Periodistas Unidos. Ciudad de México. 28 de enero de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este miércoles los avances en las conversaciones bilaterales con Estados Unidos para que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada para julio de 2026, se realice “lo más rápido posible” y con resultados favorables para la región norteamericana.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum informó que se han sostenido reuniones técnicas de alto nivel con funcionarios del gobierno de Donald Trump y que ambas partes coinciden en la necesidad de agilizar el proceso. “Hemos avanzado mucho. Estados Unidos reconoce que el T-MEC ha sido benéfico para los tres países y que México es un socio estratégico indispensable. Queremos que la revisión sea lo más rápida posible y que se mantenga el espíritu de integración económica que ha generado millones de empleos”, afirmó la mandataria.

La presidenta detalló que México ya resolvió la mayoría de los 54 puntos señalados por Washington como barreras comerciales, principalmente en temas de energía, telecomunicaciones, reglas de origen automotriz y compras gubernamentales. “Prácticamente hemos cerrado esos temas. Ahora estamos en la fase de consolidar acuerdos y preparar la revisión formal del tratado, que podría extenderse por 16 años adicionales o más”, explicó.

Sheinbaum enfatizó que la fortaleza del peso mexicano (cotizando por debajo de los 18 pesos por dólar), el récord en empleo formal y el crecimiento sostenido de exportaciones son pruebas del éxito del T-MEC. “No hay riesgo de ruptura; hay voluntad de ambos lados para fortalecer el acuerdo y adaptarlo a los nuevos retos, como la transición energética y la nearshoring”, agregó.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que se trabaja en una “hoja de ruta” conjunta para concluir la revisión antes de finales de 2026, evitando incertidumbre en cadenas de suministro y atrayendo más inversión extranjera.

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Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de agosto de 2025.- El 21 de agosto de 2025, la presidenta del país celebró el récord de que en el segundo trimestre de 2025 la inversión extranjera directa (IED) sumó 34,265 millones de dólares, el doble de lo reportado en 2017. Señaló que “ni los aranceles pudieron con la economía mexicana” y que “el modelo de la 4T no solamente disminuye la pobreza, sino que también genera inversión”. El gobierno anunció que se han establecido incentivos fiscales a la IED de 100% de deducción de activos fijos, un 25% en gastos de capacitación y educación y 25% en innovación y desarrollo tecnológico.

La secretaría de Economía informó que el 36% de dicha inversión se encuentra en la manufactura. Ello se ha traducido en mayor extranjerización de dicho sector. Las empresas extranjeras triangulan. Importan insumos de China y Asia, aprovechan la baratura de mano de obra en México y la ventaja de localización de ser vecinos del principal mercado del mundo, todo lo cual les aumenta su ventaja competitiva y sus ganancias y no ha beneficiado al país. El 26.7% de la IED se ubica en el sector financiero, como resultado de que alrededor del 80% del sector bancario está controlado por la banca extranjera, la cual gana lo que quiere y obtiene ganancias mayores que las que consiguen en su país de origen y en otros países. Además, es una banca disfuncional al crecimiento económico, debido a las altas tasas de interés y comisiones que cobra, que terminan descapitalizando a los deudores, lo que acentúa la desigualdad del ingreso y de la riqueza. El resto de la IED se ubica en la industria de la construcción y en la minería, donde obtienen altas ganancias que les permite incrementar su inversión y presencia en la economía nacional, con la mayor extranjerización de la economía. Ello es consecuencia de que el gobierno no tiene política económica a favor de la inversión privada nacional y del sector público y del crecimiento económico, por lo que hemos caído en una dependencia creciente de la IED y de ahí que la presidenta del país celebra la mayor IED en el país.

En vez de que el gobierno anuncie aumento de la inversión y del gasto público e incentivos fiscales a la inversión privada nacional para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo para reducir nuestra dependencia de la inversión extranjera, se opta por continuar impulsando dicha inversión y la extranjerización de la economía. No condicionan su entrada al país a que impulsen el valor agregado nacional de lo que producen y exportan, y a que se asocien con empresas nacionales y que les transfieran tecnología para evitar que éstas sean desplazadas por importaciones y por las empresas transnacionales. En vez de ello, el gobierno le otorga a la IED mejores incentivos fiscales para que aumenten sus ganancias, sin que ello se traduzca en mayor crecimiento de la economía nacional, ni mayor empleo formal y bienestar para la población.

La secretaría de Economía informó que, del total de los 34,265 millones de dólares, 3,149 millones de dólares fueron nuevas inversiones, que representaron el 9.2% del total de la IED y que el 84.4% del total fue reinversión de utilidades y el 6.4% cuenta entre empresas, es decir, deudas que se pagaron a empresas transnacionales. Ello refleja las altas ganancias que obtienen dichas empresas en el país, lo que les permite incrementar su presencia en la economía nacional, a costa de reducir la participación del sector privado nacional y del gobierno. Así observamos la creciente extranjerización de la industria manufacturera, del sector bancario y financiero, como de la minería, de la construcción y de las grandes tiendas comerciales y de servicios. De ahí sus altas ganancias, que les permite invertir donde el sector público y privado nacional dejan de hacerlo, lo cual aumenta su poder económico y político, que se traduce en mayor injerencia en la política económica para que responda a sus intereses, lo que lleva al gobierno a relegar las demandas de los connacionales, lo que ha aumentado la desigualdad del ingreso y la pobreza en el país, por lo que es falso lo que la presidenta dijo, que “el modelo de la 4 T reduce la pobreza y genera inversión”. En el primer semestre de 2025, Hacienda reportó que la inversión pública cayó en 30%, además de recortar el gasto en educación y en salud.

Para reducir la pobreza se requiere de la generación de empleo formal bien remunerado y ello no acontece en el país. Si bien es importante el aumento al salario mínimo, lo cual beneficia a los que ganan un salario mínimo, pero dicho aumento no se aplica al resto de los trabajadores, por lo que siguen los bajos salarios y además el 55% de la población ocupada se encuentra en la informalidad en México, que no tienen asegurado un salario, ni cuentan con prestaciones laborales, ni son sujetos a jubilaciones y a vacaciones. Y la política social instrumentada por el gobierno, si bien beneficia a aquella población que no recibía ingreso alguno, se realiza a costa de disminuir la inversión pública y los gastos en educación y salud, indispensables para el crecimiento presente y futuro y el bienestar de la población, por lo que los gastos sociales no contrarrestan los problemas derivados de las políticas neoliberales predominantes.

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Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 19 de agosto de 2025.- El INEGI reportó el 13 de agosto de 2025 que 51.9 millones de la población en 2018 estaba en situación de pobreza multidimensional y en 2024 pasaron a ser 38.5 millones, por lo que la pobreza disminuyó en 13.4 millones. La pobreza extrema pasó de 8.7 millones en 2018 a 3.8 millones de personas en 2024.

La población en situación de pobreza multidimensional es definida como “aquella cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y no tiene garantizado el acceso a alguno de los derechos sociales de educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación”. Y en pobreza extrema “se considera a quienes presentan tres carencias o más y tienen un ingreso inferior a las líneas de pobreza extrema por ingresos, según ámbito rural y urbano, equivalentes al valor monetario mensual de la canasta alimentaria, por persona”. Y en el mes de diciembre de 2024 dicho valor monetario fue de $2,363.7 pesos.

El 14 de agosto la presidenta de la República señaló que “el modelo funciona porque redujo la pobreza y la desigualdad, debido al aumento del salario mínimo, a los programas sociales y al acceso a los derechos”. Al respecto hay que decir que el modelo económico no funciona, debido al contexto de estancamiento económico que ha generado. La economía creció del 2018 a 2024 en 0.8% promedio anual y el PIB per cápita es negativo. Se ha depauperado la estructura salarial. En el primer trimestre de 2018 la población ocupada que recibía un salario mínimo era el 16.22% y en el primer trimestre de 2025 el 40% de la población ocupada pasó a ganar un salario mínimo. Disminuyó significativamente el número de trabajadores que ganan arriba de dos salarios mínimos, que pasaron de ser el 35.61% de la población ocupada en el 2018 a ser el 9.3% en el primer trimestre de 2025, y el resto de la población ocupada está en el rubro de que no reciben ingresos, y no especificados, como los que ganan entre uno y dos salarios mínimos cuyo cambio fue mínimo de 28.78% en el 2018 al 29.3% en el 2025 (datos de INEGI). Las empresas han procedido a despedir trabajadores de altos salarios y los recontratan con un salario mínimo, evidenciando que se ha depauperado la estructura salarial y se ha incrementado la desigualdad salarial, y si a ello sumamos las altas ganancias bancarias, se evidencia que no ha disminuido la desigualdad del ingreso en el país. Si en realidad hubiera disminuido ésta, no estaría contraído el consumo (en julio 2025 cayó en 0.4% respecto a igual mes del año anterior), hubiera crecido la demanda interna, el mercado interno y la actividad económica, lo que no aconteció.

En relación con el acceso a los derechos señalados por parte de la presidenta, efectivamente aumentaron los gastos de educación y salud en relación con el PIB en el sexenio de 2018 a 2024, sin embargo, ello no está aconteciendo en el 2025. Hacienda reportó que de enero a mayo de 2025 se manifiesta una reducción del gasto anual en salud de 10.8 % y el de educación de 8.0 % anual en relación con el mismo período de 2024.

La inversión pública se contrajo en el primer semestre de 2025 en 30% en relación con igual período de 2024 y al continuar dichos recortes presupuestales y la alta tasa de interés, seguirá la desaceleración económica, como la reducción del empleo formal, así como las presiones sobre las finanzas públicas y privadas, que los llevará a disminuir más el gasto e inversión para cubrir el pago de sus deudas. Al continuar cayendo el ingreso nacional proseguirá el deterioro del nivel de vida de la mayoría de la población, que no es contrarrestado por los programas sociales.

El gobierno no puede decir que su modelo funciona, pues no configura condiciones de crecimiento económico, ni impulsa el desarrollo industrial, ni la producción de granos básicos, ni la generación de empleo productivo formal bien remunerado, ni disminuye las presiones sobre el sector externo, ni los requerimientos de entrada de capitales, ni mejora los niveles de ingreso de los deudores para que puedan cubrir el pago de sus deudas sin tener que disminuir el gasto e inversión para ello. Ese modelo económico nos encamina a una recesión y a la vulnerabilidad bancaria ante el crecimiento de los problemas de insolvencia, y, además, a mayor descontento político-social al no satisfacerse las demandas sociales, de empleo y bienestar.

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