Periodistas Unidos. Ciudad de México. 10 de julio de 2026.- En Después de la Letra… la Palabra de Periodistas Unidos, Alejandro Meléndez y Témoris Grecko entrevistan a la analista política Luciana Jáuregui desde Cochabamba, Bolivia. Se analiza el gobierno de Rodrigo Paz: su viraje neoliberal tras ganar con voto popular, alianzas con élites tradicionales, represión a las protestas, el rol de los movimientos indígenas y campesinos, la crisis económica y el panorama de inestabilidad política en el país.

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• La organización califica como positivo el compromiso de la presidenta Sheinbaum de no modificar la ley ni otorgar nuevas concesiones, pero urge la reglamentación

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 10 de febrero de 2026.- La Colectiva Cambiémosla Ya consideró positivo el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de que no habrá modificaciones a la Ley de Minería de 2023, ni se otorgarán nuevas concesiones mineras. Sin embargo, la organización señaló que para hacer más efectivo el cumplimiento del nuevo marco legal minero aprobado en 2023, es urgente que se publique el Reglamento de la Ley de Minería, con estricto apego a las nuevas disposiciones.

La Colectiva señaló que esta es una responsabilidad conjunta de la Secretaría de Economía, que encabeza el secretario Marcelo Ebrard, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que dirige la secretaria Alicia Bárcena, dependencias que deberían haber emitido la regulación correspondiente, a más tardar, 180 días después de la entrada en vigor de la ley. «Hoy siguen en incumplimiento», denunciaron.

El movimiento destacó que el Reglamento de la nueva Ley de Minería es fundamental para la correcta implementación de ese ordenamiento legal, especialmente en materia de protección de los derechos de las comunidades y del medio ambiente.

Entre los artículos que deben reforzarse en el reglamento están: la obligación de contar con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas antes de asignar una nueva concesión minera en sus territorios; contar con la autorización de una manifestación de impacto ambiental, planes de cierre y post cierre de minas y un estudio de impacto social previamente a la asignación de una concesión; o la prohibición de minería en zonas de estrés hídrico, en Áreas Naturales Protegidas y en el fondo marino.

«El reglamento debe también contribuir a dar plena garantía a los derechos de pueblos y comunidades que resisten frente a proyectos mineros, salvaguardar el agua, el aire, los bosques y el suelo de los graves impactos de la minería; garantizar el resarcimiento y reparación de los daños que genera dicha actividad durante las fases de exploración, explotación, cierre y post-cierre de las minas. He ahí la urgencia de su publicación», señalaron.

La Colectiva expresó su preocupación porque la Secretaría de Economía, además de no haber publicado el reglamento, ha presumido reiteradamente su cercanía y comunicación con la industria minera en el proceso de elaboración del reglamento de la Ley de Minería, lo que contrasta con la indiferencia y hermetismo que mantiene con las comunidades afectadas por esa industria y las organizaciones que las acompañan.

Con respecto al Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre Estados Unidos y México, la organización consideró que el proceso sobre minerales críticos con los Estados Unidos y cualquier otro país debe ser transparente. «Es importante que los eventuales acuerdos no contravengan la decisión de la presidenta Sheinbaum de evitar poner en riesgo la soberanía sobre los recursos naturales, ni favorecer un mayor avance del extractivismo en el territorio nacional», subrayaron.

Asimismo, respecto al anuncio de la presidenta de recuperar 200 concesiones, la Colectiva señaló que «este es sin duda un paso inicial para cancelar un número mayor de las 22,245 concesiones mineras vigentes que, según la Secretaría de Economía, existían en el país en 2025 y que abarcan una superficie de poco más de 10 millones de hectáreas. En ningún caso, los dueños de los territorios fueron consultados, ni siquiera informados sobre la imposición de dichas concesiones sobre sus territorios».

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Periodistas Unidos. Quito, Ecuador. 28 de septiembre de 2025.- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y sectores sociales cumplen 10 días de paro nacional contra el alza del diésel, el aumento del costo de vida, la crisis en salud y educación, el extractivismo y la represión a líderes indígenas y defensores de derechos humanos. El gobierno de Daniel Noboa ha respondido con militarización, censura y violencia, dejando un saldo de una persona asesinada, 47 heridos y cerca de 100 detenciones arbitrarias, según reportes de la CONAIE y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).

El 28 de septiembre, Efraín Fueres, comunero kichwa de 46 años de Inguintza-Cuicocha (Imbabura), murió tras recibir tres disparos de militares durante un bloqueo en la Panamericana Norte, en lo que la CONAIE califica como “ejecución extrajudicial”. Un video muestra a un civil intentando socorrerlo mientras es agredido por militares. Otro comunero permanece en estado crítico por heridas de bala. El Ministerio de Defensa reporta 12 militares heridos y 17 retenidos temporalmente, pero no ha confirmado la muerte ni iniciado investigaciones.

La CONAIE denuncia la criminalización de la protesta: 12 jóvenes kichwas de Otavalo fueron acusados de terrorismo y trasladados a cárceles de alta seguridad en Esmeraldas y Portoviejo, uno de ellos con epilepsia y sin acceso a medicación. Además, personas venezolanas han sido detenidas como “falsos positivos”, vinculadas sin pruebas al Tren de Aragua. “No son terroristas, son trabajadoras, estudiantes, artesanas y campesinas”, afirma la CONAIE. Medios indígenas han sido silenciados y cuentas bancarias de dirigentes congeladas, lo que se señala como persecución política.

El gobierno impulsa dos nuevas rondas petroleras (Suroriente y Subandina) y un referéndum que amenaza derechos colectivos y el Estado plurinacional, según las organizaciones. La CONAIE exige derogar el alza del diésel, reducir el IVA al 12%, frenar el extractivismo y priorizar salud y educación.

El 27 de septiembre, Gina Romero, Relatora Especial de la ONU, expresó “profunda preocupación” por el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias, urgiendo al gobierno a cumplir estándares internacionales de derechos humanos. El Foro Permanente de la ONU sobre Cuestiones Indígenas respaldó estas demandas.

La CONAIE llama al cese de la represión, la liberación de detenidos, el respeto a derechos colectivos y un diálogo real. Pide a la comunidad internacional vigilar para evitar más víctimas, advirtiendo: “Si nadie enfrenta a un gobierno autoritario, no hay democracia”. El paro, con bloqueos en Imbabura, Pichincha y Cotopaxi, ha generado pérdidas económicas de más de 40 millones de dólares, según sectores turísticos y comerciales.

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EFE. Ciudad de México. 04 de octubre de 2024.- La nueva secretaria de Medio Ambiente de México, Alicia Bárcena, dirigió este viernes su primer mensaje desde que asumió el cargo, en el que anunció sus apuesta por la «sostenibilidad» y propuso «superar el extractivismo».

«Tenemos que estar a la altura de las exigencias del pueblo mexicano, tenemos que superar el extractivismo y el consumo excesivo, y la verdad es que la sostenibilidad ambiental es una parte fundamental de la revolución de las conciencias a la que nos ha convocado la cuarta transformación», afirmó Bárcena, quien ocupó la cartera de canciller bajo la anterior Administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

La secretaria hizo referencia a los principios que guiarán su política entre los que destacan la protección del patrimonio natural; el saneamiento de ríos, con especial énfasis en las cuencas del Lerma, Tula y Atoyac; y la prevención de desastres naturales.

«Estamos atestiguando el impacto del cambio climático, esa es la realidad y por lo tanto nos debemos anticipar», dijo Bárcena en referencia a los últimos desastres sucedidos en el litoral pacífico mexicano tras el paso del huracán John, misma zona que se vio afectada el pasado año por Otis, el peor huracán de la historia reciente de México.

La titular se refirió a su vez a los megaproyectos emprendidos por la anterior Administración y que tendrán continuidad bajo el Gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, como el Tren Maya, y a la importancia de acompañarlos desde su Secretaría para asegurar un mínimo impacto ecológico.

«Tenemos que acompañar los grandes proyectos estratégicos de infraestructura (…) queremos estar ahí desde el día uno para ver cómo se puede hacer la manifestación de impacto ambiental. No nos oponemos a que haya este desarrollo, pero tiene que ser articulado con una política ecológica y ambiental», afirmó Bárcena.

Durante la rueda de prensa, la secretaria aprovechó para confirmar algunos de los integrantes de su equipo, entre quienes sobresalen la próxima subsecretaria de política ambiental y recursos naturales, Marina Robles García; la subsecretaria de regulación ambiental, Iliana Villa López; o Efraín Morales López, al frente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además, Bárcena aludió a la propuesta de la presidenta Sheinbaum de conseguir que para 2030 el 45 % de la aportación energética provenga de energías renovables, que calificó como «interesante y un gran desafío».

Por último, la secretaria quiso recordar la labor de defensores del medioambiente que pagaron con su vida por su trabajo.

«Tenemos que estar a la altura de este desafío; hay mucha gente que ha muerto en el camino y hay muchos que han dado la vida por la vida, muchos de ellos acá, en México, los defensores del medio ambiente», concluyó.

Un total de 102 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas en México durante el sexenio anterior del expresidente Andrés Manuel López Obrador, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

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