Periodistas Unidos. San Blas Atempa, México16 de julio de 2025.- La Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) denunciaron la continua persecución judicial contra el defensor comunitario David Hernández Salazar, a pesar de haber sido absuelto en dos ocasiones por el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.

Hernández Salazar fue acusado en la causa penal 446/2022 por los delitos de daños por incendio y daños dolosos, recibiendo una condena inicial el 7 de febrero de 2024 de 46 años y 6 meses de prisión, junto con una multa de $182,000 y el pago de más de un millón de pesos por reparación de daños. Sin embargo, el 14 de mayo de 2024, la Sexta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior revocó la sentencia, reconociendo irregularidades en el proceso y la invalidez de las pruebas presentadas.

A pesar de esta resolución, las presuntas víctimas interpusieron un Juicio de Amparo Directo (371/2024), lo que derivó en una nueva sentencia el 27 de febrero de 2025, en la que la Segunda Sala Penal Colegiada ratificó la absolución de Hernández Salazar. No obstante, en mayo de 2025, las acusaciones persistieron con un nuevo amparo, manteniendo viva una estrategia de persecución judicial que, según la comunidad, busca criminalizar la defensa del territorio frente al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI).

La Asamblea Comunitaria de Puente Madera señaló que la lucha de David no es individual, sino parte de una persecución sistemática contra defensores que se oponen a proyectos impuestos en el Istmo. Exigen que Hernández Salazar quede libre de todo proceso judicial y que cese el hostigamiento contra la comunidad.

Además, la Asamblea reiteró su demanda de una distribución justa y transparente de los recursos de los Ramos 28 y 33, correspondientes a Puente Madera como agencia municipal de San Blas Atempa. Estos fondos, destinados a servicios básicos, infraestructura, educación y salud, han sido manejados de manera discrecional por las autoridades municipales, violando los derechos colectivos y el principio de equidad presupuestaria.

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