desde el pasado mes de marzo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó un proceso de medición y deslinde en diversos predios agrícolas del sur de Sonora, con el propósito de determinar cuáles son territorio indígena y de particulares.

Estas acciones ya han generado un conflicto entre el Gobierno, los yaquis y quienes se declaran propietarios de esos terrenos, en su mayoría agricultores y en menor parte ganaderos.

TEMOR A LAS EXPROPIACIONES

Los propietarios de ranchos y terrenos en las inmediaciones del territorio indígena temen que las mediciones sean la antesala de un proceso de expropiación como ocurrió en el sexenio de Zedillo y advierten que el plan de Justicia Yaqui sea una injusticia contra decenas de familias, ejidatarios y terratenientes.

Uno de las comunidades afectadas es La Matanza, un pequeño poblado, donde desde 1930 habitan unas 12 familias descendientes de Rosario Hernández Matus.

Los títulos de propiedad de las tierras están a su nombre y datan de hace 90 años gracias a dos decretos – uno por la tierra y otro por el agua- a favor de los Yaquis.

Juan Gutiérrez Limón, nieto de Rosario Hernández, afirma que el terreno de su familia tiene una extensión de 1.600 hectáreas que limitan con el territorio de la tribu Yaqui, donde se dedican a la ganadería, pesca y agricultura.

Gutiérrez Limón denuncia que los Yaqui reclaman toda la propiedad como suya por lo que teme perder todo su patrimonio.

Respecto al proceso de medición y deslinde, la Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) ha pedido a quienes consideren que sus derechos e intereses puedan verse afectados que presenten sus documentos en Hermosillo, capital de Sonora.

«El procedimiento no implica ningún proceso expropiatorio y todas las personas interesadas serán escuchadas. Este es un proceso de regularización de tierra que respetará toda propiedad social y privada, debidamente probada. Además, se revisarán los casos en cuya posesión de la tierra sea susceptible de ser regularizada», aseguró la SEDATU.

ASESINATOS Y DESAPARICIONES

Desde que comenzó el proceso de medición y deslinde se han sucedido varios crímenes contra indígenas yaquis que lideraban la lucha por la tierra y el agua.

El 1 de mayo fue asesinado a balazos Agustín Valdez, quien era el jefe de seguridad de la Guardia Tradicional y estaba a cargo del bloqueo a la Carretera Federal México 15 que lleva más de dos años afectando a turistas y transportistas.

La víctima era hijo de Guillermo Valdez Castillo, gobernador en Loma de Guamúchil, uno de los ocho pueblos de la tribu Yaqui.

El 27 de mayo, Tomás Rojo Valencia, líder y portavoz indígena del Movimiento Ciudadano en Defensa del Agua, desapareció sin dejar rastro, en Vícam, capital de la Nación Yaqui.

Además, el 8 de junio en pleno Centro de Ciudad Obregón fue acribillado a balazos el líder indígena Luis Urbano Domínguez Mendoza, quien al igual que el resto de las víctimas, tenía años de lucha política y social por la preservación de los recursos naturales de los Yaqui.

El Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui incluye también la construcción de una universidad indígena, la instalación de plantas potabilizadoras de agua en distintos pueblos y la dignificación de miles de hogares en el territorio.

Además de los intereses de los terratenientes, se acumulan temas por resolver como la infraestructura pública y privada que atraviesa 90 kilómetros del territorio Yaqui, las líneas de conducción eléctrica, el gasoducto (IEnova), el oleoducto de Pemex, la Carretera Federal México 15 (SCT), la fibra óptica (TELMEX) y las vías del tren (Ferromex).

La otra gran discordia se centra en la operación del Acueducto Independencia que sirve para abastecer a medio millón de habitantes de Hermosillo, capital de Sonora, con agua de la cuenca del Río Yaqui, que los indígenas han impugnado y las autoridades aún no han resuelto.

Cancelar esta obra significaría poner en riesgo el suministro de agua a miles de familias en medio de la sequía más extrema en la historia moderna.

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• Desafiliará su liga a clubes si compiten en otro torneo

• El Consejo de la Federación Italiana de Futbol aprobó una norma para enfrentar iniciativas como el torneo convocado por 12 equipos europeos

• Los agremiados se comprometen a no participar en justas organizadas por asociaciones privadas

• Tienen que ser reconocidas por la FIFA, la UEFA y la FIGC

• Real Madrid recibe al Chelsea en la Champions

Periodistas Unidos/Agencias. Ciudad de México. 27 de abril de 2021.- En otro capítulo del telenovelesco drama del balompié europeo, el Consejo de la Federación Italiana de Futbol (FIGC) aprobó el lunes la propuesta de su presidente, Gabriele Gravina, una norma para enfrentar iniciativas como la Superliga. Según la cual, los agremiados se comprometen a no participar en competencias organizadas por asociaciones privadas no reconocidas por la FIFA, la UEFA y la FIGC.

La disposición, que también prohíbe la participación sin autorización en partidos y torneos amistosos, prevé la pérdida de la afiliación a la federación italiana para quienes la violen, precisa el texto publicado en el sitio web de esa organización.

En conferencia de prensa ofrecida al término de la reunión del Consejo Federal, Gravina expresó que, hasta el momento, la FIGC desconoce quién permanece y quién salió de la Superliga y apuntó que la nueva reglamentación se refiere a las licencias nacionales.

“Es evidente que cuando concluyan las solicitudes de inscripción, el 21 de junio, cualquiera que desee participar en competencias de naturaleza privada no podrá tomar parte en nuestro campeonato”, puntualizó Gravina.

El director ejecutivo del Inter de Milán, Giuseppe Marotta, es uno de los miembros del consejo y su equipo –actual líder de la Serie A–, así como la Juventus y el Milán, fueron los clubes italianos que se embarcaron en el lanzamiento de la Superliga.

Dicho proyecto, concebido por varios de los clubes de la élite del futbol europeo, fue desbaratado en su cuna cuando los seis clubes ingleses fundadores se bajaron casi de inmediato ante el rechazo que generó entre los hinchas y las autoridades.

El Inter y el Atlético de Madrid renunciaron poco después.

Gravina, quien la semana pasada señaló que ninguno de los tres clubes italianos sería sancionado por participar en el fallido plan, reiteró su punto de vista de que la experiencia de la Superliga sirva como un llamado para realizar cambios.

La federación se ha abocado a otras reformas, las cuales serán presentadas en breve. Gravina mencionó que se contempla estrenar playoffs para el descenso y ascenso y reducir la cantidad de equipos en la Serie A.

“Quienes hayan interpretado la Superliga como un acto de debilidad por diversos clubes que pasan por mal momento económico o una insurrección en los estamentos del futbol se equivocan, es un asunto delicado que precisa de mayor análisis”, dijo Gravina.

En tanto, el Real Madrid, cuya directiva fue la principal impulsora de la Superliga, procura distanciarse del revuelo causado por el abortado proyecto en la víspera del choque de semifinales de la Liga de Campeones ante el Chelsea.

El técnico Zinedine Zidane minimizó las versiones que van desde que el club español no pueda competir en la próxima edición de la Champions hasta la posibilidad de que el arbitraje esté condicionado en su contra.

“Es absurdo decir que no vamos a estar el próximo año. Debemos estar pendientes del partido de mañana. El Real Madrid quiere ir a la Champions, el árbitro hará su trabajo y nosotros intentaremos jugar bien… Si pensamos que todo lo que se dice nos va a perjudicar, la fastidiamos”, dijo Zidane.

Chelsea también fue de los fundadores, pero renunció al proyecto, así como los otros cinco ingleses, espantados por un alud de críticas.

Su técnico, Thomas Tuchel, comentó que el cruce contra el Madrid no se verá perjudicado por las gestiones de los dueños.

Y sí, el futbol europeo no volverá a ser igual, después de la infausta rebelión de los dueños de la pelota.

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AP. Nueva York, Estados Unidos. 22 de abril de 2021.- Los expertos no lo saben todavía porque siguen estudiando a las personas vacunadas para determinar cuándo podría desaparecer la inmunidad. La eficacia de las vacunas contra las nuevas variantes también determinará la necesidad de inyecciones adicionales, y cuándo y cómo administrarlas.

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Foto: Cuartoscuro

Por Jesús Yáñez Orozco

• Jugadores que incumplan medidas serán separados 10 días del plantel

• Habrá multas de hasta 100 mil pesos

• México, a punto de rebasar los 150 mil decesos por coronavirus, uno de los más letales del mundo

• La Liga también determinará que sólo se reprogramarán partidos cuando un club tenga 10 o más jugadores infectados, según ESPN

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 24 de enero de 2021.- En medio de un brote de Covid-19 en el club Monterrey y un fallecimiento cercano a la selección nacional –tras 30 años de servicios–, los 18 clubes acordaron imponer sanciones económicas cuando un integrante de un equipo rompa la disciplina, anunció Mikel Arriola, presidente de la Liga Mx, al diario La Jornada. También murió, en días pasados, un técnico del torneo femenil.

Explicó que, aunque la mayoría de los jugadores han sido responsables, “no podemos estar en un plan ordinario, ahorita debemos buscar una sanción ejemplar.”

Así, se informó que “si un integrante de clubes es sorprendido violando el protocolo sanitario de las ligas Mx, Expansión y Femenil en actos no autorizados por los equipos, deberá ser separado del plantel por 10 días y se reincorporará presentando una prueba PCR negativa.”

Adicionalmente, y de conformidad con los reglamentos generales, el caso será turnado a la Comisión Disciplinaria para su análisis pudiendo alcanzar sanción económica de 100 mil pesos.

De acuerdo con estimaciones de Duilio Davino, presidente deportivo del club Monterrey, entre 40 y 45 por ciento de los jugadores de la liga –480—han dado positivo a covid 19. Y México, a punto de cruzar el umbral e los 150 mil decesos por este flagelo mundial, es considerado uno de los cuatro más letales del mundo.

Esta nueva reglamentación emitida por la Liga Mx entró en vigor a partir ayer. Por lo que en los casos de indisciplina anteriores a esta fecha fueron los propios clubes los que aplicaron sanciones de acuerdo a sus códigos internos.

Con esta decisión, la Liga y los clubes buscan reforzar las medidas de prevención a partir de la responsabilidad y el respeto a las reglas establecidas en materia de salud en el contexto de la pandemia mundial.

La Liga también determinará que sólo se reprogramarán partidos cuando un club tenga 10 o más jugadores infectados, de acuerdo con el portal ESPN.

Lo anterior se decidió luego de que se filtraron videos donde aparecen en fiestas y reuniones jugadores como Alan Mozo, Pumas, y Jonathan Cabecita Rodríguez, Cruz Azul.

En días trascendió el deceso de Martín Pérez Padrón, director técnico del equipo femenil del club Santos.

Incluso, la directiva de Pumas tuvo que castigar de nueva cuenta a Mozo por lo que no disputará el duelo del domingo contra Querétaro, correspondiente a la jornada tres del torneo Guardianes 2021. Apenas en agosto, el jugador fue sancionado por haber asistido a una fiesta en plena pandemia.

La directiva de Pumas determinó que Alan Mozo no viajará a Querétaro, además de que estará suspendido, en primera instancia, hasta cumplir el aislamiento protocolario y presentar una prueba PCR con resultado negativo, informó el club.

“En Pumas estamos comprometidos con la disciplina y el respeto a las indicaciones sanitarias internas, pero también con las establecidas por la Liga Mx”, agregó.

El caso de Mozo se suma al del atacante de Cruz Azul Jonathan Rodríguez, de quien también se reveló hace unos días un video donde aparece en una fiesta con el uniforme del equipo celeste.

Ambos casos agravaron la polémica que vive la Liga Mx después de que Monterrey detectó en la semana 19 contagiados de coronavirus entre jugadores, cuerpo técnico y staff, mientras el América encontró seis positivos tras enfrentar al conjunto regiomontano.

La directiva de Rayados anunció ayer que registró otros dos casos de coronavirus después de realizar una segunda ronda de pruebas PCR entre sus integrantes. Detalló que en esta ocasión no hay infectados entre los jugadores y los positivos corresponden al staff.

Aseguró que las personas contagiadas están aisladas y bajo observación médica al tiempo que llamó a la comunidad a seguir las indicaciones de las autoridades de salud ante esta emergencia sanitaria.

El América realizó este sábado una segunda ronda de pruebas para detectar más contagios tras haberse visto afectado en esta semana y se espera que hoy tengan los resultados.

En tanto, el utilero Gonzalo Saldaña, quien acompañó a la selección mexicana por más de 30 años, falleció a causa de coronavirus. Jugadores como Guillermo Ochoa y ex entrenadores del tricolor como Miguel Herrera y Juan Carlos Osorio mandaron mensajes de condolencias en redes sociales.

Saldaña llegó a la selección mexicana en 1991 y ayudó al equipo en los procesos mundialistas de Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

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Foto: AP

Por Jesús Yáñez Orozco

• Tomará Cooperativa decisiones “radicales y urgentes” 
• Medidas tras la vergonzante eliminación en la semifinal del futbol mexicano ante Pumas
• El equipo celeste llegó a 23 años sin ganar título de liga
• Critica «actitud derrotista» del plantel, Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Vigilancia de la Cementera
• Difunde lacónico video en redes sociales del club donde censura la falta de “hombría” deportiva
• “La peor derrota en la historia del equipo”, reconoce
• El técnico Robert Dante Siboldi, primera baja del club
• «Fue un honor y un privilegio defender los colores de esta Institución», afirma

Periodistas Unidos. Ciudad de México, 12 de diciembre.- Todo se trastocó cuando la nueva dirigencia de la Cooperativa Cruz Azul, y su afición, acariciaban romper con el maleficio de 23 años de su club de futbol sin obtener un título, luego de la escandalosa eliminación, ante Pumas, en semifinales de la Liga MX.

Se cumplió aquél infausto refrán: del plato a la boca se cae la sopa. El equipo celeste sigue sin salir de su infierno teñido de azul. Por eso, advirtió que tomará medidas drásticas que sirvan de revulsivo para revertir ese maleficio del balón.

Incluyen revisión de contratos, tanto de jugadores como del cuerpo técnico. Hace unas horas, Robert Dante Silbodi, en una actitud aparentemente digna, anunció su renuncia como estratega del equipo.

Además, Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Vigilancia de la cementera, en un video lacónico difundido ayer en las redes sociales del club, hizo un severo diagnóstico del equipo.

De entrada, condenó la mentalidad derrotista con la que el equipo enfrentó el pasado domingo el duelo de vuelta de dicha serie, en el que perdió 4-0.

“La peor derrota en la historia del equipo nos obliga tomar decisiones radicales y urgentes que incidan en la mentalidad del club y nunca más se encare un partido con el planteamiento táctico de la mediocridad que trata de evitar la derrota», afirmó el referencia a Siboldi.

“Cruz Azul, como institución, representa solidez y fuerza, por lo que resulta imperativo que sus valores sociales y de lucha contra la adversidad se reflejen en la cancha a partir de la unidad de sus integrantes, su ambición, su vergüenza deportiva y su compromiso con la afición”, dijo con severidad.

“El domingo pasado vimos una mentalidad derrotista, timorata, carente de hambre y hombría deportiva. En consecuencia, es deber de esta nueva directiva dar la cara a los grandes aficionados del equipo, quienes entregaron partido a partido todo su coraje y pundonor sin encontrar eco dentro de la cancha», criticó.

Y puntualizó:

«Es respecto a ellos y comprometidos con eliminar de nuestra institución los vicios de la simulación y la mentira, el equipo y su salud financiera deberán ponerse por encima de los oscuros intereses de comercialización.»

Dichas acciones, explicó, se realizarán después de disputar la Liga de Campeones de la Concacaf, que otorga el boleto al Mundial de Clubes, donde se enfrentará en partido único a Los Ángeles FC, en cuartos de final.

“La seriedad a la que nos convoca representar al futbol mexicano en la Concachampions, que inicia la próxima semana, y ante las bajas por Covid, nos vemos obligados a encarar este capítulo con lo que disponemos. Ello significa que, al final de este torneo, nos detendremos en una revisión exhaustiva de contratos y el rendimiento de los jugadores con objeto de renovar a fondo los cimientos deportivos de la organización”, puntualizó Velázquez.

Se privilegiará, agregó, “el sentido de pertenencia y el amor a la camiseta. Jugadores, cuerpo técnico y directivos deberán ser ejemplo de los valores de la institución y reflejar con su conducta, dentro y fuera de la cancha, el compromiso, el hambre de triunfo y la mentalidad ganadora de nuestra afición.”

Finalmente, adelantó que se ampliará el trabajo en las fuerzas básicas “para garantizar que la mayoría de nuestros jugadores lleven en la sangre el orgullo azul, y apuntó que los futbolistas extranjeros tendrán abiertas las puertas del club, siempre y cuando compartan los valores de la institución.”

Adiós de Siboldi

Por su parte, Dante Siboldi anunció su renuncia como director técnico de Cruz Azul después de la patética eliminación que el equipo sufrió en la semifinal ante Pumas. A través de un video en redes sociales, el uruguayo anunció su decisión.

“Quiero agradecer a los jugadores, Jaime –Ordiales, presidente interino del club–  y al staff por el apoyo brindado en nuestra estadía en el club. Les deseo mucho éxito en el torneo de Concacaf, ojalá salgan campeones y logren representar a México en el Mundial de Clubes”, argumentó.

Siboldi fue nombrado director técnico el club en el Apertura 2019 y dirigió a la Máquina en 37 partidos de Liga MX con un saldo de 19 ganados, siete empates y 11 derrotas.

De la misma forma, enfatizó que no le gustaron las críticas a la falta de profesionalismo de sus pupilos o él, pues siempre se planteó el objetivo de ser campeón en la Liga MX.

“Mis jugadores son profesionales y no mediocres. Dieron todo para ganar. No puedo permitir que se cuestione la honorabilidad y valores míos, de mi cuerpo técnico y de mis jugadores. Tenía una gran ilusión de salir campeón este torneo”, explicó.

Además, aclaró, ante Pumas no salió a defenderse y puntualizó que en el futbol nada hay escrito pese a sostener una ventaja de cuatro goles.

“En la semifinal nos enfrentamos a un gran rival. En el partido de ida los superamos y en el partido de vuelta fuimos superados. Quien sabe de futbol sabe que en 180 minutos todo puede pasar. Quiero dejar bien en claro que el planteamiento en ambos partidos fue para ganar y no cuidar resultados”, aclaró.

Finalmente, pidió que no se le puede criticar un año atípico al club por lo que sucedió en el último juego, ya que fueron de los equipos más regulares en el año pese a las situaciones que vivieron.

“En el último partido no se puede demeritar lo hecho en todo el año a pesar de todas las vicisitudes que se tuvieron en el seno del club.»

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Foto: Sáshenka Gutiérrez / EFE

Por Martí Quintana

EFE. Ciudad de México. 20 de noviembre de 2019.- Acostumbradas a sobrevivir día a día, las trabajadoras sexuales trans de Ciudad de México exigen su reconocimiento para acabar con la violencia que les rodea y evitar así ser parte de una cifra escalofriante: su esperanza de vida promedio es de 35 años.

«¡Es un hombre!», gritan burlones un grupo de chicos desde un vehículo en marcha, mientras pasan por Puente de Alvarado, una importante avenida del centro de la ciudad.

En la misma esquina donde asesinaron a Paola en septiembre de 2016, una muerte que conmocionó a ese colectivo, la activista Kenya Cuevas habla con firmeza en una entrevista con Efe con motivo del Día Internacional de la Memoria Trans, que se celebra este miércoles y que recuerda a las personas asesinadas.

«Desde el momento que haces la transición te enfrentas a una violencia extrema y discriminación, (…) Y el trabajo sexual es la consecuencia de esto. Llegan a este espacio y son mujeres visibles y expuestas», explica Cuevas.

Kenya puntualiza que a los peligros de la calle se suma la criminalización de las autoridades y la desatención institucional.

EXCLUSIÓN, VIOLENCIA, DROGAS

Cuevas es la prueba viviente de todo ello.

Activista y directora de la ONG Casa de las Muñecas Tiresias, fundada en 2018 tras la muerte de Paola, ayuda al colectivo LGBT, especialmente al trans.

Kenya Cuevas fue prostituta, es portadora del VIH y estuvo diez años en prisión.

Su historia de supervivencia y autoaceptación es similar a la de muchas que hoy hacen la calle en Puente de Alvarado y sus alrededores, en las colonias (barrios) de la Tabacalera y de Buenavista.

Nacida en 1973 en una familia desestructurada y agresiva, Cuevas escapó de su casa y de una identidad errónea, a punto de cumplir 9 años.

Aquel día se sentó durante horas cerca de un campamento para niños indigentes en el Parque de la Alameda donde también se ejercía la prostitución.

Un hombre la recogió, la llevó para tomar sus escasas pertenencias y la dejó en un hotel que resultó ser de trabajadoras sexuales trans.

«Oiga, yo quiero ser como ustedes», dijo Kenya a dos de ellas, Viridiana y Chavela, que la llevaron a comprar ropa, maquillaje y una peluca. «Por primera vez supe que era esa mujer que veía en el espejo, fue un momento muy mágico», rememora.

Pero la magia chocó de bruces con la realidad. «Ya te acabaste el dinero, a trabajar», le dijeron.

«En menos de 24 horas ya había hecho mi transición y estaba parada en un punto de trabajo sexual de la Ciudad de México», subraya.

Los años que siguieron fueron desgarradores. Vivió en la calle, cayó en las drogas y terminó hospitalizada en un centro psiquiátrico, donde la diagnosticaron además con el VIH en plena década de los 80.

«Quería salir del hospital para seguirme drogándome. Venía carente de amor». Pasó hasta los 28 años en la calle, intercambiando relaciones sexuales por drogas, y realizando otros trabajos callejeros.

Un día, comprando drogas en la hoy turística Plaza Garibaldi, se vio envuelta en una redada y, acusada por la traficante, terminó presa por venta de drogas.

Estuvo presa 10 años, 8 meses y 7 días. Esta fue su condena. Un difícil periodo en la cárcel donde, destinada al dormitorio para enfermos con VIH, vio morir a puñados de personas.

Salió a los 38 años de madrugada. Sola y sin rumbo. Regresó a las calles de siempre, y empezó a prostituirse de nuevo. Enterró a muchas amigas en medio de la impotencia.

Con el brutal asesinato de Paola, Kenya decidió no seguir callada.

El caso recibió gran atención mediática cuando un grupo de trans lideradas por ella dejó el féretro de Paola en medio de una de las calles principales de la Ciudad de México.

Así nació Kenya la activista, que hoy trabaja para autoridades educativas de la Ciudad de México. Muy a su pesar, lleva escolta y un botón de pánico (un sistema de emergencia) por las amenazas que recibe por su labor.

«ME DA MÁS MIEDO QUEDARME SIN COMER»

Entre moteles, taxistas y alguna que otra patrulla, Brooklyn espera esta noche a sus primeros clientes.

En una noche gana desde «nada» hasta 500 pesos (unos 25 dólares) en promedio, según cuenta a Efe.

Siempre con miedo, a menudo con la muerte pisándole los tacones.

«Son muchas experiencias fuertes desde intentos de violación o intentos de asesinato a robos», afirma este mujer de 30 años de imponentes curvas, que lleva 14 años de trabajadora sexual.

Brooklyn piensa dedicarse a la prostitución hasta que «el cuerpo aguante». Posteriormente, le gustaría ser estilista.

Hoy en día se ve empujada por la «necesidad», aunque también valora, como otras trabajadores sexuales entrevistadas, la independencia y la facilidad del dinero.

«En un empleo formal no puedo ganar lo que gano aquí», asegura en un país donde el salario mínimo diario es de 102,68 pesos (unos 5,2 dólares).

Ha perdido amigas, sufrido la violencia en carnes propias, pero huir de la pobreza se antepone a todo lo demás: «Me da más miedo quedarme sin comer», concluye Brooklyn.

A su lado, dominando con destreza unos taconazos con los colores del arcoíris, Italia también empieza su jornada.

Trabajan en la misma calle y se cuidan en la medida que pueden con algunos códigos como no alejarse mucho de la zona o no ir a domicilios.

«Fui atacada por unos chicos que viven en una vecindad cercana. Me picaron aquí, cerca del cuello», dice enseñando un cicatriz debajo de la barbilla, a unos centímetros de la yugular.

Italia tiene una historia peculiar. Es de San Blas Atempa, en el Istmo de Tehuantepec del estado de Oaxaca, y se identifica como muxe, el llamado tercer género de la cultura zapoteca, personas nacidas como varones que adquieren un aspecto de mujer y asumen roles tanto femeninos como masculinos.

Por su cultura, la transición de hombre a mujer no fue un problema, pero sí la pobreza y la desgracia tras perder la vivienda familiar en los sismos de 2017.

«Estoy dándole más duro para ayudar a mis papás», cuenta la joven de 26 años, que cada fin de semana intenta mandar dinero y fantasea con ser costurera de trajes regionales.

Oriunda de Ciudad del Carmen, en el suroriental estado de Campeche, Erika tiene 39 años y no hizo su transición hasta pasados los 30.

En Campeche era administrador de hoteles. Un hombre de éxito que vivía una gran mentira. Pero se mudó hace unos años a la Ciudad de México para vivir su identidad real, e incluso ganó algún concurso de belleza trans.

El trabajo sexual aporta «dinero» e independencia pero también la expone a peligrosas situaciones como asaltos a punta de pistola o robos. «No llevo nada. Porque si traes un arma y la utilizas para defenderte, resulta que tú eres el agresor», lamenta.

A GOLPE DE BISTURÍ

Brooklyn e Italia tienen la nariz bien perfilada y una tira adhesiva pegada en el tabique.

«Me gustaría estar en el pueblo con mi familia y ya toda operada. Cumplir ya todos mis propósitos e irme para allá. Este es mi sueño», dice Italia.

Los retoques estéticos están al orden del día en el colectivo. Y esto, si bien acerca a muchas a su ideal de belleza, también es un camino lleno de peligros.

«Hay veces que caes en manos de no sabes quién. Corremos todo tipo de riesgos», resume Brooklyn.

Para Kenya Cuevas, el sueño de feminizarse tiene una cruda lectura social.

«La obsesión de parecer más mujeres es un reclamo de la sociedad. Cuanto más mujer parezcas, menos te violentan. Entonces acuden a las ‘modelantes’, a las inyecciones de aceite. Y esto ha provocado muchas muertes a temprana edad», denuncia la activista.

35 AÑOS, UNA MUERTE PREMATURA

La esperanza de vida en América Latina y el Caribe es de 75,2 años, según la Cepal. No obstante, para las mujeres trans se reduce a tan solo 35 años.

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2018 estima que la «violencia, pobreza y exclusión» expone especialmente a las personas trans debido a la «desigualdad de género», mientras que otras relaciones de poder «reducen de manera alarmante la esperanza de vida promedio de mujeres trans a 35 años».

Esta corta esperanza de vida queda patente en un Registro de Violencia divulgado en 2015 que reflejó que el 80 % de las mujeres trans asesinadas tenían 35 años de edad o menos.

«Es todo un ciclo fatal. Son expulsadas de las familias. Padecen maltratos y sufren violencia sexual. A muchas no les queda otra salida que ser trabajadoras sexuales. No tienen acceso a educación ni salud», explica a Efe el director de la organización Letra S, Alejandro Brito.

Esta ONG elabora cada año un recuento de los crímenes de odio contra el colectivo LGBT en México.

Aunque el dato es todavía preliminar, en el primer semestre de 2019 suman 28 mujeres trans asesinadas. «De seguir esta tendencia, tendríamos al final del año más casos que los anteriores», apunta.

Uno de los más recientes, la muerte de Itzayana, exhibe la «impunidad» existente.

Apareció muerta y con golpes el 22 de septiembre en su casa y las autoridades consideraron que fue un suicidio pese a que hay testigos de una fuerte pelea, con amenazas de muerte, de su pareja sentimental, que estaba presuntamente en el lugar de los hechos.

Aunque la transfobia permanece en México, en grandes ciudades, y especialmente en la Ciudad de México, se han dado pasos para un mayor reconocimiento del colectivo.

Por ejemplo, en los últimos años se ha facilitado el trámite para cambiar de nombre en el Registro Civil y son habituales las campañas de concienciación.

La muerte de Paola, y la potente acción de sus compañeras bloqueando una calle con su cadáver, no fue en vano.

«Logramos la mirada de muchas personas, academias empresas, gobiernos. (…) En parte gracias a Paola se lograron abrir centros de diversidad en todas las alcaldías» de la capital, celebra Kenya.

Pero el sabor es agridulce, porque Cuevas, que en su casa en Valle de Chalco, en la violenta periferia capitalina, tiene un albergue donde acoge a mujeres trans en situación de vulnerabilidad, reconoce que queda demasiado por hacer.

Por ejemplo, capacitar a las fuerzas de seguridad.

A menudo «son muy groseros y discriminatorios, violentan a las chicas y las arrestan sin ningún motivo. Entonces, sigue este estigma. Para combatir la discriminación y la violación de derechos a estos colectivos la clave es la educación».

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