AMEXI. Ciudad de México. 06 de diciembre de 2025.- Erradicar la impunidad, fortalecer la investigación, avanzar en la judicialización y contar con todos los instrumentos necesarios para ello es el objetivo principal, señaló la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, en su primera participación como titular de la dependencia ante los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ).

A su vez, Mark Coolidge Johnson, encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, recalcó que no solo es necesario perseguir delitos individuales, sino desmantelar organizaciones completas.

Para lograrlo, agregó, se requiere mantener una colaboración, coordinación y capacitación constantes, pues solo a través del trabajo conjunto es posible obtener mejores resultados y construir un futuro mejor para todos.

Seguimiento del Registro Criminal de Armas de Fuego

“tenemos el mismo objetivo”, dijo Godoy en el encuentro en el que los fiscales del país se comprometieron con el combate a la delincuencia, con el fortalecimiento y coordinación interinstitucional, por lo que aprobaron la implementación, a nivel nacional, del seguimiento del Registro Criminal de Armas de Fuego.

La fiscal General de la República y presidenta de la CNPJ precisó que reuniones como la LIII Asamblea Plenaria de este organismo deben realizarse de manera periódica en virtud de que compartir el trabajo de todos es fundamental.

Los integrantes de la Conferencia aprobaron la implementación, a nivel nacional, del seguimiento del Registro Criminal de Armas de Fuego, como herramienta única para fortalecer la trazabilidad de las armas de fuego y de apoyar de manera eficaz los procesos de investigación y la toma de decisiones en materia de política criminal.

Intercambio de información con la Agencia de Investigación Criminal

El registro se integra como el primer módulo del Sistema Informático Nacional Interoperable, y su operación se llevará a cabo a través de las Unidades de Análisis de Información, o las áreas equivalentes que cada institución de procuración de justicia determine.

Se comprometieron a mantener la ingesta y el intercambio de información con la Agencia de Investigación Criminal, a través del Centro Federal de Inteligencia Criminal.

También tomaron conocimiento del avance en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las recientes reformas legales en materia de seguridad pública, así como de los acuerdos de la LI Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y de las acciones realizadas para la actualización de la Metodología de recopilación de datos de homicidio doloso.

Acordaron llevar a cabo las acciones necesarias para implementar dicha metodología, a fin de garantizar la completitud de la información de los reportes diarios. Las personas integrantes de la Asamblea Plenaria de la CNPJ se comprometieron a consolidar y entregar información estadística de las instituciones requerida por el Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia (SENAP).

Garantizar la protección efectiva de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes

Fortalecer sus sistemas de información, con el acompañamiento de la Fiscalía General de la República y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el fin de asegurar la calidad y la confiabilidad de la información del SENAP.

Asimismo y con el propósito de garantizar la protección efectiva de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y construir una agenda estratégica que impulse cambios profundos y estructurales en la procuración de justicia con perspectiva de género e interseccionalidad, las y los miembros de la CNPJ tomaron conocimiento de la propuesta de convenio de colaboración presentada por la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora.

Esto para que permita una mejor comunicación entre las 32 entidades estatales, para conseguir mecanismos de trabajo para la capacitación, intercambio de información y desarrollo de protocolos para la revisión de casos específicos.

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AMEXI. Ciudad de México. 03 de diciembre de 2025.- Con el respaldo de la bancada de Morena, este miércoles el Senado de la República votó a favor de Ernestina Godoy Ramos para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) por un periodo de nueve años, en sustitución de Alejandro Gertz Manero, quien renunció la semana pasada.

Sin competencia

Con 97 votos a favor de 127 emitidos por el pleno senatorial, Godoy Ramos se impuso frente a las otras dos integrantes de la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum:

Maribel Bojórquez Beltrán, abogada con experiencia en materia penal y administrativa, con trayectoria en diversas dependencias federales, y

Luz María Zarza Delgado, exconsejera jurídica del gobierno del Estado de México y especialista en derecho administrativo y constitucional.

Tras confirmarse la designación de Godoy, la exconsejera Jurídica de Presidencia de la República tomó la protesta de ley de forma inmediata ante el pleno y asumió formalmente la conducción del Ministerio Público Federal.

Minutos antes, durante su comparecencia ante las y los senadores, la ahora fiscal general delineó los ejes de su gestión.

Lanzó un mensaje directo: la justicia no se utilizará como herramienta de persecución política, pero tampoco será un espacio donde los responsables de delitos encuentren protección.

“No vamos a fabricar culpables. No habrá persecución política. Pero tampoco habrá impunidad”, precisó.

Equilibrio entre la ley y el respeto a los derechos humanos

Godoy Ramos afirmó que su mandato estará guiado por el equilibrio entre el combate al delito y el respeto pleno a los derechos humanos, al anunciar que bajo su dirección la FGR no incurrirá en “acciones parciales ni con tintes políticos”.

“Quien ha cometido un delito debe saber que será perseguido, procesado y sentenciado. Y quien haya sido víctima debe saber que será protegida, defendida y el daño reparado. Pero también manifiesto que no se acusará a nadie injustamente”, puntualizó.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 02 de diciembre de 2025.- La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado redujo de 43 a 10 la lista de personas aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), vacante que dejó Alejandro Gertz Manero, luego de su renuncia la semana pasada.

1. Luz María Zarza Delgado
2. Maribel Bojorges Beltrán
3. Sandra Luz González Mogollón
4. Ernestina Godoy Ramos
5. Mirna Lucía Grande Hernández
6. Luis Manuel Pérez de Acha
7. Alfredo Barrera Flores
8. Hamlet García Almaguer
9. David Borja Padilla
10. Miguel Nava Alvarado

El nombre de Ernestina Godoy destaca

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Por Alejandro Meléndez

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de noviembre de 2025.- En un país donde la impunidad se ha convertido en la norma y la violencia en el pan de cada día, la renuncia de Alejandro Gertz Manero como Fiscalía General de la República (FGR) este 27 de noviembre de 2025 no es solo el cierre de un capítulo controvertido, sino una oportunidad histórica para replantear el sistema de procuración de justicia en México. Tras seis años al frente de la FGR, su salida —formalizada ante el Senado de la República con una carta que lo destina a un ambiguo puesto diplomático— deja un legado de omisiones, encubrimientos y casos estancados que han profundizado la desconfianza en las instituciones. Pero, paradójicamente, este vacío abre la puerta a una depuración profunda de las fiscalías a nivel nacional y a la implementación de una justicia transicional que priorice la verdad, la reparación y la no repetición, con el objetivo de resolver los primeros casos emblemáticos y, sobre todo, contribuir a atenuar la ola de violencia que azota al país.

Gertz Manero, designado el 18 de enero de 2019 con un mandato que se extendía hasta 2028, se va tres años antes de tiempo, envuelto en una nube de críticas que no son nuevas, pero que hoy resuenan con mayor fuerza. Su gestión, marcada por ausencias prolongadas y un estado de salud precario que lo alejó de sus responsabilidades durante meses, se caracterizó por una “justicia selectiva” que priorizó venganzas personales sobre la imparcialidad. Uno de los escándalos más notorios fue el caso de su sobrina política, Alejandra Cuevas Morán, detenida arbitrariamente en 2020 por la muerte de su hermano Federico en 2015. La FGR, bajo su mando, inventó la figura de “garante accesoria” para imputarle homicidio por omisión, manteniéndola presa 528 días hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la liberó en 2022, calificando la detención como ilegal. Audios filtrados revelaron incluso insultos del fiscal hacia Cuevas, exponiendo cómo la institución se convirtió en un “despacho particular” para rencillas familiares.

Pero los fallos no se limitan a lo personal. Gertz Manero dejó un rastro de casos no resueltos que claman por justicia. En el escándalo de Odebrecht y la Estafa Maestra, heredados del sexenio de Peña Nieto, la FGR mostró pasividad crónica: Emilio Lozoya sigue en un limbo judicial pese a confesiones que implican a altos funcionarios priistas. El caso Ayotzinapa avanzó a cuentagotas, con tensiones constantes entre la FGR y la Comisión para la Verdad, y sin avances concluyentes en la identificación de responsables estatales. La exoneración exprés del general Salvador Cienfuegos en 2020, acusado en EE.UU. de nexos con el narcotráfico y absuelto en 72 horas por “falta de pruebas”, generó acusaciones de encubrimiento a mandos militares. Y no olvidemos el espionaje con Pegasus, donde la FGR archivó investigaciones contra opositores y periodistas sin profundidad, o las reformas fallidas para excluir a la fiscalía del Sistema Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, rechazada por colectivos de derechos humanos. Estas omisiones no solo perpetuaron la impunidad —que en delitos como tortura y desaparición roza el 100 %—, sino que alimentaron la corrupción interna y la politización de la justicia, convirtiendo a la FGR en un instrumento de agendas personales y políticas.

En este contexto, la renuncia de Gertz Manero no debe ser un relevo cosmético, sino el catalizador para una depuración radical de las fiscalías estatales y federales que logren por primera vez «una colaboración entre la 4T y la Fiscalía», como apunta José Reveles en una entrevista con Julio Astillero.  México arrastra una red de impunidad sistémica que no solo está en las fiscalías locales: la propia FGR sigue operada, en sus niveles medios y altos, por una mezcla tóxica de exfuncionarios y agentes del Ministerio Público que vienen de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Muchos de ellos fueron formados o protegidos durante los años de los pactos documentados (y no tan documentados) con grupos del crimen organizado, desde la “guerra” calderonista hasta los arreglos peñistas. Son precisamente estos cuadros los que han sabido dónde archivar, cómo extraviar y cuándo “congelar” las carpetas que podrían exhibir los acuerdos de impunidad entre Estado y cárteles. Junto con las bases trabajadoras heredadas de Mancera en la CDMX —que mantienen vínculos con redes locales como La Unión Tepito o el Cártel de Tláhuac—, conforman el verdadero muro que ha impedido cualquier avance real en casos de desapariciones, ejecuciones y corrupción de alto nivel.

Aquí radica la esperanza: su salida habilita la implementación de una justicia transicional, un marco probado en contextos de violencia masiva como el nuestro. La justicia transicional —con pilares como la verdad, la justicia penal, la reparación integral y la no repetición— no es un lujo académico, sino una necesidad para sociedades saliendo de ciclos de represión o conflicto armado. En México, donde la “guerra contra el narco” desde 2006 ha dejado más de 100 mil desaparecidos y decenas de miles de víctimas, este enfoque permitiría esclarecer hechos en casos prioritarios como Ayotzinapa o los feminicidios en Guerrero y Jalisco. Una comisión de la verdad podría escuchar a víctimas y perpetradores, como en Sudáfrica o Perú, reconstruyendo narrativas que fomenten la reconciliación y prevengan la polarización. Al mismo tiempo, reformas institucionales —como capacitar a fiscales en perspectiva de género y derechos humanos— garantizarían la no repetición, atacando raíces de la violencia como la militarización de la seguridad. Resolver estos primeros casos no solo honraría a las víctimas, sino que enviaría un mensaje disuasorio, contribuyendo a desmantelar economías criminales y reducir la incidencia delictiva en zonas focalizadas.

En este panorama, el nombre que más resuena como posible sucesora es Ernestina Godoy Ramos, actual consejera jurídica de la Presidencia y exfiscal de la CDMX. Su trayectoria incluye logros como la reducción de delitos de alto impacto en la capital y el destape del cártel inmobiliario. Sin embargo, su gestión en la Fiscalía capitalina no estuvo exenta de sombras: dejó un rezago de 228 mil carpetas pendientes (entre ellas el multifeminicidio y homicidio de la colonia Narvarte) y fue criticada por no depurar la base trabajadora heredada de Mancera —un equipo con presuntos vínculos a redes de protección para cárteles locales como La Unión Tepito o el Cártel de Tláhuac. Acusaciones de persecución política y un “carpetazo” selectivo en casos como la Línea 12 alimentaron dudas sobre su imparcialidad.

Aun así, Godoy tiene ante sí una oportunidad redentora. Al frente de la FGR podría romper con ese legado mancerista y, sobre todo, con la estructura calderonista-peñista que aún controla buena parte de la institución nacional, depurando fiscalías estatales, implementando protocolos de justicia transicional y priorizando casos de violencia de género y desapariciones. Sería su forma de sanar la deuda que dejó en la Ciudad de México y de no repetir los fracasos del pasado: la Fiscalía Especial (FEMOSPP) de Ignacio Carrillo Prieto en el sexenio de Fox, que no consignó a ningún alto responsable de la guerra sucia, y la Comisión para el Acceso a la Verdad coordinada por Alejandro Encinas en el gobierno de AMLO, que tampoco llegó a traducirse en justicia penal ni reparación efectiva.

La salida de Gertz Manero no es un fin, sino un comienzo. Si el Senado de la República ratifica un liderazgo comprometido con la depuración y la justicia transicional, México podría dar sus primeros pasos hacia una paz sostenible. De lo contrario, la violencia seguirá cobrando vidas, y la impunidad, riéndose de nosotros. Es momento de elegir: ¿continuamos el ciclo o rompemos la cadena?

Creo que es momento de elegir por la la justicia de las víctimas y la paz de México.

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