EFE. Ciudad de México. 03 de septiembre de 2021.-  La crisis migratoria se ha recrudecido en el sur de México con la formación de nuevas caravanas y su disolución por parte de las autoridades, unos hechos condenados por la ONU y que cuestionan el discurso oficial del Gobierno mexicano de respeto a los derechos humanos.

En la última semana, un total de tres caravanas de migrantes con centenares de personas -en su mayoría haitianos, venezolanos y centroamericanos- partieron en diferentes días desde la fronteriza ciudad de Tapachula hacia el norte.

Pero las tres fueron desmanteladas por agentes de seguridad mexicanos tras avanzar unas decenas de kilómetros por el mismo estado de Chiapas, que se ha convertido en un dique.

«Estamos haciendo una labor para contener la afluencia migratoria hasta donde podamos y al mismo tiempo seguimos insistiendo con el Gobierno de Estados Unidos para que se atienda lo más pronto posible (…) y se les dé opciones a los que por necesidad tienen que abandonar sus pueblos», afirmó este jueves el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Agregó que retener a los migrantes en el sureste del país les evitaba peligros a lo largo del trayecto, en un momento en que la región vive una ola migratoria sin precedentes.

Como ejemplo, Estados Unidos detuvo el pasado julio en su frontera sur a 212.672 indocumentados, la cifra más alta en 20 años.

CRÍTICAS POR DOQUIER

Las recientes imágenes de dos agentes migratorios mexicanos que pateaban a un haitiano durante un choque con las autoridades desataron enormes críticas.

«El incremento de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional a lo largo de la frontera sur de México con el objetivo de realizar tareas de verificación y control migratorio debe respetar los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo», apuntaron en un comunicado conjunto la Acnur, la ONU-DH y la OIM.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) lamentó también que en las caravanas hubo «uso desproporcionado de la fuerza» contra familias y niños.

Ello llevó a la suspensión de los dos agentes de migración, aunque el presidente aseguró en su informe de Gobierno que fue un «caso excepcional» porque no hay «represión» y se respetan los derechos humanos.

OPERATIVOS Y TEMOR

Pero el suceso ha avivado la polémica sobre si México realmente trata con dignidad a los migrantes, pues no es la primera ocasión en que despliega a miles de sus efectivos.

Esto fue visible durante el mandato de Donald Trump en Estados Unidos (2017-2021), especialmente cuando a mediados de 2019 amenazó a México de imponer aranceles si no contenía el paso de migrantes.

Con un nuevo líder en la Casa Blanca, Joe Biden, el actuar de las fuerzas mexicanas, y los miedos y anhelos de los migrantes, se repiten.

«Nos tratan súper mal. (…) Queremos preguntarle al director de migración por qué nos quieren tener encerrados en México», denunció este semana a Efe un migrante que prefirió mantener el anonimato por miedo a ser deportado.

«Por favor, déjenos pasar porque vamos decididos a todo», agregó José, un guatemalteco que avanzaba en caravana bajo la lluvia que azota estos días la región.

Los de #Migración @INAMI_mx también pasándose de listos con los reporteros que cubren las caravanas de migrantes en #Chiapas A @pedrogerardo26 de @AztecaNoticias lo tiraron de bruces porque grababa un montonero arresto. #bestias pic.twitter.com/S54Qix2kZr

— Juan Pablo Solis (@JPSolisM) September 2, 2021

RELACIÓN CON EE.UU.

Biden asumió el cargo en enero de 2021 y eliminó el polémico Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), conocido como «Permanecer en México», que impulsado por Trump dejó varadas en México a unas 70.000 personas que esperaban una cita en una corte estadounidense para su trámite de asilo.

Pero este ingente número es todavía mucho mayor -de unos 700.000- si se suman a los expulsados de Estados Unidos con distintas políticas desde marzo de 2020 a abril de 2021, según datos del Comité Internacional de Rescate (IRC, en inglés).

Además, a mediados de agosto el Tribunal Supremo estadounidense avaló el restablecimiento del MPP, a lo que México respondió ofreciendo «ayuda» y un «diálogo técnico» con Washington pero asegurando que su política migratoria se «ejecuta de manera soberana».

«Como IRC creemos que las personas sí tienen derecho tanto por leyes internacionales como por leyes de Estados Unidos a solicitar asilo y refugio cuando lo necesitan. Y sabemos que (el restablecimiento del MPP) tendrá un impacto enorme», dijo este viernes a Efe Meghan Lopez, vicepresidenta para América Latina de IRC.

López Obrador anunció este jueves que enviará una carta a Joe Biden para instarle a que dé visas de trabajo temporales a centroamericanos y a que se atiendan las «causas» de la migración.

«Tenemos que reconocer que la migración en Latinoamérica es un síntoma de la crisis humanitaria que existe en toda la región», dijo Meghan Lopez.

Y coincidió en que para atender el fenómeno se debe atender su «causa-raíz».

¿DOBLE DISCURSO?

La situación en el sur de México parece chocar con la acogida de centenares de afganos -entre ellos periodistas, mujeres y menores de edad- después de que los talibanes tomaran el control del país.

«México tiene una larga historia de acoger a personas en tiempos de crisis», remarcó la activista de IRC, organismo que está apoyando a los refugiados afganos en México.

Pero mientras estos asilados llegan en aviones, esta misma semana el INM anunció que busca instalar un «campamento humanitario» en el sur para migrantes haitianos, «sumando esfuerzos» con Acnur y con la poderosa Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

Aunque a través de un boletín, la CEM rechazó que exista «algún acuerdo» o «aceptación» sobre este asunto, advirtiendo que el «hacinamiento, inseguridad o falta de trabajo» en Tapachula puede llevar a una violación de los derechos humanos de los migrantes.

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