Periodistas Unidos. Ciudad de México. 12 de enero de 2025.- El 9 de enero de 2026, en el Centro de Justicia Penal Federal del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México, más de 200 familias afectadas por el presunto fraude de la empresa yucateca Inversión Colectiva Inmobiliaria (INVERCO) realizaron una manifestación y participaron en una audiencia clave para su reconocimiento como víctimas indirectas en una investigación por lavado de dinero.

El abogado Jesús Othón Baca Cacho, representante legal del colectivo Familias Unidas contra Inverco, anunció durante una conferencia de prensa que esta audiencia sienta las bases legales para que las víctimas colaboren activamente con la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivadas del delito antecedente de fraude cometido por la empresa en el proyecto inmobiliario Pedregales de Misnébalam, ubicado en Mérida y Progreso, Yucatán.

Baca Cacho explicó que la denuncia por lavado de dinero, presentada en junio de 2025 ante la FGR con base en información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), busca esclarecer el desvío de fondos a destinos fuera del país. Solicitó a la FGR revisar con detenimiento los escritos presentados y reconocer la calidad de víctimas indirectas, lo que permitiría impulsar actos de investigación diligentes y, eventualmente, el ejercicio de la acción penal contra los responsables.

El abogado destacó que el fraude involucra a más de 200 familias representadas por su despacho, que equivalen aproximadamente a una cuarta parte de las unidades vendidas (al menos 500 de más de 700 proyectadas), con un monto defraudado superior a 200 millones de pesos (parte de un total estimado mayor en el caso general). Muchas víctimas pertenecen a grupos vulnerables: adultos mayores, personas con problemas de movilidad y migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos, Canadá y otros países, quienes invirtieron sus ahorros con el sueño de regresar a México para una jubilación tranquila, atraídos por campañas de marketing digital dirigidas a perfiles vulnerables.

En la manifestación, los afectados corearon consignas como “¡Cárcel a Inverco!”, “¡Justicia, justicia!” y “¡Ernestina, escucha y apoya nuestra lucha!”, dirigidas a la fiscal general Ernestina Godoy. Expresaron confianza en su gestión para combatir la impunidad en fraudes inmobiliarios y delitos de cuello blanco, recordando su trayectoria previa en la Fiscalía de la Ciudad de México. Pidieron sensibilidad y colaboración para recuperar su patrimonio, y llamaron al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, a escalar el caso a la Mesa de Seguridad Nacional como prioritario en materia de cárteles inmobiliarios y lavado de dinero. Baca Cacho confirmó que han buscado entrevistas con Harfuch desde meses atrás y presentaron escritos en diversas dependencias federales.

Los manifestantes enfatizaron que, tras cobrar casi la totalidad del valor de las propiedades prometidas sin construirlas ni entregarlas, los fondos fueron presuntamente lavados por los accionistas y la empresa misma. Paralelamente, avanzan investigaciones por fraude en la Fiscalía de Yucatán y un juicio mercantil para la devolución de recursos.

Esta acción forma parte de una estrategia legal sostenida por el colectivo, que ha interpuesto denuncias múltiples y obtenido dictámenes favorables en instancias como la PROFECO en etapas previas. El grupo reiteró su exigencia de reconocimiento oficial como víctimas para coadyuvar en la procuración de justicia y recuperar lo invertido.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 08 de julio de 2025.- La organización civil Familias Unidas contra el Fraude Inverco escaló su lucha contra el mega fraude inmobiliario perpetrado por la empresa Inversión Colectiva Inmobiliaria (Inverco) en Yucatán, al realizar este martes manifestaciones frente a las oficinas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en la Ciudad de México. Los afectados, que representan a más de 200 de las 700 familias defraudadas, entregaron documentos a ambos organismos exigiendo justicia por un desfalco de 860 millones de pesos, que califican como un caso de crimen organizado.

Protesta en la SSPC: Demanda de audiencia con García Harfuch

A las 9:00 horas, decenas de víctimas, muchas de ellas provenientes de diversos estados de México, se concentraron en Av. Ignacio Zaragoza, esquina con Av. Constituyentes, para marchar hacia las oficinas de la SSPC (Av. Constituyentes 947, Álvaro Obregón). Allí, entregaron un documento dirigido al secretario Omar García Harfuch, solicitando una audiencia urgente y la inclusión del caso Inverco en la Mesa Nacional de Seguridad.

El documento, firmado por comisionados de las 200 familias, detalla que el fraude afectó a entre 500 y 700 familias, principalmente adultos mayores (65%) y migrantes mexicanos (48%) radicados en el extranjero. “Inverco, fundada en 2018 por Miguel Ángel Aguayo de Pau y Rolando Bello Mejía, primo del exgobernador y senador Rolando Zapata Bello, perpetró el fraude inmobiliario más grande del país y de magnitud internacional”, señala el texto. Los afectados denuncian que la empresa vendió casas en el inexistente Fraccionamiento Pedregales de Misnébalam sin poseer los terrenos ni permisos de construcción, dejando solo un centenar de viviendas en obra gris como parte del engaño.

“Los mafiosos accionistas de Inverco jamás imaginaron que lograríamos organizarnos y denunciarlos por todas las vías legales”, afirma el licenciado Jesús Othón Baca Cacho, representante legal de Familias Unidas en el escrito. El grupo ha presentado quejas en la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), denuncias penales por fraude en la Fiscalía General de Yucatán (FGEY) y por lavado de dinero en la Fiscalía General de la República (FGR), además de lograr que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue a Inverco por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los manifestantes pidieron a García Harfuch que el caso sea tratado como una prioridad nacional, argumentando que “es de magnitud internacional y se ha cometido en el corazón de la Riviera Maya, donde el gobierno federal ha invertido miles de millones de pesos”. También destacaron la necesidad de combatir los cárteles inmobiliarios que “plagan” la península yucateca.

Movilización en la SEGOB: Recepción sin respuestas concretas

Tras la protesta en la SSPC, los afectados se trasladaron a las oficinas de la SEGOB (Abraham González 48, colonia Juárez), donde fueron recibidos por una comisión de funcionarios. Allí entregaron un segundo documento dirigido a la secretaria Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reiterando la solicitud de una audiencia y la inclusión del caso en la Mesa Nacional de Seguridad. El texto subraya que Inverco “forma parte del crimen organizado” y que el fraude, perpetrado en una región clave para el desarrollo económico, afecta a héroes anónimos de la Cuarta Transformación, como los migrantes que buscaban un retiro digno en México.

Sin embargo, los manifestantes expresaron frustración por la reunión. “Los funcionarios repitieron lo que ya sabemos sobre las rutas legales a seguir. Les hicimos ver que desde agosto de 2024 seguimos esas rutas, pero nos mantuvimos firmes: queremos audiencias con los titulares de las secretarías, Rosa Icela, García Harfuch y la presidenta, y que la SEGOB coadyuve para que la FGR reciba a nuestro representante legal”, comentaron los asistentes. También pidieron tiempo para recibir una respuesta sobre posibles fechas de audiencia.

La protesta de hoy da continuidad a la manifestación del 7 de julio en el Zócalo, donde los afectados desplegaron mantas y pancartas exigiendo a la FGR investigar a Inverco por crimen organizado y lavado de dinero.

Familias Unidas, ha logrado avances legales significativos, incluyendo la investigación de la UIF, el próximo juicio mercantil en Mérida y reafirma su compromiso de luchar “hasta el final” para recuperar su patrimonio y sentar un precedente contra los cárteles inmobiliarios. Los afectados esperan respuestas concretas de García Harfuch y Rodríguez Velázquez, y confían en que la presidenta Sheinbaum enviará un mensaje contundente contra la impunidad.

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