Periodistas Unidos. Ciudad de México. 02 de julio de 2023.- El secretario de Hacienda informó el 21 de junio 2023 que en lo que falta de la presente administración, la Secretaría a su cargo “se enfocará en conservar la deuda en una trayectoria estable, no incrementarla ni generar nuevos impuestos, al tiempo que se agiliza la conclusión de los proyectos de infraestructura que puedan mejorar la capacidad comercial del país y atraer más inversión”.  Ello refleja que seguirán con la austeridad fiscal, no nuevos impuestos y no endeudamiento, lo cual limita su capacidad de gasto al no controlar la moneda, por lo que seguirá sin haber política fiscal que contrarreste la caída de exportaciones (las cuales en el primer trimestre del 2023 traen una caída anual de 1.4% respecto a igual período del 2022). De ahí la preocupación del secretario de Hacienda de atraer más inversión extranjera, ante la inviabilidad de su política económica para impulsar el crecimiento. Lo que no se da cuenta tal funcionario, es que por más entrada de inversión extranjera la economía nacional no crece, sino por el contrario mantiene su tendencia decreciente, aunado al contexto inflacionario, de alto nivel de endeudamiento, déficit de comercio exterior creciente, y dificultad de pago de la deuda, aunado a la creciente extranjerización de la economía y concentración de la riqueza por unos pocos.

El secretario de Hacienda aseguró que “México es un país de bajo riesgo con estabilidad económica, además de que tiene ventajas estructurales que lo hacen uno de los mejores destinos internacionales para la inversión derivada de la relocalización de las cadenas de valor, conocida como nearshoring”. Al igual que Banxico insiste en la estabilidad económica, referida a la austeridad fiscal y el peso fuerte, pero ello no se sustenta en el desarrollo productivo nacional, sino en la entrada de capitales y en la mayor privatización y extranjerización de la economía. Dicha estabilidad nos sale muy caro, pues esas altas tasas de interés y la austeridad fiscal que atrae capitales nos han llevado a un circulo vicioso de menor crecimiento, mayor déficit externo que nos hace depender más y más de la entrada de capitales, debido a que no se configuran condiciones de reembolso de la deuda externa contraída, por lo que se cae en deuda para pagar deuda. El contexto de vulnerabilidad que genera la política económica predominante nos hace depender del comportamiento de los flujos de capitales, pues cualquier reducción de entrada de capitales y salida de éstos del país, desestabilizará el tipo de cambio y la economía.

Además, dicho funcionario sigue confiando en la estrategia de crecimiento hacia fuera a través de la relocalización de empresas que vendrían para exportar a EUA. No considera la desaceleración de la economía y del comercio mundial, lo que está contrayendo las exportaciones, lo que frenará la entrada de empresas transnacionales en el contexto del nearshoring, pues para quien van a producir, si está contraída la economía y el comercio internacional.

Insiste el secretario de Hacienda que “uno de los objetivos de esta administración es dejar en marcha los proyectos de infraestructura que puedan atraer la inversión privada”. En lugar de canalizar recursos para el desarrollo tecnológico, el crecimiento de la productividad para el impulso de la producción para encarar los rezagos productivos para avanzar en la auto suficiencia alimentaria de granos básicos, como para impulsar el desarrollo productivo en la industria manufacturera para sustituir importaciones y aumentar el valor agregado nacional de las exportaciones, para reducir el déficit de comercio exterior y los requerimientos de entrada de capitales, insisten en sus obras del Tren Maya, como del Istmo de Tehuantepec y en la infraestructura para el nearshoring, donde solo se favorecen las empresas extranjeras ubicadas ahí e implica seguir dependiendo de la economía internacional (en lo referente al turismo, como las exportaciones y entrada de capitales), lo que nos coloca en un contexto de alta vulnerabilidad dada la desaceleración de la economía mundial. No se puede seguir marginando las condiciones productivas y financieras internas para el crecimiento. Es imprescindible el proceso de sustitución de importaciones para reducir importaciones y el déficit de comercio exterior, pues al seguir creciendo éste se terminará comprometiendo el pago de la deuda externa y la estabilidad cambiaria.

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EFE. Washington, Estados Unidos. 28 de junio de 2022.-  EE.UU. y México admitieron este martes una política migratoria fallida y se conjuraron por enésima vez contra el tráfico de personas tras el hallazgo de 50 migrantes muertos hacinados en un camión en San Antonio (Texas), una de las mayores tragedias de este tipo de las últimas décadas.

«La horrible y trágica muerte de al menos 50 seres humanos en San Antonio anoche es resultado de leyes migratorias rotas y disfuncionales», lamentó en redes sociales el embajador estadounidense en México, Ken Salazar.

Mientras que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, calificó en una rueda de prensa el suceso de «tremenda desgracia» y la atribuyó al tráfico de personas y a «la falta de controles» tanto en la frontera común como «al interior de Estados Unidos».

El suceso ocurrió apenas dos semanas después de que w0 países americanos, incluidos Estados Unidos y México, firmaran durante la Cumbre de las Américas de Los Ángeles una declaración en la que se comprometieron a contener la migración forzada.

MEXICANOS Y CENTROAMERICANOS, ENTRE LAS VÍCTIMAS

De los 50 fallecidos, al menos 22 son mexicanos, 7 guatemaltecos y 2 hondureños, mientras que de los otros 19 todavía se desconoce la nacionalidad.

Otros 16 migrantes fueron hallados con vida en el interior del vehículo y trasladados a tres hospitales de la zona. De ellos, al menos 2 son mexicanos.

Las autoridades hallaron el vehículo abandonado tras recibir la alerta de que se escuchaban gritos de auxilio en su interior, y arrestaron a tres personas que formarían parte de una red de traficantes que transporta a migrantes de México y Centroamérica hacia Estados Unidos.

Se trata de la mayor tragedia de tráfico de personas de las últimas décadas sucedida en el interior de Estados Unidos.

Sin embargo, la experta en migración Eunice Rendón dijo este martes a Efe que sucesos de este tipo, con más o menos fallecidos, «no son nuevos» sino «el pan de cada día para los migrantes».

Explicó que las víctimas son personas que huyen de sus países para «salvar la vida» y que, tras pagar a veces miles de dólares a traficantes para cruzar la frontera, se acaban encontrando con un «modus operando abusivo y violento» por parte de estas redes criminales.

CONTRA EL TRÁFICO DE PERSONAS

La portavoz de la Casa Blanca, Karine-Jean Pierre, dijo este martes que lo sucedido en San Antonio es «absolutamente horroroso y que rompe el corazón», a la vez que reivindicó las acciones del Gobierno estadounidense contra las redes de trata de personas que, según dijo, han permitido arrestar a 1.800 personas en dos meses.

De visita en Washington, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, declaró que «es imperativo» endurecer las penas contra el tráfico de personas y que se extradite a los traficantes.

Y el papa Francisco pidió rezar por las víctimas que, según dijo, «perseguían una vida mejor», y pidió además que «estas desgracias no sucedan de nuevo».

En diciembre del año pasado, 55 migrantes en su mayoría guatemaltecos murieron al chocar el camión en el que iban hacinados en Chiapas, sureste de México, con dirección a territorio estadounidense.

Tras ese accidente, los Gobiernos de Estados Unidos, México, Honduras, Nicaragua, Ecuador y República Dominicana anunciaron un Grupo de Acción Inmediata (AI) para perseguir redes de traficantes.

«Tenemos que ir más allá de las promesas. Debe haber una muestra de acción clara. No queda claro cómo colaboran los países entre ellos», dijo la experta.

AUMENTA LA PRESIÓN EN UNA FONTERA CERRADA

La tragedia de San Antonio es un capítulo más de la crisis miratoria sin precedentes que afronta la región, donde Estados Unidos detectó a más de 1,7 millones de indocumentados cruzando la frontera con México, mientras la política de asilo sigue restringida.

Se espera que en los próximos días el Tribunal Supremo de Estados Unidos falle sobre la permanencia del programa «Quédate en México», una política migratoria instaurada por Donald Trump en 2019 que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano hasta que una corte estadounidense decida sobre su caso.

En su primer día en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden intentó acabar con esta política muy criticada por organizaciones de derechos humanos, pero un tribunal de Texas ordenó reinstaurar el programa.

La portavoz de la Casa Blanca dijo este miércoles que «la frontera está cerrada» y eso «explica en parte por qué hay gente que emprende este viaje tan peligroso» al lado de traficantes.

Con una visión totalmente opuesta, el gobernador texano, el republicano Greg Abbott, aprovechó la tragedia para arremeter contra el presidente y afirmó que los muertos son «resultado de la letal política de puertas abiertas de Biden».

«La política de Estados Unidos también tiene la culpa porque entre más difícil es encontrar la frontera, más redituable es para los traficantes de personas porque cobran más», opinó la experta.

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EFE. Ciudad de México. 20 de abril de 2022.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, Arturo Zaldívar, negó este miércoles que se hayan hecho «trampas” en el recuento de votos en el que se declaró constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, impulsada por el mandatario Andrés Manuel López Obrador y que finalmente fracasó en la Cámara de Diputados.

“Se han repetido mentiras para descalificar el proceso judicial que se llevó de manera pública en directo y televisado durante seis horas”, dijo Zaldívar en conferencia de prensa, en la que detalló que la metodología de votación del asunto fue la “normal”, la que se suele utilizar siempre, por apartados.

El pasado 7 de abril se votó en la Suprema Corte, tras unas seis horas de debate, la constitucionalidad de dicha ley, que finalmente fracasó en la Cámara de Diputados el pasado fin de semana.

Según Zaldívar, en la Suprema Corte ningún apartado obtuvo la mayoría calificada de 8 votos que exige la Constitución, pero hubo un momento de confusión que el juez que preside el tribunal trató de aclarar.

CONFUSIÓN EN EL SUPREMO

En primer lugar, los jueces votaron sobre los artículos violaban la libre competencia y después si iban en contra de un derecho al medioambiente sano. Hubo seis ministros que votaron que ambos apartados eran inconstitucionales pero otros dos votaron por la inconstitucionalidad de uno y no del otro -cada uno de uno-.

Con esto daban siete votos para cada apartado pero si se sumaban se llegaba a ocho, que era la mayoría calificada necesaria para declarar la inconstitucionalidad.

Ante esta inédita situación, Zaldívar preguntó “hasta en siete ocasiones” a ambos ministros, Juan Luis González Alcántara y Alfredo Gutiérrez, cómo querían que se computasen sus votos.

Ante la respuesta de González Alcántara, que dijo: “aquí mi voto es por la validez”, y la consulta al pleno para saber si tenían algún inconveniente, Zaldívar concluyó que no se llegó a ocho por lo que se desestimó la acción de inconstitucionalidad.

Y entorno a esta situación tan técnica se han hecho muchas interpretaciones, debido a lo polémico de esta ley, por la que López Obrador llegó a calificar de “traidores” a los diputados que votaron en su contra hace tres días.

Pero para Zaldívar no cabe duda de que la votación y el conteo se realizaron correctamente.

El lunes varios senadores presentaron un escrito en la Suprema Corte para pedir que se corrija, pero el martes los 11 ministros aprobaron por unanimidad el acta de la sesión del 7 de abril.

Ahora, González Alcántara podría emitir un voto aclaratorio “diciendo que no votó como votó”, dijo Zaldívar, pero consideró que esto sería “un escándalo” porque “lo cierto es que votó como votó”.

“El asunto es cosa juzgada, cada quién es responsable de su voto”, concluyó.

El pasado domingo, la reforma al sector eléctrico fracasó tras no obtener los votos de dos tercios de la Cámara de Diputados que requería y tras el rechazo ya no será discutida.

La iniciativa de reforma constitucional buscaba anular el modelo energético que se diseñó en 2013 porque, según el Gobierno actual, con productores independientes, con autoabastecimiento y con subastas, el 62 % de los generadores son privados y el 38 % restante de la electricidad es generada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

No obstante, la oposición argumentaba que la iniciativa llevaría a un aumento de las emisiones de gases contaminantes y a un encarecimiento de la electricidad en el país por lo que no era viable su aprobación.

En tanto, el sector privado nacional y extranjero expresó en diversas ocasiones su preocupación pues argumentaban que la ley perjudicaba la competencia y ahuyentaría la inversión extranjera en el país.

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Foto: Rayner Peña / EFE

EFE. Caracas, Venezuela. 04 de may0 de 2020.- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que la fallida incursión marítima que frustró el domingo su Gobierno tenía como «objetivo central» matarlo a él.

«El objetivo central (de la incursión) era matar al presidente de Venezuela (…), intentar matarme», dijo Maduro durante una reunión telemática del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), en la que se abordaron estrategias para enfrentar el nuevo coronavirus.

El presidente venezolano acusó a Colombia y a Estados Unidos de la operación fallida y denunció los hechos ante la comunidad internacional.

«Tenemos las pruebas de que este grupo se entrenó en territorio colombiano, tenemos los lugares donde fueron entrenados, tenemos las pruebas y se ha declarado públicamente», continuó Maduro en referencia a las declaraciones de un asesor militar estadounidense, que aseveró la noche de este domingo haber firmado un contrato con un sector de la oposición venezolana para organizar la expedición.

«Un ataque terrorista en medio de una pandemia, mientras nuestro pueblo descansaba, mientras nuestro pueblo está en cuarentena», añadió el mandatario.

El Gobierno venezolano dijo el domingo que frustró una invasión marítima de mercenarios y exmilitares a través del estado de La Guaira (norte, cercano a Caracas), que pretendía poner fin a la Administración de Maduro, en el poder desde 2013.

Durante la operación, dijo el domingo el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, murieron 8 de los atacantes y otros dos fueron capturados por las fuerzas venezolanas.

Uno de ellos habría confesado haber trabajado para la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), expulsada del país en 2005 y a quien Venezuela acusa de narcotráfico, entre otras cosas, según las palabras de Cabello.

Hasta el momento, la supuesta confesión no se ha hecho pública ni se han facilitado más pruebas al respecto.

Por su parte, la oposición venezolana agrupada bajo la figura del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, a quien una cincuentena de países reconoce como presidente interino, se desmarcó de la incursión al tiempo que alertó sobre un posible falso positivo.

El propio Guaidó negó este lunes, a través de un comunicado de su Centro de Comunicaciones Nacional, tener «relación alguna» con la empresa contratista militar SilverCorp, que ha dicho estar ligada al ataque marítimo del domingo.

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Foto: Andrea Murcia / EFE

EFE. Ciudad de México. 14 de enero de 2020.- El Gobierno de México traerá de vuelta el avión presidencial que se envió a Estados Unidos ya que no se concretó su venta, y se relanzará el proceso de enajenación de la aeronave, informó este martes el director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Mendoza explicó que desde diciembre de 2018 la aeronave, un Boeing 787, ha permanecido en instalaciones de la compañía fabricante en Victorville, California, para su preservación y mantenimiento.

Refirió que en junio de 2019 la Oficina de Transparencia de la ONU identificó 42 potenciales compradores de 16 países, y que en julio, 12 de ellos manifestaron interés en la aeronave.

Once de los potenciales compradores fueron invitados a presentar propuestas económicas, lo que hicieron seis de ellos, de los que la ONU seleccionó a dos que presentaron posturas por encima del avalúo de 130 millones de dólares.

«Sin embargo, hasta el momento ninguna de las posturas ha prosperado en la formalización de la compraventa», expuso Mendoza.

Por ello, el Gobierno va a relanzar el esfuerzo de venta, y el avión será devuelto al territorio mexicano una vez que se complete su certificación de aeronavegabilidad en una fecha aún no determinada.

La aeronave quedará bajo resguardo de la Fuerza Aérea y será exhibida para su venta a un solo comprador o a una sociedad, o bien para su renta, refirió el funcionario.

Indicó que Banobras compró el avión en 2012 a un costo de 218 millones de dólares, equivalentes a 2.900 millones de pesos de la época (unos 154 millones de dólares a precios actuales), y lo arrendó al Gobierno federal.

Al cierre de 2019 se han gastado en el pago de deuda más intereses 1.833 millones de pesos (96,5 millones de dólares) y queda un remanente de pago de 2.724 millones de pesos (143,4 millones de dólares) de 2020 a 2027.

«Si llegamos a vender la aeronave al precio de avalúo es suficiente para pagar el saldo del Gobierno federal con Banobras, y el resultado de esta operación liberaría 2.724 millones de pesos (unos 144 millones de dólares) para ejercerlos en proyectos prioritarios», abundó.

Por su parte, López Obrador dijo que preferiría que empresas mexicanas adquirieran el avión y que ya hay una propuesta de vender 12 acciones a igual número de compañías.

«La venta nos va a permitir tener recursos para comprar equipos que hacen falta en hospitales: rayos x, tomógrafos, ambulancias, solo por hablar de necesidades de salud», indicó.

A su vez, el general Manuel de Jesús Hernández, comandante de la Fuerza Aérea, indicó que se han pagado 13 millones de pesos (684.218 dólares) en preservación y 15 millones (789.474 dólares) en mantenimiento para ponerlo operativo.

Añadió que una vez que regrese a México la aeronave quedará en el hangar del Sexto Grupo Aéreo en el actual aeropuerto de Ciudad de México.

Al respecto, López Obrador indicó que esos montos gastados en mantenimiento y preservación en un año equivalen aproximadamente a lo que se gastaba en un solo vuelo durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Recordó que fue el presidente Felipe Calderón (2006-2012) quien decidió la compra del aparato. «No quiere decir que la responsabilidad sea solo de Calderón, porque Peña pudo cancelar la compra», acotó.

SUBASTA DE AVIONES Y HELICÓPTEROS

Por otra parte, el presidente anunció una subasta de aviones y helicópteros del Gobierno «que se utilizaban para transportar a funcionarios del más alto nivel».

«Mientras la gente no tiene ni para lo más indispensable, los funcionarios, con dinero del pueblo, se sentían reyes. Eran como una monarquía criolla, y vivían colmados de lujos y privilegios», manifestó.

El director de Banobras dijo que la convocatoria para un primer lote de 19 aviones y nueve helicópteros de siete dependencias federales, de un total de 72 aeronaves identificadas para ser vendidas, está abierta desde hoy hasta el 31 de enero.

Los interesados, que pueden ser personas físicas o empresas nacionales o extranjeras, podrán inspeccionar las aeronaves y hacer propuestas entre el 25 y el 26 de febrero, y el día 27 se dará a conocer a los ganadores.

«Si logramos vender todas a un valor mínimo de avalúo, esperamos recuperar más de 2.500 millones de pesos en este proceso», acotó. 

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