Periodistas Unidos. Ciudad de México. 29 de agosto de 2025.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México emitió una disculpa pública a las 18 familias de menores víctimas de abusos sexuales perpetrados en 2018 por personal del Jardín de Niños Marcelino de Champagnat, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Este acto, realizado tras más de siete años de un arduo proceso judicial, marca un precedente en la búsqueda de justicia y reparación del daño para las víctimas.

El evento, encabezado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, tuvo lugar en la capital del país. Durante su intervención, Delgado reconoció la gravedad de los hechos y citó a una madre de familia: “No hay disculpa que pueda reparar, que pueda sanar lo sucedido. Disculparse, también dijo otra, no protege. Faltan acciones”. Estas palabras reflejan el dolor de las familias y su exigencia de medidas concretas para evitar la repetición de estos delitos.

Las familias, acompañadas por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI), narraron los profundos daños físicos, psicológicos y sociales sufridos por las víctimas, quienes en 2018 tenían entre tres y cinco años. Exigieron el cumplimiento de las sentencias emitidas en 2021, que ordenan una reparación integral del daño y medidas de no repetición.

Por su parte, Luciano Concheiro Bórquez, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, expresó una “sincera y sentida disculpa” a los menores, madres, padres y familiares que lucharon incansablemente por justicia. “Su búsqueda de la verdad ha sido fundamental”, afirmó.

En respuesta a las sentencias judiciales, la SEP anunció la implementación de medidas preventivas, como la inclusión de una jornada nacional contra el abuso y maltrato infantil en el calendario escolar, la creación de un registro público de agresores, la separación estricta de baños para docentes y alumnos, la eliminación de viviendas de conserjes en los planteles educativos y la desvinculación administrativa de trabajadores sujetos a procesos penales. Las familias, sin embargo, demandaron acciones adicionales, como becas completas para las víctimas, atención psicológica especializada y mecanismos de vigilancia ciudadana en las escuelas.

Una madre, visiblemente afectada, señaló: “No hay disculpa que pueda aliviar totalmente el sufrimiento que obligaron a vivir a mi hija y a sus compañeros”. El acto culminó con la entrega de oficios de disculpa a las familias y la exigencia de establecer una mesa de trabajo permanente para garantizar espacios escolares seguros.

La ODDI ha documentado casos similares en al menos 27 escuelas de 12 estados del país, destacando la necesidad de reformas estructurales para prevenir el abuso sexual infantil. Este caso subraya la urgencia de políticas públicas efectivas y una mayor coordinación entre autoridades educativas y judiciales para proteger a la niñez mexicana.

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