AMEXI. Ciudad de México. 18 de octubre de 2025.- Como probable responsable en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados a una financiera señalada por nexos con el tráfico de drogas en Europa, la Fiscalía General de la República (FGR) vincula a proceso a José Ernesto Rivera Ledezma, José “R”.

Se menciona que Rivera Ledezma es la firma autorizada de Novedades Nova utilizada para presuntamente lavar recursos ilícitos de la financiera Black Wallstreet Capital (BWC), implicada en una red de tráfico de drogas en Europa desde el año 2022.

La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo la vinculación a proceso en contra de José Ernesto Rivera. Agrega que en julio de 2022 se inició carpeta de investigación con motivo de la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su contra y de diversas personas morales.

Suficientes datos de prueba

Por lo anterior, luego de trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con la FGR, detuvieron al ahora imputado en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

El Ministerio Público de la Federación aportó los datos de prueba para que un Juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez, el Altiplano, decretó la vinculación, prisión preventiva oficiosa y cuatro meses para la investigación complementaria.

Cabe señalar que Black Wallstreet Capital (BWC) es una firma mexicana de asesoría en inversiones regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y suspendida por este organismo e investigada desde septiembre de 2022 por su presunta participación en una red internacional de lavado de dinero vinculada al narcotráfico.

La empresa fundada en 2016 por el empresario cubano-mexicano Juan Carlos Minero Alonso, operaba en la colonia Anzures de la Ciudad de México y salió a escena luego de un cateo en marzo de 2023 donde se hallaron armas, drogas y millones en efectivo. Dicho operativo fue cuestionado por irregularidades que llevaron a la liberación inicial de los detenidos.

Conexiones para trasiego de droga

Trascendió que la red en la que está implicada BWC conecta México con Colombia, España y Países Bajos, y se centra en el trasiego de cocaína y metanfetaminas hacia Europa. Según reportes de diversos organismos contra la corrupción y la Impunidad, BWC facilitaba transferencias millonarias entre empresas y personas ligadas a lideres criminales como Eduardo Fernando Giraldo Cardoza, exlíder del Cártel del Norte del Valle, alias «El Boliqueso»  y Jean Paul Joyos Bohórquez, alias «Sodapuppy», responsable de envíos a Países Bajos.

Autoridades colombianas, españolas y neerlandesas investigan dichas operaciones desde 2022 con decomisos en puertos como Veracruz en México y Barcelona, España. La UIF detectó al menos siete operaciones inusuales en BWC por más de mil 700 millones de pesos entre 2021 y 2022 con depósitos y retiros casi idénticos que sugerían triangulación de fondos ilícitos.

Asimismo, en mayo de 2023, la CNBV canceló su registro para operar como asesora en inversiones. La FGR estima que la red lavó entre 15 y 20 mil millones de pesos entre 2014 y 2022, involucrando bancos nacionales e internacionales.

Uso de empresas fachada

Por su parte, Novedades Nova es una de las empresas de fachada con operación clave para el mecanismo financiero de BWC, utilizada para canalizar fondos ilícitos provenientes de Colombia, vinculados al Cártel de Cali y al del Norte del Valle.

De acuerdo con los reportes de la UIF y la FGR esta compañía formaba parte de una triangulación de fondos entre 2018 y 2022 junto a entidades como Grupo Aozon, Invergenie, Teck Deal, Indagrosur e Industrias Green Gold.

Novedades Nova registró discrepancias por 245.2 millones de pesos no justificados en ingresos declarados ya que solo informó 100.4 millones de pesos en total entre 2020-2022. Estos fondos se movían en depósitos y retiros rápidos, ocultando su origen en el narcotráfico.

Así servía como intermediaria para transferir dinero de BWC hacia cuentas en el extranjero, disfrazado como «instrumentos financieros» o inversiones legítimas. La UIF inició la investigación en julio de 2022 tras detectar patrones sospechosos con José «R», quien actuaba como firmante autorizado de su cuenta bancaria.

También se anota que la empresa comparte patrones con otras fachadas, como domicilios fiscales en común con BWC en Cuvier 104, Anzures y vínculos con operadores como Alejandro González Benavides quien es primo de Alonso Alverdi Benavides, detenido en 2022 por lavado de dinero para «El Boliqueso».

El firmante autorizado de Novedades Nova es José «R» como operador financiero central en el esquema.

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AMEXI. Ciudad de México. 08 de julio de 2024.-  La directora general de la Financiera para el Bienestar (Finabien), Rocío Mejía Flores, asegura que en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han entregado 2 millones 843 mil 675 créditos a la palabra, tandas y préstamos solidarios.

En la conferencia de prensa mañanera en el Palacio Nacional, Mejía Flores detalla que hasta el día de hoy la Finabien -Telecomunicaciones de México (Telecomm), antes Telégrafos de México-, cuenta con mil 700 sucursales en mil 219 municipios en el país.

La funcionaria expone que gracias a la implementación del Canal Digital México se han activado 221 mil 825 tarjetas de la Financiera para el Bienestar en México.

Mejía Flores abunda que en los envíos de dinero con el uso de esta tarjeta en México se tiene un monto de 14 millones 115 mil 395 pesos.

En el Canal Digital México-Estados Unidos se han activado 76 mil 265 tarjetas con el fin de enviar dinero de Estados Unidos a México por un monto de 10 millones 472 mil 190 dólares, con una comisión de 3.9 dólares.

La funcionaria subraya que desde hace dos años ya no se asigna dinero del presupuesto para otorgar créditos, sino que ahora con los recursos revolventes que incluyen el pago de los beneficiarios se ha logrado consolidar el programa.

La directora general de la Finabien señala que por decreto presidencial, a partir de 2022, Telecomm se convirtió en esta institución financiera.

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AMEXI. Ciudad de México. 03 de julio de 2024.- Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que el caso en contra del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, se reabrirá en 2025, y precisó que a la fecha se han ejecutado 61 órdenes de aprehensión durante esta investigación.

Gómez Álvarez dijo que el juicio se encuentra en este momento en la etapa de descubrimiento probatorio de las partes para que se recabe o se aporten mayores datos de evidencia para probar la inocencia o la culpabilidad de García Luna.

“El juicio debe abrirse, según la jueza, en enero del año 2025, son un poco lentos pero va abierto y sin problema hasta ahorita. México ha obtenido siete resoluciones aprobadas», declaró el titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante la conferencia mañanera.

En un resumen de lo que ha sido este proceso de investigación y juicio, Gómez Álvarez indicó que se han asegurado 19 propiedades, de las cuales ocho fueron liquidadas y cinco son objeto de recuperación, mientras que seis están en proceso de litigio.

Sobre esta pesquisa, Pablo Gómez comentó que se está a la espera de que se lleve a cabo el proceso de extradición de Jonathan Alexis Weinberg Pinto, quien es uno de los actores principales de la trama corrupta en el caso de Genaro García Luna.

“Jonathan Alexis Weinberg Pinto, es uno de los que están en la trama corrupta, es de nacionalidad mexicana y creo que también estadounidense. Está solicitada la extradición por parte del gobierno de México, esperamos se extradite desde España, es una de las personas más significativas desde nuestro punto de vista, 151 millones de dólares, de este dinero, podemos identificar que lo cobraba, regresó 76 millones a México”, puntualizó.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el pasado 1 de enero sobre la detención en Madrid, España, de Jonathan Alexis Weinberg Pinto, presunto prestanombres de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal (2006-2012).

Destacó que Weinberg Pinto contaba con una orden de aprehensión con fines de extradición, al ser acusado por el Ministerio Público de la Federación (MPF) de ser uno de los principales cómplices de García Luna en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

La FGR informó que la detención ocurrió mediante la participación oportuna de las autoridades españolas, a través de Interpol España y de la Policía Nacional, el pasado 31 de diciembre, luego de que el individuo se fugó de México.

En términos generales, el titular de la UIF precisó que se detectaron 16 empresas que recibieron recursos ilegales, de las cuales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó algunas como factureras, por lo que el gobierno de México espera que le sea resarcido el daño al erario.

El gobierno de México mantiene un juicio abierto contra García Luna por actos de corrupción y operaciones de recursos de procedencia ilícita.

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Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 19 de mayo de 2024.- Se ha mencionado mucho por parte de economistas convencionales que el gobierno no tiene margen de maniobra para seguir gastando, que se requiere de una reforma tributaria. Para ello se pronuncian por ampliar la base tributaria, gravar a las herencias, al gran capital. Ello hay que hacerlo, pero no para financiar el gasto del gobierno. Un gobierno soberano que controla la moneda y no se compromete a su convertibilidad a un tipo de cambio fijo, o apreciado como ha estado por mucho tiempo en el país, puede gastar, sin haber recaudado primero. El gasto es el que genera el ingreso, pues al gastar el gobierno reactiva la economía, incrementa el ingreso de empresas e individuos y termina recaudando lo que gasta.

La Teoría Moderna del Dinero señala que los impuestos son para que la moneda emitida por el gobierno sea aceptada, lo que le permite al gobierno gastar y los que venden bienes y servicios la aceptan porque con ella tienen que pagar impuestos. También los impuestos son para restar poder de gasto a los que más tienen, y que el gobierno pase a gastar donde ellos dejan de hacerlo. El neoliberalismo con la autonomía del banco central le quitó el poder al gobierno de financiarse con su moneda, para así obligarlo a trabajar con austeridad fiscal a costa de dejar de invertir en los sectores estratégicos y en infraestructura y en muchos otros rubros, para que la cúpula empresarial pasara a invertir donde el gobierno dejara de hacerlo. Los impuestos deben gravar al gran capital para reducirles su poder económico, y que el gobierno pase a invertir donde ellos dejan de hacerlo (no porque requiera de esos impuestos, pues un gobierno soberano que controla la moneda no necesita impuestos ni deuda para poder gastar, simplemente gasta) para cubrir el espacio dejado por el menor gasto de la cúpula empresarial. Se debe gravar al sector financiero que ha obtenido altas ganancias por las altas tasas de interés y comisiones que cobra, gravar a las grandes empresas y a las que han especulado con altos precios durante la inflación.

La diferencia entre un gobierno soberano que controla la moneda y el sector privado es que el gobierno no requiere de ingreso, ni de deuda para gastar, simplemente gasta, a diferencia de las empresas y familias que requieren de ingreso y/o de deuda para poder gastar.

El gobierno gasta acreditando en la cuenta bancaria de los que le venden bienes y servicios, lo que incrementa los depósitos y las reservas bancarias y ahí es donde interviene el banco central emitiendo deuda, no para financiar el gasto, sino para regular las reservas bancarias y evitar que la tasa de interés objetivo baje a cero. Así, el banco central acompaña el mayor gasto púbico, independientemente de la autonomía del banco central.

El gobierno no enfrenta restricción financiera. Su restricción está dada por la disponibilidad de recursos reales con los cuales cuenta la economía y no puede gastar más allá de ello, pues generaría inflación. El mayor gasto público tiene que estar canalizado a sectores que tengan capacidad ociosa, como a incrementar la capacidad productiva y el empleo. Debe impulsar la sustitución de importaciones de granos básicos, como de productos manufactureros de bienes de consumo asalariado para evitar presiones sobre precios y sobre el sector externo. Las finanzas públicas hay que evaluarlas en torno a su impacto en la actividad económica y no en torno a su equilibrio fiscal o baja relación de endeudamiento.

Al financiarse el gobierno con su moneda, no cae en insolvencia. Se refinancia y se tiene que asegurar baja tasa de interés, para evitar que ésta genere un déficit público financiero y le reduzca la capacidad de gasto e inversión del gobierno como acontece ahora.

Tanto el banco central como Hacienda son instituciones del Estado y la deuda entre ellas puede cancelarse sin que pase nada, sino al contrario, se beneficiaría la capacidad del gobierno para atender los reclamos nacionales de crecimiento, empleo, beneficio y combate al cambio climático.

Para incrementar el gasto público y bajar la tasa de interés para el cumplimiento de los propósitos nacionales, se debe dejar de priorizar el peso fuerte y trabajar con tipo de cambio flexible que a su vez favorecería la competitividad de la producción nacional. La política económica debe responder al sector productivo y al objetivo de pleno empleo, y no al interés del sector financiero, como ha venido aconteciendo.

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EFE. Ciudad de México. 11 de marzo de 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este lunes que el cambio de Gobierno en Estados Unidos, después de las elecciones del próximo 5 de noviembre, podría causar alguna «inestabilidad» financiera para la economía mexicana.

“Hay que estar pendientes con el nuevo Gobierno de Estados Unidos, a la entrada del nuevo Gobierno, por algunos cambios que puedan llevar a cabo, eso sí puede significar alguna inestabilidad”, señaló el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

No obstante, el gobernante mexicano destacó que la economía en el país está “muy fortalecida” y no hay ningún problema, al igual que la estadounidense, pues “no está mal”.

“Están bien las inversiones, las ganancias, no se ve ningún riesgo”, aseveró.

Asimismo, dijo que antes de las elecciones de Estados Unidos no hay ningún peligro para las economías de ambos países ni se avizora ninguna tempestad.

“Pasando las elecciones es otra cosa con el nuevo Gobierno, pero no necesariamente tiene que haber inestabilidad económica o financiera”, apuntó.

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos ocurrirán el próximo 5 de noviembre, en donde el actual presidente Joe Biden se enfrente, muy probablemente, con el exgobernante Donald Trump (2017-2021), quien se encamina sin oposición para ser el candidato republicano.

En cambio, México tendrá sus elecciones el 2 de junio, en la que las principales contendientes son la oficialista, Claudia Sheinbaum, y la opositora Xóchitl Gálvez.

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EFE. Ciudad de México. 24 de noviembre de 2022.- La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Amacc), encargada de la difusión, la investigación, la preservación, el desarrollo y la defensa del cine en este país, reveló este jueves que atraviesa por una «grave crisis financiera» que la ha hecho entrar en una pausa y postergar la convocatoria al Premio Ariel 2023.

El Ariel, el máximo galardón cinematográfico en México y que se entrega anualmente, reconoce el talento de los cineastas mexicanos en los distintos oficios y disciplinas que conforman la industria cinematográfica.

En un comunicado emitido este jueves, la presidenta de la Amacc, la actriz Leticia Huijara, reiteró que la institución «está pasando por una grave crisis financiera».

En octubre pasado, durante la pasada entrega anual de los Premios Ariel, Huijara ya había avisado que la Academia pasaba «por momentos difíciles en lo que respecta a su aspecto financiero» y adelantó que se tomarían «ciertas medidas».

Ahora, la representante del sector anunció oficialmente que se decidió «suspender tanto la convocatoria como los procesos de inscripción al Premio Ariel 2023, hasta nuevo aviso».

En la nota, la Amacc denunció que el Estado (mexicano), que fuera motor y sostén de la Academia durante un largo tiempo, «ha renunciado a su responsabilidad como principal promotor y difusor de la cultura en general y del cine en particular», cambiaron las prioridades y pareciera que la cultura junto al séptimo arte ya no son prioridad.

«Lamentamos que a pesar de sus 76 años de existencia y la voluntad política con la que se refundó la Academia en su nueva época, bajo la presidencia del maestro Jorge Fons, el respaldo de los recursos públicos hayan disminuido considerablemente en los últimos años», señaló en el texto la Academia.

La Amacc recordó que es una asociación civil (AC) sin fines de lucro que está dedicada a promover la difusión, investigación, preservación y defensa del cine mexicano al igual que su desarrollo desde una perspectiva incluyente y plural que dialogue con todos los sectores del gremio.

«Durante los próximos meses la Academia estará reorientando sus esfuerzos para reorganizar el trabajo a través de sus distintas comisiones, pero, sobre todo, para reconstituir las finanzas de la organización, buscando darle viabilidad y certeza financiera a las actividades académicas que realiza a lo largo del año y a la entrega del Ariel», indicó la nota.

La AMACC llamó a todos los sectores a «cerrar filas en torno a la institución», a reforzar la cohesión dentro del gremio y a seguir defendiendo, así como fortaleciendo, este y otros espacios de reflexión libre e independiente sobre el cine mexicano.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 15 de octubre de 2022.- Frente a la inflación que enfrenta el país, derivada de escasez de productos internos e importaciones caras, Banxico aumenta la tasa de interés y el gobierno restringe su gasto para frenar la actividad económica, aumentar el desempleo para reducir el nivel de vida de la mayoría de la población y su poder adquisitivo para bajar la demanda por debajo de la oferta (producción) y así disminuir las presiones sobre precios. Hacen recaer la reducción de la inflación en el deterioro del nivel de vida de las grandes mayorías de la población.

El alza de la tasa de interés y la austeridad fiscal contraen la inversión pública y privada, lo que impide encarar la escasez de productos, por lo que se alarga la inflación, la recesión económica y la caída de la Bolsa Mexicana de Valores.

Banxico y Hacienda bien saben que la inflación que enfrentamos es un problema de oferta, pero no proceden a estimular el crecimiento de la producción para así reducir la escasez de productos y las importaciones caras, debido a que tendrían que bajar la tasa de interés e incrementar el gasto público respectivamente y no lo hacen debido a que temen que ello ocasione salida de capitales y se devalué la moneda. En vez de priorizar el combate a la inflación favoreciendo el desarrollo productivo, el empleo y el crecimiento económico, optan por favorecer al sector financiero a través de alta tasa de interés, estabilidad del tipo de cambio y austeridad fiscal.

El alza de la tasa de interés aumentará los problemas de insolvencia para aquellos deudores cuyo ingreso no se ajuste a la inflación y no crezca por arriba del alza de la tasa de interés. Este es el caso sobre todo de las familias. Las empresas por lo general ven incrementados sus ingresos nominales con la inflación, por lo que, si ésta está por arriba de la tasa de interés, pueden cubrir el pago de sus deudas. El problema se presenta cuando la tasa de interés pasa a estar por arriba de la inflación, que es lo que ya está pasando en la economía nacional, al aumentar Banxico la tasa de interés a 9.25% a fines de septiembre del 2022, donde la inflación es de 8.7%. De hecho, la tasa de interés a la cual cobra la banca comercial está por arriba de la tasa de interés de referencia de Banxico y del crecimiento del ingreso nominal de los deudores, por lo que se recrudece el problema de incapacidad de pago de la deuda, tanto para empresas como para familias, lo que avecina una crisis bancaria.

La desaceleración de la actividad económica, aunado a la caída de la Bolsa Mexicana de Valores, reduce el ingreso y el valor de los activos de las empresas, lo que aumenta los problemas de incapacidad de pago de la deuda, además de reducir su capacidad de gasto e inversión, configurando la tendencia recesiva de la economía y de desestabilización del sector bancario y a pesar de ello el banco central continúa aumentando la tasa de interés y el gobierno sigue con su austeridad fiscal, lo cual contrae el ingreso de empresas e individuos y su capacidad de pago de la deuda.

La desaceleración de la economía mundial contrae las exportaciones, lo que aunado al aumento del costo de la deuda externa (debido al alza de la tasa de interés externa), acentúa los problemas de balanza de pagos, lo que presiona sobre la paridad cambiaria. La economía nacional, según el documento del Paquete Económico 2023, tendrá un déficit de cuenta corriente de balanza de pagos en el 2022 de 28,449 millones de dólares. Para evitar la devaluación del peso, Banxico procede a aumentar la tasa de interés para atraer capitales para financiar dicho déficit y el gobierno restringe su gasto, para mandar señales a los mercados financieros de que se tiene condiciones de pago, y el problema es que con ello menos condiciones se tiene para contrarrestar la caída de la actividad económica. Además, no será fácil atraer capitales para financiar el déficit externo ante las perspectivas de desaceleración de la economía mundial y nacional, y la vulnerabilidad de los mercados financieros internacionales. Y el problema es como se va a pagar esa alta tasa de interés al contraerse la actividad económica.

El equipo de especialistas del FMI que visitó a México en días pasados, dijeron que nuestro país “está bien colocado para navegar el entorno mundial potencialmente turbulento que se avizora, dada la prudencia de la política macroeconómica y los sólidos marcos de política fiscal y monetaria que le caracterizan”, pues se equivocan. Es el mismo discurso que Agustín Carstens cuando era gobernador de Banxico, dijo en septiembre del 2008 que México estaba bien posesionado con su estabilidad macroeconómica para encarar la crisis hipotecaria manifestada en Estados Unidos en esas fechas y sin embargo la actividad económica cayó en el 2009 en 6.5%. No es el equilibrio de las finanzas públicas, ni la estabilidad del tipo de cambio lograda con alza de la tasa de interés para atraer capitales, lo que protege a la economía frente a la vulnerabilidad externa, sino su desarrollo productivo y su situación del sector externo, los cuales no tienen capacidad de encarar la problemática económica nacional e internacional que está y estará presente en los próximos meses.

La desaceleración de la economía y del comercio mundial van acompañados de reducción de la entrada de capitales, lo que sacará a flote el desequilibrio externo y desestabilizará el tipo de cambio y contraerá más la economía. El país no cuenta con manejo soberano de la política monetaria y fiscal para encarar los problemas productivos, financieros y del sector externo, por lo que vamos a un contexto recesivo-inflacionario y de inestabilidad bancaria-financiera.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 22 de mayo de 2022.- Hace unos días se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021 que realizaron la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en colaboración con el INEGI (disponible en https://www.cnbv.gob.mx). Es la cuarta vez que se realiza un ejercicio similar; esta vez se llevó a cabo entre junio y agosto de 2021 en viviendas y a personas entre 18 y 70 años, e incluyó “las afectaciones económicas ocasionadas por la enfermedad COVID-19”.

De toda la información disponible, vale la pena resaltar, en esta ocasión, tres aspectos: la mala situación de los trabajadores mexicanos; la vulnerabilidad de las familias; y la debilidad institucional para atender ambas cuestiones.

En lo que se refiere al estado deplorable del mercado laboral, hay un indicador interesante: se preguntó a los entrevistados si “posee o tuvo posesión de una cuenta de ahorro para el retiro”. Independientemente de las fallas de este sistema de pensiones, individual y privado, el que un trabajador sepa que está inscrito en una AFORE y que sus patrones aporten a esa cuenta, es un indicio de que su empleo está protegido por la seguridad social y de que tiene cierta estabilidad (por lo menos en comparación a los que no tienen o no saben que tienen una cuenta para su retiro).

Los resultados muestran que sólo el 39% tiene una prestación de este tipo; el 7.4% que alguna vez tuvo; y el 53.5% que nunca ha tenido una cuenta en una Afore. La brecha de género es notable pues mientras que casi la mitad de los hombres respondieron afirmativamente, sólo el 31% de las mujeres lo hicieron.

Lo anterior, creo, refleja, que más del 60% de los mexicanos en edad de trabajar no lo hacen o laboran en condiciones precarias e informales. También revela que la exclusión y discriminación de las mujeres es muy grande: un número reducido cuenta con un empleo formal y la diferencia con sus pares masculinos es ancha, casi 20 puntos porcentuales.

La desigualdad regional también es muy acusada: mientras el Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora) y la Ciudad de México tienen niveles cercanos al 50% de trabajadores inscritos en una cuenta para el retiro, en el Sur, Centro Sur y Oriente del país (Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Oaxaca. Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz), los porcentajes apenas llegan al 30-32%.

Por otro lado, se preguntó si “de julio de 2020 a la fecha (mediados de 2021), ¿lo que ganó o recibió cada mes fue suficiente para cubrir sus gastos?”, el 52% respondió que no, seguramente debido a los efectos de la pandemia y a las condiciones estructurales de vulnerabilidad de sus empleos. Luego se les preguntó qué hicieron en este último caso, es decir, si no pudieron llevar a casa los bienes indispensables. Las respuestas fueron: el 54% “pidió prestado a familiares o personas conocidas”; el 56% “utilizó el dinero que tenía ahorrado”; el 20% “vendió o empeñó algún bien” y, algo tan lamentable como previsible, el 80% de las personas “redujo sus gastos”.

La magnitud del daño causado durante los años 2020 y 2021 alcanzó a cuatro quintas partes de los mexicanos quienes tuvieron que reducir su consumo, suponemos que fundamentalmente de alimentos, mercancías como ropa y calzado, o servicios (transporte, educación, salud). Se entiende que los entrevistados pudieron elegir varias respuestas y respondido afirmativamente a las cuatro preguntas. Sin embargo, podemos asumir que las redes familiares o deshacerse una parte de su patrimonio, o ambas, sirvieron en parte, pero no totalmente, para detener la caída del consumo normal de las familias.

Resulta entonces evidente, la ausencia de la ayuda o protección del Estado. Debido a esta falla, la inmensa mayoría de los mexicanos sufrieron, al mismo tiempo, una reducción de sus compras más esenciales y, además, tuvieron que deshacerse de una parte de su patrimonio (sacando su dinero del “colchón” o vendiendo o llevando algunos de sus bienes a las casas de empeño). La pobreza se manifestó entonces en dos sentidos: una reducción de su gasto, y una pérdida de su patrimonio.

La condición precaria de los trabajadores mexicanos y sus familias también quedó en evidencia cuando se les preguntó “Si usted dejará de recibir ingresos, ¿Por cuánto tiempo podría cubrir sus gastos con sus ahorros?”. De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 32% de los mexicanos sólo puede aguantar “menos de una semana o no tiene ahorros”; otro 21% apenas podría cubrir sus gastos “al menos una semana, pero menos de un mes”; y el 26 % “al menos un mes y menos de tres meses”.    Es decir, el 80% de los mexicanos en edad de trabajar, si fueran despedidos de sus empleos, dejaran de laborar, o recibir algún pago por alguna otra razón (y no estuvieran asegurados), aguantarían a los sumo tres meses para cubrir sus gastos. Aquí se revela otra falla institucional, la inexistencia de un seguro de desempleo, pues éste podría dar respiro por lo menos por seis meses al trabajador que perdió su trabajo. Esto puede resultar vital para impedir que esa persona caiga en la economía informal (incluyendo actividades ilícitas), o en un desempleo demasiado prolongado que puede llevar a su familia a la pobreza extrema.

En el caso de los trabajadores que no cuenta con un empleo asalariado o remunerado, se podrían pensar en otros mecanismos de protección que se pondrían en marcha en situaciones especiales, por ejemplo, una renta o ingreso focalizado por tiempo determinado. O, siendo más optimistas, por un fondo especial, con recursos públicos que podría existir de manera permanente y recibir aportaciones de los trabajadores cuando cese la emergencia.

El dato más sorprendente de la encuesta que nos ocupa la encontramos cuando se les preguntó: “¿Usted recibe algún apoyo económico o programa de gobierno como personas adultas mayores, Becas Benito Juárez, Jóvenes construyendo el futuro, entre otros?”. Sólo el 9.5% contestó que sí: 11.5% en el caso de las mujeres y 7.2% en el caso de los hombres. En cifras absolutas, ello se traduce, según el estudio, en 8 millones de personas, 5 millones de mujeres y casi 3 millones de hombres (esta diferencia podría deberse a que las madres de familia cobran las becas escolares para sus hijos más que los hombres).  En cambio, se puede suponer que casi el 91% de los mexicanos en los rangos de edad señalados, carece de apoyos gubernamentales: casi 76 millones de personas.

Estas cifras pueden tener algún error o desviación. Los autores del estudio advierten una confianza del 90% y que su estimación tiene un “coeficiente de variación menor o igual al 15%”. Es decir, como toda encuesta, no puede ser un reflejo exacto de la realidad.

En este último asunto, hay que subrayar que el gobierno afirma que tan sólo el programa “pensión para el bienestar de las personas adultas mayores” abarca casi 8 millones de beneficiarios. De cualquier manera, las cifras son dignas de un estudio más detallado y revelarían que los apoyos del gobierno llegan a un número muy reducido de la población.

A pesar de las imprecisiones que puede tener la encuesta que comentamos, sus resultados muestran crudamente la ausencia de protección del Estado para la inmensa mayoría de los mexicanos en materia de ingresos. Es decir, sin tomar cuenta las carencias en materia de servicios de salud, educación, vivienda, infraestructura urbana, agua, etc.

Ahora que, a los perjuicios de la pandemia se ha sumado la inflación, el desamparo de los mexicanos se revelará aún mayor, desafortunadamente. Sume usted a lo anterior, la política de Hacienda y el Banco de México, austeridad y elevación de las tasas de interés, y el resultado será un agravamiento de la situación de las familias en los próximos meses. Además, el mensaje del 15 de mayo, acerca de los aumentos salariales a los maestros no parece anunciar tampoco buenas noticias: ¿estamos, otra vez, como en los mejores tiempos neoliberales, ante una política de topes salariales?

saulescobar.blogspot.com

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 22 de julio de 2021.- Hace unos días, la directora -gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) celebraba el respaldo del Consejo Directivo de esa institución para una nueva emisión de Derechos Especiales de Giro (DEGs) equivalente a 650 mil millones de dólares. Se trata – dijo- de la mayor asignación en la historia del FMI y servirán para enfrentar, a nivel global, las necesidades que tienen muchos países para mantener sus reservas monetarias, en esta etapa -agregó-en que el mundo vive la peor crisis desde la Gran Depresión (1929).

Ahora se requiere presentar un proyecto para dotar, país por país, esos DEGs. La directora del FMI señaló que esta inyección servirá para aliviar las necesidades de liquidez de todos los países miembros del FMI, y con ello, se alimentará la confianza, la capacidad de respuesta y la estabilidad de la economía global. Consideró que el reparto de los DEGs deberá beneficiar principalmente a los países más vulnerables. Ello requerirá la voluntad de las naciones más ricas para apoyar a las más pobres y ayudar así a combatir la pandemia y alentar el crecimiento económico.

Pero ¿qué son los DEGs y por qué es importante este anuncio? Aunque puede resultar un poco difícil de explicar para aquellos que están alejados de la jerga económica, cabe aclarar que los DEGs no son una moneda sino un activo (asset), creado y distribuido por la Junta de Gobernadores del FMI, es decir por todos los estados nacionales, bajo ciertas reglas que le dan un gran poder de decisión a las naciones más prósperas, en especial a Estados Unidos. Este instrumento está destinado, principal, aunque no únicamente, a fortalecer las reservas monetarias de los gobiernos nacionales que normalmente se depositan en los bancos centrales. Estas reservas sirven para evitar devaluaciones bruscas o una carencia de divisas (principalmente el dólar), necesarias para importar bienes como medicinas (vacunas), alimentos, insumos (como el petróleo o el gas) y maquinaria. También para el pago de sus obligaciones de deuda externa. En otras palabras, una dotación suficiente de DEGs pueden ayudar a que, sobre todo los países más endeudados o pobres, puedan utilizar sus recursos para beneficio de sus habitantes y de su economía, en lugar de depositarlos en sus bancos centrales.

Los DEGs fueron creados en 1969, basados en una idea de un economista latinoamericano, Raúl Prebisch. Se trata de un activo meramente contable (no existe un billete o una moneda) y se define mediante una canasta de cinco divisas: el dólar de EU; el Euro; el renminbi chino; el yen de Japón; y la libra esterlina. En sus primeros años, se utilizaron como un complemento de las reservas monetarias para que ésta no dependieran sólo del dólar estadounidense y del oro. La idea era evitar una guerra monetaria y un desorden mayúsculo. No se logró. Y en 1973, ante la fluctuación permanente de las tasas de cambio de las monedas más fuertes en el mundo, la emisión de DEGs cayó casi en total olvido.

Como consecuencia de la crisis de 2008, los DEGs revivieron y se utilizaron para aliviar un poco los efectos de esa crisis. Desde el año de su creación y hasta ahora, se habían asignado un total de 293 miles de millones de dólares, de los cuales más del 90% se crearon en 2009 a raíz de la Gran Recesión.

De esta manera, la decisión de asignar una cantidad de DEGs equivalente a 650 mil millones de dólares significa un cambio radical. Más de lo doble de lo que se había destinado en toda su historia. El problema, en esta ocasión, es que su distribución beneficie a los países más pobres pues según las reglas del FMI, los DEGs se otorgan de acuerdo con las cuotas que los países aportan al Fondo. Los más ricos se quedan con una mayor asignación de DEGs. Sin embargo, los países miembros del FMI decidieron en 2009 un reparto más equitativo. Esta vez, debe apegarse, muchos más, a la debilidad financiera de cada país. El otro asunto es la cantidad. Según varios centros de estudio e instituciones, en realidad se requieren algo así como 3 billones de DEGs, una cantidad aproximada de 4 billones de dólares. Es decir, cinco veces más de lo que ya se autorizó.

Por su parte, la CEPAL (Informe especial COVID 19, 8 de julio de 2021) ha reconocido que la iniciativa más importante para proteger las reservas internacionales y evitar la volatilidad de los tipos de cambio, la fuga de capitales o la posibilidad de crisis bancarias, particularmente en América Latina, consiste en la propuesta de una nueva emisión de DEGs equivalente a 650.000 millones de dólares, y su asignación a las economías en desarrollo. Esta institución afirma que la distribución de los DEGs se dividirá en tres partes. La primera consistiría en aumentar el financiamiento del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP), lo que beneficiaría a los países de menores ingresos. La segunda consistiría en un fondo fiduciario para financiar la lucha contra el cambio climático, la transformación digital y los gastos relacionados con la salud. La tercera parte se destinaría a apoyar préstamos de bancos multilaterales de desarrollo (que otorgan créditos en dólares a una tasa de interés muy baja).

El informe señala que América Latina y el Caribe se beneficiaría de una nueva emisión de DEGs, al fortalecer algunas de las economías más pequeñas y endeudadas, disminuyendo así su prima de riesgo y liberando recursos para el financiamiento de gastos para enfrentar la pandemia. Precisa que la contribución de una nueva emisión de este activo como porcentaje de las reservas internacionales favorecería principalmente a Venezuela, Bolivia, Guyana, Surinam, El Salvador, Belice y Haití. México no recibiría muchos recursos por este concepto.

Sin embargo, la CEPAL advierte también que para sostener el gasto público y evitar una crisis financiera, se requiere un “mecanismo internacional de reestructuración de la deuda soberana para hacer frente, sobre todo, a las obligaciones contraídas con los acreedores privados; y una agencia multilateral de calificación crediticia (en lugar de las privadas como Moody´s y Standard & Poor´s). Asimismo, considera que se debe ampliar el alcance de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, acordado por el G20, más allá del 2021 y que debe incluirse a los países de ingresos medios, no sólo a los más pobres. Es decir, a naciones como Brasil, Argentina y México. Estas propuestas no han recibido una respuesta, hasta el momento, de los organismos multilaterales como el FMI, ni de los gobiernos de los países más poderosos.

En resumen, hay esfuerzos sin precedentes para ayudar a superar los problemas actuales, que en cierta medida rompen con el modelo neoliberal, pero todavía son insuficientes. Si no se fortalecen y se toman en cuenta medidas más drásticas como las que propone la CEPAL y otros centros de investigación, la posibilidad de que se produzca al mismo tiempo una crisis mundial de grandes dimensiones, tanto financiera (por falta de pago de las deudas) como social (debido a la ausencia de recursos para luchar contra la pandemia y reactivar las economías), es una posibilidad que cada vez más se perfila en el futuro inmediato. México, a pesar de haber sostenido una política económica muy conservadora en materia de gasto y deuda, no podría escapar de este negro escenario porque la magnitud de sus obligaciones externas ha crecido (como proporción del PIB), y por los efectos de contagio que pueden producirse por la situación internacional.

Una acción conjunta, sostenida por México, Argentina (miembros del G20), y quizás ahora Perú, apoyada también por otras naciones como Bolivia, podría servir mucho para ampliar la asignación de DEGs y llevar a la mesa las propuestas de reestructuración de las deudas como propone la CEPAL. Si el gobierno de López Obrador persiste en su política de restricción del gasto público, al menos podría mostrar una cara más progresista en el escenario mundial.

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AP. Ciudad de México. 01 de julio de 2021.- México y Estados Unidos acordaron el miércoles avanzar en estrategias para fortalecer y ampliar los mecanismos de inteligencia, especialmente en el área financiera, así como para reducir la violencia y el tráfico ilícito de armas.

Se habló sobre las propuestas en el marco de una reunión que sostuvieron autoridades del gobierno mexicano con funcionarios del FBI en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El encuentro binacional se llevó a cabo dos semanas después de la visita que realizó a la capital mexicana el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.

“El objeto de la reunión fue estrechar el trabajo para enfrentar conjuntamente los retos en materia de seguridad, específicamente los relacionados con la colaboración ente México y el Buró Federal de Investigaciones”, señaló la cancillería en un comunicado.

Durante el encuentro se analizaron estrategias para reducir la violencia y combatir el tráfico ilícito de armas, iniciativas que son promovidas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las autoridades de ambos países coincidieron en avanzar en una estrategia que le dé prioridad y fortalezca los mecanismos de inteligencia, especialmente la financiera.

“El objetivo es fortalecer la cooperación bilateral, pero desde una visión de salud pública e inteligencia financiera, que deje atrás las políticas punitivas características de la Iniciativa Mérida”, refiere el comunicado.

La delegación mexicana estuvo integrada por Roberto Velasco, jefe de unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública; Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otros. En representación del gobierno estadounidense estuvieron presentes Amanda Liskamm, fiscal general interina adjunta; Calvin Shivers, subdirector del FBI, y John Creamer, encargado de negocios en la embajada de Estados Unidos.

Para el jueves está prevista una reunión de trabajo entre autoridades mexicanas y funcionarios de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés).

Mayorkas estuvo en México a mediados de mes, pocos días después de una breve visita que realizó la vicepresidenta Kamala Harris, quien fue designada por el presidente Joe Biden para liderar las acciones de su gobierno con el fin de hacer frente al problema del gran flujo de migrantes centroamericanos, mexicanos y otros países que se ha registrado en los últimos meses en la frontera sur de Estados Unidos.

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