Periodistas Unidos. Ciudad de México. 03 de noviembre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó este martes 3 de noviembre de electorera la decisión de las autoridades de Texas de reclamar como territorio estatal nueve islas ubicadas en el río Bravo, en la frontera bilateral. Durante su conferencia matutina, la mandataria rechazó que un gobierno local estadounidense tenga facultades jurídicas para modificar unilateralmente la demarcación limítrofe entre ambos países.

«Ellos están en elecciones y pretenden declarativamente decir que estas islas son parte ya de Texas. Pero no», aseveró la titular del Ejecutivo federal al ser cuestionada sobre el trasfondo político de la medida, en el marco de las votaciones legislativas de medio mandato celebradas este martes en los Estados Unidos.

Sheinbaum recordó que cualquier modificación o interpretación sobre la soberanía de los terrenos formados por los cambios naturales en el cauce del río Bravo compete exclusivamente a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), organismo binacional encargado de vigilar el cumplimiento de los tratados fronterizos. «Primero, no decide el Gobierno de Texas. Todo eso se decide a través de una comisión», puntualizó.

La controversia se originó luego de que la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, anunciara la semana pasada que nueve islas fluviales que suman una superficie aproximada de 27 hectáreas habían sido catalogadas como propiedad estatal con el argumento de facilitar operaciones de vigilancia y seguridad fronteriza.

En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado el pasado viernes para rechazar la medida, recordando que el Tratado de Límites de 1970 establece que la línea divisoria internacional sigue el centro del canal principal del río. La cancillería mexicana ratificó que mantendrá la vigilancia diplomática y técnica ante cualquier acción que vulnere los acuerdos vigentes.

El diferendo fronterizo ocurre en un escenario de tensiones migratorias y de seguridad intensificado desde el inicio de la administración de Donald Trump en enero de 2025, sumándose a los temas de discusión bilateral previos a la revisión integral del T-MEC.

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