EFE: Ciudad de México. 28 de septiembre de 2025.-  Las autoridades mexicanas arrestaron este domingo en el Estado de México a dos hombres por posesión de dosis de droga y un arma de fuego, uno de los cuales es Bryan Antonio García Luna, de 27 años, presunto integrante del cártel La Familia Michoacana.

García Luna está identificado como “objetivo prioritario” ya que es jefe de plaza en el Estado de México “de los municipios de Soyaniquilpan, Jilotepec, Aculco, Polotitlán y Acambay”, indicó la fuente.

“También es responsable de homicidios, secuestros, extorsiones, robo de vehículos de carga y narcomenudeo, además, se tiene conocimiento que el día 22 de julio de 2025 participó en el secuestro de un líder de taxistas de Jilotepec”, detalló.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó que el operativo en el que se detuvieron estos dos hombres se llevó a cabo “durante despliegues estratégicos realizados sobre la carretera Soyaniquilpan-Jilotepec, a la altura del kilómetro 0+500, en la localidad de El Xhitey”.

“Los efectivos de seguridad identificaron una camioneta de color blanco, sin placas de circulación, cuyos tripulantes al percatarse de la presencia de las autoridades emprendieron la huida, para descartar alguna conducta ilícita se inició una persecución que culminó metros más adelante, donde fueron detenidos”, desarrolló la SSPC.

Los agentes hallaron un arma de fuego corta, un cargador, cartuchos útiles, 79 dosis de cristal, una báscula gramera y dos teléfonos celulares.

El segundo hombre detenido fue identificado como Edgar de Jesús Ramos, de 25 años.

El operativo fue encabezado por elementos de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad (SSEM), ambas del Estado de México, y la Policía Municipal de Jilotepec.

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AMEXI. Tuxtla Gutiérrez, México, 26 de julio de 2024.- Elementos de la Sedena y la Guardia Nacional, ingresaron a Nuevo Morelia, Chicomuselo para salvaguardar la seguridad e integridad de los habitantes, tras el recrudecimiento de la violencia que obligó a 600 familia huir hacia Guatemala, donde permanecen refugiados en albergues.

En un comunicado escueto, se informó que en un despliegue por toda la región de dicha localidad, los militares supervisaron y recorrieron las calles para brindar tranquilidad a los pobladores, mismos que permanecerán instalados en la zona.

Cabe mencionar que lugareños de esta localidad fronteriza, han tenido que huir a Guatemala, debido a la violencia generada por grupos criminales, que hoy en día están por todas partes del estado y como no están seguros aun con la presencia de la fuerza pública, prefieren abandonar el país y buscar refugio y seguridad en otros lados.

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EFE. Ciudad de México- 14 de junio de 2022.-  Organizaciones no gubernamentales (ONG) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México un amicus curiae para que declare inconstitucional que la Guardia Nacional (GN) se despliegue en las fronteras norte y sur con fines de control migratorio, según informaron este martes.

La demanda fue hecha en conjunto por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y los Programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México.

“El amicus aborda específicamente las facultades de control y verificación migratoria otorgadas a este cuerpo de seguridad militarizado (Art. 9, fracción XXXIII, XXXV y XXXVI), por los riesgos y consecuencias que tiene su involucramiento en tareas migratorias para los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional”, refirieron las organizaciones en un comunicado.

Señalaron que el amicus curiae presentado este martes acerca a la Corte información documentada sobre abusos y violaciones a derechos humanos de personas migrantes y sujetas de protección internacional cometidas por esta institución.

“Que son el resultado de la naturaleza y composición de la GN como un cuerpo militarizado, con más del 80 % de sus elementos proveniente del sector castrense, así como en estructura, capacitación y mandos”, afirmaron.

Refirieron que la información proporcionada al Supremo permitirá que la institución, al momento de resolver la acción de inconstitucionalidad, cuente con insumos sobre los riesgos de otorgar facultades en materia de control y revisión migratoria a este cuerpo de seguridad.

Criticaron que desde su creación, hace tres años, la Guardia Nacional fue vinculada en gran medida al control migratorio, bajo una lógica de contención en las fronteras: en febrero de 2022, de 99.946 miembros desplegados en México, 15.822 fueron ubicados en los estados fronterizos con Estados Unidos y 9.298 miembros en estados de la frontera sur.

A ello se suma el despliegue de los integrantes de este grupo para tareas de control y verificación migratoria en puntos de revisión en el país como retenes, estaciones de autobuses y aeropuertos.

Además de que el Gobierno le asignó el resguardo de Estaciones Migratorias, en las que personas migrantes y sujetas de protección internacional se encuentran privadas de la libertad por motivos migratorios.

Señalaron que se han documentado recurrentes violaciones a derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional en la frontera sur.

“Incluyendo agresiones, abuso de la fuerza, encapsulamiento y dispersión de las personas migrantes en tránsito; uso de armas de fuego que causaron la ejecución extrajudicial de un migrante, así como casos de tortura en estaciones migratorias”, precisaron.

Las organizaciones pidieron a la SCJN revisar “a la brevedad” la acción de inconstitucionalidad, en el contexto de profundización de la militarización que vive “y que ha sido señalada con preocupación por diversos organismos internacionales”.

La Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad conformado en su mayoría por militares, ha generado muchas críticas en un país todavía afectado por la llamada guerra contra el narcotráfico, impulsada por el expresidente conservador Felipe Calderón (2006-2012) junto con las Fuerzas Armadas.

En los últimos tiempos ha habido un flujo migratorio récord hacia EE.UU., cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre pasado.

El Gobierno mexicano reportó el fin de semana antepasado un incremento del 89 % interanual en el número de migrantes presentados o canalizados por la autoridad migratoria en el primer trimestre de 2022, al sumar 77.626 de enero a marzo.

México deportó a más de 114.000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, cifras no vistas en casi 15 años, mientras que en el año fiscal 2022, que arrancó el 1 de octubre de 2021, la CBP ha contabilizado más de un millón de migrantes interceptados en la frontera sur estadounidense.

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La falta de atribuciones claras y la concentración de poder de la Guardia Nacional, así como el riesgo que corre la información genética en manos de una corporación de carácter castrense, son algunos de los cuestionamientos que han surgido tras la licitación de un software para manejar la base de datos genética que heredó de la Policía Federal. En tanto, la Comisión Nacional de Búsqueda pide centralizar los datos en una sola base, no “atomizar” repitiendo errores del pasado.

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 16 de diciembre de 2021.- La Guardia Nacional tiene otra nueva función en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: mantener una base de datos genética para la búsqueda de personas desaparecidas.

A pesar de los llamados desde la Comisión Nacional de Búsqueda para que exista una única base, que le toca crear a la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) adquirió, en octubre pasado, un software para administrar y seguir alimentando la base de datos genética que heredó de la División Científica de la extinta Policía Federal (PF). 

“La creación de múltiples bases de datos seguirá atomizando algo que en realidad se tendría que centralizar”, dijo la comisionada Karla Quintana al ser cuestionada sobre el asunto en fechas recientes. 

El monto del contrato, celebrado entre la empresa Logística y Tecnologías para Laboratorios SA de CV (Logitlab) y la corporación de seguridad emblema de la administración federal, asciende a un millón 896 mil 300 pesos (sin impuestos).

Especializada en equipos para laboratorios forenses y en identificación humana, Logitlab, con domicilio fiscal en Mexicali, Baja California, ha celebrado en los últimos diez años unos 147 contratos con diferentes gobiernos, comisiones de búsqueda, procuradurías y fiscalías locales, la Procuraduría General de la República y la hoy Fiscalía, la PF, la Secretaría de Marina, la GN y algunos centros públicos de investigación, por al menos 168.1 millones de pesos.

Tan sólo en lo que va del sexenio, la empresa ha obtenido 41.1 millones de pesos en contratos. Su principal socio: la Guardia Nacional, a quien le ha provisto de productos y servicios por cerca de 20 millones de pesos. 

Aunque poco publicitada, esta última licitación ya ha generado críticas entre académicos, defensores de derechos humanos, organizaciones civiles y algunas familias de víctimas que señalan, entre otras cosas, la falta de atribuciones claras y la concentración de poder de la GN, el desentendimiento de la FGR de sus obligaciones de ley, el involucramiento de las Fuerzas Armadas en desapariciones forzadas del pasado y recientes, y la insistencia en seguir por el camino de la atomización de la información genética, que hizo fracasar en administraciones pasadas las identificaciones humanas.

“Es preocupante que el Ejército, a través de la Guardia Nacional, tenga acceso a esa información, y que siga sin existir una base de datos (genética) central”, dijo en entrevista Jacobo Dayán, investigador especializado en derecho penal internacional, justicia transicional y derechos humanos.

Humberto Guerrero, coordinador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar, consideró que esto es “un mal síntoma”, pues no sólo consiente el que la FGR no cumpla con las obligaciones que le impone la Ley General en materia de Desaparición de 2017 —para construir esa base de datos nacional—, también permite que la GN avance mientras sus acciones, en este caso tomar y analizar muestras referenciales (de familiares) o de restos humanos y recabar información para investigaciones ministeriales, rayan en la inconstitucionalidad. 

El de octubre no fue el primer contrato de la Guardia Nacional con la empresa Logitlab, co-fundada por el farmacobiólogo Fermín Mercado Payán y la química María Ascencio Silva, también accionistas del laboratorio de análisis clínico Mediservice SA de CV. 

En noviembre de 2019, la GN adjudicó, de manera directa, el servicio de mantenimiento de equipos especializados de su área de amplificación, cuantificación y electroforesis capilar (una técnica de separación electroquímica de biomoléculas), por un monto de 526 mil 261 pesos. Y en junio de 2021, también por adjudicación directa, para la adquisición de reactivos y consumibles para diferentes procesos de identificación, por 17.6 millones de pesos. 

En medio de una profunda crisis de desaparición de personas —más de 95 mil— y en materia forense —estimada en más de 52 mil cuerpos no identificados en anfiteatros hasta el mes de agosto de 2020—, la comercialización, instalación, arrendamiento y mantenimiento de equipos para la identificación humana, así como la venta de sus consumibles, es pues un negocio redituable.

De los 147 contratos que Logitlab ha suscrito con diferentes instancias de la administración pública, al menos 37 se firmaron con instituciones directamente relacionadas con la investigación de las desapariciones o la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, cuerpos sin nombre y restos humanos, como procuradurías, fiscalías y comisiones de búsqueda locales.

La mayoría de estos contratos, salvo en 13 ocasiones —incluida la licitación pública para la base de datos genética de la GN—, fueron asignados de manera directa bajo el supuesto de que la empresa Logística y Tecnologías para Laboratorios SA de CV era la más adecuada para proveer el producto o servicio, o que es la distribuidora exclusiva de la marca de los bienes requeridos. 

Uno de ellos, por ejemplo, se justificó bajo el argumento de que Logitlab es la única empresa a nivel nacional que puede distribuir los productos de la estadounidense Thermo Fisher Scientific, cuyos equipos Applied Biosystems son ofertados por Logitlab para la implementación de laboratorios de genética forense; en su página web aseguran haber instalado más de 15 en todo el país.

Una base nacional con problemas y filtraciones

Durante el Simposio Internacional de Identificación Humana, la comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, alertó sobre los riesgos de la diversidad de instituciones que participan de la toma de muestras genéticas:  “Se hacen campañas de muestras genéticas en los estados, las toma una fiscalía, las toma otra, las toma Policía Federal, la Guardia Nacional, pero no sabemos en dónde está esa información que no se centraliza y no se comparte”. 

Advirtió que el plazo de dos años que se ha puesto la FGR para cumplir con sus obligaciones, puede no ser suficiente para crear una base nacional de datos genéticos que sea funcional, con una metodología clara para su alimentación en tiempo real. “Tener la caja no quiere decir que tengamos la información”. 

A decir de una nota de Reporte Índigo, la Base Nacional de Información Genética —uno de los componentes del Banco Nacional de Datos Forenses, referido en la Ley General en materia de Desaparición de 2017—, aún se encuentra en primera fase de implementación. Aunque ya desde agosto de 2020 se publicaron los Lineamientos Generales para la Instalación y Funcionamiento de la misma, y desde diciembre pasado estos fueron aprobados por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, esta sigue siendo una promesa proyectada para finales de 2023.

Ésta debe construirse a partir de la información genética que le compartan a la FGR las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia o cualquier ente público que cuente con un laboratorio de genética forense acreditado, incluida la Guardia Nacional. 

Para febrero de 2020, la base de datos genética que heredó esta última de la Policía Federal contaba con 14 mil 731 perfiles genéticos (que distinguen a un individuo del resto de la población). Esta información tendría que ser incorporada a la Base Nacional, cuyo principal insumo es la la base de la Fiscalía General, mejor conocida como CODIS (Combined DNA Index System), cuyo proveedor es el Buró de Investigaciones Federales (FBI). 

Hasta octubre de este año, la base de datos de la FGR contenía 69 mil 307 perfiles genéticos que fueron ingresados y procesados por su Coordinación de Servicios Periciales o enviados por las diversas Fiscalías Estatales durante la última década.

Especialistas han señalado, sin embargo, diversos problemas para la identificación humana en México, como el que los laboratorios genéticos de las fiscalías y otros actores estén certificados —para subir su información a la base de datos nacional y que las muestras tomadas a familiares no se queden únicamente en su estado de origen—; y que las fiscalías suelen esperar a que las familias se presenten ante ellas para la toma de muestras en lugar de ir directamente a sus hogares o comunidades, entre otros. 

Esta semana se dio a conocer que la información contenida en estas bases de datos no está protegida y ha sido usada para otros fines. La investigación Traficantes de ADN documentó que la base de la Fiscalía fue entregada a una empresa privada (Central ADN), cuya estrategia para la obtención de contratos públicos partía de la cooptación de familiares —sobre todo líderes de colectivos— y que existe una denuncia penal contra Roberto Cabrera Alfaro, el primer comisionado nacional de búsqueda. 

Se desconoce quiénes más han tenido acceso a las muestras de sangre y saliva de miles familiares de personas desaparecidas y a la información generada tras el análisis de restos humanos. Antes de dejar su puesto, en enero de 2019, Cabrera informó que la CNB había consolidado una base de datos de más de 50 mil perfiles genéticos, aunque carecía de atribución para ello. 

La identificación forense, en manos castrenses

A la atomización de la información genética en fiscalías locales, la federal y en la Guardia Nacional, la duplicación de registros, la falta de procesamiento de datos y la posibilidad de que los datos genéticos de miles de familias caigan en manos indebidas, se suma otro elemento de preocupación: el manejo de datos sensibles por parte de personal militar. 

De acuerdo con un reportaje de Animal Político, 76.8 por ciento de los efectivos de la GN provienen de las Fuerzas Armadas: 61 mil 708 elementos —en activo— de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 17 mil 418 de la Secretaría de Marina. Los pocos efectivos civiles, ex integrantes de la Policía Federal asignados a la supervisión de carreteras, puertos y aeropuertos, incluso están siendo desplazados por elementos castrenses. 

Esto sin mencionar que la Sedena mantiene el control de las 32 coordinaciones estatales de la GN, que mandos militares controlan a esta supuesta policía civil desde su creación, y que está en camino una reforma para que ésta pase a formar parte de la estructura administrativa de la Defensa Nacional.

En paralelo, aún existen cuatro acciones de inconstitucionalidad y un amparo en revisión que ponen en duda no sólo el carácter civil de la corporación emblema de la administración federal, sino lo “indeterminadas, genéricas y ambiguas” que resultan sus atribuciones en materia de prevención de delitos e infracciones administrativas, a decir de la demanda promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en julio de 2019, contra diversos artículos de la Ley de la GN.

En total, son diez los recursos contra la militarización de la seguridad pública que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) sigue sin resolver, en medio de un proceso de delegación de tareas civiles a las Fuerzas Armadas —al menos 246—, y de blindaje de los proyectos estratégicos de la administración federal, en donde participan elementos castrenses.

Incertidumbre entre familiares

Con el cambio de la Policía Federal a la Guardia Nacional, explica Yadira González,  integrante de la Red de Enlaces Nacionales, lo que hay entre las familias que dejaron sus muestras y los restos de sus desaparecidos en la División Científica de la Policía Federal—hoy Dirección General Científica de la GN—, es “mucha incertidumbre de saber en dónde quedaron”. 

A mediados de noviembre de este año, la Red de Enlaces, conformada por más de 60 colectivos de familiares de personas desaparecidas, dio a conocer que tres restos óseos pertenecientes a Iván Yan Carlos Ibarias, hijo de la buscadora María de Jesús Soria Aguayo, desaparecido en 2016, se encontraban bajo resguardo de la Guardia Nacional, separados de los otros que tiene la Fiscalía de Veracruz, por lo que exigió que estos le fueran entregados a su madre a la brevedad y de manera digna.

Algunas de  las atribuciones de la Dirección General Científica, de acuerdo con el reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, son estas: 

• La identificación y la preservación de la integridad de los indicios, huellas o vestigios de un hecho delictivo;
• La coordinación de los laboratorios criminalísticos de la institución, donde se analizan los elementos químicos y biológicos que apoyen a una investigación —bajo la dirección del Ministerio Público—;
• La incorporación de huellas dactilares, fotografías, videos y otros elementos que sirvan para identificar a una persona, a sus bases de datos.

Yadira González, quien busca a su hermano desaparecido desde 2006, también se mostró preocupada por el anuncio del  traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, por lo que sugirió que antes de que esa propuesta de reforma sea presentada por el presidente, debería analizarse si conviene que la Guardia Nacional siga en posesión de esa base genética. 

“Con todos los antecedentes que tiene la Sedena en la desaparición de nuestra gente pues sí, se crea un conflicto mayor”, comentó en referencia a los casos de desaparición forzada de personas en donde se ha documentado la participación de elementos castrenses. 

Al menos 13 indagatorias fueron iniciadas por la FGR en contra de militares adscritos a la Sedena entre 2013 y 2020 —sin sanción alguna—, así como 65 expedientes de investigación (averiguaciones previas y carpetas de investigación) que señalan la probable responsabilidad de elementos de la Secretaría de Marina hasta abril de 2021.

Tan sólo este año, 30 elementos de la Marina fueron detenidos por la desaparición forzada de distintas personas en Tamaulipas, en 2014, y el nuevo encargado de Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex), el general Jens Pedro Lohmann Iturburu, fue señalado en días recientes por el encubrimiento de la desaparición forzada de tres personas, en 2009, a manos de elementos del Ejército. Esta semana, la Guardia Nacional fue acusada de desaparecer a dos personas en el municipio de Los Reyes, Michoacán.

Martín Villalobos, vocero del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos —integrado por más de 60 colectivos de México y Centroamérica—, lamentó que la información de decenas de miles de personas desaparecidas y sus familias se encuentre, a través de la Guardia Nacional, en manos de instituciones cerradas, poco transparentes y que en algunos casos de desaparición que tienen documentados, figuran como responsables.

“La información vital para las búsquedas va a estar en manos de una parte de los perpetradores o de los que de alguna manera se coludieron para que esto pasara”, comentó. 

En cuanto al mal uso que se le pueda dar a la base de datos genética de la Guardia Nacional  —tal como sucedió con la de la FGR—, Villalobos alertó sobre el riesgo que representa para las familias una posible filtración, considerando que muchas de ellas han sido desplazadas o perseguidas por buscar a sus seres queridos. “Por no haber previsto este tipo de situaciones, se puede complicar mucho más la vida y el peregrinar de las familias en la búsqueda de sus desaparecidos”.

Señaló también que los cambios administrativos, como la transferencia de facultades de la Policía Federal a la Guardia Nacional, suelen hacerse sin pensar en las víctimas, sin notificarles y garantizarles que sus datos están siendo protegidos. “Los hacen como si se tratara de objetos y no de personas”.

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*Marcos Nucamendi (@makonucamendi) es integrante del proyecto A dónde van los desaparecidos y pasante de la maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo del Instituto Mora.

 www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito del autor y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

Nota metodológica: Aunque se encontraron 147 registros oficiales, sólo se tuvo acceso a 120 documentos (contratos, resúmenes, fallos) para verificar las cifras empleadas en este artículo. Los contratos suscritos en dólares fueron trasladados a pesos con el tipo de cambio correspondiente. Todas las cantidades están expresadas sin  impuestos.

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