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Familiares de defensora afroindígena Kenia Hernández, piden su excarcelación

Periodistas Unidos — Wed, 19 Oct 2022 02:32:42 +0000

EFE. Ciudad de México. 18 de octubre de 2022.- Familiares y organizaciones denunciaron este martes irregularidades en el caso de la defensora afroindígena mexicana Kenia Hernández y pidieron su inmediata liberación, ya que lleva dos años en prisión en el estado de Morelos, centro de México.

Más de medio centenar de personas se reunió frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México, donde tuvo lugar un mitin político-cultural.

Hernández, quien destacó en la lucha social en años recientes, tiene procesos penales en varios estados mexicanos en su contra además de las tres vinculaciones a proceso que se generaron en solo cuatro meses en 2020, ya que, según dijo la activista y periodista, desde Fiscalía informaron que existen otras que no se vincularon a proceso y «como 17 denuncias hacia el colectivo que ella dirige».

Kenia Hernández fue consejera de derechos humanos en la casa de justicia de la CRAC-PC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria) con sede en Cochoapa, municipio de Ometepec (Guerrero).

Es indígena amuzga, feminista, abogada defensora de derechos humanos, de mujeres, de personas indígenas, de personas injustamente presas y de presos políticos.

«A Kenia se le ha vulnerado el derecho más básico de toda persona imputada: la presunción de inocencia, aquel que dicta que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario», expresó en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Además, extrañamente, Kenia dijo que hicieron desalojar un pabellón de 29 celdas, para recluirla ahí y mantenerla en total aislamiento, sin contacto con ninguna otra persona, “esto porque se le considera una interna peligrosa.

«El caso de Kenia es indignante para las organizaciones que la acompañamos, pues su historia de vida nos demuestra el honor que para ella representa acompañar y resolver casos de violaciones a los derechos humanos», añadió el comunicado.

Y señaló también que «ahora ella enfrenta una violación a sus derechos humanos pues se le acusa por el delito ‘ataques a las vías de comunicación’ el cual, de acuerdo con la Ley no amerita la prisión preventiva oficiosa, es decir, ella debía haber llevado su proceso en libertad para demostrar su inocencia».

Por lo anterior, familiares y amigos, organizaciones y colectivos defensoras de derechos humanos que acompañan la jornada por la liberta de Hernández sostuvieron que la preocupación de que la defensora sufra de criminalización por su labor como defensora de los derechos humanos y solicitaron se atienda el llamado de la ONU para su liberación temprana.

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Excarcelación de reos evidencia fallas y violaciones de Derechos Humanos en México

Periodistas Unidos — Wed, 15 Sep 2021 22:54:50 +0000

EFE. Ciudad de México. 15 de septiembre de 2021.- El Gobierno mexicano contempla liberar este miércoles a 681 reos injustamente presos -de un total de más de 4.000 casos en análisis- en un hecho que reconoce las injusticias del Estado y al mismo tiempo evidencia la violación de los derechos humanos y procesales.

El Gobierno mexicano citó 4.233 expedientes de reos torturados, sin condena, adultos mayores o con enfermedades crónicas que pueden beneficiarse de un reciente decreto.

De estos, según anunció este martes, se prevé la excarcelación de 681 personas para este 15 de septiembre, la fecha que el presidente Andrés Manuel López Obrador había puesto como meta.

Pero pese a las buenas intenciones del decreto, que busca despresurizar las cárceles y ayudar a miles de personas, especialistas en el tema aseguraron a Efe de que este no plantea realmente soluciones, redunda en disposiciones legales ya existentes, y además repite fallas que se han presentado con otras medidas, como la Ley de Amnistía.

«Este decreto no es más que la reiteración de lo que ya se encontraba en la ley. Con el plus de incentivar a que una autoridad administrativa y los sistemas penitenciarios tengan la posibilidad de proactivamente identificar casos y comunicarlos a las defensorías y a los poderes judiciales», explicó a Efe Viridiana Valgañón, abogada de la organización Equis Justicia para las Mujeres.

EL DECRETO

El decreto del 25 de agosto pasado ordena crear un comité para excarcelar a adultos mayores de 75 años, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, presos con 10 años sin sentencia y torturados.

Pero para Valgañón, no existen todavía los recursos humanos necesarios y materiales suficientes para que funcione efectivamente este comité, por lo que el organismo puede «sobresaturarse».

Señaló que esto es algo que ya sucedió con la Comisión de Amnistía, la cual, tras más de un año desde que se instaló, apenas ha sesionado en cuatro ocasiones.

De acuerdo con cifras oficiales, la población penal en México es de 220.866 personas. Sin embargo, hay más de 94.000 presos sin sentencia, la mayoría en prisiones estatales.

POSITIVO PERO CON ARISTAS

Nayomi Aoyama, coordinadora del programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la organización Documenta, afirmó que el decreto es algo «positivo» pero entre las ONG persiste la preocupación por la «poca efectividad que tienen este tipo de documentos».

Explicó que algo similar ha pasado con la Ley de Amnistía de abril de 2020, donde de las más de 1.600 solicitudes, solo cinco casos han obtenido el beneficio.

Aoyama señaló que además existe un problema de opacidad, porque no se incluye ningún tipo de mecanismo de transparencia que permita fiscalizar el desempeño de este comité y las liberaciones que se vayan otorgando.

Y agregó que tampoco se ha explicado cómo se hará la evaluación de los casos.

Para la especialista en temas de seguridad y prevención del delito, Eunice Rendón, este tipo de herramientas «en el fondo están muy bien por lo que están motivadas, pero al final no terminan siendo muy prácticas».

Y por ello puso como ejemplo «lo que ha pasado con la Ley de Amnistía, en un proceso que ha sido un poco lento y arduo».

Destacó que por ahora «lo más importante es la voluntad política que tengan las autoridades» y deseó que se creen herramientas didácticas e informativas para ayudar a los reos y a sus familiares interesados en este proceso.

«Es un tema complejo», subrayó.

NO CONTEMPLAN REINSERCIÓN

Las expertas señalaron que entre las problemáticas que tiene este decreto es que no se incluye un plan o estrategia de reinserción.

«Debería incluirse un mecanismo para exhortar a diversas autoridades administrativas a trabajar para facilitar la vuelta de estas personas a sus vidas en el exterior», dijo Aoyama.

Mientras que las autoridades también deberían atender a las personas que salgan con padecimientos clínicos, así como garantizar acceso a una vivienda.

En tanto, Valgañón afirmó que el decreto solo lanza un mensaje contradictorio: «Mientras por un lado se excarcela a los presos torturados, por el otro se aprueban decretos para militarizar el país, cuando sabemos que son instituciones que están denunciadas por tortura por organismos internacionales», lamentó.

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López Obrador insiste en una excarcelación masiva antes del 15 de septiembre

Periodistas Unidos — Tue, 03 Aug 2021 18:19:54 +0000

EFE. Ciudad de México. 03 de agosto de 2021.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que este martes encargó la redacción del decreto para excarcelar antes del 15 de septiembre a presos que llevan 10 años sin sentencia, personas torturadas, mayores de 75 años y a mayores de 65 años con enfermedades degenerativas.

«Tiene que entrar en vigor pronto y tenemos que tener resultados antes del 15 de septiembre. Están trabajando en ello», expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.

El presidente anunció el pasado jueves su intención de llevar a cabo esta excarcelación, puesto que, según dijo, el 43 % de los 220.000 reos del país están en prisión preventiva sin sentencia.

López Obrador dijo que este martes pidió a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que «preparara el decreto».

El mandatario recordó que se buscará excarcelar a cuatro tipo de reos: los que lleven más de 10 años sin sentencia, los que tengan más de 75 años, los que tengan más de 65 años y sufran enfermedades crónicas degenerativas, y los que «fueron víctima de tortura».

Los beneficiarios de la excarcelación no podrán ser presuntos responsables de «delitos de sangre graves», aclaró el mandatario.

El Gobierno no tiene un cálculo definido del número de presos que beneficiaría esta medida.

«Va a haber un procedimiento pero hay que esperar a cómo se va a elaborar el decreto y si necesitamos contar con el apoyo del Poder Judicial», expresó.

Esta es una medida adicional a la Ley de Amnistía que promulgó el Gobierno en abril de 2020 con el objetivo de liberar a unas 6.000 personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas, con el objetivo de despresurizar las cárceles.

El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) reportó en marzo pasado una sobrepoblación en 172 centros penitenciarios federales, de un total 288, es decir, 60 % del total.

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