Periodistas Unidos. San Pedro Huamelula, México. 18 de julio de 2025.- La comunidad indígena chontal de El Coyul, Agencia Municipal de San Pedro Huamelula, ha emitido un urgente llamado a la opinión pública, organizaciones de derechos humanos, colectivos solidarios y medios independientes para visibilizar la grave situación de criminalización, despojo territorial e indefensión jurídica que enfrenta. Integrada por 221 familias organizadas desde 1972 en la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul, la comunidad denuncia un intento sistemático de despojarles de 1,452 hectáreas de su territorio ancestral, que incluye playa, manglares, selva y zonas de alto valor ecológico y cultural, como el santuario de tortugas Morro Ayuta.

El conflicto, que lleva décadas, se ha intensificado en los últimos años con la presión de proyectos inmobiliarios, como el Proyecto Residencial Punta Faro, impulsado por particulares en presunta colusión con notarios, jueces, ministerios públicos y autoridades estatales. Según la comunidad, los principales operadores de este despojo son Joel Ricardez López, quien se autoproclama dueño de las tierras; Alfredo Manuel Mena Alonso, representante de la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias Costa Istmo (UNECACI); y Rigoberto Cruz Cartas, presidente de una apócrifa Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul Oax S.C., que utiliza documentación ilegal para legitimarse.

El 8 de mayo de 2024, el juez Onasis Aureliano Díaz Morgan, del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario Dos del Istmo, emitió una sentencia desproporcionada contra 21 defensores del territorio, condenándolos a 15 años de prisión, al pago de 55 millones de pesos por supuesta reparación del daño y a multas individuales de 90 mil pesos, bajo cargos fabricados de despojo agravado y secuestro. La comunidad denuncia que las pruebas de su legítima posesión comunal fueron ignoradas, y las irregularidades procesales, como la omisión de pruebas de descargo, no fueron corregidas.

A esta situación se suma un reciente agravio jurídico: el 9 de abril de 2025, durante una audiencia en Tehuantepec, el tribunal excluyó a los abogados históricos de la comunidad, argumentando su supuesta falta de conocimiento sobre la cultura e idioma chontal, una decisión calificada como discriminatoria y arbitraria. Aunque se presentó un recurso legal el 11 de abril, el tribunal ratificó la exclusión, y un amparo interpuesto fue declarado improcedente, dejando a la comunidad en un estado de indefensión jurídica. Actualmente, El Coyul busca incorporar un nuevo abogado y ha presentado una queja formal para exigir tiempo suficiente para reorganizar su defensa y reintroducir pruebas desechadas injustamente.

La comunidad ha responsabilizado directamente a Joel Ricardez López, Alfredo Manuel Mena Alonso y Rigoberto Cruz Cartas por el clima de violencia, amenazas y hostigamiento. Además, señalan a funcionarios como Angelino López Cortés, subsecretario de Desarrollo Democrático, por su presunta complicidad en el despojo, prometiéndole 50 hectáreas de terreno. Este caso no es aislado, sino parte de un patrón de criminalización contra comunidades indígenas en Oaxaca que resisten proyectos extractivos y de desarrollo, como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Exigen Justicia y Respeto a sus Derechos

La comunidad de El Coyul, respaldada por organizaciones como la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), demanda la anulación inmediata de la sentencia contra los 21 defensores, el cese de la criminalización, y la restitución de su derecho a una defensa legal digna y culturalmente pertinente. Asimismo, el 21 de mayo de 2024, interpusieron una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, exigiendo el reconocimiento de sus derechos colectivos como pueblo indígena.

“El proceso judicial que enfrentamos es reflejo de una política estructural que utiliza la ley como arma de represión contra los pueblos que defienden su tierra y autonomía”, afirmó la comunidad en un comunicado. “¡Nada está resuelto! ¡No hay primavera oaxaqueña, ni Guelaguetza, sin justicia, paz y libertad para los pueblos!”.

El caso de El Coyul se suma a una ola de agresiones contra defensores indígenas en Oaxaca. Según un reporte de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), entre 2018 y 2025, 58 de los 225 defensores asesinados en México eran de Oaxaca, y la región del Istmo de Tehuantepec registra al menos 72 ataques contra comunidades entre 2021 y 2024. La comunidad de El Coyul llama a la solidaridad nacional e internacional para frenar estas violaciones a sus derechos humanos y territoriales.

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