EFE. Ciudad de México. 07 de junio de 2026.- La Secretaría de Marina de México encontró 29 bultos con un total de 1.360 kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína, en el Pacífico mexicano, informaron este domingo agencias de seguridad.

El decomiso tiene un valor de 283 millones de pesos (unos 16,2 millones de dólares) con lo que se elaborarían uno 2,6 millones de dosis de la droga, de acuerdo a un comunicado conjunto de las secretarías de Marina y de seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México junto con la Fiscalía General de la República (FGR)

La información indicó que el hallazgo se concretó mediante patrullajes y vigilancia marítima en la franja costera cerca de la localidad de Boca Chica, en el municipio de Tecpan de Galeana, estado de Guerrero, sur del país, sin que hubiera personas arrestadas.

Los bultos fueron trasladados al puerto de Acapulco a bordo de una unidad aérea de la Armada de México, y quedaron a disposición de la SSPC y la FGR para abrir un investigación y determinar su peso ministerial.

La nota recordó que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que inició en octubre de 2024, suman más de 71 toneladas de cocaína asegurada en la mar y una vez determinado el peso del decomiso se integrará al total.

México ha sido presionado por el presidente de Estados unidos, Donald Trump, para combatir con más fuerza al narcotráfico aunque debido a ello ha habido un incremento de las tensiones entre ambos Gobiernos en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

La relación bilateral atraviesa un momento delicado tras la acusación formal del Departamento de Justicia estadounidense contra diez altos funcionarios del estado de Sinaloa, incluido el gobernador oficialista, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas, señalamientos que el Gobierno mexicano ha dicho que deben sustentarse con pruebas para proceder legalmente.

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EFE. Ciudad de México. 28 de mayo de 2026.-  La Fiscalía General de la República (FGR) de México señaló este jueves que la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien estuvo el miércoles en la capital del país para declarar como testigo por la supuesta presencia de agentes de la CIA en un operativo antidroga en abril, «solamente entregó un escrito en el que manifiesta su indisposición para aportar información».

«Conocemos lo que implica la inmunidad procesal, la cual señala la imposibilidad de procesar penalmente a determinadas personas servidoras públicas, como el caso de la gobernadora. Sin embargo, ello no impide que la persona servidora pública aporte información para el esclarecimiento de los hechos que se investigan», indicó el titular de la Fiscalía especial en investigación de asuntos relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara.

Campos, del conservador Partido de Acción Nacional (PAN), estuvo en la sede de la FGR para declarar por este operativo, que desató una polémica en México tras la muerte de dos agentes estadounidenses el pasado 19 de abril, en un operativo contra el narcotráfico, y las sospechas de que habían participado en operaciones de campo sin conocimiento del Gobierno federal.

Tras declarar ante los investigadores, la gobernadora de Chihuahua denunció ante medios el «uso de las instituciones federales» que a su juicio hace el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero no precisó que no había dado información.

Este caso elevó las tensiones bilaterales entre México y EE.UU después de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiese explicaciones a Washington al asegurar que el Gobierno federal no lo había autorizado, lo que provocó que la Casa Blanca le reclamara un «poco de empatía» por los agentes fallecidos.

El operativo está siendo investigado por la Fiscalía ante la posibilidad de que se haya vulnerado la ley de seguridad nacional por la presencia de agentes extranjeros, en un suceso que agitó el debate del injerencismo en el país latinoamericano.

Además, se unió a las tensiones por la acusación formal del Departamento de Justicia estadounidense contra diez funcionarios de Sinaloa (oeste), incluido el gobernador con licencia (el oficialista Rubén Rocha Moya), por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa y delitos relacionados con el narcotráfico y posesión de armas.

Por otra parte, la FGR indicó que a ninguno de los 10 funcionarios del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, para quienes Estados Unidos solicito su detención provisional con fines de extradición, se le ha emitido ficha roja de Interpol.

Y que cinco de ellos comparecieron y siguen las investigaciones para deslindar responsabilidades en caso de que se encuadre algún delito.

El Gobierno de México ha rechazado la petición de detención urgente de EE.UU contra los diez funcionarios señalados, al subrayar que todavía no se han presentado pruebas que justifiquen la urgencia de la medida.

Por su parte, la FGR citó esta semana a declarar como testigos a Rocha Moya o al senador Enrique Inzunza, quienes destacaron su compromiso con las instituciones mexicanas al tiempo que insistieron en su inocencia.

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EFE. Ciudad de México. 26 de mayo de 2025.- El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó este martes que compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, en el marco de la investigación abierta en México tras las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra él y otros nueve funcionarios sinaloenses por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.

“Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal”, escribió Rocha Moya en una publicación en la red social X.

El mandatario de Sinaloa (noroeste), que solicitó su separación temporal del cargo mientras dura la investigación, añadió que mantendrá disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades.

“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”, expresó.

Rocha Moya sostuvo además que confía en el sistema judicial mexicano y en el Estado de derecho, al tiempo que defendió las instituciones de justicia y las reformas impulsadas por el movimiento de la llamada Cuarta Transformación, movimiento impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

«Por ello y con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca», subrayó.

Asimismo, expresó respaldo a la presidenta, Claudia Sheinbaum, de quien dijo «lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra Soberanía Nacional, frente a cualquier intento de mancillarla».

La comparecencia ocurre días después de que Sheinbaum asegurara que, de acuerdo con la información proporcionada por la FGR, las diligencias abiertas no implican imputaciones contra los funcionarios llamados a declarar.

“Por lo que nos ha dicho la Fiscalía, no hay imputación a nadie, sino sencillamente entrevistas”, afirmó la mandataria el lunes durante su conferencia de prensa diaria.

Respecto al expediente de Sinaloa, Sheinbaum confirmó que han sido citados a declarar Rocha Moya; el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez; y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Las investigaciones en México derivan de la acusación presentada el pasado 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra diez funcionarios de Sinaloa, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado la detención con fines de extradición de una decena de ciudadanos mexicanos vinculados con delitos de tráfico de drogas y armas.

La FGR informó previamente que las personas relacionadas con el caso están siendo llamadas a rendir entrevista ministerial “con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad” en las investigaciones.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 25 de mayo de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que no existe ninguna imputación contra los funcionarios y políticos llamados a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) en investigaciones relacionadas con Chihuahua, por presencia de agentes extranjeros; y Sinaloa, tras la acusación en EE.UU. de presuntos lazos con el narcotráfico de funcionarios estatales.

“No, no hay imputación por lo que nos ha dicho la fiscalía a nadie, sino sencillamente entrevistas”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, al referirse a las diligencias abiertas por la FGR.

La gobernante mexicana explicó que una de las investigaciones corresponde a Chihuahua y está relacionada con un operativo en el que fallecieron dos agentes estadounidenses para cerrar un narcolaboratorio en ese estado del norte del país.

“Entre muchas investigaciones la fiscalía tiene dos investigaciones. Una, el caso de Chihuahua, de la presencia de dos agentes, bueno, de más agentes extranjeros, pero dos de ellos que lamentablemente fallecieron (…) Ya la fiscalía tendrá que explicar en una visita, digamos, a un laboratorio hasta donde sabemos”, señaló.

En ese contexto, Sheinbaum indicó que la Fiscalía realizó diversas entrevistas a funcionarios y que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue llamada a comparecer como parte del procedimiento.

“Como parte de los procedimientos entiendo que llamó a la gobernadora también a una entrevista”, dijo, y precisó que eso “no quiere decir que haya, que esté imputada de algún tema, sino sencillamente por lo que informó la fiscalía, fue llamada una entrevista”.

La presidenta también se refirió a la investigación abierta en Sinaloa tras la solicitud de detención urgente con fines de extradición presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 mexicanos señalados por presuntos delitos de narcotráfico y armas.

“Debido a la solicitud de detención urgente con fines de extradición de el Departamento de Justicia de Estados Unidos a 10 mexicanos, pues también abrió una investigación y está llamando también a entrevistas”, sostuvo.

Entre los citados, mencionó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al senador oficialista Enrique Inzunza Cázarez y al alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren después de que Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses confirmaran este sábado que atenderán los citatorios de la FGR, derivados de la indagatoria iniciada en México tras la acusación presentada el 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra los diez funcionarios de Sinaloa.

La FGR informó previamente que las personas relacionadas con el caso están siendo llamadas a rendir entrevista ministerial “con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad” en las investigaciones.

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EFE. Ciudad de México. 05 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este jueves que ha arrestado hasta el momento a 47 personas implicadas en el caso del Rancho Izaguirre, en el estado de Jalisco, oeste del país, donde presuntamente se halló un “campo de exterminio” del narcotráfico.

«Al momento, se ha logrado la detención de 47 personas y existen órdenes de aprehensión vigentes que están siendo cumplimentadas conforme a los procedimientos judiciales establecidos», indicó la FGR en un comunicado.

Agregó que de acuerdo con la información con la que se cuenta, «en dicho centro de adiestramiento se reclutaba forzadamente a personas a quienes se les despojaba de sus pertenencias, tales como prendas de vestir, para portar otro tipo de vestimenta».

Precisó que en el procesamiento del lugar «han localizado indicios relevantes, como son dos fragmentos de restos óseos, elementos balísticos, las referidas prendas de vestir, entre otros».

El 8 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció haber identificado un supuesto “campo de exterminio” del narcotráfico tras hallar en un predio 1.800 indicios entre zapatos, ropas y artículos personales en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

Después de las investigaciones, el Gobierno mexicano aceptó que el lugar era un centro de reclutamiento y adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación, que ya había sido asegurado meses antes.

Tras un año del hallazgo del Rancho Izaguirre, el colectivo Guerreros buscadores denunció este jueves que siguen encontrando restos humanos y prendas alrededor del lugar que sirvió como campo de entrenamiento del crimen organizado.

“Regresamos hace 15 días. Por el lugar donde entramos no había resguardo, estuvimos trabajando por los lados de afuera del Rancho Izaguirre, así como la parte trasera, logrando encontrar unos pedazos de huesos y vestimentas”, dijo Raúl Servín, miembro del colectivo en una entrevista a medios locales.

Agregó que dieron a conocer el hallazgo al personal del ministerio público que les acompañaba quien “dijo que sí, que eran de humano”.

En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mexicana dio a conocer la recomendación 11/2026 en la que señala omisiones de la Fiscalía de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en el procesamiento de las evidencias y el aseguramiento adecuado del lugar para preservar las pruebas.

La dependencia expuso que los servidores públicos no realizaron el protocolo para la cadena de custodia de las prendas y artículos encontrados considerados evidencias criminales, vulnerando “los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia” de las personas desaparecidas y sus familiares.

Tras los posicionamientos del colectivo de búsqueda y de la CNDH, la FGR salió al paso con el comunicado en el que señaló que los indicios hallados «están siendo procesados y analizados» en los laboratorios del Centro Federal Pericial Forense, especializado en análisis científico y con el uso de los protocolos aplicables en la materia.

Sobre los fragmentos de restos óseos, la FGR dijo que «se obtuvo un perfil genético correspondiente a una persona de sexo masculino».

«Al realizar la confronta contra los perfiles de familiares de personas desaparecidas albergados, no se ha obtenido un resultado concluyente que permita su identificación, las confrontas continúan y se actualizan conforme se integran nuevos perfiles genéticos», apuntó.

De manera paralela, indicó la Fiscalía, se desarrollan diligencias ministeriales, análisis y procesamiento de información, seguimiento a líneas de investigación y ejecución de actos orientados al esclarecimiento de los hechos, como parte de una estrategia integral de investigación.

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AMEXI. Ciudad de México. 16 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Federal en el Estado de México (Edomex), inicia la carpeta de investigación por el desplome de una aeronave cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca.

Por lo anterior, la institución envió al lugar:

• Agentes del Ministerio Público Federal (MPF)
• Peritos especializados
• Y elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)

El objetivo es colaborar en todo momento con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por lo que la FGR coadyuvará en la investigación y procederá conforme a derecho.

Controlan incendio por accidente aeronáutico.

El gobierno del Estado de México (Edomex) informa que ya controlaron el incendio que se provocó por un incidente aeronáutico en las inmediaciones de la ciudad de Toluca.

De manera preliminar se confirma la muerte de seis personas, de los 10 tripulantes que viajaban en la aeronave.

Lista de tripulantes:

1. Raúl, de cuatro años,
2. Natalia, de dos años,
3. Ximena, de nueve años,
4. Gustavo Palomino Olet, de 50 años,
5. Ilse Lizeth Hernández Téllez, de 32 años,
6. Raúl Gómez Ruiz, de 60 años,
7. Raúl Gómez Buenfil, de 31 años,
8. Olga Janine Buenfil Cardone, de 60 años,
9. Piloto Juan Carlos Olivares Casas, de 61 años, y
10. Copiloto Walding Sánchez Manzano de 72 años

Para atender el incidente y realizar las labores de enfriamiento y remoción de la aeronave accidentada se coordinan los cuerpos de emergencia de los tres niveles de gobierno.

¿Dónde ocurre el accidente de la aeronave?

El incidente aeronáutico se registró la tarde de este lunes en la Delegación San Pedro Totoltepec, donde estuvo involucrado un jet privado Cessna 650 Citation III, matrícula XA-PRO.

Incendio controlado

En una tarjeta informativa, el gobierno del Edomex señala que con corte a las 15:00 horas, se reporta que el incendio ya fue controlado y se realizan labores de enfriamiento y remoción.

El hecho ocurrió entre las calles Industria Automotriz y Boulevard Miguel Alemán, a aproximadamente 300 metros del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) Toluca.

Se precisa que se evacuaron al menos dos cuadras, ya que en la zona del siniestro había tanques de combustible y de gas, y que se continúan atendiendo la emergencia.

En entrevista, el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo explica que:

“Se trató del desplome de una aeronave que cayó sobre una bodega; fue necesario evacuar la zona por el riesgo que representaban los tanques de gas y combustible.

”El incendio ya está controlado, pero se espera a que los contenedores se enfríen por completo para permitir el acceso seguro”.

Venía de Acapulco, Guerrero

De acuerdo con los reportes iniciales, la aeronave cubría la ruta Acapulco-Toluca, en el que viajaban ocho pasajeros y dos tripulantes.

Autoridades en el lugar informaron de manera preliminar el deceso de seis personas, no obstante, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizará las investigaciones pertinentes.

¿Quiénes acudieron al lugar del accidente?

Al sitio acudieron elementos de:

• La Secretaría de Seguridad del Estado de México
• Protección Civil del EdoMex
• Peritos de la FGJEM
• Cruz Roja
• Servicio de Urgencias del Estado de México
• Bomberos
• Grupo Relámpagos
• Personal de la Secretaría de Marina
• Guardia Nacional
• Y del Aeropuerto Internacional de Toluca

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AMEXI. Ciudad de México. 15 de diciembre de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre el fondo de la investigación penal que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene contra María Amparo Casar y dos exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), al señalar que ese ámbito corresponde exclusivamente al Ministerio Público.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, recordó que las presuntas irregularidades en el otorgamiento de la pensión vitalicia a la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) las hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Fue muy cuestionado por cómo obtiene la pensión”, refirió Sheinbaum, al aludir al beneficio económico que Casar recibe de Pemex desde 2004.

Es tema de la FGR

La jefa del Ejecutivo subrayó que será la Fiscalía la que informe sobre los alcances de la investigación penal. “La parte de la Fiscalía se la dejaría a la Fiscalía, que la propia fiscal (Ernestina Godoy) explique por qué la denuncia penal, cuándo se presentó, el citatorio que hicieron. Eso se lo dejaría a la Fiscalía”, enfatizó.

No obstante, consideró pertinente “recordar cómo se dio este caso, vale la pena recordar”, en referencia al contexto en el que se otorgó la pensión.

El Ministerio Público Federal judicializó una carpeta de investigación en la que se acusa a Casar y a dos exfuncionarios de Pemex de su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

Según la indagatoria, mediante ese mecanismo Casar habría obtenido una pensión vitalicia de 125 mil pesos mensuales tras el suicidio de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrido el 7 de octubre de 2004.

El caso genera polémica pública debido al perfil de Casar como dirigente de una organización dedicada a señalar actos de corrupción, así como por la forma en que se autorizó el beneficio económico en una empresa productiva del Estado.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 28 de noviembre de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó esta mañana que ofreció al exfiscal general Alejandro Gertz Manero un puesto como embajador de México en un país que aún no revela. El veterano funcionario de 86 años aceptó de inmediato la propuesta, lo que motivó su renuncia presentada apenas ayer y aprobada hoy por el Senado con 74 votos a favor.

El propio Gertz Manero explicó en su carta de dimisión que deja la Fiscalía General de la República para “continuar sirviendo a mi país en una nueva tarea que me honra”. Su periodo original concluía en 2028, pero la salida pactada con el Ejecutivo acelera la transición y evita un relevo conflictivo. Sheinbaum evitó precisar el destino diplomático: “Ya pronto diremos a dónde va”, dijo, mientras algunos medios apuntan a Alemania como posibilidad.

Como parte del acuerdo, Gertz designó a Ernestina Godoy, actual consejera jurídica de la Presidencia, como encargada de despacho de la FGR. Godoy renunció hoy mismo a su puesto en el Ejecutivo y asumirá de forma interina la institución hasta que el Senado ratifique al próximo fiscal definitivo.

Sheinbaum defendió la gestión de Gertz y prometió una “nueva etapa de mayor coordinación” entre el gobierno, la Fiscalía y el Poder Judicial. Entre los pendientes que espera acelerar mencionó los casos de Odebrecht, la Estafa Maestra, Agronitrogenados, factureras y contrabando de combustible.

La decisión ha generado críticas por la rapidez del trámite y por percibirse como una salida dorada para un fiscal cuestionado por opacidad y resultados. En los próximos días se espera el anuncio oficial del país receptor de las cartas credenciales de Gertz Manero y el inicio formal del proceso para nombrar a su sucesor definitivo.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 28 de noviembre de 2025.- Tras la renuncia confirmada de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR), México inicia el proceso constitucional para designar a quien encabezará la institución encargada de la procuración de justicia a nivel federal. El Senado aceptó este jueves su renuncia con 74 votos a favor y 22 en contra, dando paso formal a la sucesión en un cargo clave para la seguridad y la justicia del país.

Requisitos para ser Fiscal General de la República

Para ocupar el cargo de Fiscal General de la República se debe ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener al menos 35 años cumplidos al momento de la designación, contar con título profesional de licenciado en Derecho con antigüedad mínima de 10 años, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delitos dolosos.

El cargo tiene una duración de nueve años sin posibilidad de reelección, lo que busca garantizar la autonomía del fiscal frente a los cambios de administración federal.

El proceso de designación: cinco etapas clave

1. Apertura de convocatoria y registro de aspirantes
   El Senado abrió la convocatoria pública y será la Junta de Coordinación Política quien reciba las solicitudes de aspirantes a través del mecanismo electrónico disponible en www.senado.gob.mx desde las 13:00 horas del viernes 28 de noviembre hasta las 13:00 horas del domingo 30 de noviembre de 2025.

Los aspirantes deben presentar solicitud firmada manifestando su voluntad de participar, currículum vitae con fotografía, además de documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales.

2. Elaboración de la lista del Senado (20 días)
   A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado tiene 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatos, la cual debe ser aprobada por el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes. Esta lista se envía posteriormente al Poder Ejecutivo.

Si el Senado no cumple con este plazo, el Ejecutivo puede enviar libremente una terna al Senado y designar provisionalmente al fiscal general, quien ejercerá funciones hasta que se realice la designación definitiva.

3. Formulación de la terna presidencial (10 días)
   Una vez recibida la lista del Senado, el Presidente de la República tiene un plazo máximo de 10 días para reducirla a una terna de tres candidatos y remitirla nuevamente al Senado.

La presidenta Claudia Sheinbaum elegirá una terna final de tres personas de la cual el Senado, mediante mayoría calificada, designará al nuevo fiscal.

4. Comparecencias y designación final (10 días)
   El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al titular con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de 10 días.

Si el Senado no realiza la designación en el plazo establecido, el Ejecutivo designará al fiscal general dentro de los candidatos que incluye la lista o terna.

5. Protesta de ley
   La persona que resulte designada y nombrada titular de la Fiscalía General de la República rendirá la protesta de ley ante el pleno del Senado en esa misma sesión.

Mecanismos de remoción

El Fiscal General puede ser removido por el Ejecutivo Federal por causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones.

Perfiles que suenan para la sucesión

Ya se mencionan varios perfiles potenciales para tomar el lugar de Gertz Manero: el exministro de la SCJN Arturo Zaldívar, el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, y la consejera jurídica de la Presidencia Ernestina Godoy.

Godoy Ramos es mexicana por nacimiento, licenciada en Derecho con treinta años de trayectoria y 71 años de edad; Zaldívar es mexicano, doctor en Derecho de 66 años con ejercicio profesional acreditado; Medina Padilla es mexicano, licenciado y maestro en Derecho de 49 años y actual subsecretario con trayectoria jurídica y administrativa.

Un cargo crucial para la justicia mexicana

Entre las funciones de la FGR se encuentran la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal, solicitar medidas cautelares contra imputados, buscar y presentar pruebas que acrediten la participación de estos en hechos que las leyes señalen como delito, procurar que los juicios federales en materia penal se sigan con regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita, pedir la aplicación de penas e intervenir en todos los asuntos que la ley determine.

La Fiscalía General contará con fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el titular de la FGR.

La importancia del proceso constitucional

Este procedimiento busca asegurar que la persona al frente de la FGR tenga la capacidad jurídica, experiencia, integridad y respaldo institucional necesarios para dirigir investigaciones importantes sin sesgos. La necesidad de una mayoría calificada en el Senado garantiza un consenso amplio e impide nombramientos de ocasión únicamente por decisión del Ejecutivo.

La designación del próximo titular de la FGR será uno de los actos más trascendentes del gobierno de Claudia Sheinbaum, ya que de esta persona dependerá la investigación de los casos más complejos de criminalidad organizada, corrupción y violaciones a derechos humanos en el país.

El proceso constitucional está diseñado para garantizar que quien llegue a la Fiscalía General cuente con la legitimidad institucional y el respaldo político necesario para ejercer el cargo con autonomía durante los próximos nueve años.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 09 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este sábado en Tijuana, Baja California, a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), señalado como el presunto segundo tirador en el magnicidio del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas.

La aprehensión, ejecutada por agentes de la FGR mediante una orden federal y una ficha roja de Interpol, revive uno de los casos más controvertidos de la historia política mexicana, considerado el asesinato más grave desde el de Álvaro Obregón en 1928.

Sánchez Ortega, de 70 años y actual directivo de Peak Growth Capital, fue arrestado alrededor de las 17:00 horas en el barrio Los Reyes, a 13 kilómetros del sitio del crimen, según el Registro Nacional de Detenciones (RND). Esta es la segunda vez que enfrenta cargos por el caso: fue capturado horas después del atentado en 1994, con manchas de sangre —presuntamente de Colosio— en su chamarra y residuos de pólvora en sus manos, pero liberado al día siguiente por la Procuraduría General de la República (PGR), en un presunto encubrimiento vinculado a Genaro García Luna, entonces subdirector operativo del CISEN y hoy preso en EE.UU. por narcotráfico y corrupción.

La FGR, que reabrió el expediente en 2021 bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reveló en 2024 la existencia de un “segundo tirador” basado en un “gran acervo de pruebas”, incluyendo análisis balísticos y químicos que ubican a Sánchez en la escena del crimen. El exagente, asignado a la cobertura de seguridad de Colosio, es imputado por homicidio calificado y encubrimiento, con la Fiscalía argumentando que su liberación inicial fue parte de un encubrimiento delictivo orquestado por García Luna.

Colosio, de 44 años y secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, fue baleado mientras saludaba a la multitud en un mitin con más de 4.000 asistentes, un acto que conmocionó al país y marcó el inicio de la crisis del PRI hegemónico. Mario Aburto Martínez, condenado a 45 años como autor material, sigue preso, aunque la teoría del “segundo tirador” ha persistido durante décadas debido a inconsistencias en la investigación inicial.

El arresto generó reacciones inmediatas: AMLO, desde su retiro, escribió que “la justicia llega tarde, pero llega”, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el avance de la FGR y lo vinculó con su compromiso de “cero impunidad”. “Este arresto demuestra que el Estado mexicano no olvida; es un paso hacia la verdad para el PRI y la nación”, dijo.

Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey e hijo del candidato asesinado, celebró la noticia con un mensaje: “Justicia para mi padre, después de 31 años”.

Expertos como Enrique Krauze calificaron la captura como un “hito en la desclasificación de la impunidad priista”, recordando que el crimen de Colosio aceleró la alternancia política en 2000. La FGR no ha detallado la fecha de audiencia inicial, pero se prevé que ocurra este lunes en un juzgado federal de Tijuana, con nuevas pruebas forenses y testimonios.

En un México aún sacudido por episodios recientes como el asesinato del alcalde de Uruapan, el caso Colosio reaparece como espejo del pasado: una lección pendiente sobre la justicia, la impunidad y la memoria histórica.

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