EFE. Ciudad de México. 11 de septiembre de 2024.-  La polémica reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial que planteó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), avanzó un paso clave este miércoles tras aprobarse en el Senado de la República, una vez superó el trámite en la Cámara de Diputados la pasada semana.

Estas son las claves del proyecto que genera controversias en la opinión pública mexicana, incertidumbre en los mercados e inquietud en socios clave como Estados Unidos.

1. Elección popular de jueces

La proposición plantea la elección por voto popular de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y, en general, de todos los jueces de distrito y magistrados de circuito del país.

En total, 1.688 cargos se someterían a votación, de los que 21 serían a nivel nacional y el resto quedarían divididos por estados.

En cuanto a las fechas previstas, en 2025 se elegirían ministros de la Suprema Corte y la mitad de los jueces y magistrados de distrito, y la otra mitad sería elegida en 2027.

2. Cambios en la Suprema Corte

La Suprema Corte es el máximo tribunal constitucional y máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial en México. La propuesta prevé una reducción en la cantidad de ministros (integrantes) de la SCJN, que pasarían a ser nueve en lugar de los 11 actuales y cuyo cargo mantendrían por 12 años, tres menos que en la actualidad.

También eliminaría las dos salas que funcionan en el presente y la Corte solo sesionaría en pleno.

Para optar al puesto sería necesario ser mayor de 35 años, tener una década de antigüedad como abogado y no haber ocupado cargos el año previo a su elección.

No habría posibilidad de pensión vitalicia en caso de jubilación, como ahora, y la remuneración de los miembros de la Corte nunca podrá superar a la del jefe del Ejecutivo.

3. Un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial

Es otra novedad, pues sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano de administración y vigilancia interna del Poder Judicial.

Podría recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley.

De los siete miembros del CJF pasaría a solo cinco, de los que el Ejecutivo nombraría uno, el Senado otro y el resto la SCJN, con un periodo de seis años cada uno.

4. Jueces sin rostro

La reforma contempla la posibilidad de incorporar la persona de «jueces sin rostro», figuras que impartirían justicia en casos de narcotráfico y alta violencia de forma anónima con el objetivo de preservar su seguridad e independencia frente a extorsiones y amenazas.

Estas medidas, implementadas en otros países como Brasil, Perú, Colombia o El Salvador, suscita grandes recelos por la opacidad que implica, ya que estos jueces no obedecerían a ningún tipo de rendición de cuentas públicamente y tendrían un poder casi absoluto otorgado por la propia Constitución.

5. El apoyo de Sheinbaum y las críticas internacionales

Pese a que en un primer momento se especuló con que Sheinbaum podría defender una versión más moderada de la reforma, finalmente la presidenta electa, que asume el gobierno el próximo 1 de octubre, respaldó completamente la iniciativa presentada por López Obrador.

En el plano internacional, el embajador estadounidense Ken Salazar quien aludió a «riesgos para la democracia y la economía», y agencias calificadoras como Fitch, mostraron su preocupación por el impacto que pudiera tener la reforma en la inversión y la seguridad jurídica.

A ello se suma la depreciación del peso, que ha sido continuada desde que se conociese la victoria electoral de Sheinbaum, con una caída hasta las 20 unidades por dólar, nivel no visto desde 2022.

La entrada Las cinco claves para entender la polémica reforma judicial de López Obrador y Sheinbaum se publicó primero en Periodistas Unidos.

EFE. Ciudad de México. 27 de mayo de 2024.- México encara los últimos días de la campaña electoral, que termina este miércoles para dar paso a un periodo de reflexión, con la mirada puesta en el resultado que den las urnas el próximo domingo, 2 de junio, en las elecciones más grandes de la historia del país.

Estas son las claves de los comicios que entronizarán al futuro inquilino o, presumiblemente, inquilina del Palacio Nacional para suceder el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, pero también a numerosos cargos públicos a lo largo de México.

Las elecciones que se celebrarán este domingo serán las más grandes de la historia de México porque más de 97 millones de personas están convocadas a las urnas para renovar, solo a escala federal, más de 20.000 cargos, incluida la Presidencia de la República, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado.

En el ámbito regional, la Ciudad de México, los estados de Chiapas (sur), Guanajuato (centro), Jalisco (occidente), Morelos (centro), Puebla (centro), Tabasco (sur), Veracruz (sur) y Yucatán (sur) renovarán los titulares de sus Gobernaturas y todos los municipios sus organismos.

Con esta elección, López Obrador pone fin a seis años de Gobierno tras ganar la de 2018 con más de 30 millones de votos (53,2 %) y después de haber intentado el llegar al Palacio Nacional en dos ocasiones previamente, en 2006 y en 2012.

Su sexenio, que arrancó poco antes del estallido de la pandemia, está marcado por el aumento del flujo migratorio y su influencia en las relaciones con Estados Unidos, así como por la ola de violencia y el debate sobre el poder del crimen organizado.

Una de los hechos más representativos fueron las dos detenciones del narcotraficante Ovidio Guzmán. Primero, en 2019, cuando fue capturado y liberado apenas horas después ante la violencia desatada en Sinaloa. Y después, en 2023, cuando fue detenido de nuevo y extraditado finalmente a Estados Unidos.

Tres candidatos, una futura presidenta

La ciudadanía encontrará en las boletas tres opciones: la del oficialismo, encabezada por Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México; la del frente opositor Fuerza y Corazón por México, liderada por la exsenadora Xóchitl Gálvez, y la del también opositor Movimiento Ciudadano (MC), con el diputado federal en licencia Jorge Álvarez Máynez al frente.

Según el portal Oraculus, Sheinbaum encabeza las encuestas (promedio del 55 %) seguida de Gálvez (33 %) y en un tercer y distante lugar Máynez (8%). Por ello, y por primera vez tras muchos intentos fallidos en el pasado, es más que probable que una mujer sea presidenta de México.

La violencia, también en campaña

Los ataques y asesinatos a candidatos a puestos públicos han marcado la precampaña y la campaña, pues, según datos del Gobierno federal, 15 aspirantes han fallecido desde octubre; la organización Data Cívica eleva la cifra, para todo 2024, a 26 y, la consultora DataInt, que parte de julio de 2023, a 38.

En la reciente reunión que mantuvieron el Gabinete de Seguridad, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Ejército mexicano, se notificaron 532 peticiones de protección y las instituciones se comprometieron a velar por “un proceso electoral en paz, libertad y armonía”, en palabras de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

La entrada Las cuatro claves para entender las mayores elecciones de la historia de México se publicó primero en Periodistas Unidos.

• El Museo Archivo de Fotografía reunió a las fotoperiodistas Ángeles Torrejón, Patricia Aridjis y Elsa Medina, en compañía de la fotohistoriadora Rebeca Monroy

• Las participantes coincidieron que el retratar a la mujer mexicana y sus diversos contextos políticos y sociales les abrió la mente y la mirada

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 21 de marzo de 2024.- En el marco  de las actividades emprendidas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), el Museo Archivo de la Fotografía (MAF), recinto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, ofreció este martes la charla “Rebelión a través de la lente: Fotoperiodistas esenciales para entender el México contemporáneo”, que se enmarcó como parte del Primer Encuentro de Fotografía y Feminismos,  que ofrece el recinto.

La responsable del museo, Lizbeth Ramírez Chávez, precisó que estas charlas se contextualizan como parte de las exposiciones Ojos de mujer volando, de Patricia Aridjis, inaugurada el miércoles 28 de febrero en la planta baja del lugar, así como la muestra Luces y siluetas: Elegancia desnuda a través de la lente, de María García, que se exhibe desde el 14 de marzo en el primer nivel y Retrospectiva, de Yolanda Andrade, que será inaugurada la próxima Noche de Museos el miércoles 27 de marzo a las 19 horas.

A través de una amena charla entre las fotoperiodistas Ángeles Torrejón, Patricia Aridjis y Elsa Medina, bajo la moderación de la fotohistoriadora Rebeca Monroy, las participantes coincidieron que el gremio es muy patriarcal y compartieron cómo se introdujeron al ejercicio fotográfico desde la práctica continua en un contexto de apertura a las mujeres en esta tarea, salvo en algunas secciones como cultura y sociales por ser consideradas menos riesgosas.

“Durante décadas hemos conocido el mundo a través de una mirada muy masculina y no es que en otras épocas no hubieran fotógrafas destacadas, más bien ignoradas, conocemos más el trabajo de Robert Capa y los hermanos Casasola que el de la fotógrafa de la Revolución Sara Castrejón”, compartió Aridjis, quien narró sus inicios en la fotografía en los años 90.

Sobre esta brecha temática en la labor periodística, las participantes coincidieron en que el retrato de las mujeres zapatistas generó un impacto en su mirada y práctica fotográfica. “Yo creo que en mi caso el feminismo se dio por esta búsqueda de retratar a las mujeres”, compartió la fotógrafa Ángeles Torrejón, quien narró sus inicios en la agencia Imagen Latina.

“Yo apoyo desde mi trinchera a las mujeres fotoperiodistas porque no ha sido fácil, nos hemos enterado de muchas historias crueles, de hacerlas menos, de etiquetarlas, acosarlas y uno se sensibiliza”, agregó Torrejón.

Una parte importante del retrato de las mujeres mexicanas fue resaltado por Elsa Medina y la fotografía de la vida cotidiana que marcó el diario La Jornada, quien además compartió las dificultades que ejerció en su quehacer periodístico al afrontar su maternidad y resaltó la colaboración y buena relación con sus compañeros fotógrafos.

“La foto no es inocente ni neutral. En esa época yo pensaba que era los ojos del periódico porque además, ha sido de las mejores épocas, podíamos dar nuestra opinión con imágenes, cosa que no es muy fácil de hacer”, comentó Medina.

El miércoles 20 de marzo a las 17 horas se realiza la conferencia magistral “La cárcel de los sueños”, con Vida Yovanovich y el fotógrafo Juan Pablo Cardona; y el jueves 21 de marzo Eugenia Macías, Ana Torres y Gina Rodríguez participan con “Travesía femenina a través del tiempo en la fotografía”.

El viernes 22 de marzo Sonia Carolina Madrigal, Sunny Quintero, Andrea Murcia y Valeria Sánchez Michel exploran “La representación de la violencia de género en México a través de la mirada de tres fotógrafas”; y finalmente el sábado 23 de marzo se realizará a las 12 horas “Mujeres: Tendedero fotográfico” con Jessica Ramírez, Marisela Bernardino y Esmeralda Valadez y una revisión de portafolios a las 15 horas a cargo de Dirce Hernández.

Las actividades tendrán lugar durante todo el mes de marzo en el Museo Archivo de la Fotografía, ubicado en República de Guatemala 34 en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La entrada Dialogan sobre mujeres fotoperiodistas esenciales para entender el México contemporáneo se publicó primero en Periodistas Unidos.

EFE. Ciudad de México. 27 de noviembre de 2023.-  El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reprochó este lunes a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) «no entender que el pueblo es soberano» por oponerse a la elección de los jueces por voto popular, como él propone.

Así lo expresó en su conferencia matutina, preguntado sobre las opiniones de tres ministros de la SCJN, Alberto Pérez Dayán, Loretta Ortiz y Margarita Ríos-Farjat, quienes el pasado domingo en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara cuestionaron que los votantes elijan a los miembros del Poder Judicial.

«Lo que les cuesta mucho a ciertos sectores de nuestra sociedad es entender de que el pueblo es soberano, es el que manda, y que no puede haber un sistema político dominado por una élite», opinó López Obrador.

En su intervención en el encuentro, Dayán, Ortiz y Ríos-Farjat se posicionaron contra el cambio legislativo que permitiría que la población eligiera por voto directo a los jueces del Poder Judicial y a los ministros de la SCJN.

Esta reforma constitucional, propuesta a principios de septiembre por el mismo López Obrador en su quinto informe de Gobierno, tendría que servir para «limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos».

El gobernante mexicano añadió ahora que «el pueblo es sabio, muchas veces sabe más» que las personas «de más nivel académico» quienes, en su opinión, «no tienen sensibilidad y, sobre todo, no tienen amor y respeto al pueblo».

De hecho, lamentó que hay «jueces, magistrados, ministros que hacen y deshacen como un conservador muy reaccionario» y estando «muy alejados de la justicia».

El presidente aseguró que se tendrán que establecer los requisitos para que una persona pueda resultar electa como jueza por voto popular, como que su profesión sea la abogacía o «haberse desempeñado con honestidad», entre otros.

También recordó a los ministros de la SCJN que «hubo un tiempo en que se elegían de manera indirecta a los ministros de la Corte», aunque expresó que «los ministros tienen derecho, como todos, a dar su punto de vista».

Advirtió de que, para poder tirar adelante esta iniciativa, se tiene que reformar la Constitución con el apoyo de dos terceras partes del Congreso, una mayoría calificada, así como la mayoría de los 32 congresos locales.

La entrada López Obrador reprocha a la Suprema Corte «no entender que el pueblo es soberano” se publicó primero en Periodistas Unidos.

A siete años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, te presentamos algunas claves para entender cómo ha evolucionado el caso, desde la “verdad histórica” de la entonces Procuraduría General de la República hasta la identificación de tres de los normalistas desaparecidos de manera forzada, la instalación de una Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia y los obstáculos con los que la investigación se ha topado.

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 30 de septiembre de 2021.- Ayotzinapa es, sin duda, uno de los casos de desaparición forzada más emblemáticos de los últimos años. Un punto de inflexión en la forma en que se entiende la violencia en México, la complicidad del Estado en la comisión de delitos graves y cómo operan los mecanismos de la impunidad para encubrir la verdad. Es también una dolorosa herida abierta.

En los últimos siete años, se ha ido desmontando la versión oficial de los hechos presentada en su momento por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, quien aseguraba que la noche del 26 de septiembre de 2014 los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, habían sido privados de la libertad e incinerados en un basurero cerca de Iguala. Las irregularidades de la investigación, el encubrimiento de la participación del Ejército y la Policía Federal, y el choque de evidencias científicas han reforzado la idea de que se trató de una operación, desde el Estado, para ocultar la verdad y mantener desaparecidos a los estudiantes.

De ahí que fueron exoneradas —por haber sido torturados y sujetos de otras violaciones a los derechos humanos— todas las personas que fueron presentadas por la PGR como autores materiales; otras 21 personas vinculadas con el caso, se informó recientemente, han fallecido o han sido asesinadas.

Con la llegada de la presente administración federal en 2018, las investigaciones tomaron un nuevo impulso con la creación de una Unidad Especial dentro de la hoy llamada Fiscalía General de la República y de una Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. Se han ejecutado 40 de 89 órdenes de aprehensión contra servidores públicos del estado de Guerrero y de la PGR, policías federales y ministeriales e incluso un militar en retiro; sin embargo —según han denunciado los abogados de los estudiantes—, aún es visible la reticencia para perseguir a los elementos del Ejército que estuvieron involucrados en el circuito de la desaparición.

Sobre las labores de búsqueda, basta decir que se han identificado los restos óseos de tres normalistas: Alexander Mora Venancio, Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz. La insistencia de las autoridades por construir una narrativa, desestimando indicios y ocultando hallazgos en puntos distintos a los de la “verdad histórica”, derivó en que muchos de los fragmentos encontrados en los últimos años ya no puedan ser analizados.

Estas son 10 claves para entender qué ha pasado en el caso Ayotzinapa hasta este 26 de septiembre de 2021, cuando se cumple el séptimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas: Abel, Aberlardo, Adán, Alexander, Antonio, Benjamín, Bernardo, Carlos Iván, Carlos Lorenzo, César, Christian Alfonso, Christian Tomás, Cutberto, Dorian, Emiliano, Everardo, Felipe, Giovanni, Israel Caballero, Israel Jacinto, Jesús, Jhosivani, Jonás, Jorge Álvarez, Jorge Aníbal, Jorge Antonio, Jorge Luis, José Ángel Campos, José Ángel Navarrete, José Eduardo, José Luis, Julio César, Leonel, Luis Ángel Abarca, Luis Ángel Francisco, Madgaleno, Marcial, Marco, Martín, Mauricio, Miguel Ángel Hernández, Miguel Ángel Mendoza y Saúl.

1. La noche de Iguala

La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, fueron desaparecidos de manera coordinada por agentes municipales y estatales e integrantes del crimen organizado -y a la vista del Ejército- al salir de Iguala, Guerrero. Los jóvenes, de entre 17 y 25 años, se dirigían a la Ciudad de México para participar, como cada año, en la conmemoración de la masacre del 2 de octubre de 1968.

La noche de Iguala concluyó con 43 de los normalistas desaparecidos, seis personas ejecutadas —incluidos tres estudiantes, uno con muestras brutales de tortura—, al menos 40 personas lesionadas y dos estudiantes con afectaciones graves y permanentes a la salud. A decir del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, alrededor de 700 personas fueron afectadas indirectamente, considerando a los familiares de los agraviados.

2. La “verdad histórica”

El 27 de enero de 2015, el entonces procurador Jesús Murillo Karam presentó las conclusiones de la investigación que atrajo el caso luego de que la Procuraduría General de Justicia de Guerrero declinara su competencia. Según esta versión, que calificó como la “verdad histórica de los hechos”, los 43 estudiantes, luego de ser “privados de la libertad” por policías municipales, fueron “privados de la vida” por miembros del cártel Guerreros Unidos. Sus cuerpos, a decir de esta versión, fueron incinerados en el basurero de Cocula, a unos veinte kilómetros de Iguala, y sus cenizas arrojadas al río San Juan.

En aquel momento, el procurador acusó al alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, de ser los autores intelectuales del crimen. También sostuvo que los estudiantes fueron confundidos por los sicarios de Guerreros Unidos como miembros de un cártel rival con quien disputaban la plaza, y que eso explicaba el por qué fueron ejecutados e incinerados.

3. El primer informe del GIEI

En noviembre de 2014, debido a la presión ejercida por los familiares de los 43 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno mexicano suscribió un acuerdo para recibir asistencia técnica internacional en el caso. El 6 de septiembre de 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), integrado por Alejandro Valencia, Ángela María Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox y Carlos Martín Beristain, presentó su primer informe.

Entre otras cosas, el GIEI concluyó -con apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense- que no existía evidencia alguna que confirmara la versión oficial sobre el incendio en el basurero de Cocula, pues de haberse generado un fuego con la magnitud necesaria para la cremación masiva, “daños generalizados serían visibles en la vegetación y la basura”. Los expertos también confirmaron la existencia de un quinto autobús, información clave que había sido omitida en la investigación de la PGR al construir la “verdad histórica”.

La reacción violenta y coordinada en contra de los estudiantes, sugirieron, estaría relacionada con el tráfico de heroína, cocaína y dinero que fluía entre Iguala y Chicago, en Estados Unidos, pues es a través de compartimentos especiales en los autobuses que suele efectuarse el trasiego, de acuerdo con una declaración jurada por un agente de la DEA y escuchas telefónicas de las que daba cuenta una investigación de la Fiscalía Federal para el Estado de Illinois.

El ataque suspendido contra otro autobús de pasajeros —que transportaba al equipo de fútbol Los Avispones—, antes de que encontraran y detuvieran al quinto autobús, reforzó la idea de que esa noche, los perpetradores recibieron la instrucción de detener a las cinco unidades tomadas por los estudiantes, posiblemente para asegurar un cargamento.

En este primer informe, el GIEI recomendó a las autoridades nacionales investigar otras conductas delictivas que tampoco habían sido perseguidas judicialmente, como tortura —en el caso del estudiante asesinado y desollado Julio César Mondragón Fontes—, tentativas de homicidio, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, uso no adecuado de la fuerza, lesiones y amenazas. Sus integrantes dejaron constancia, por ejemplo, de las lesiones sufridas por 77% de las 80 personas detenidas hasta ese momento, mismas que, adelantaban, podrían constituir actos de tortura.

Por otro lado, confirmaron la presencia de elementos del 27 Batallón de Infantería en el lugar de los hechos, quienes manejaron información restringida del C4 (centro de comando, control, comunicaciones y cómputo), se enteraron de que la Policía Municipal de Iguala había detenido a los estudiantes e incluso corroboraron que estos no se encontraban en la comandancia. También documentaron su llegada a la clínica Cristina, en donde un grupo de normalistas buscaba atención médica. “Aguantense porque ustedes se lo buscaron”, les dijeron, a decir de uno de los testimonios recogidos.

El Grupo de Expertos, en su segundo y último informe, profundizó estas líneas de investigación y aportó nuevos elementos: además de las policías de Cocula e Iguala, estuvo involucrada la policía de Huitzuco; los celulares de los estudiantes desaparecidos estuvieron activos horas —incluso días— después de los hechos; se destruyó un video tomado por la cámara del Palacio de Justicia —evidencia clave en la desaparición de entre 15 y 20 estudiantes—, que había sido remitido al Tribunal Superior de Justicia de Guerrero; y el 28 de octubre, un día antes de que buzos de la Marina sacaran una bolsa negra con restos óseos —que más tarde permitieron la identificación de uno de los estudiantes—, la PGR condujo una diligencia de la que no existía constancia alguna.

Contrario al deseo de los familiares de los normalistas desaparecidos, el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto decidió no extender este primer mandato del GIEI, que terminó en abril de 2016. A dos días de que concluyera su sexenio y el mismo día en que se presentaba el Informe Final del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) de la CIDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 15VG/2018, que de acuerdo con los padres y las madres de los estudiantes, el Equipo Argentino de Antropología Forense, Ángela Buitrago (ex integrante del GIEI) y el Centro Prodh, reavivó parte de la versión oficial que ya había sido descartada con evidencia científica.

4. La Comisión para la Verdad

A tres días de asumir el cargo como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una comisión especial, misma que fue instalada el 15 de enero de 2019.

Una de las primeras acciones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, integrada por las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, así como por familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil, fue la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

El 26 de septiembre de 2020, el subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que, entre otros avances, se impulsó junto con la FGR la creación de una Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UILCA), encabezada por Omar Gómez Trejo, ex secretario ejecutivo del GIEI.

Además, confirmó que de marzo a septiembre de ese año se habían liberado 70 órdenes de aprehensión —de 83 solicitadas— en contra de integrantes del cártel Guerreros Unidos, policías federales ministeriales, agentes del Ministerio Público Federal, ex policías federales y policías municipales; y que para ese momento existían 80 personas detenidas.

López Obrador, en su intervención, ofreció una disculpa pública en nombre del Estado mexicano. “Estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado”, dijo, en alusión no sólo a los hechos del 26 y 27 de septiembre, sino a la intención de las autoridades mexicanas para desaparecer nuevamente a los estudiantes, a través de una verdad construida a modo.

5. Aún desaparecidos, 40 estudiantes

A la fecha, sólo se han podido identificar los restos óseos de tres de los estudiantes desaparecidos: Alexander Mora Venancio, Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz.

Los restos de los últimos dos fueron encontrados en noviembre de 2019 en un lugar conocido como Barranca de la Carnicería, a más de 800 metros del vertedero de Cocula; seleccionados para su estudio por los Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF); e identificados por el instituto de medicina legal de la Universidad de Innsbruck, en Austria, en junio de 2020 y junio de 2021.

Los restos de Alexander y Joshivani ya habían sido identificados durante la administración pasada, sin embargo, en el caso de Joshivani, el análisis de ADN mitocondrial que la procuradora Arely Gómez dio como válido en septiembre de 2015, ofrecía apenas un 17 por ciento de coincidencia; en contraste, la última identificación realizada a partir de ADN nuclear ofreció un 99.99 por ciento.

Alexander, por su parte, fue identificado en diciembre de 2014 —aún con Murillo Karam al frente de la PGR—, pero se presume que la bolsa encontrada a orillas del río San Juan, de donde se extrajeron los restos de ambos estudiantes, fue “sembrada” para apoyar la “verdad histórica”, como quedó documentado en un video. Ahora se sabe que la agente del Ministerio Público que firmó y dio fe de esa diligencia ni siquiera estaba en el lugar de los hechos, sino que se encontraba en la Ciudad de México.

Un lugar al que también se le conoció como la Barranca de la Carnicería, a unos 400 metros de los últimos hallazgos, fue inspeccionada por la PGR en diciembre de 2014, pero los restos encontrados nunca fueron enviados al extranjero para su análisis y el descubrimiento no se hizo público, según el periódico El País. Los fragmentos óseos, reveló por otro lado Animal Político, deambularon durante años por diversas agencias ministeriales al grado que, cuando finalmente fueron encontrados, su estado ya no permitía realizar estudio alguno.

Algo similar ocurrió con los 180 restos óseos encontrados en la segunda barranca en 2019, pues sólo 22 fueron seleccionados para su identificación. Muchos de los fragmentos, confirmó la Unidad Especial de la FGR este viernes, no presentaron huellas de exposición a fuego pero sí atemperismo (exposición a la intemperie). “Estos restos siempre estuvieron ahí y dejaron que se deterioraran”, dijo el fiscal García, quien el pasado martes aseguró que en los primeros días de octubre de 2014, varias corporaciones de seguridad estuvieron cuidando la entrada al predio.

En su segundo informe, de abril de 2016, el GIEI documentó que el Equipo Argentino de Antropología Forense solicitó una diligencia en la primera Barranca de la Carnicería. Las horas y la fecha de la constancia ministerial fueron borradas y la PGR se limitó a informarles que la investigación que ahí se llevaba a cabo formaba parte de una averiguación previa distinta al caso de los estudiantes. En reiteradas ocasiones, el GIEI solicitó las actuaciones ministeriales y periciales, que nunca le fueron entregadas; el EAAF, por su parte, tampoco acudió a verificar el sitio.

El 6 de septiembre de 2015, el mismo día en que se presentó el primer informe del Grupo de Expertos, un criminalista de la coordinación de servicios periciales de la PGR remitió un dictamen a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en donde dejó constancia de la ubicación exacta de este lugar (18º 12´43.5” N; 99º 36´40.6” W), cómo acceder a él y algunas de sus características. El perito, designado para la tarea tres días antes, describió una superficie irregular, manchada de color negro, con restos óseos “al parecer de origen humano, acompañados de cenizas”.

6. Los responsables

Entre el 26 de septiembre de 2014 y el 30 de agosto de 2018, se consignaron a 169 personas por su presunta participación en los hechos que derivaron en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa (55 policías de Iguala, 20 policías de Cocula y 67 civiles). Se detuvieron a 142 de estas personas y la entonces PGR procesó a 70 de ellas por el delito de secuestro; no por desaparición forzada.

Para el 4 de septiembre de 2019, no obstante, ya habían sido liberados 53 presuntos responsables, luego de que 63 de las 107 pruebas recabadas en diferentes averiguaciones previas fueran desestimadas por un Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas; esto a causa de una serie de violaciones al debido proceso, a la integridad personal y a la libertad, incluyendo 29 casos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En fechas recientes, la Unidad Especial de la FGR aseguró que todas las personas que en su momento fueron presentadas por la PGR como autores materiales de la desaparición, fueron exonerados; y confirmó la existencia de más de 40 videos que acreditan actos de tortura física y psicológica por parte de funcionarios públicos.

El propio Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y encargado directo de las investigaciones del caso Ayotzinapa, fue acusado por los delitos de secuestro, tortura y manipulación de evidencia; en un video ampliamente difundido incluso se le ve interrogando a un presunto responsable —al cual sacó ilegalmente de la cárcel—, con la espalda descubierta y la cabeza tapada, en un tono amenazante.

El 30 de junio de 2020, el Fiscal General Alejandro Gertz Manero aseguró, en conferencia de prensa, que solicitaron 46 nuevas órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios de Guerrero, por delincuencia organizada y desaparición forzada. Estas órdenes se unían a las ya obtenidas, en marzo del mismo año, en contra de ex funcionarios de la PGR, incluyendo la girada en contra de Tomás Zerón, quien sigue prófugo y con ficha roja de Interpol.

El ex funcionario reside desde hace dos años en Israel, país que no se ha pronunciado respecto de la solicitud de extradición en su contra; López Obrador envió una carta al primer ministro, Naftali Bennett, para una aproximación más diplomática. De ser aprehendido, debido a una suspensión definitiva otorgada por un juez en mayo de este año, Zerón de Lucio no podrá ser puesto en prisión preventiva, sino que tendrá que presentarse ante el juez de la causa.

Durante la conferencia de prensa de junio de 2020, en donde también se anunció la captura de “El Mochomo” —líder de Guerreros Unidos, fallecido el pasado 25 de julio por COVID-19—, Gertz Manero subrayó que la PGR cometió diversas irregularidades mientras investigaba el caso: acusaciones parciales, violaciones a los derechos humanos —como tortura—, y la ocultación de pruebas que podrían haber ayudado en la búsqueda inmediata de los estudiantes desaparecidos.

Por lo que respecta a la detención de funcionarios federales, se cuentan las de Carlos Gómez Arrieta, jefe de la Policía Federal Ministerial; Luis Antonio Dorantes Macías, jefe de la estación de la Policía Federal en Iguala; Blanca Castillo, ministerio público de la unidad de secuestros de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), y el capitán en retiro del Ejército, José Martín Crespo, el primer militar procesado por el caso Ayotzinapa.

El pasado viernes, en el contexto del séptimo aniversario de la desaparición de los estudiantes, el subsecretario Encinas informó que desde 2014, 21 personas vinculadas al caso han perdido la vida o han sido ejecutadas, silenciadas. Omar Gómez Trejo, fiscal especial para el caso Ayotzinapa, confirmó por su parte que desde julio 2019, son 89 las órdenes de aprehensión giradas, tanto por los hechos de la llamada noche de Iguala, como por la manipulación de la investigación; de éstas, aún quedan 40 órdenes por ejecutar: 30 por la desaparición de los estudiantes y 10 por las irregularidades.

En ese sentido, reiteró que los procesos de judicialización ya no se centran exclusivamente en los responsables de la detención y posterior desaparición de los estudiantes; también en aquellos que participaron de la manipulación y tergiversación del caso con el objetivo de mantener la narrativa de la “verdad histórica”.

7. Las armas de los perpetradores

El caso Ayotzinapa también se cruza con otro gran tema que ha acaparado los reflectores de manera reciente: el comercio irresponsable de armas y su tráfico ilegal, motivo que llevó a la administración de López Obrador a demandar, ante tribunales de Boston, Massachusetts, a 11 empresas que fabrican y venden armas en Estados Unidos.

En febrero de 2019, la Audiencia Provincial de Stuttgart, en Alemania, condenó a la empresa Heckler & Koch (H&K) por el desvío ilegal de armas que fueron vendidas al gobierno mexicano —específicamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)—, con la condición de que no se utilizaran en zonas de conflicto.

A pesar de un bloqueo inicial por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, H&K vendió a México, entre 2006 y 2009, de 9,472 a 9,652 fusiles, ametralladoras y municiones por un valor de más de 13 millones de euros. De estos, entre 4,702 y 5,003 armas largas fueron a parar a corporaciones policiacas de Chihuahua, Jalisco, Chiapas y Guerrero, estados que compraron fusiles modelos G36V, G36KV y G36C1 —que pueden percutir más de 800 municiones por minuto—, según consta en documentos oficiales.

Al estado de Guerrero fueron a parar 1,924 de estas armas, en tanto que cuatro ametralladoras MP5 y 56 fusiles G36V terminaron en manos de la Policía Municipal de Iguala, una de las corporaciones implicadas en el caso Ayotzinapa. Facturas de la Sedena, notas de agradecimiento expedidas por otras agencias de seguridad, peticiones de refacciones desde los lugares de destino y las evidencias fotográficas y periciales que arrojaron los eventos del 26 y 27 de septiembre, dan cuenta de lo anterior.

Un arma fabricada por esta empresa, revelaron en su momento las investigaciones del caso, fue la responsable de causar las heridas de Aldo Gutiérrez Solano, normalista que continúa en estado mínimo de conciencia. Tenía 19 años al momento del ataque coordinado entre agentes del Estado y grupos del crimen organizado.

Aunque la familia de Aldo solicitó participar en el juicio, la petición les fue negada con el argumento de que éste se llevaba a cabo por violaciones a leyes mercantiles y no por situaciones relativas a los derechos humanos. La empresa fue multada con 3.7 millones de euros y dos de sus empleados obligados a cumplir menos de dos años de libertad condicional, una multa de 80 mil euros y 250 horas de trabajo comunitario; otros tres acusados fueron absueltos.

8. La muerte y las enfermedades golpean a madres y padres

Luego de siete años de exigir la localización de sus hijos, desafortunadamente, dos padres y una madre de los 43 normalistas han perdido la vida y se han ido sin conocer el paradero de sus hijos.

Bernardo Campos Santos “Don Berna”, padre de José Ángel Campos Cantor, y Saúl Bruno Rosario, padre de Saúl Bruno García, fallecieron en agosto y septiembre de este año; en febrero de 2018 falleció Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez Bello.

Sin embargo, a decir de los propios padres y madres —en diversas entrevistas para medios—, las afectaciones también persiguen a los vivos: diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, problemas en la piel, cataratas e incluso fracturas en extremidades inferiores; sin contar los problemas económicos que esto les genera. De ahí que a algunos de ellos se les complique cada vez más asistir a las reuniones y manifestaciones que realizan lejos de sus lugares de origen.

En un informe sobre los impactos psicosociales del caso Ayotzinapa, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explica que la desaparición de sus hijos y la complicidad del Estado en el ocultamiento de la verdad, ha derivado en impactos traumáticos diferenciados (trastornos de sueño, fantasías de vejaciones y maltratos a sus hijos) que, además, se detonan por diversos factores: la versión oficial —cada tanto reavivada—, la criminalización y estigmatización de los normalistas o el hallazgo de fosas en donde podría estar alguno de ellos.

“A siete años de la tragedia, la salud de nuestros familiares se desgasta al no haber avance en las investigaciones. El dolor, la rabia y la indignación nos siguen consumiendo”, publicaron en su página de Facebook padres y madres de Ayotzinapa, con motivo de la muerte de Saúl Bruno.

9. El Ejército se niega a cooperar; la FGR, atrapada

 Mientras que el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, asegura una y otra vez que su dependencia ha cambiado la manera en cómo atiende el caso, familiares de los 43 normalistas y sus abogados, apenas en enero de este año, señalaron que el Ejército ha estado “dosificando” la información que comparte con las autoridades ministeriales, aún cuando se sabe desde el primer momento, por los testimonios de los sobrevivientes, los informes del Grupo de Expertos y otras investigaciones periodísticas, que en los hechos estuvo involucrado el 27 Batallón de Infantería.

La falta de cooperación de la Sedena, aseguró en entrevista para SinEmbargo el abogado Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, es el talón de Aquiles de la investigación. “A la hora de hacer las cosas, de concretar los actos de investigación, vemos obstáculos, vemos reticencias, vemos que las cosas no avanzan”, dijo y recordó que en diferentes ocasiones, el presidente López Obrador se ha comprometido a que las Fuerzas Armadas —de las cuales es comandante supremo— colaboren en todo lo que sea necesario.

Rosales también sugirió que la FGR se encuentra comprometida, ya que aún persisten algunos elementos de la PGR que participaron en la construcción de la “verdad histórica”; dijo que se trataba de al menos cuatro personas que trabajan en diferentes subprocuradurías, coordinando asesores del fiscal e incluso una persona muy cercana a él. De ahí que no sorprenda, explicó, la filtración de información procesal y hasta la fuga de Tomás Zerón de Lucio.

Respecto de la participación del Ejército, el representante jurídico de las familias recordó que se cuenta con elementos de prueba suficientes para acreditar el involucramiento del 27 Batallón de Infantería la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre: además de la presencia de militares en diversas escenas del crimen —tal y como lo documentó el GIEI—, el Ejército monitoreó a los normalistas desde que llegaron a Iguala y desde el C4 en tiempo real.

Un testigo protegido identificado como “Juan” sostiene incluso que 25 estudiantes fueron ingresados al 27 Batallón, interrogados y varios asesinados, una hipótesis que ha sido desdeñada por las autoridades a cargo del caso pero no por los padres y madres de los normalistas, que en reiteradas ocasiones intentaron acceder a las instalaciones. En julio de 2019, realizaron una visita en compañía de sus abogados.

Unos 40 militares de distinto grado, confirmó el subsecretario Encinas el pasado viernes, han comparecido hasta el momento ante la FGR. El fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar García, aseguró que la participación del Ejército es una línea de investigación que se está trabajando “de manera fuerte”, y de la cual es coadyuvante el GIEI.

A decir de Vidulfo Rosales, fue el Ejército mexicano el que estuvo “a la cabeza” de la operación coordinada con la Policía Ministerial, la Policía Estatal, la Policía Municipal y el cártel Guerreros Unidos. “Deberíamos estar cerrando la pinza en contra del Ejército […] Los padres de familia necesitan saber: sí o no participó el Ejército mexicano, y en qué nivel participó”.

10. Ausente, nueva mecánica de los hechos

El pasado 21 de septiembre, en la segunda Barranca de la Carnicería, el fiscal Gómez y el subsecretario Encinas insistieron en que han “avanzando mucho en la controvertida verdad histórica”, que las evidencias encontradas ahí —los huesos esparcidos en costalillas que aún siguen en análisis—, los pedazos de la barranca que siguen investigando, los nuevos escenarios y testimonios recogidos —sin incurrir en ilícitos, como sí lo hizo la PGR—, tiraban el montaje del basurero de Cocula y el río San Juan.

Sin embargo, cuando se les preguntó, según las investigaciones del actual gobierno, qué pasó entonces con los 43 estudiantes a partir de la noche del 26 de septiembre, a dónde los condujeron, qué les hicieron, a cuántos de ellos y en dónde, dijeron que aún falta tiempo para tener una explicación. A mitad del sexenio de López Obrador, esas preguntas aún no tienen respuesta.

***

*Marcos Nucamendi (@makonucamendi) es parte del proyecto A dónde van los desaparecidos. Ha trabajado como periodista y profesor universitario –en las áreas de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas–, en la ciudad de Puebla. Actualmente cursa sus estudios de maestría en Cooperación Internacional en el Instituto Mora.

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

La entrada Diez claves para entender el caso Ayotzinapa se publicó primero en Periodistas Unidos.