AMEXI. Ciudad de México. 28 de noviembre de 2024.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Tren Maya “es un éxito” y aprovechó para rechazar que este transporte presente fallas.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo refirió que el tren está funcionando bien y que sólo hace falta la consolidación en la parte de la carga.

“El Tren Maya es un éxito, está funcionando muy bien, vienen o van turistas nacionales, extranjeros, ¿Qué le falta a esa parte del Tren Maya? La apertura comercial de Palenque a Chetumal, que lo vamos a hacer en diciembre. Se quedó construido y faltaba una parte y va a quedar completo todo el circuito y faltan algunos trenes que estaban programados, que van a ir llegando a lo largo del próximo año”, explicó.

Sheinbaum Pardo abundó que es falso que tenga problemas o fallas, “el Tren Maya es un éxito. ¿Qué necesitamos para darle más fuerza? El tren de carga, que fue programado desde el principio y ahora pedí que se inicie ya el próximo año la construcción del tren de carga”.

Cabe destacar que el Tren Maya es un proyecto donde se pretende tener mil 500 kilómetros de vía férrea para transporte de carga, turistas y pasajeros locales en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

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EFE. Ciudad de México. 06 de octubre de 2024.-  A las fallas geológicas descubiertas a principios de 2024 en la Ciudad de México, bautizadas como fallas de Mixcoac y Barranca del Muerto, podrían sumarse otras de las consideradas por la sismología como «principales», indicaron este domingo científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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AMEXI. Ciudad de México. 28 de abril de 2024.- Con severas fallas en la internet y en el circuito cerrado en la sala de prensa del Instituto Nacional Electoral (INE) en los Estudios Churubusco, que dieron pie a gritos y rechiflas de los periodistas, se celebró el segundo debate presidencial entre los candidatos a la Jefatura de Estado de México.

Así se pusieron las cosas en los Estudios Churubusco por la mala logística en la transmisión de INE en el #DebateINE #DebatePresidencial2024 2 pic.twitter.com/pGVAtESACr

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AMEXI. Ciudad de México. 03 de abril de 2024.- La popular aplicación WhatsApp registra miles de quejas en el país, principalmente en la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a que miles de usuarios se quedaron sin conexión pasado el mediodía.

Al principio la gente creía que su celular o su computadora tenían fallas o que la señala estaba mal, movían como licuadoras sus aparatos, los enfocaban con dirección al cielo buscando señal, los golpeaban con la palma de la mano levemente pero no respondían hasta que las quejas se generalizaron.

Las protestas son miles, ya que muchas personas utilizan la aplicación para trabajar a distancia, para estar en conexión con sus negocios y fuentes de ingreso y la desesperación se apoderó de una gran parte de la población.

Al mediodía se comenzaron a llegar reportes de las fallas en diversas zonas del país por la caída de WhatsApp.

En X, antes Twitter, las quejas llovieron y miles de usuarios registraba si la aplicación servía o eran sus nervios o sus aparatos.

Cerca de la una de la tarde se difundió en redes sociales que la aplicación WhatsApp presentaba fallas en los celulares o versión móvil para dispositivos Android y iOS y en los aparatos o computadoras de escritorio, al grado que se tenían casi 10 mil reportes de fallas.

Las fallas son en todo el país, lo mismo en Cancún, Quintana Roo y Mérida, Yucatán, que en Tijuana, Baja California, y Monterrey, Nuevo León, sin descartar un gran número en la Ciudad de México, Estado de México y todas las entidades circunvecinas.

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• Desde registros incompletos o erróneos en la versión pública especial del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta operadores telefónicos sin capacitación en derechos humanos, junto con la búsqueda de familiares de víctimas de casos emblemáticos como Ayotzinapa y Cadereyta, el Gobierno federal acumula deficiencias en su nueva estrategia 

Por Lucía Flores y Germán Canseco para A dónde van los desaparecidos

Periodistas Unidos Ciudad de México. 19 de diciembre de 2023.- Registros duplicados, apellidos mal escritos, información insuficiente o búsquedas que únicamente se completan al poner el nombre solo en mayúsculas o minúsculas. La “Versión pública especial para consulta” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) puesta en línea por el Gobierno federal como parte de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas es una muestra más de las deficiencias del “nuevo censo” del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

La Estrategia Nacional, que se prolongó de mayo a diciembre de este año –después de una primera etapa en la capital del país en septiembre y octubre de 2022–, se basó en la metodología desarrollada por la Ciudad de México, que consistió en comparar el RNPDNO con bases de datos administrativas (programas sociales, vacunación por covid, Registro Nacional de Población, IMSS) para encontrar indicios de vida posteriores a la fecha de desaparición de una persona.  Mediante una “búsqueda masiva casa por casa” y llamadas telefónicas se consiguió localizar a 16,681 personas, el 15 por ciento de las 110,964 desapariciones registradas hasta el pasado agosto. Actualmente, son más de 113,000 personas desaparecidas.

Desde 2004, Sivia Ortiz busca a su hija Fanny Sánchez-Viesca, desaparecida en Torreón a la edad de 16 años. Cuando la vocera del Grupo Vida consultó su nombre en el nuevo registro descubrió que no incluía la fecha en que desapareció. Ortiz refiere que, de las 222 víctimas que buscan las familias integrantes de su colectivo en Coahuila, solo encontraron a tres inscritas. 

Esta versión especial del registro, que solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar información, debería contener, de acuerdo con el propio documento, los casos de personas desaparecidas confirmadas, a los que están dando “seguimiento puntual” las fiscalías y las comisiones de búsqueda.

“Puse el primer nombre [de los desaparecidos que busca el colectivo] y no apareció, el segundo, el tercero, y tampoco. Puse varios nombres y nada más dos y mi hija me resultaron”, explicó Ortiz. “Esto es lo más grave, o sea, en el momento que dicen hay indicios no especifican a qué tipo de indicios se refieren […]. Significa que es una porquería su base,  siguen sin tener realmente una base de datos, no está correctamente  elaborada, no pueden entonces atreverse a decir la cantidad, si ni siquiera ellos la saben”.

Durante una reunión que sostuvo con el fiscal de Personas Desaparecidas de Coahuila, José Ángel Herrera, Ortiz le dijo: “¿De qué se trata, Herrera, ustedes lo que quieren es quitarnos del mapa? No tienen la capacidad de buscar y encontrar, y como no saben qué hacer, ahora nos quieren hacer a un lado”.

Irma Claribel Lamas López, desaparecida en 2008 en Torreón, aparece registrada dos veces, con distintos folios de búsqueda, y en ambas con el primer apellido mal escrito, informó su madre, María de la Luz López Castruita, representante del colectivo Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas. En el caso de Jesús Piedra Ibarra, integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre desaparecido en 1975 en el marco de la llamada “guerra sucia”, buscado incansablemente por su madre Rosario Ibarra de Piedra durante más de cuatro décadas, no figura su nacionalidad ni la fecha en que desapareció.

Los señalamientos sobre errores en el registro de las personas desaparecidas se remontan a 2014, cuando se publicó el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), antecesor del RNPDNO. En 2017, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila, tras cotejar los casos que tenía documentados con el RNPED, encontró que solo habían incluido el 20 por ciento. En su informe identificó también casos duplicados. Fallas que permanecen en la nueva versión pública para consulta. 

Desde que se dieron a conocer los resultados de la Estrategia Nacional, que informó también sobre la ubicación de 17,843 personas sin prueba de vida, y 62,112 registros sin datos suficientes para identificar a la persona o sin indicios que permitan la búsqueda, reduciendo el número de personas desaparecidas confirmadas a 12,377, diversos colectivos han manifestado su rechazo a estas cifras que “desaparecen a los desaparecidos” por lo que llaman “un interés electoral”. 

Ayer, colectivos de familiares de siete estados, como Zacatecas, Tamaulipas y Nayarit, se manifestaron en diversos puntos en contra del nuevo censo. En una protesta frente a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, los familiares hicieron un pronunciamiento en el que manifestaron su inconformidad con las cifras presentadas por considerar que “mienten”, y aseguraron que es una incongruencia afirmar que son 12,377 personas desaparecidas confirmadas cuando en los Servicios Médicos Forenses hay “por lo menos 56,000” cuerpos sin identificar. Exigieron también una “disculpa pública” de López Obrador “por sus lamentables declaraciones y descalificaciones de nuestra lucha”.

En los últimos meses, desde que anunció la actualización del RNPDNO, el presidente ha reiterado su propósito de demostrar que este no es el sexenio con mayor número de personas desaparecidas, aunque el 40 por ciento de los reportes corresponden a esta administración. El temor de que el nuevo censo tuviera como objetivo reducir el número de desaparecidos fue confirmado por la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, quien aseguró que esa es “la intención” del gobierno lopezobradorista.   

Cero capacitación

La búsqueda telefónica, según la metodología desarrollada por la Ciudad de México, en la que se basó la estrategia federal, debe ser realizada por “operadores de un centro de contacto telefónico que han sido sensibilizados para tratar con potenciales víctimas de delito, o bien, con personas reacias a cooperar con la autoridad”. En el informe de los resultados de la Estrategia Nacional, presentado el 14 de diciembre en Palacio Nacional durante la conferencia mañanera de López Obrador, se aseguró que “todos los servidores públicos” recibieron “capacitación para cada jornada de búsqueda”.

Una persona que formó parte del call center instalado en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para localizar a personas desaparecidas o a sus familiares aseguró que nunca fueron capacitados en temas de derechos humanos o en el trato a víctimas de desaparición. La fuente, que pidió el anonimato, agregó que la computadora con la que trabajaba y que contenía “datos sensibles” relacionados con el censo era su equipo personal, que trasladaba todos los días a su domicilio; también precisó que la base de datos fue elaborada en un archivo de Drive al que cualquiera que tuviera el enlace podía acceder.

Otra fuente que trabaja en el área de implementación de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, que también pidió no ser nombrada, refirió que en las órdenes de trabajo comenzó a aparecer, sin previo aviso ni ninguna explicación, la palabra “comisión”. Quienes tenían esa tarea acudían a laborar al cuarto piso de un edificio de la FGJCDMX, descrito por la fuente –que colaboraba en la actualización del RNPDNO– como un lugar con grandes ventanales y mesas largas; destacó que sobre el vidrio de las ventanas escribían con plumón los lugares que se visitarían como parte de las jornadas casa por casa, y el número de cuestionarios aplicados en esas visitas.

Sin noticias de Cadereyta

Aunque según la metodología de la Estrategia Nacional todos los casos de personas desaparecidas en los que “se tenga confirmada la denuncia o reporte de desaparición” no deben formar parte de las jornadas de búsqueda individualizada, incluidos aquellos en que los familiares pertenezcan a un colectivo de desaparecidos, o que sean investigados por las fiscalías, el Gobierno federal incurrió en numerosos fallos, al buscar a numerosos integrantes de colectivos e incluso a familiares de víctimas de dos casos emblemáticos de violación a los derechos humanos: Ayotzinapa y la masacre de Cadereyta.

Eblin Banegas, madre de Wilder Ubaldo Murillo, un joven hondureño identificado como una de las 49 víctimas halladas el 13 de mayo de 2012 en Cadereyta, Nuevo León, recibió una llamada el pasado 9 de octubre, alrededor de las seis de la tarde, preguntándole si su hijo había regresado o ya lo habían encontrado.

Aunque las autoridades han afirmado que solo se contacta a familiares cuando existe un indicio de vida, tras varios cruces de datos, una operadora que se identificó como integrante del Programa Nacional de Búsqueda le preguntó sobre el paradero de Wilder. Banegas aún no se explica por qué la buscaron y con qué fin.

“Hola, ¿hablo con Eblin? Solo le llamo para ver si ya encontró a su hijo”. La respuesta de Banegas fue inmediata: gracias a una fundación pudo recuperar el torso de su hijo. La operadora le respondió que era obligación del gobierno hallar a Wilder. “Faltan partes del cuerpo de mi hijo. Me pidieron que volviera a marcar para que me ayudaran. Yo ya no quise hablar con ellos. Me da mucho coraje, tristeza y dolor de todo”, lamentó.

Los cadáveres mutilados de la masacre de Cadereyta fueron descubiertos por el Ejército en la carretera Monterrey-Reynosa tras una denuncia anónima. Aunque se atribuyó al grupo de Los Zetas, no hay ningún procesado por estos crímenes. Hasta la fecha se han identificado 18 víctimas, de las que catorce son migrantes.

Banegas decidió seguir los pasos de Wilder y venir a México tras su desaparición, para saber qué le había pasado y buscarlo. Desde entonces, dijo, no ha recibido apoyo de las autoridades, solo ha tenido el acompañamiento de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), que le ayudó a localizar el torso de su hijo, identificado a finales de 2020 y entregado en 2021. Banegas fue remitida con la FJEDD por la Casa del Migrante de San Luis Potosí, donde Wilder estuvo a mediados de abril de 2012.

Al preguntarle si interpondrá alguna queja o denuncia contra el Estado por lo sucedido, Banegas aseguró que solo quiere encontrar las partes del cuerpo que faltan de su hijo para poder sepultarlas. “Yo me pongo a analizar: de dónde sacaron mi celular”, pues con esa línea telefónica tiene cuatro años. “Mi dolor no es su dolor, están nada más preguntando, es molesto; si no van a hacer nada, para qué llaman. Nada más por salir del paso lo hacen. Es indolente”. 

En la versión especial para consulta del RNPDNO, el registro de Wilder no incluye la fecha de los hechos ni su edad, aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue una de las bases de datos que se consultó para elaborarla.

La subdirectora de la FJEDD, Fabienne Cabaret, señaló que pareciera que existe una descoordinación en las instituciones y una falta de claridad en la información que se les proporciona a los familiares, “sobre todo porque son familias que muchas veces han vivido situaciones de extorsión; entonces, el tipo de llamadas siempre obviamente genera desconfianza y enojo”.

Pese a que la metodología establece que si el familiar informa que la persona desaparecida ha muerto, como en el caso de Wilder, el operador telefónico debe “solicitar empáticamente” datos sobre el fallecimiento y una copia del acta de defunción, esto no sucedió en la llamada que se le hizo a Banegas.

Preguntar por uno de los 43

Sin aviso previo, funcionarios de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tlaxcala tocaron a la puerta de Mario González, quien desde hace nueve años busca a su hijo César Manuel González, uno de los 43 normalistas desaparecidos en la noche de Iguala. Desde entonces, su historia ha sido contada múltiples veces; funcionarios, organizaciones civiles y la población en general conocen lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014, pero eso no evitó que, como parte de las acciones del nuevo censo, le preguntaran si su hijo ya había regresado a casa. Esta visita se hizo semanas antes de que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes dieran su último informe, el pasado 25 de julio.

Una camioneta blanca se detuvo frente a la casa de González en Tlaxcala, de la que descendieron dos personas. El domicilio se ubica en un callejón poco transitado, donde hace meses que no reside con su familia, por eso ignora cómo dieron con la dirección. “Me preguntaron que si ya había encontrado a mi hijo y que si lo había yo encontrado vivo o muerto”. 

Fue como si lo hubieran insultado, afirmó. Dijo que era triste lo ocurrido porque revictimiza a las familias. Momentos antes de que los funcionarios llegaran a su domicilio a preguntar por César Manuel, estaba arreglando el motor de un auto, un recuerdo que lo une a su hijo pues era el vehículo que utilizaba.

Aunque la metodología recomienda, en el supuesto de que la persona continúe desaparecida, que el familiar reciba “una disculpa institucional por los hechos que está viviendo”, no hubo ocasión para que esto sucediera porque, según contó González durante la reunión de los padres de los 43 con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) –realizada también en julio–, “yo sí les grité muy feo, que no puede ser que sean tan insensibles de ir y preguntar estupideces”. Para el padre del estudiante de Ayotzinapa, se trató de una visita estúpida y cruel.

En ese momento, recordó en entrevista, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, no le mencionó que esas visitas formaban parte de la nueva estrategia de búsqueda, pero le ofreció disculpas.  “Nosotros tenemos la oportunidad de decírselos en su cara, pero imagínate a aquella madrecita que van y le dan la esperanza de que esté bien su hija y que no sea verdad, mira que lo que tratan de hacer es bajar las cifras a como dé lugar”.

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

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EFE. Ciudad de México. 24 de junio de 2023.-  El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este sábado que el país vaya a sufrir apagones pese a las fallas que ha registrado en los últimos días el servicio eléctrico y la alerta que emitió el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) en medio de la ola de calor que azota al país.

“Reafirmo que no hay nada qué temer porque no van a haber apagones, hay reservas suficientes, reservas de energía eléctrica”, apuntó el mandatario a medios de comunicación, previo a la supervisión de obras en el Istmo de Tehuantepec, al sur de México.

El mandatario negó que en Monterrey, donde ayer hubo manifestaciones por falta de energía y el Cenace declaró un estado operativo de emergencia en la red eléctrica, haya alguna situación delicada.

“No, no, en ninguna parte (del país). Tenemos reservas suficientes, no hay nada, si se tratara de una helada en Texas (EE.UU.), allá sí tienen problema, porque ellos privatizaron toda la industria eléctrica, y nosotros estamos rescatando de la privatización a la industria eléctrica nacional», enfatizó.

Apenas el miércoles, López Obrador, negó que existiese una emergencia en el sistema eléctrico nacional pese a una alerta que emitió el Cenace un día antes, cuando declaró en «estado operativo de alerta» al sistema interconectado nacional porque el margen de reserva operativo fue menor al 6 %.

Los reportes de fallas eléctricas se han dado desde la ciudadanía en medio de una ola de calor que se siente en México, prácticamente desde el inicio del mes de junio y que en ciudades como Monterrey ha alcanzado hasta 45 grados centígrados.

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EFE. Ciudad de México. 02 de febrero de 2023.- Autoridades del metro de Ciudad de México, sistema de transporte que en la primeras semanas de este año ha registrado múltiples fallas y hasta un choque que dejó un muerto, acusó este miércoles que parte de esas fallas se deben al robo de cable por parte del crimen organizado.

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Guillermo Calderón, informó en conferencia de prensa que en este delito, los infractores penetran a las instalaciones y registros a «robar y sustraer el cable que es importante para la alimentación de los diferentes sistemas».

Explicó que las líneas 1, 2, y 3 tienen más de 186 registros (entradas) que no se encuentran en área confinada de las instalaciones del sistema sino que se encuentran en vía pública.

«El año pasado tuvimos 14.500 metros (robados), es decir, 14,5 kilómetros de sustracción, y esto no puede ser solo una persona indigente que se meta al registro. Son grandes volúmenes y da cuenta de que habla de un grupo de crimen organizado», expuso Calderón.

Precisó que el tipo de cable que han estado robando es el cable de alta tensión que pesa más de 8 kilos cada metro y dijo que «se sustraen longitudes que van de los 30 a los 50, 70 y hasta 100 metros lineales en uno de los robos».

«El daño es muy importante, no solo en lo patrimonial, sino también en la parte de la operación y la parte de seguridad del Metro», expuso.

Además, contó que a partir de junio de 2022 la sustracción de cable aumentó, y que a principios de enero de este año «se vio un incremento importante en los episodios de robo del cable, y en los volúmenes, es decir, las longitudes sustraídas».

El pasado viernes, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital mexicana informó de la detención por homicidio del conductor del metro que causó el accidente que provocó la muerte de una joven de 18 años y dejó 106 heridos el pasado 7 de enero.

Tras ello, múltiples hechos han sucedido en el metro capitalino durante este mes, como la separación de dos vagones o cortes de los servicios por hechos que la alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum, declaró actos de «sabotaje».

Por ello, Sheinbaum solicitó al Gobierno mexicano el despliegue de 6.000 agentes de la Guardia Nacional en todas las estaciones del metro, más de 165, custodiando el exterior y ocho talleres.

La decisión suscitó polémica y llevó a que diversos organismos de defensa de derechos humanos se manifestasen en contra, al considerar que la militarización del subterráneo tenía como fin dar una falsa sensación de seguridad y perpetúa las políticas de militarización cada vez más frecuentes en el país.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 22 de septiembre de 2022.- Esta mañana, tras el reporte de un incidente entre las estaciones San Lázaro y Morelos, fueron evacuados los usuarios de la línea B del Metro de la Ciudad de México. Dos personas fueron trasladadas al hospital, una de ellas sufrió un esguince al salir de la estación.

Algunos testigos aseguran que se pudo percibir la salida de humo en uno de los trenes que después estuvo detenido por alrededor de 15 minutos en uno de los túneles. Otros también aseguraban que el tren estuvo a punto de descarrilarse, hecho que fue desmentida por Guillermo Calderón, director del Metro, en un video vía twitter.

Les informo acerca del incidente ocurrido esta mañana en la Línea B del @MetroCDMX. pic.twitter.com/HFPPIXi2bh

— Guillermo Calderón (@GCalderon_Metro) September 22, 2022

La línea reestableció operación en el tramo Romero Rubio a Buenavista, con apoyo de unidades RTP en el tramo afectado. Posteriormente, tras algunas horas de maniobras de los técnicos del sistema de transporte, el Metro anunció el reestablecimientototal del servicio en le línea B.

#AvisoMetro: Se normaliza el servicio en todas las estaciones de la Línea B. El avance de los trenes es continuo.

— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 22, 2022

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AP. Washington, Estados Unidos. 13 de septiembre de 2022.- El exjefe de seguridad de Twitter dijo a los legisladores el martes que la red social está plagada de debilidades en sus ciberdefensas que la vuelven vulnerable a la explotación por “adolescentes, ladrones y espías” y ponen en riesgo la intimidad de los usuarios. Peiter “Mudge” Zatko, un respetado experto en ciberseguridad, presentó sus denuncias a la Comisión Judicial del Senado el martes.

“Hoy estoy aquí porque la conducción de Twitter está engañando al público, los legisladores, los reguladores e incluso su propia junta de directores”, dijo Zatko al iniciar su declaración bajo juramento.

“No saben qué datos tienen, donde viven y de dónde vienen, y así, no es casual que no puedan protegerlos”, dijo Zarko. “No importa quién tiene las llaves si no hay cerraduras”.

Zatko dijo que la conducción de Twitter “desdeñó a sus ingenieros” en parte porque “sus incentivos ejecutivos los llevaron a dar prioridad a las ganancias sobre la seguridad”.

Su mensaje recordó lo dicho en el Congreso el año pasado sobre otro gigante de las redes sociales, pero a diferencia de la denunciante de Facebook, Frances Haugen, Zatko no compareció con una pila de documentos internos para respaldar sus denuncias.

Zatko fue jefe de seguridad de la red social hasta su despido a principios del año. Presentó una denuncia en julio ante el Congreso, el Departamento de Justicia, la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Comisión de Bolsa y Valores. Una de sus acusaciones más graves es que Twitter violó un acuerdo de 2011 con la FTC al afirmar falsamente que había tomado medidas más fuertes para proteger la seguridad e intimidad de sus usuarios.

El senador demócrata Dick Durbin, que encabeza la Comisión Judicial, dijo que las fallas detalladas por Zarko “pueden significar una amenaza directa a los cientos de millones de usuarios de Twitter, así como a la democracia estadounidense”.

“Twitter es una plataforma enormemente poderosa y no puede darse el lujo de tener grandes debilidades”.

Los usuarios de Twitter no saben que revelan mucha más información personal de lo que ellos —e incluso el mismo Twitter— saben, declaró Zarko. Dijo que no se trató de resolver las “fallas sistémicas básicas” reveladas por los ingenieros.

La FTC se ha visto “un poco superada”, y muy retrasada con respecto a sus contrapartes europeas, al vigilar la clase de violaciones de la intimidad que se han producido en Twitter, dijo Zatko.

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EFE. Ciudad de México. 15 de septiembre de 2021.- El Gobierno mexicano contempla liberar este miércoles a 681 reos injustamente presos -de un total de más de 4.000 casos en análisis- en un hecho que reconoce las injusticias del Estado y al mismo tiempo evidencia la violación de los derechos humanos y procesales.

El Gobierno mexicano citó 4.233 expedientes de reos torturados, sin condena, adultos mayores o con enfermedades crónicas que pueden beneficiarse de un reciente decreto.

De estos, según anunció este martes, se prevé la excarcelación de 681 personas para este 15 de septiembre, la fecha que el presidente Andrés Manuel López Obrador había puesto como meta.

Pero pese a las buenas intenciones del decreto, que busca despresurizar las cárceles y ayudar a miles de personas, especialistas en el tema aseguraron a Efe de que este no plantea realmente soluciones, redunda en disposiciones legales ya existentes, y además repite fallas que se han presentado con otras medidas, como la Ley de Amnistía.

«Este decreto no es más que la reiteración de lo que ya se encontraba en la ley. Con el plus de incentivar a que una autoridad administrativa y los sistemas penitenciarios tengan la posibilidad de proactivamente identificar casos y comunicarlos a las defensorías y a los poderes judiciales», explicó a Efe Viridiana Valgañón, abogada de la organización Equis Justicia para las Mujeres.

EL DECRETO

El decreto del 25 de agosto pasado ordena crear un comité para excarcelar a adultos mayores de 75 años, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, presos con 10 años sin sentencia y torturados.

Pero para Valgañón, no existen todavía los recursos humanos necesarios y materiales suficientes para que funcione efectivamente este comité, por lo que el organismo puede «sobresaturarse».

Señaló que esto es algo que ya sucedió con la Comisión de Amnistía, la cual, tras más de un año desde que se instaló, apenas ha sesionado en cuatro ocasiones.

De acuerdo con cifras oficiales, la población penal en México es de 220.866 personas. Sin embargo, hay más de 94.000 presos sin sentencia, la mayoría en prisiones estatales.

POSITIVO PERO CON ARISTAS

Nayomi Aoyama, coordinadora del programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la organización Documenta, afirmó que el decreto es algo «positivo» pero entre las ONG persiste la preocupación por la «poca efectividad que tienen este tipo de documentos».

Explicó que algo similar ha pasado con la Ley de Amnistía de abril de 2020, donde de las más de 1.600 solicitudes, solo cinco casos han obtenido el beneficio.

Aoyama señaló que además existe un problema de opacidad, porque no se incluye ningún tipo de mecanismo de transparencia que permita fiscalizar el desempeño de este comité y las liberaciones que se vayan otorgando.

Y agregó que tampoco se ha explicado cómo se hará la evaluación de los casos.

Para la especialista en temas de seguridad y prevención del delito, Eunice Rendón, este tipo de herramientas «en el fondo están muy bien por lo que están motivadas, pero al final no terminan siendo muy prácticas».

Y por ello puso como ejemplo «lo que ha pasado con la Ley de Amnistía, en un proceso que ha sido un poco lento y arduo».

Destacó que por ahora «lo más importante es la voluntad política que tengan las autoridades» y deseó que se creen herramientas didácticas e informativas para ayudar a los reos y a sus familiares interesados en este proceso.

«Es un tema complejo», subrayó.

NO CONTEMPLAN REINSERCIÓN

Las expertas señalaron que entre las problemáticas que tiene este decreto es que no se incluye un plan o estrategia de reinserción.

«Debería incluirse un mecanismo para exhortar a diversas autoridades administrativas a trabajar para facilitar la vuelta de estas personas a sus vidas en el exterior», dijo Aoyama.

Mientras que las autoridades también deberían atender a las personas que salgan con padecimientos clínicos, así como garantizar acceso a una vivienda.

En tanto, Valgañón afirmó que el decreto solo lanza un mensaje contradictorio: «Mientras por un lado se excarcela a los presos torturados, por el otro se aprueban decretos para militarizar el país, cuando sabemos que son instituciones que están denunciadas por tortura por organismos internacionales», lamentó.

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