Periodistas Unidos. Ciudad de México. 26 de octubre de 2025.- En una entrevista concedida al diario español El Mundo, el expresidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León lanzó duras acusaciones contra el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la actual presidenta Claudia Sheinbaum, afirmando que ambos han «destruido» la democracia en México. Zedillo, quien gobernó el país de 1994 a 2000, declaró que «la joven democracia ha muerto» y que los pilares institucionales que tanto costó construir han sido socavados de manera sistemática.

Según Zedillo, AMLO concentró el poder de forma autoritaria, desmantelando instituciones clave y debilitando el equilibrio de poderes, mientras que Sheinbaum actuó como «cómplice» al respaldar reformas que, en su opinión, perpetúan este deterioro. El exmandatario priista destacó que Morena, el partido fundado por AMLO, «copió lo peor del PRI y nada de lo bueno», refiriéndose a prácticas como el clientelismo y la centralización del poder, sin adoptar aspectos positivos como la estabilidad económica que él reivindica haber impulsado durante su sexenio. Zedillo también lamentó personalmente: «El único privilegio que he perdido es el de ser ciudadano de un país democrático», atribuyendo esta pérdida directamente a las administraciones de la llamada Cuarta Transformación (4T).

Sin embargo, estas críticas de Zedillo no pasan desapercibidas sin un escrutinio a su propio legado, considerado por muchos analistas y figuras políticas como uno de los más controvertidos y dañinos en la historia reciente de México. Claudia Sheinbaum, en respuestas previas a ataques similares de Zedillo, ha recordado que su presidencia es vista como una de las peores, marcada por crisis económicas, violaciones a los derechos humanos y escándalos de corrupción que hipotecaron el futuro del país.

Durante el sexenio de Zedillo, México enfrentó la devastadora crisis económica de 1994-1995, conocida como el «Error de Diciembre«, que resultó en una devaluación masiva del peso, hiperinflación y un rescate financiero internacional que dejó al país endeudado por décadas. Aunque Zedillo heredó problemas de su antecesor Carlos Salinas de Gortari, su manejo de la crisis fue criticado por priorizar a los bancos privados a costa de la población, culminando en el Fobaproa, un esquema que convirtió deudas bancarias privadas en deuda pública, costando a los contribuyentes miles de millones de dólares en un acto calificado por detractores como «latrocinio» y favoritismo a élites financieras.

Además, su administración fue salpicada por graves violaciones a los derechos humanos, como la masacre de Acteal en 1997, donde 45 indígenas tzotziles, en su mayoría mujeres y niños, fueron asesinados por paramilitares en Chiapas, en el contexto del conflicto zapatista que Zedillo no supo resolver pacíficamente. Críticos lo acusan de negligencia o complicidad en este y otros episodios de represión, así como de privatizaciones opacas de empresas estatales que beneficiaron a círculos cercanos y exacerbaron la desigualdad social. Su gobierno también vio un auge en el narcotráfico, con carteles fortaleciéndose ante una respuesta ineficaz, lo que sentó precedentes para la violencia posterior.

En este contexto, las acusaciones de Zedillo contra AMLO y Sheinbaum suenan hipócritas para muchos observadores, ya que su propio mandato contribuyó a erosionar la confianza en las instituciones democráticas mediante políticas neoliberales que profundizaron la pobreza y la inestabilidad. Aunque Zedillo es reconocido por algunos por facilitar la transición democrática en 2000 al reconocer la victoria de Vicente Fox, sus detractores argumentan que esto fue más una concesión forzada por la presión social que un acto de convicción genuina.

Esta controversia resalta las divisiones profundas en la política mexicana, donde exlíderes como Zedillo continúan influyendo en el debate público, pero su credibilidad se ve mermada por un historial que, para amplios sectores, representa lo peor del ancien régime priista.

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