EFE. Ciudad de México. 28 de junio de 2023.- El gobierno francés llamó este miércoles a la calma después de una noche de violencia provocada por la muerte en un suburbio de París de un joven baleado por un agente tras negarse a detener su coche en un control policial.

La muerte de Nahel, de 17 años, conmocionó al país y fue lamentada o condenada por autoridades, políticos y celebridades, desde el presidente centrista Emmanuel Macron hasta el futbolista Kylian Mbappé.

Diputados y miembros del Gobierno observaron en la Asamblea Nacional (cámara baja) un minuto de silencio en homenaje al adolescente.

Fuentes policiales indicaron inicialmente que un agente abrió fuego cuando el conductor del vehículo trató de embestir el martes a dos miembros de la policía motorizada, en el departamento de Nanterre, al oeste de París.

Pero un video publicado en redes sociales, que AFP verificó, muestra que un agente retiene a punta de pistola al conductor y le dispara a quemarropa cuando arranca. En la grabación se escucha a alguien exclamar: «¡vas a recibir una bala en la cabeza!», aunque no queda claro quién lo dice.

La fuga del joven terminó a unas decenas de metros, cuando el coche se estrelló contra un poste. La víctima falleció poco después tras haber sido alcanzado en el tórax.

El agente autor del disparo, de 38 años, se encuentra en detención provisoria en el marco de una investigación por homicidio voluntario cometido por un funcionario público, indicó la fiscalía.

«Nada, nada justifica la muerte de un joven», dijo Macron.

El vocero gubernamental, Olivier Véran, había llamado poco antes «a la calma» en un contexto de «emoción muy fuerte».

«Las imágenes dan a pensar que no se respetó el marco de intervención legal» de la policía, afirmó la primera ministra, Elisabeth Borne.

«La pena de muerte ya no existe en Francia. Ningún policía tiene el derecho de matar, salvo en legítima defensa», señaló por su lado el político izquierdista Jean-Luc Mélenchon.

«Me duele mi Francia», tuiteó la estrella del Paris Saint-Germain (PSG) Kylian Mbappé, quien en 2020 ya había reaccionado a la paliza propinada por policías a un productor de música negro, Michel Zecler, en París.

Esas tomas de posición fueron criticadas por uno de los principales sindicatos policiales, Alliance, y por dirigentes de la ultraderecha.

Alliance consideró «inconcebible que el presidente de la República, al igual que algunos dirigentes políticos, artistas u otros hagan mofa de la separación de poderes y de la independencia de la justicia condenando a nuestros colegas antes de que esta se pronuncie».

La dirigente y excandidata presidencial Marine Le Pen, de Reagrupación Nacional (RN, ultraderecha), denunció una reacción «irresponsable» por parte de Macron.

Temor de nuevos enfrentamientos

Tras la muerte de Nahel, estallaron disturbios nocturnos en la región de París y sobre todo en Nanterre, con un balance de 31 detenidos, 24 agentes heridos y más de cuarenta autos quemados, según el balance oficial.

«Nuestra ciudad se despertó conmocionada, dañada, marcada y preocupada por esta oleada de violencia», constató el alcalde de Nanterre, Patrick Jarry, llamando a la calma y pidiendo «justicia para Nahel».

Las autoridades prevén prevén desplegar la noche del miércoles unos 2.000 efectivos antimotines para evitar nuevos altercados.

La madre de Nahel llamó en la red social TikTok a una marcha en homenaje a su hijo el jueves a las 14H00 (12H00 GMT) cerca del lugar donde perdió la vida. «Es una revuelta por mi hijo», afirmó.

Las fuerzas de seguridad en Francia suelen ser blanco de acusaciones de uso excesivo de la fuerza, como durante la caótica final de Liga de Campeones en 2022 o en las protestas de este año contra una impopular reforma de las pensiones.

Pero esta nueva tragedia relanzó el recurrente debate sobre la violencia policial, máxime cuando 13 personas murieron en circunstancias similares en 2022. A mediados de junio, un guineano murió cerca de Angulema (centro) por el disparo de un agente.

En mayo, varios países expresaron su preocupación ante las Naciones Unidas por la violencia policial en Francia, así como por la discriminación racial, durante el examen periódico al que se someten cada cuatro años los países de la ONU.

La entrada Tensión y temor de estallido social en Francia tras muerte de joven baleado por un policía se publicó primero en Periodistas Unidos.

La entrada A 10 años del estallido del movimiento #YoSoy132 se publicó primero en Periodistas Unidos.

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 24 de julio de 2021.- La lógica excepcionalista del sistema cubano tiende a considerar cualquier protesta como una provocación al servicio de la agresión foránea. Y ese discurso se repite frente a protestas inéditas en la isla.

El pasado 12 julio, al día siguiente de la mayor protesta popular contra el gobierno cubano que se haya producido en décadas, el presidente Miguel Díaz-Canel envió un mensaje a la nación acompañado de varios miembros de su gabinete. Allí estaba el primer ministro Manuel Marrero y el ministro de energía y minas Liván Arronte Cruz. Cada uno de estos funcionarios, sin reconocer nunca el sentido ni la magnitud de la protesta, intentó explicar las razones del descontento popular: cortes de electricidad, desabastecimiento de medicinas y alimentos, rebrotes de contagios por la endemia de covid-19.

Aquella mañana habló otro funcionario cubano que, más que explicar las causas de las protestas, expuso la lógica política y jurídica con que serían enfrentadas. Rogelio Polanco, Jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, fue presentado por el presidente Díaz-Canel como la persona indicada para conceptualizar «los sucesos» ya que había sido por muchos años embajador de La Habana en Caracas. De hecho, fue embajador cuando se desataron las más intensas protestas de amplios sectores de la sociedad venezolana entre 2017 y 2019.

Polanco señaló que lo que había sucedido en Cuba era un intento más de «golpe continuado» o «revolución de colores», organizado por los enemigos de la Revolución, como parte de la «guerra no convencional de Estados Unidos contra Cuba». En Venezuela, dijo, le tocó vivir algo similar cuando, tras el desconocimiento oficial de la legitimidad de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y la creación de una Asamblea Constituyente paralela, muchos venezolanos salieron a las calles para protestar contra el régimen de Nicolás Maduro.

Según Polanco, aquellas protestas, que se agudizaron en 2019 y desataron choques violentos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, son antecedentes a tomar en cuenta en la situación cubana. Aunque en Cuba no se vieron fenómenos como las «guarimbas» venezolanas, hubo actos violentos como asaltos a tiendas y agresiones contra la policía. Las manifestaciones, sin embargo, fueron mayoritariamente pacíficas y no estuvieron convocadas o lideradas por la oposición, como en Venezuela.

La confirmación de que las protestas fueron asumidas por el gobierno cubano como un ataque del «enemigo» –categoría difusa donde las haya, ya que eventualmente incluye actores tan disímiles como el gobierno de Estados Unidos, toda la dirigencia política republicana o demócrata cubanoestadounidense, el exilio, la oposición interna, el activisimo cívico o artístico y buena parte de la comunidad internacional- llegó con los primeros editoriales de Granma y Juventud Rebelde, que anunciaron que el «odio no quedará impune» y que «se llegaría al fondo» en una investigación sobre la protesta, que identificaría a sus responsables.

La criminalización del estallido se completó con el posicionamiento de diversos funcionarios como el canciller Bruno Rodríguez y el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, en medios oficiales y redes sociales, a propósito de que los ejecutores de las protestas eran «vándalos, delincuentes, marginales e indecentes». A la acusación de que eran actores manipulados por campañas adversas al gobierno en medios alternativos y redes sociales se sumó un perfil sociológico de los manifestantes como parte del lumpen proletariado.

Decenas, tal vez cientos de jóvenes cubanos han permanecido presos desde el 11 de julio. Funcionarios del poder judicial de la isla han explicado que se les abrirá procesos por el cargo de desorden público. Dado que el estallido no se entiende como estallido si no como intento de golpe de Estado, otra línea de la investigación buscará establecer vínculos de esos jóvenes con grupos del exterior de la isla, especialmente de Miami, a los que el gobierno responsabiliza por las manifestaciones.

La criminalización de la protesta adquiere, así, su más completo esbozo. Manifestarse es criminal porque formaría parte de un acto de agresión foránea, contra el régimen político, y porque recurriría a delitos comunes contra el orden público. Tanto en gobiernos de izquierda como de derecha, en América Latina, hemos visto este tipo de criminalización. El sistema político cubano, que constantemente se legitima a partir de un discurso excepcionalista, no se aparta un milímetro del modus operandi regional cuando se trata de judicializar una protesta.

En Cuba existe, desde los años 90, un dispositivo jurídico de criminalización de la oposición política, como contrapartida de la enmienda Helms-Burton (1996) del Congreso de Estados Unidos, que reforzó el embargo comercial. La Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, o Ley 88, de 1999, aprobada por el parlamento de la isla, establece una serie de figuras delictivas a partir del posible respaldo a las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba en que puedan incurrir los ciudadanos al ejercer sus derechos de expresión, reunión o manifestación.

La ley está pensada en un rango de discrecionalidad interpretativa tan amplio que una crítica al sistema político de partido único o al desempeño de un gobernante puede ser asumida como suscripción a la Ley Helms-Burton. Comúnmente llamada «Ley Mordaza», este mecanismo jurídico fue utilizado en los procesos contra 75 opositores pacíficos en la denominada «Primavera Negra» de 2003. Aunque muchos de aquellos opositores, especialmente los afiliados al Movimiento Cristiano de Liberación y varios medios de prensa independientes, se oponían públicamente al embargo comercial de Estados Unidos, fueron juzgados y encarcelados como cómplices de esa política punitiva por ejercer la crítica al gobierno.

En los últimos meses, a raíz de las acciones del Movimiento San Isidro y el «27-N», el Estado cubano y los medios oficiales han rescatado la Ley 88 de 1999. Se ha dicho que algunos activistas de ambas organizaciones podrían ser procesados de acuerdo con esa norma jurídica. De por sí es irregular y arbitraria la existencia de una ley que está ahí, no para ser aplicada al pie de la letra, sino para ser utilizada como amenaza contra el ejercicio de las libertades públicas garantizadas y relativamente ampliadas en la última Constitución de 2019.

En los dos gobiernos latinoamericanos más unidos geopolíticamente a Cuba, el venezolano de Nicolás Maduro y el nicaragüense de Daniel Ortega, se han adoptado dispositivos jurídicos muy similares. Toda la ofensiva contra la oposición venezolana, desde 2019, ha seguido la misma premisa. Los arrestos de activistas, periodistas y líderes políticos en Nicaragua, en los últimos meses, se han basado en una ley que copia la letra y el espíritu de la cubana: Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz o Ley 1055 de 2020.

¿Estaría dispuesto el gobierno cubano a aplicar la Ley 88 de 1999 a cientos o miles de personas involucradas las manifestaciones del 11 y el 12 de julio? ¿Cómo avanzará ese gobierno en el procesamiento criminal y político de un grupo tan amplio de manifestantes? Cualquiera que sea la vía escogida, es evidente que de querer hacerlo, nada impediría a la máxima dirigencia cubana armar un caso de justicia masiva y proyectarlo, una vez más, sobre el conflicto bilateral con Estados Unidos.

Como en 2003, la justicia sería ejercida contra un grupo de cubanos que el gobierno ve como peones del imperialismo. Procesarlos como cómplices de la hostilidad de Washington permitiría focalizar el conflicto cubano, no en la acumulación de agravios internos (aumento de contagios de covid-19, desabastecimiento de medicinas y alimentos, cortes de electricidad, represión y privaciones de los jóvenes de menores recursos, como gran parte de los afrocubanos) que provocó el estallido, sino en las sanciones de Estados Unidos.

Esas sanciones, que deberían ser levantadas por su injusticia implícita, acaban siendo convertidas en la excusa perfecta para ejercer la represión en la isla. A todas las objeciones posibles al embargo comercial de Estados Unidos podría sumarse la de formar parte de la estructura jurídica del estado de excepción en Cuba. El embargo ya es un componente orgánico de la maquinaria represiva del Estado cubano y un argumento a favor de la criminalización de la protesta en la isla.

La entrada Cuba: el estallido social como crimen político se publicó primero en Periodistas Unidos.

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 18 de julio de 2021.- Duele ver el estallido social en Cuba; sin embargo, no asombra en lo más mínimo. Las ciencias sociales no serán exactas pero no son ciegas. Si quienes dirigen  cierran los ojos a la realidad, las mujeres y hombres de ciencia no debemos hacerlo. Está en juego nuestra credibilidad y, lo más importante, la vida de muchas personas y el futuro de la Patria.

Las señales

En entrevista para OnCuba hace poco más de un año, Alex Fleites me preguntó si creía que en la Isla se incubaba un nuevo momento histórico y cuáles serían sus señales más visibles. Esta fue mi respuesta:

«Sí, lo creo. Una crisis no es tal hasta que los actores sociales no toman cuenta de ella, ahí es determinante el factor subjetivo. Es una especie de malestar de época, por decirlo de un modo que ciertos críticos hallarán metafórico. Casi siempre se relaciona con el agotamiento de un modelo, fíjate que no digo de un sistema (…)

Para la llegada a ese momento de malestar existen hoy, en mi opinión, dos condicionantes. Por un lado la incapacidad de nuestros gobernantes de encauzar un camino de reformas exitoso. Ya son más de tres décadas del derrumbe del campo socialista y dos períodos de intento de reformas, uno en los noventa y otro a partir del 2010, este último incluso de modo formal y con una gran cantidad de documentación confirmatoria. Por otro lado, existe la capacidad ciudadana de someter a juicio público esa incapacidad, eso es algo novedoso. La ruptura de un canal de información unidireccional permite visibilizar las señales de alarma. Y los que dirigen lo saben bien pero han sido incapaces de responder adecuadamente.

Mi opinión es que presenciamos el agotamiento definitivo de un modelo económico y político, el de socialismo burocrático. Quienes dirigen no logran hacer progresar la nación con los viejos métodos, pero no son capaces de aceptar formas más participativas, con un peso mayor de la ciudadanía en la toma de decisiones».

Doce meses después, publiqué en LJC el artículo «Cuba, los árboles y el bosque», donde afirmé:

«En Cuba están maduras desde hace tiempo las condiciones objetivas para una transformación. Es indudable que la nación dejó de avanzar: la economía no crece desde hace años, la deuda externa aumenta constantemente, igual que los niveles de pobreza, y, a pesar de ello, las reformas han sido demoradas de manera inexplicable. Es evidente que los de arriba no pueden seguir administrando y gobernando como antes. Pero ¿qué ocurre con los de abajo?

Sin la maduración del factor subjetivo esa transformación no era posible. Se requería la voluntad de querer cambiar de las personas, una energía cívica que había sido aplastada por condicionamientos políticos, educativos y mediáticos. La «indefensión aprendida» también existe en un modelo socialista en el que el sistema controla en cierta medida la manera de comportarse de sus ciudadanos.

Faltando el factor subjetivo, las condiciones objetivas por sí solas no determinarían nada. Sin embargo, actualmente existen señales muy claras de su existencia. Tales signos no han sido entendidos por el aparato ideológico, que se equivoca al reducir las manifestaciones de descontento a «un golpe blando», a «una manipulación generalizada», o a la «creación de matrices de opinión negativas sobre el gobierno»; sin que yo niegue de plano que ello también ocurra. La dirección del país no termina de ubicarse en:

– El novedoso entorno que ha creado el acceso masivo a internet y las redes sociales, que los ha privado del monopolio absoluto de la información que tuvieron por décadas y ha democratizado su difusión y generado la posibilidad de campañas y denuncias ante arbitrariedades.

– Un estado de permanente polémica, visible en las redes y fomentado por la propia dirección del país a raíz de la consulta popular para la redacción de la nueva Constitución; quizás pensaron que al concluir la referida consulta y no requerirse más de nuestros puntos de vista cesaríamos de ofrecerlos, ingenuo de su parte, ahora tenemos cómo y no necesitamos de sus convocatorias.

– La declaración de Cuba como un Estado Socialista de Derecho que visibilizó mejor las prerrogativas de cubanas y cubanos y los compulsó a exigir libertades que la propia Constitución garantiza.

– La existencia de generaciones jóvenes, cuestionadoras per se, que han encontrado repercusión en generaciones mayores, ya cansadas de promesas incumplidas y reformas demoradas o interrumpidas.

Esta coexistencia de condiciones objetivas y subjetivas para una trasformación social es totalmente novedosa en el devenir del modelo socialista cubano. La cuestión que está en juego ahora no es si hay que cambiar, sino cómo hacerlo (…)

Llegados al punto en que se encuentra Cuba hoy, los caminos para un cambio social pueden ser dos: pacífico o violento. El primero de ellos, al que me adscribo totalmente, significaría aprovechar los espacios legales —muchos de ellos que habría que crear primero—, para presionar por cambios económicos, políticos y jurídicos dentro de un diálogo nacional en que no haya discriminación por motivo de credos políticos (…)

Alerto que es un momento gravísimo en este país. Se reúne un potencial conflictivo en un escenario que está siendo muy mal analizado, no solo por el gobierno sino también, infelizmente, por intelectuales y científicos sociales a los que su formación teórica y su habilidad para interpretar los hechos sociales debería separarlos de una declaración meramente ideológica (…)

Son nuestras muchachas y muchachos, dialoguemos con ellos y con la sociedad civil cubana que desea caminos de cambio y de paz. Si se escoge por el gobierno la confrontación violenta como respuesta, puede ocurrir, a gran escala, lo que ya vimos en el Vedado: un grupo pacífico de jóvenes rociados con gas pimienta; o lo que ocurrió en el Parque de la Libertad de Matanzas en la noche del sábado: un pequeño grupo que fue golpeado por miembros de la Seguridad del Estado. No importa que impidan el acceso a internet por algunas horas. Todo se conoce, y se enjuicia.

Mi conciencia no me permite callar.

El resultado

Los intelectuales que alertamos durante meses al gobierno sobre la posibilidad de un estallido social de mayor magnitud fuimos denominados mercenarios. El aparato partidista y gubernamental desconoció con negligencia las señales de alarma. Este es el resultado de su actitud.

El domingo 11 de julio, miles de personas se manifestaron en numerosas ciudades y pueblos de la Isla. Junto a los que solicitaban cambios, mejores condiciones de vida y libertades políticas; como es común en todo conflicto de estas dimensiones, también se sumó el que pretendía únicamente delinquir y vandalizar, pero esa fue la excepción, no la regla.

El presidente y primer secretario Miguel Díaz-Canel reaccionó a esos hechos, inéditos en la historia reciente de Cuba, con la siguiente convocatoria: «La orden de combate está dada. A la calle los revolucionarios».

En su primera comparecencia televisiva reconoció que entre los manifestantes había personas revolucionarias y confundidas. En la segunda aparición, el día 12, aseveró que todos eran contrarrevolucionarios y mercenarios y que lo acaecido era resultado de un plan diseñado en el exterior. Esa es la narrativa que se ha sustentado desde entonces. Para él, los miles de manifestantes no son parte del pueblo. Gran error.

Las fuerzas del orden —del Ministerio del Interior, las FAR, Tropas Especiales, los cadetes de las Academias militares y hasta la reserva—, han reprimido con violencia. También algunos grupos de manifestantes han sido violentos.

Se sabe de al menos una persona muerta y otras heridas, golpeadas y detenidas. Una parte de ellas fue liberada al siguiente día. No sucedió así en otros casos, como el de Leonardo Romero, joven estudiante de Física de la Universidad de La Habana que fue preso hace dos meses por alzar un cartel que decía «Socialismo sí, represión no». Transitaba cerca del Capitolio con un alumno suyo de preuniversitario. El muchacho intentó grabar la enorme manifestación que se había congregado allí. Lo agredieron con saña. Era un menor de edad y Leonardo lo defendió. Fueron detenidos ambos.

Es imposible conocer con exactitud lo ocurrido, porque desde las 3 de la tarde de ese día fue quitado el servicio de internet en Cuba. Somos un pueblo a ciegas, sin derecho a información y sin posibilidad de expresarnos. Los periodistas oficiales demuestran con su actitud que apenas son meros propagandistas del gobierno. Caiga sobre ellos toda la vergüenza del gremio.

Declaraciones justificativas, y en ocasiones incoherentes, han marcado la tónica del gobierno. El Buró Político se reunió hoy con la presencia de Raúl Castro pero nada trascendió de lo tratado. Al parecer, no existe una hoja de ruta diseñada para resolver una situación interna como este estallido, que es presentada ante la opinión pública como una gran conspiración internacional que emergió a partir de la etiqueta SOS Cuba.

Se han limitado a pedir la eliminación del bloqueo norteamericano. Ni una admisión autocrítica acerca de reformas postergadas y transgresiones constitucionales. Ni una invitación al diálogo. Creen, o quieren hacer creer, que los incómodos apagones de las últimas semanas son los responsables de la molestia ciudadana, sin reconocer las inmensas deudas sociales acumuladas que datan de décadas.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Exteriores, dijo en una conferencia con la prensa extranjera acreditada que en Cuba «nadie pasa hambre». Esa afirmación es otra evidencia del nivel de desconexión del gobierno con la gente de a pie. Solo es comparable con la crítica que hiciera Raúl en su «Informe Central» al 8vo. Congreso como secretario general saliente, a la «cierta confusión» que tuvieron algunos cuadros de dirección al emprenderla contra la «supuesta desigualdad» que ha creado la comercialización dolarizada en Cuba.

La desesperación de la gente la ha lanzado al estallido, a protestas masivas en medio del peor momento de la pandemia en la Isla. Es previsible esperar un enorme crecimiento de contagios, tanto entre los manifestantes como entre las fuerzas del orden y en los grupos de respuesta rápida convocados en los centros de trabajo para mostrar apoyo al gobierno.

A todo esto se une el oportunismo político de algunas voces en el exilio que piden una solución militar para Cuba. Deben saber que afectar la soberanía nacional con la tesis de una intervención humanitaria es totalmente inaceptable para una enorme mayoría de este pueblo, incluso para muchos de los que se manifiestan hoy contra el gobierno.

Al dirigirse a la prensa extranjera, Rodríguez Parrilla argumentó con ligereza que este no era el peor momento que se ha vivido en Cuba. Es cierto que en los noventa tuvimos una crisis terrible y un maleconazo; no obstante, le recuerdo que en aquella etapa teníamos un líder con visión suficiente para ofrecer cambios a corto plazo y un pueblo con esperanzas de que ante la caída del socialismo real en Europa el gobierno tendría la inteligencia suficiente para encauzar una vía expedita y continua de cambios.

Ninguna de estas cosas existe hoy. Pero pedirle al gobierno cubano que atienda a las señales es, ya lo hemos visto, arar en el mar.

La entrada Estallido social en Cuba: las señales ignoradas se publicó primero en Periodistas Unidos.

RSF. Ciudad de México. 31 de mayo de 2021.- El miércoles 26 de mayo de 2021, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Fundación para la Libertad de Prensa alertaron a las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unesco sobre la escalada de violencia que enfrentan las y los periodistas colombianos que cubren las manifestaciones desde el pasado 28 de abril.

Mediante un llamado urgente enviado de manera oficial al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Secretario General de las Naciones Unidas , así como al Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Interamericanos (OEA) y a la Unesco, alertamos de la situación alarmante de violencia contra periodistas que cubren protestas en Colombia.

Desde el 28 de abril a la fecha, la FLIP ha documentado 178 casos y 201 víctimas de ataques contra periodistas y medios de comunicación que procuran cubrir las movilizaciones sociales en el país.

Con motivo de estas cifras de violencia sin precedentes, y de cara a la incapacidad del gobierno colombiano de garantizar a la prensa las condiciones de seguridad para ejercer el quehacer informativo de manera libre de violencia, RSF y la FLIP instaron a los Relatores especiales y a la Unesco a reaccionar de manera inmediata frente a las autoridades colombianas emitiendo las siguientes recomendaciones:

• Solicitar al Estado de Colombia, en cabeza del Presidente de la República y la Procuradora General de la Nación y la Defensoría del Pueblo que realicen un rechazo público de las agresiones contra la prensa, tanto de las manifestaciones de funcionario públicos como de quienes ostentan cargos de elección popular, por tratarse de una violación directa a la Constitución y a las garantía de la libertad de prensa contenidas en instumentos internacionales.

•  Solicitar a Colombia que informe sobre las agresiones reportadas en contra de la prensa por parte de la Fuerza Pública en el contexto de protesta social y de particulares, de manera que se segregue por género de la víctima y tipo de agresión.

•  Solicitar a Colombia que se otorgue información clara sobre las investigaciones penales y disciplinarias que se han iniciado con ocasión de los hechos, las actividades de investigación desplegadas, los hallazgos dentro de las mismas y los miembros de la Fuerza Pública que presuntamente participaron en los hechos.

•  Solicitar a Colombia que las investigaciones penales contra miembros de la fuerza pública sean de conocimiento de la justicia penal ordinaria, en aras de garantizar la seriedad e imparcialidad.

•  Solicitar a Colombia que informe qué acciones se han desplegado para contrarrestar los riesgos que enfrenta la prensa en el contexto de protesta.

•  Solicitar a Colombia que evalúe el Programa de Protección mediante el cual se puede beneficiar a los periodistas, de manera que se establezcan medidas preventivas.

•  Solicitamos que se convoque una comisión experta independiente para investigar estos hechos, coadyuvar en el esclarecimiento de la verdad, la justicia y las medidas de no repetición.

• Solicitar a Colombia que implemente protocolos de atención a periodistas víctimas de los miembros de la Fuerza Pública así como que promueva una reparación colectiva por la violencia registrada en las jornadas de protestas.

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos, así como la Secretaría General de las Naciones Unidas a la fecha han acusado la recepción y garantizan a la FLIP y RSF de hacer el seguimiento de la petición.

Colombia ocupa el puesto 134 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2021 publicado por RSF.

La entrada Estallido de violencia contra la prensa en Colombia: RSF y la FLIP interpelan a la ONU, OEA y UNESCO se publicó primero en Periodistas Unidos.

AFP. Cali, Colombia. 29 de mayo de 2021.- Los militares comenzaron el sábado a reforzar la seguridad en Cali, la tercera ciudad de Colombia, ante la violencia que cobró la vida de 13 personas en el marco de las protestas que estallaron hace un mes contra el gobierno de Iván Duque.

Apenas unos pocos vehículos y personas se veían en las calles donde el viernes se enfrentaron manifestantes, policías y civiles armados hasta con fusiles.

Restos de barricadas y grandes cantidades de escombros reflejan el caos que envolvió a esta ciudad de 2,2 millones de habitantes, bajo toque de queda nocturno.

Trece personas murieron en diferentes episodios, entre ellas un funcionario de la fiscalía que mató con su arma a dos manifestantes que bloqueaban una vía. La turba se abalanzó sobre el hombre -que estaba fuera de servicio- y lo linchó, según el ente investigador.

“En el sur de la ciudad tuvimos (…) casi una guerra urbana donde muchas personas no solamente perdieron la vida, sino que también tuvimos una importante cantidad de lesionados”, dijo el secretario de Seguridad, Carlos Rojas, a Caracol Radio.

Al menos ocho de las muertes fueron por arma de fuego, según la policía.

En un mes de protestas masivas murieron por lo menos 59 personas, incluidos los 13 muertos de la víspera, pues la Defensoría del Pueblo había informado sobre 46 fallecidos hasta el viernes. En tanto, los heridos superan los 2.300 entre manifestantes y uniformados, de acuerdo con el Ministerio de Defensa.

La ONG Human Rights Watch asegura haber recibido “denuncias creíbles” de 63 muertes, 28 de ellas relacionadas directamente con las manifestaciones.

Duque, quien desde el viernes está en Cali, ordenó el despliegue de tropas bajo la figura de la asistencia militar que faculta al ejército a apoyar a la policía en las tareas de control.

“Me siento más seguro con el ejército que con la policía (…) porque aquí siempre ha sido más respetado”, señaló Modesto Tenorio, un comerciante de 64 años.

Civiles “masacrando”

Son en total 7.000 militares que asumirán la vigilancia de Cali y el resto de municipios del departamento azucarero e industrial de Valle del Cauca. En un decreto firmado la noche del viernes, el mandatario activó el mismo dispositivo de apoyo militar para otros nueve departamentos afectados por los bloqueos viales.

Desde el 28 de abril a diario se movilizan multitudes para protestar contra el gobierno por los abusos policiales y el manejo de la crisis económica que trajo la pandemia.

El viernes la jornada fue particularmente violenta en Cali. “Nosotros estábamos en una actividad cultural con la gente porque ya estábamos celebrando un mes de paro” en el barrio de Meléndez (sur), “cuando se escucharon unos tiros”, relató a la AFP un testigo que pidió la reserva de su nombre por temor.

“Empezaron a masacrar la gente”. Eran “unos cinco personajes de civil, escondiéndose detrás de los árboles”, aseguró el bachiller de 22 años. Videos que se viralizaron en las redes respaldan su versión.

La policía aseguró en un comunicado que investigará a los uniformados que fueron “permisivos con la actuación de civiles armados”.

Militarización bajo críticas

Colombia pasa por un inédito levantamiento popular que detonó una propuesta de Duque para aumentar los impuestos a la empobrecida clase media, con el fin de tapar el hueco fiscal dejado por la pandemia. El mandatario cedió a la presión de las manifestaciones y archivó la iniciativa, pero la violencia policial agravó el malestar social.

Los excesos de la policía, que en Colombia depende del ministerio de Defensa, han sido condenados por la comunidad internacional. Según la ONG Indepaz, 43 de las muertes serían de “presunta autoría de la fuerza pública”.

El gobierno evita condenar abiertamente la represión policial y asegura estar enfrentando vandalismo y “terrorismo urbano de baja intensidad”. También denunció que grupos guerrilleros financiados por el narcotráfico infiltraron el movimiento de protesta.

Duque, que desde hace dos semanas intenta negociar una salida a la crisis con el frente más visible de las protestas, endureció su posición con el envío de las tropas a las ciudades.

Luis Felipe Vega, profesor de ciencias políticas en la Universidad Javeriana, cuestionó la medida. Es como “apagar un incendio con gasolina”, ya que un soldado está formado para “neutralizar una amenaza”, no para controlar protestas, dijo a la AFP.

La entrada Cali, bajo control militar tras la jornada más violenta del estallido social en Colombia se publicó primero en Periodistas Unidos.

Foto: Luis Hidalgo / AP

Por Teresa Gurza

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 05 de noviembre de 2020.- Con tranquilidad que no auguraban los estallidos sociales de hace un año y los actos vandálicos de hace semanas, casi el 79 por ciento de votantes chilenos aprobaron este domingo 25 de octubre, la redacción de una nueva constitución en reemplazo de la de Pinochet que aún rige.

Que en realidad no es totalmente de Pinochet, porque la firma el presidente socialista Ricardo Lagos en cuyo gobierno se reformaron 27 artículos; no fueron más, dijo Lagos entonces, porque se opuso la derecha.

Y ahora, en conversación con el diario La Tercera, festejó “Chile recuperó un poquito de su autoestima” y recordó las palabras dichas en abril de 1979 por Jaime Guzmán, ideólogo de Pinochet y redactor de la constitución que será derogada:

“Quiero hacer una Constitución, dijo Guzmán, que cuando lleguen algún día a gobernar los que piensan distinto a nosotros, no puedan llevar adelante sus ideas porque la Constitución se los prohíbe.”

Pero los 41 años transcurridos, la persistencia de la desigualdad, divisiones en la derecha, y el anhelo de la juventud por modificar el futuro, pudieron más.

Las opciones de votación fueron “Apruebo” o “Rechazo” (una nueva constitución).

El plan para el plebiscito se inició el 12 de noviembre del año pasado, cuando en uno de los días más violentos el presidente Sebastián Piñera pidió a las fuerzas políticas llegar a un acuerdo; que se alcanzó tres días después, cuando presidentes de casi todos los partidos firmaron el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución.

Y el domingo 25, pese a la pandemia, votaron alrededor de 7 millones de chilenos; el 50 por ciento de los electores, con medidas sanitarias que incluyeron mascarillas obligatorias, distancia y llevar la propia pluma.

Apenas 50 minutos después del inicio del conteo y antes del primer boletín oficial, el senador de derecha Juan Antonio Coloma (UDI), del comando del Rechazo, reconoció el triunfo del Apruebo.

«Son resultados contundentes… La democracia es así y lo que cabe es seguir el proceso», dijo.

Se votó también, porque los redactores de la nueva constitución sean 155 personas electas el próximo 11 de abril, con paridad de género y representación de los pueblos originarios.

Podrán registrarse en forma independiente o por partidos políticos; pero no podrán hacerlo, senadores y diputados en activo.

El proyecto de Constitución se hará en una “convención constitucional” a partir de mayo; y cuando esté terminado, habrá otro plebiscito.

Y mientras la centro izquierda festeja, las divisiones recrudecen en la derecha; pero se prevé vuelva a unirse y sea la izquierda, la que podría tener problemas para integrar una lista única de candidatos constituyentes.

Las discrepancias se dieron hasta en el interior de las familias; porque la mayoría de los jóvenes eligió aprobar.

Por rechazar, votaron quienes consideran que los cambios afectarán la economía, el desarrollo social y los valores religiosos; y ganaron únicamente, en cinco de las 346 comunas del país:

La de la Antártica, en la Región de Magallanes donde votaron en total 31 personas; Colchane, en el altiplano andino limitando con Bolivia en la Región de Tarapacá, donde hubo 505 votos.

Y Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, de la Región Metropolitana de Santiago, donde viven 400 mil personas que concentran la mayor riqueza y mayor nivel educativo del país y casi toda la cúpula política, militar y empresarial, y 166 mil 544 electores votaron Rechazo.

Los diarios chilenos El Mercurio y La Tercera, consignaron opiniones señalando que para los del Apruebo, “la Constitución de 1980 es la madre de las desigualdades… y un sistema cooptado por caudillajes, familias con numerosos representantes en cargos de relevancia y creciente distanciamiento de las necesidades de la ciudadanía.”

Y diarios de fuera de Chile, mostraron interés en el proceso:

El País de España: «… ninguna fuerza política podría arrogarse un triunfo que fue de la ciudadanía…»

El País de Uruguay: «Chile es un espejo. Hay que aprender de los errores de su oficialismo, que arruinaron una agenda de cambios muy necesaria… y tomar nota de lo que es capaz de hacer una izquierda antidemocrática…»

El Tiempo, de Colombia: «Chile es el único país del mundo donde el agua es privada; esa realidad y otras tantas sustentadas por su Constitución, quedarán en el pasado…”

El Comercio de Perú: «con mascarillas, largas filas y esperanza de un cambio, el proceso transcurrió sin incidentes…»

En fin, el futuro no será fácil.

Ojalá los cambios sean por consenso; porque quedó claro, que las divisiones no terminaron en un plebiscito por pacífico que haya sido.

La entrada Votando el futuro se publicó primero en Periodistas Unidos.

Foto: Bienvenido Velasco / EFE

EFE. Quito, Ecuador. 26 de octubre de 2019.- La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) presentará hasta el próximo miércoles una propuesta sobre un nuevo modelo económico para el país, que busca evitar la aplicación de medidas de ajuste contra la población, que podrían desatar otro estallido en las calles.

Así lo manifestó a Efe el presidente de la Conaie, Jaime Vargas, al evaluar el trabajo del denominado Parlamento de los Pueblos y Nacionalidades, que congrega desde el pasado viernes en Quito a representantes de diferentes organizaciones sociales del país.

La Conaie lideró las masivas manifestaciones que se desataron en Ecuador entre el 3 y el 13 de octubre pasado contra la eliminación del subsidio a las gasolinas, aplicada en el marco de un acuerdo crediticio con el FMI y que el Gobierno se vio forzado a derogar para poner fin a la convulsión social en las calles.

«No es posible que los gobiernos tomen decisiones a espaldas del pueblo» y es por ello que se ha instalado el Parlamento popular, como un «único camino para poder pensar, analizar y tomar buenas decisiones» en beneficio de toda la nación, opinó Vargas.

Explicó que los delegados trabajan en «mesas temáticas» sobre varios aspectos de la realidad nacional, en una labor continua que nutrirá el diálogo entre las organizaciones sociales para elaborar una sola propuesta.

«Es posible que estas mesas sigan trabajando y que hasta el miércoles tengamos lista la propuesta. No es un decreto, es una propuesta de un nuevo modelo económico», reiteró Vargas.

El texto elaborado será entregado al Sistema de Naciones Unidas de Ecuador, cuya oficina en Quito se ha ofrecido como mediadora del proceso de diálogo entre el movimiento indígena y el Gobierno, pero que la Conaie lo suspendió por la supuesta persecución contra los líderes de las protestas.

La propuesta de las organizaciones sociales se prevé que llegue al Gobierno «a través de los garantes» de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, agregó el líder indígena al defender la labor del llamado Parlamento popular, una iniciativa que, según dijo, «es lo que necesita Ecuador».

Agregó que la propuesta busca ser un insumo para que el Gobierno de Moreno busque nuevas alternativas económicas, aunque dijo intuir que el Ejecutivo pretende insistir en ajustes como el aumento de los precios de las gasolinas y otras medidas que favorecen a los grupos de poder del país y que forman parte del recetario de organismos como el Fondo Monetario Internacional.

«El pueblo está dispuesto» a reactivar la protesta en las calles, si el Gobierno insiste en aplicar políticas que perjudican a al población, añadió Vargas.

«No vamos a aceptar un decreto parecido al 883 que fue disuelto», agregó en referencia al que desató las protestas de principios de octubre.

Vargas no quiso anticipar su criterio sobre si la Conaie volvería a liderar las manifestaciones, pero dijo sospechar que el presidente de la República está rodeado de «gente que no quiere el diálogo» y que intenta imponer ciertas medidas antipopulares.

Para Vargas, son esas «malas decisiones» de los gobiernos los que han llevado a estallidos sociales en la región y mencionó los casos de Chile, Colombia, Argentina y Honduras, entre otros.

Incluso nombró a Bolivia, donde el reelegido presidente indígena Evo Morales, según Vargas, ha tenido muchas dificultades con varios sectores campesinos.

Sin embargo, aseguró que si Morales goza de la simpatía de la mayoría de su pueblo y la economía boliviana es una de las más fuertes de la región, se debe considerar su valor y pensar que los indígenas también están capacitados para dirigir los destinos de la nación.

«¿Por qué no puede ser presidente un campesino, una mujer campesina», se preguntó Vargas y dijo que siente que el pueblo debe unirse y pensar que las elecciones presidenciales de 2021 en Ecuador pueden ser «una oportunidad» para los sectores populares. 

La entrada Grupo indígena de Ecuador alista una propuesta para evitar otro estallido se publicó primero en Periodistas Unidos.