AP. Ciudad de México. 15 de agosto de 2021.- Los delegados del gobierno y la oposición venezolana concluyeron el domingo en México la primera fase del proceso de diálogo, la cual retomarán en tres semanas y contará con un mecanismo de consulta de otros actores políticos y sociales.

Entre el sábado y el domingo estuvieron reunidos los delegados del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición, liderada por Juan Guaidó, en la capital mexicana en la primera fase de las negociaciones que se activó con la firma el 13 de agosto de un memorando de entendimiento que marcó el arranque de los diálogos.

Los delegados del gobierno y la oposición acordaron retomar los diálogos de nuevo del 3 al 6 de septiembre.

“Reconociendo la importancia de la inclusión, hemos discutido el establecimiento de un mecanismo de consulta con actores políticos y sociales que sea lo más incluyente posible”, señala el comunicado de las partes, difundido el domingo por el gobierno de Noruega, facilitador del proceso.

En el escrito las partes se comprometieron a cumplir las pautas establecidas, incluso “adoptando la máxima precaución respecto a la reserva del proceso”, y agradecieron el apoyo de la comunidad internacional.

Washington, la Unión Europea y Canadá ratificaron el sábado en un comunicado conjunto su disposición a revisar las sanciones contra el gobierno de Maduro si se dan avances significativos en las negociaciones iniciadas en México.

“Esperamos que este proceso lleve a la restauración de las instituciones democráticas en el país y permita a todos los venezolanos expresarse políticamente a través de elecciones locales, parlamentarias y presidenciales justas”, expresaron en un comunicado conjunto el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, y el canciller de Canadá, Marc Garneau.

Blinken, Borrell y Garneau aprovecharon para pedir la liberación incondicional de todos los detenidos injustamente por motivos políticos.

“Seguimos pidiendo la liberación incondicional de todos los detenidos injustamente por motivos políticos, la independencia de los partidos políticos, la libertad de expresión, incluidos los miembros de la prensa, y el fin de los abusos contra los derechos humanos”, agrega el escrito.

El arranque de este proceso de diálogo se vio afectado por la detención a mediados del mes pasado del dirigente Freddy Guevara, un estrecho colaborador de Guaidó que estaba participando en el proceso de acercamiento con el gobierno.

Guevara, de 35 años, había pasado casi tres años refugiado en la residencia del embajador de Chile en Caracas y en septiembre del año pasado abandonó la sede diplomática y retomó el activismo político. El dirigente opositor fue señalado por la Fiscalía General de estar vinculado con “grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno colombiano”.

En el marco del inicio del proceso, Guevara recibiría una medida humanitaria y sería enviado a su residencia para cumplir arresto domiciliario mientras enfrenta el proceso legal, dijo a The Associated Press un miembro de la oposición que pidió no ser identificado como condición para hablar del tema.

“Venezuela merece y necesita un cambio. Ese es y sigue siendo el objetivo”, afirmó el domingo Guaidó al insistir sobre su propuesta de un “acuerdo de salvación nacional”.

El político, quien ha sido reconocido por medio centenar de países como presidente interino de Venezuela, llamó a sus seguidores en un mensaje en su cuenta de Twitter a mantenerse firmes y protestar por los derechos y plantear soluciones.

Guaidó agradeció a Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá el apoyo para el proceso de diálogo. “Tenemos toda nuestra disposición para que el proceso permita una solución a la crisis y el rescate de nuestra democracia”.

Tras el fracaso de los diálogos del 2019, que impulsó también Noruega, el gobierno y la oposición venezolana iniciaron este fin de semana un nuevo proceso de negociaciones que contempla una amplia agenda que incluye la definición de garantías electorales y un cronograma para elecciones observables; el levantamiento de las sanciones internacionales; la restauración de derechos a activos; el respeto al Estado constitucional; la convivencia política y social; la renuncia a la violencia; la reparación a las víctimas de la misma, y la protección de la economía y la población.

Durante la apertura del proceso el diputado Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno y presidente de la Asamblea Nacional, anunció que estaban dispuesto a trabajar en “acuerdos tempranos” para darle a los venezolanos esperanza en las nuevas negociaciones.

Por su parte el exalcade Gerardo Blyde, cabeza de la delegación opositora, dijo que la oposición apostará a lograr “garantías de convivencia política y democrática, un acuerdo de mutuos reconocimientos y respeto para el pleno ejercicio de todos los derechos contemplados en la Constitución nacional”.

En el memorando de entendimiento se estableció que el objetivo del proceso es llegar “a un acuerdo a través de una negociación intensa, integral, incremental y pacífica, para establecer reglas claras de convivencia política y social, con respeto absoluto a la Constitución”.

Como método de la negociación se fijó que “nada está acordado hasta que todo lo esté”, pero se dejó abierta la posibilidad para que lleguen a “acuerdos parciales” si consideran que los puntos han sido suficientemente debatidos o su implementación es urgente.

Al referirse al nuevo proceso Maduro dijo la semana pasada que el gobierno venezolano iría al diálogo “de manera autónoma e independiente, sin chantaje de ningún tipo” para fijar un cronograma electoral y lograr el entendimiento y la reconciliación nacional. El mandatario ha insistido en que uno de los temas centrales que se llevará a la mesa de discusiones es el levantamiento de las sanciones económicas que mantiene Estados Unidos desde hace cuatro años contra el gobierno y más de medio centenar de funcionarios.

La declaración de Maduro coincidió con los comentarios que realizó el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, quien indicó que “el régimen de Maduro puede crear un camino hacia el alivio de las sanciones permitiendo a los venezolanos participar en elecciones presidenciales, parlamentarias y locales libres y justas que deberían haberse celebrado hace tiempo”.

México participó en el proceso como anfitrión del diálogo, mientras que Rusia y Holanda acompañarán a las delegaciones de Maduro y la oposición. En los próximos meses se espera que se incorporen al proceso delegados de otros gobiernos que actuarán como “países amigos”.

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Notimex. Ciudad de México, 14 de agosto de 2019.- El juez de control con residencia en el Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, formalizó el requerimiento para que la Fiscalía General de la República (FGR) determine si es necesario investigar al exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, por el caso de la llamada «Estafa Maestra», tras los señalamientos de los abogados de Rosario Robles.

Lo anterior se desprende del documento de 20 cuartillas del auto de vinculación a proceso que se dictó en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto por ejercicio indebido del servicio público dentro de la causa penal 314/2019.

El juez federal dictó que “por lo expuesto en audiencia, se requirió a la Fiscalía federal, con el objeto de determinar si se inicia una investigación en contra de José Antonio Meade Kuribreña, por las mismas omisiones imputadas”.

Y es que como un elemento de prueba a su favor, los abogados de Robles Berlanga argumentaron que en el acta de entrega recepción del 26 de septiembre de 2015 se notificó a su sucesor en la Sedesol sobre los procesos de fiscalización y las investigaciones en curso que había en dicha dependencia.

Ante ello, al pasar a otra dependencia del gobierno federal, ya no era competencia de Rosario Robles atender y dar seguimiento a estas denuncias, pero sí de Meade Kuribreña como nuevo encargado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), argumentaron.

Cabe mencionar que el juez indicó que Robles “tampoco informó a su superior jerárquico por escrito de las irregularidades, lo cual, se reitera se acredita de forma negativa porque no se han presentado, hasta el momento, los oficios que demuestren que se informó al titular del Poder Ejecutivo Federal en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”.

Lo cual, agregó, es trascendental porque, si se informó al presidente de la República (Enrique Peña Nieto) y no se presentan los medios escritos a través de los cuales se hizo, entonces se le está encubriendo.

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