EFE: Ciudad de México. 04 de agosto de 2025.- Aunque su familia teme que desaparezca en México, la hondureña Mary Martínez regresa cada vez que puede para buscar a su hijo Marco Antonio Amador Martínez, -desaparecido en 2013-, mientras carga con la triple tarea de ser buscadora, además de cuidadora y proveedora de su hogar, frente al abandono del Estado.

«A ellos les da miedo lo que pasa aquí en México (…) que desaparecen a las madres y eso se difunde por todos lados», señaló Martínez, integrante del colectivo Comité Amor y Fe.

Como ella, muchas mujeres asumen la labor que corresponde al Estado de buscar a sus familiares desaparecidos, al tiempo que lidian con la responsabilidad de cuidar y sostener su hogar, según el informe ‘Desaparecer otra vez: Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México’, de Amnistía Internacional (AI).

Nueve de cada diez personas que buscan a sus familiares desaparecidos en México son mujeres, de acuerdo con AI, que desde 2011 ha registrado la desaparición de al menos cinco y el asesinato de 16 buscadoras en el país.

En su última visita a México, Martínez compartió que le resultó difícil dejar en Tegucigalpa a su hija y a sus nietas, con quienes vive y que se quedaron preocupadas por los riesgos de su viaje, además de que ella cuida a las niñas para que su hija pueda trabajar.

«Pero hija, le digo, no puedo dejar de hacerlo porque si fueras vos la que estuvieras desaparecida, yo lo haría (…) Y a mí me hace falta mi hijo y lo voy a seguir buscando», contó Mary, quien desde la muerte de su esposo, hace tres años, se mantiene sola y sostiene su hogar vendiendo trampas para cazar ratones.

Cada vez que Mary vuelve a México, también carga con las fotografías de otros desaparecidos centroamericanos para difundirlas y «ser la voz de todas esas madres que están esperando una noticia de su hijo» y no pueden trasladarse al país.

«Porque esa incertidumbre, a nosotras las madres, a las familias que tenemos un hijo desaparecido, nos está matando (…) Nos está trayendo muchas enfermedades como la hipertensión, el azúcar (diabetes), el olvido en nuestra mente», relató Mary.

AI advirtió de que el 97 % de 661 mujeres buscadoras encuestadas han afrontado violencia y problemas físicos, emocionales, sociales y económicos por sus labores de búsqueda, que van desde enfermedades crónicas hasta empobrecimiento y desplazamiento forzado, entre otras.

Doble discriminación

Además, AI identificó que las buscadoras de personas migrantes y pertenecientes a pueblos indígenas enfrentan discriminación estructural e interseccional que dificulta su acceso a autoridades y servicios, debido a barreras como el idioma, la nacionalidad y requisitos migratorios, lo que agrava la violación de sus derechos humanos.

Beatriz Zapoteco, fundadora del colectivo Buscando Justicia por los Nuestros, que agrupa a más de 20 mujeres indígenas del estado de Guerrero (sur), explicó que fue tanta la inacción de las autoridades tras la desaparición de su esposo Santiago Tixteco Cosme en 2016 que decidió estudiar Derecho por su cuenta para comprender el sistema de justicia.

«Mi vida cambió mucho. Yo era muy dedicada a mi familia, a mi hogar, a mis hijos (…) y ahora tengo doble trabajo y a veces hasta triple porque tenemos que encontrarlo como sea», relató Zapoteco.

También señaló que, como mujeres indígenas, la búsqueda se les complica «en todos los ámbitos», especialmente por la lejanía de sus comunidades con la capital, Chilpancingo, donde deben hacer denuncias y trámites.

Martínez resaltó que para los familiares de personas migrantes desaparecidas los obstáculos se intensifican al no poder desplazarse a México y recordó que hubo un tiempo en que las autoridades repatriaban tierra o bolsas de ropa, por lo que ahora «las madres abren los ataúdes para verificar si va el cuerpo ahí».

México suma más de 130.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.

Las cifras oficiales solo reportan 267 personas migrantes desaparecidas en México, pero Amnistía Internacional alertó de un «importante subregistro».

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 25 de junio de 2025.– El colectivo “Los Otros Desaparecidos de Iguala, Guerrero”, conformado por familiares de personas desaparecidas, expresó este miércoles su profunda preocupación ante la discusión legislativa de la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, así como de la ley relativa al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

A través de un posicionamiento público, el colectivo –conocido por su labor de búsqueda en campo y su colaboración activa con autoridades locales y nacionales– advirtió que los cambios propuestos podrían debilitar mecanismos clave de búsqueda, identificación y reparación, y representar un retroceso en los derechos de las víctimas y sus familias.

“Los Otros Desaparecidos” se alinearon con otras organizaciones de derechos humanos al enumerar los principales riesgos identificados en la propuesta legislativa:

• Centralización excesiva: El colectivo advirtió que concentrar facultades en una sola entidad nacional debilitaría a las Comisiones de Búsqueda Estatales, cuyo conocimiento del territorio es vital para encontrar a personas desaparecidas.

• Restricción a la participación familiar: Rechazaron cualquier disposición que limite la intervención de las familias en los procesos de búsqueda e identificación, al señalar que la experiencia acumulada de los familiares ha sido esencial para avanzar en múltiples casos.

• Afectaciones al Registro Nacional: Cambios al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) podrían comprometer la transparencia y funcionalidad de esta herramienta crucial para dimensionar la magnitud de la crisis, que ya supera las 114,000 personas desaparecidas en México.

• Falta de coordinación institucional: Alertaron sobre el riesgo de que las reformas entorpezcan la cooperación entre instituciones, lo que agravaría la revictimización de las familias.

• Consulta insuficiente: Denunciaron que no se ha garantizado un proceso amplio y transparente de consulta con colectivos, expertas y sociedad civil. Para las familias, este punto es fundamental: “Ninguna reforma debe hacerse sin nosotras”, subrayaron.

En su posicionamiento, el colectivo recordó la deuda histórica del Estado mexicano en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, señalando que la impunidad sigue siendo la norma, con mínimas sentencias judiciales pese a la gravedad de la crisis.

“La búsqueda de nuestros seres queridos es responsabilidad del Estado, no solo de las familias”, afirmaron. Por ello, exigieron que la reforma garantice:

• Recursos suficientes para las comisiones de búsqueda,

• Investigaciones efectivas con enfoque forense y territorial,

• Procesos dignos de identificación y entrega de cuerpos, y

• Sanciones ejemplares a los responsables.

El colectivo finalizó con un mensaje claro y contundente: “No daremos un paso atrás. #HastaEncontrarles”. Demandaron que cualquier reforma legal en esta materia tenga como eje central la verdad, justicia, memoria y reparación, y que las propuestas de las familias sean escuchadas e incorporadas para acelerar la localización de miles de personas desaparecidas en el país.

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Por Eduardo Ibarra Aguirre

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 14 de mayo de 2025.- “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!” e “¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!”, resonaron con vigor en la voz de las madres buscadoras, abuelas, hermanas, familiares de desaparecidos de los 127 000 desparecidos de 1965 (tiempos de la llamada Guerra sucia) a la fecha, en calles y plazas de varias ciudades, durante la Marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a sus Hijos, la decimotercera que se realiza desde 2011. Y si lo anterior no fuera suficiente son 27 las madres buscadoras asesinadas en los últimos tres lustros y una gran manta mostró sus rostros y encabezó la manifestación en la Ciudad de México.

Más allá de las consignas, la primera es bella pero inviable, que no es lo mismo que utópica porque el burro no habla de orejas, exigieron la conformación, junto con el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, de “un mecanismo extraordinario que permita localizar a sus seres queridos, realizar investigaciones y medidas de no repetición”. No queda claro si la exigencia fue consensuada entre los colectivos de búsqueda, lo cual es indispensable para que los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión fijen posturas, pues está claro que la desaparición forzada compete al Estado mexicano, que en su enunciado más elemental contempla población, territorio y gobierno, a todos.

El Comité contra la Desaparición Forzada, por su parte, desde que Enrique Peña Nieto despachaba en Los Pinos (2012-18) y hasta hoy sostiene que “la desaparición forzada en México se realiza de forma generalizada o sistemática”, como si estuviéramos anclados en tiempos de la “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón.

Y el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo rechaza que exista esta práctica perpetrada por el Estado, y alguna de las madres buscadoras respondió “Quizá no ordena las desapariciones, pero las solapa, las ha permitido a sabiendas de que siguen ocurriendo y eso lo hace cómplice y responsable”. Y ante ello piden a Sheinbaum “romper con los pactos de impunidad” e iniciar una “real restructuración” de la Fiscalía General de la República, órgano autónomo cuyo titular fue electo por el Senado. Es decir, el presidencialismo tiene marcados límites aunque insistan en rescatar a la tlatoani.

Cierto es que se trata de una lucha de cuando menos seis décadas que incluye al joven activista político y social, Alfredo Díaz Palacios, en Reynosa Tamaulipas. O más de 60 años, porque con Adolfo López Mateos en Palacio Nacional, y Gustavo Díaz Ordaz en la Secretaría de Gobernación fueron reprimidos sistémicamente los movimientos de los ferrocarrileros, telegrafistas, profesores capitalinos de primaria y médicos; asesinado Rubén Jaramillo, sus hijos y su esposa embarazada; además de Román Guerra Montemayor, en Monterrey, Nuevo León. La desaparición forzada como la prisión política fueron sólidas prácticas del autoritarismo del partido único que alardeaba de “invencible”.

Como bien dicen algunas voceras de colectivos de búsqueda, su lucha “es generacional”, porque sus familiares relevaron a quienes murieron sin encontrar a sus desaparecidos. Pero es de las actuales generaciones de buscadoras que dialogan en Bucareli con el gobierno para que sus opiniones se integren a las reformas legales propuestas por el Ejecutivo para reforzar y crear instituciones encargadas de dar con el paradero de los desaparecidos. Está claro que tales cambios podrían ser insuficientes, pues el grueso de las tareas de búsqueda son todavía de las víctimas indirectas.

Acuse de recibo

Teresa Gil sobre Musacchio: “En un reunión con periodistas, Humberto Musacchio, autor de la columna La República de las letras, que se publica en el diario Excélsior, advirtió a las autoridades locales de lo que está sucediendo, al presentar el caso de su propio condominio situado en Campeche 419 de la colonia Condesa, que está sujeto a esa amenaza de posible desalojo, desde hace cuatro años. Todo debido a una revisión  que no  queda clara de acuerdo a los documentos que tiene a la mano, algunos de los cuales entregó a los medios. Es una amenaza que se reitera a menudo, a través de expertos en construcción, como los ingenieros José Nolasco, Agustín Escudero en su momento, y otros funcionarios que mencionan el caso como de urgente resolución. Mientras, en esa zona de la colonia Condesa que es residencial hay hasta cinco empresas de la construcción en una misma oficina, lo que sorprende a habitantes del lugar. Como que las empresas de la construcción están utilizando el fenómeno de la reconstrucción para tomar una serie de medidas que el denunciante considera “de funcionarios corruptos”. Porque además ofrecen dinero público a quienes desalojen su vivienda y sean calificados de ‘damnificados’. Dinero que al parecer no llega a las manos de los desalojados, destaca Musacchio. https://mexico.quadratin.com.mx/libros-de-ayer-y-hoy-148/ (…) “¡Felicidades por el Día de la Victoria, 9 de mayo!”, le desea Elba Pérez Villalba. https://www.jornada.com.mx/2025/05/10/edito

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AMEXI. Ciudad de México. 15 de marzo de 2025.- Con dolor y rabia, familiares de desaparecidos realizaron una velada en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir la presentación de sus seres queridos.

En respuesta a un llamado difundido en redes sociales, cientos de personas se congregaron en el Zócalo capitalino para rendir homenaje a las víctimas de la violencia en México, tras el hallazgo de restos humanos y pertenencias en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Ahí, jóvenes y familiares alzaron un grito desesperado por justicia.

Miembros de la sociedad civil, familiares y victimas de desaparecidos protestan en el zócalo de la Ciudad de México después de haber encontrado un campo de concentración en Teuchitlán, Jalisco. @julioastillero pic.twitter.com/ayexMBhcko

— Alejandro Meléndez @alexmelon.bsky.social (@alexmelon) March 16, 2025

Un croquis como denuncia

En la Plaza de la Constitución, colectivos pintaron un croquis del Rancho Izaguirre, al que llamaron «Campo de exterminio». Sobre cada sitio colocaron pares de zapatos, en representación de los 400 desaparecidos localizados en ese lugar.

Ana Enamorado, madre de Óscar Antonio López Enamorado, joven hondureño desaparecido en Jalisco en 2010, exigió a la presidenta Sheinbaum atender a las familias de los desaparecidos.

«Usted debe reconocer la crisis de desapariciones, evidenciada por los campos de exterminio, los hornos crematorios y las fosas clandestinas. Esta maquinaria de muerte recuerda lo peor de la historia de la humanidad», denunció ante cientos de personas en el Zócalo.

También demandó sanciones a servidores públicos que, por omisión o complicidad, permitieron las desapariciones. Además, exigió la identificación y entrega digna de los restos encontrados en fosas clandestinas como la de Teuchitlán.

«Es urgente reactivar el Centro Nacional de Identificación Humana, dotarlo de recursos y permitir la participación de las familias», enfatizó.

Además, recordó la necesidad de fortalecer el sistema judicial para garantizar justicia para las víctimas.

En la manifestación, jóvenes y familiares de desaparecidos retiraron las vallas colocadas frente a Palacio Nacional, en desafío a los agentes antimotines que protegían la fachada del recinto histórico.

Colectivos de DDHH se manifestaron en el Zócalo, CDMX, por lo hallado en un rancho de Teuchitlán, Jal: zapatos, mochilas y ropa de presuntas víctimas de tortura por delincuentes. Con veladoras y carteles, protestaron en paz. Foto: Javier Lira Otero #LutoNacional pic.twitter.com/XQ5e2Ee2it

— #FotoRreporterosMx (@FotoReporMx) March 16, 2025

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