Por Eduardo Ibarra Aguirre

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 30 de marzo de 2026.- En medio de la escasez y la contaminación globales, el domingo fue el Día Mundial del Agua y la presidenta aprovechó para informar el lunes 23 durante la mañanera, en voz de Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua, y en la propia en qué estado de aplicación y respeto se encuentra la Ley Nacional de Aguas, reformada en diciembre de 2025, para hacer frente a los abusos de los privilegiados del vital líquido, mientras millones de paisanos carecen de ella, es de mala calidad o tienen que pagar el abasto público –debido a las corruptelas– y privado por medio de pipas, el gran negocio de los acaparadores.

El dato básico del panorama presentado por Morales López consiste en que gracias a la legislación se detectaron adeudos por 12 000 millones de pesos de empresas en el uso de ese recurso. Y emitió el primer aviso: “De no regularizarse, van a tener sanciones correspondientes e incluso la cancelación de sus títulos” para el manejo y explotación del líquido vital.

Para ilustrar la puntual revelación, el titular de la Conagua presentó casos en los que particulares que tenían concesiones de agua para uso agrícola –que el Estado entrega de manera gratuita– lucraban con el recurso al transferirlo a otros actores mediante pagos millonarios para distintos usos.

Un botón de muestra, en los tres meses transcurridos desde la aprobación de la normativa del agua, se realizaron 7 614 inspecciones que resultaron en 1 600 clausuras y suspensiones para personas que utilizaban los títulos o concesiones de agua de “manera ilegal”.

Uno de los casos más escandalosos son los municipios de Baja California que desde 2002 compran el recurso a un distrito de riego bajo la figura de transmisiones, y lo desviaban para los habitantes del estado. El dinero que se cobraba a los ciudadanos terminaba en los bolsillos de particulares. En apenas un quinquenio cinco municipios pagaron más de 531 millones de pesos, expuso Morales López. Y Sheinbaum Pardo subrayó que “Ese lucro se quedaba en manos de unas cuantas personas y venía derivado de un recurso de la nación”.

Justo por eso, el lunes pasado se calificó de “hecho histórico”, el que por primera vez se entregaron derechos de explotación del líquido vital para los municipios bajacalifornianos de Ensenada, Tijuana, Mexicali, Rosarito y Tecate, con el fin de garantizar el abasto de agua para los próximos 30 años. Término que en los últimos 7.3 años se usa con muy poco rigor.

Otro ejemplo expuesto fue el de la familia del exgobernador de Querétaro José Eduardo Calzada Rovirosa (PRI), que concentra 628 000 metros cúbicos del recurso en esa entidad en cinco títulos, uno de los acuíferos “más deficitarios del país”.

Sheinbaum y Morales informaron que se trata de pozos para uso agrícola y pecuario en los que en realidad se comercializa el líquido en pipas. La gandalla familia tiene otro título que usa para abastecer de servicios a desarrollos inmobiliarios y a un club de polo, donde hay esquí acuático y otras atracciones. Pero Mario Calzada durante las discusiones en el Congreso sobre la Ley Nacional del Agua, se opuso a que fuera aprobada con el argumento de que “no ponía en el centro a la gente”. ¡Cínicazo!

Finalmente, el caso de una refresquera “muy famosa” –de la que no se dio el nombre porque hay un proceso legal abierto– y a raíz de la nueva ley “se hizo una revisión y detectamos que se tienen 18 títulos en los que no se está pagando por más de 2 millones 800 000 metros cúbicos que tiene concesionados. O no los usa y están acaparados, o los usa y no paga”.

Acuse de recibo

Dos distinguidos y talentosos entrevistados en Los Periodistas (Canal 11: ¡Felicidades por los 67 años!) declararon “agotado” el “modelo cubano” y presentaron como inaplazable su transformación. Carlos Illades Aguilar y Ariel Rodríguez Kuri omitieron un pequeño detalle que condicionó el origen, el rumbo y el presunto o real fracaso de la Revolución cubana: 64 años de bloqueo económico y comercial de los presidentes de Estados Unidos. Y a partir de enero Cuba no puede recibir una sola gota de petróleo de nadie, por orden de Donald John Trump, misma que Vladimir Putin acata disciplinadamente. Perdón, doctores e historiadores, ¿cuál Estado en la historia de la humanidad soportó seis décadas de draconiano bloqueo imperial. (…) ¿O piensan, pero no lo dicen, que sólo es una buena coartada para justificar el fracaso? Tal y como lo postulan algunos que se autodenominan “comunistas libertarios”. (…) Y en un arrebato de candidez o de intervencionismo, Alejandro Páez Varela les planteó la conveniencia de que los presidentes de Brasil, Colombia y México presenten a la dirigencia cubana “un nuevo modelo de desarrollo” y qué debería contener. (…) Son los riesgos y los costos de ejercer por sistema la todología temática en el programa que cumplió un primer año de vida en el Once. ¡Felicidades Álvaro Delgado y Alejandro Páez!  (…) El reculamiento de Putin: https://www.jornada.com.mx/2026/03/21/politica/002n1pol

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 23 de marzo de 2026.- El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, afirmó que la nueva Ley de Aguas representa un cambio estructural que pone fin a décadas de especulación y concentración del recurso hídrico en manos de unos cuantos. Al eliminar el régimen de privilegios del periodo neoliberal, el nuevo marco jurídico prohíbe estrictamente la transmisión de concesiones entre particulares, una práctica que fomentó un «mercado negro» donde títulos otorgados gratuitamente para uso agrícola eran fragmentados y revendidos para fines industriales o urbanos. Morales López citó ejemplos alarmantes, como el caso en Zacatecas donde un particular obtuvo ganancias por 54 millones de pesos mediante la reventa de concesiones, una actividad que a partir de ahora queda erradicada para devolver el control total del agua al Estado.

La reforma también combate la acumulación del recurso por parte de actores con alto poder económico y recupera concesiones otorgadas sin uso real, como las detectadas en Chihuahua, donde existían títulos en zonas sin infraestructura con el único fin de ser comercializados. Bajo la nueva legislación, estos volúmenes regresan a la Conagua para ser asignados a quienes realmente necesitan el agua para producir o para el consumo humano. Además, se han detectado y sancionado usos irregulares graves, como en Querétaro, donde concesiones exentas de pago por ser «agrícolas» eran utilizadas para abastecer desarrollos inmobiliarios de lujo y campos de polo, mientras las comunidades aledañas padecían escasez, prácticas que ahora conllevan multas de hasta 3.5 millones de pesos y la clausura inmediata.

En cuanto a la explotación clandestina, la autoridad reportó la detección de perforaciones ilegales y el robo de agua de acueductos en estados como Nayarit y Baja California Sur, donde el recurso se vendía de forma lucrativa a través de pipas. La nueva ley endurece las penas para estas conductas, estableciendo castigos de hasta cinco años de prisión y multas administrativas severas para frenar el lucro con un bien de la nación. Asimismo, se ha iniciado una revisión exhaustiva de grandes empresas que presentan irregularidades en sus medidores o descargas sin permiso, identificando un adeudo presuntivo global cercano a los 12 mil millones de pesos, por lo que se hizo un llamado al sector privado para regularizar su situación ante la comisión.

Los resultados financieros y operativos de esta reforma ya son tangibles, con un incremento en la recaudación de 3,500 millones de pesos durante 2025 y una proyección de crecimiento de 6,300 millones adicionales para el presente año. Estos recursos se destinan directamente a obras de infraestructura hidráulica para beneficio social, complementados con más de 7,000 operativos de verificación que han derivado en un millar de clausuras por uso ilegal. Paralelamente, se ha dado prioridad a la justicia social mediante la resolución de 9,500 trámites rezagados para pequeños productores y el reconocimiento de los sistemas comunitarios y pueblos indígenas como piezas fundamentales en la gestión del agua en sus territorios.

Finalmente, el titular de la Conagua anunció un acto de justicia para los municipios de Baja California, como Tijuana y Mexicali, al entregarles directamente sus títulos de concesión, eliminando la dependencia de intermediarios a quienes pagaron más de 531 millones de pesos en el último lustro. Con estas acciones, el Gobierno Federal busca garantizar que el agua deje de ser una mercancía sujeta a la especulación financiera y se consolide como un derecho humano fundamental. La nueva gestión hídrica no solo fortalece la soberanía nacional sobre sus recursos naturales, sino que asegura una distribución más equitativa y transparente que prioriza el bienestar de la población sobre los intereses particulares.

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