Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 19 de septiembre de 2025.- Se supone que nadie en el gobierno debe ganar más que quien ocupe la Presidencia de la República. Sin embargo, el hecho es que mientras la presidenta Claudia Sheinbaum oficialmente gana 134 mil 290 pesos mensuales, los secretarios de Estado se embolsan 168 mil 860 pesos al mes. Más curioso es que los subsecretarios tengan también percepciones que superan los de la jefa del Ejecutivo y casi igualan las de los secretarios, pues se llevan 167 mil 353 pesos cada 30 días.

El asunto se torna más incomprensible si revisamos lo que ganan los jefes de unidad, que perciben 162 mil pesos mensuales, en tanto que los directores generales nos cuestan 144 mil 359. En la fiesta de la opulencia participan con justificada alegría la presidenta del INE, que levanta 228 mil al mes, y quien ocupa la Secretaría Ejecutiva de ese Instituto, quien se lleva a su morral la nada despreciable suma de 215 mil 414 pesos.

Al fiscal general de la República se le asigna un ingreso mensual de 170 mil 642 pesos, al auditor superior de la Federación le entregan 169 mil 796 pesos, a la presidenta del Inegi le caen en su bolso 162 mil 529 y la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, perfecto ejemplo de incompetencia, recibe 144 mil 250 pesos cada 30 días.

La feria de los sueldazos alcanza igualmente al Poder Judicial, pues los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial se embolsarán 204 mil 970 pesos por piocha cada dos quincenas, lo mismo que los integrantes del Órgano de Administración Judicial. Más modestos, a los magistrados del Tribunal Electoral Federal sólo tocarán 168 mil 514 pesos por toga y los pobrecitos ministros de la Suprema Corte, por lo visto menos importantes que otros funcionarios de la judicatura, ya nada más cobrarán 137 mil 582 pesos al mes y no aquellos 640 mil con que se despachaban en los buenos tiempos.

La ministra Lenia Batres es una excepción, pues para ajustarse a lo dispuesto en la Constitución, sólo se queda con 128 mil 992 pesos, porque devuelve el resto a la Tesorería de la Federación.

De modo que no pocos funcionarios del Poder Ejecutivo ganarán nominalmente más que la Presidenta y que los ministros de la Corte percibirán de sueldo casi 70 mil pesos menos que los magistrados electorales y que la burocracia del Órgano de Administración Judicial y que esa especie de policía interna que representa el Tribunal de Disciplina Judicial. Alguien deberá explicar a la ciudadanía esas incongruencias.

De acuerdo con una vieja publicación del diario El Economista (5/VII/23), “a decir de la SCJN, la remuneración del Primer Mandatario no se integra solamente por el sueldo bruto… sino que incluye también ‘todas las prestaciones en especie propias del cargo, entre otras, alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad y servicios de salud, entre otros”.

Lo anterior es cabalmente una estupidez, pues resulta absurdo suponer que quien desempeña la más alta responsabilidad de la República tiene que pagar de su bolsillo todos los bienes y servicios mencionados, para lo cual difícilmente le alcanzaría con su sueldo, y todavía peor sería privar al Ejecutivo de esas prestaciones, destinadas a propiciar un mejor cumplimiento de sus funciones, para lo cual se debe garantizar que disponga de buena salud, seguros de vida y fondo para su pensión.

En el caso de los legisladores, los ingresos nominales parecen acordes con la importancia del cargo (su desempeño, como es sabido, resulta algo muy distinto), pues un senador gana 131 mil 874 pesos al mes y un diputado percibe una dieta mensual bruta de 72,612.30 pesos. Pero en todos los casos, los legisladores tienen ingresos suplementarios por presidir comisiones, lo que les da derecho a disponer de automóvil y chofer por cuenta de la ciudadanía y cualquier integrante de la Legislatura que realice un viaje oficial o que se le parezca tiene cubierto el costo del boleto de avión, hospedaje, comidas y transportes en el lugar de destino, como se difundió ampliamente en semanas recientes.

Los ingresos, ciertamente elevados si se comparan con el salario mínimo, no son el problema. Lo que debemos exigir los ciudadanos es una eficiencia que corresponda a la importancia del cargo público. Ése es el punto.

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