Periodistas Unidos. Ciudad de México. 21 de noviembre de 2024.- El golpismo siempre tiene consecuencias inesperadas. No podía ser diferente con la reforma al Poder Judicial, un amplio muestrario de improvisaciones dolosas, intolerancia, ridiculeces, errores y lo que se acumule esta semana.

Al Señor del Gran Poder y a sus lamesuelas puede importarles poco el costo de sus ocurrencias, pero ahora que está en sus inicios un sexenio, gastar miles de millones de pesos en la elección de jueces hundirá más las decaídas finanzas que le heredó López Obrador a Claudia Sheinbaum.

El Instituto Nacional Electoral, encargado de organizar el proceso judicial, calculó que éste costaría 13 mil 205 millones, ante lo cual el Poder Legislativo, dependiente del Ejecutivo del sexenio anterior, puso el grito en el cielo, pues, evidentemente, es mucho dinero y no está el horno presupuestario para bollos.

La contraoferta de la Cámara de Diputados suma ocho mil 802 millones, que no son precisamente corcholatas, pero que fue el costo de las elecciones del pasado mes de junio, cuando los mexicanos elegimos Presidenta de la República, senadores y diputados (no a todos, pues la bancada de Morena se adjudicó ilegalmente decenas de legisladores de representación proporcional y otros que estaban a la venta hasta sumar 70% de las curules, pese a que obtuvo menos del 54% de los votos). Tramposones los muchachos.

El hecho es que la presidenta del INE, señora Guadalupe Taddei, que para eso está, aceptó revisar el monto solicitado, del cual, por cierto, mil millones de pesos eran para repartirlos entre quienes participarán en la realización de esos comicios de pacotilla. Pero ya se verá en qué cantidad se ponen de acuerdo el INE y los legisladores.

Un factor adicional es que se han presentado no pocos amparos ante la ilegalidad de la elección, pero los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral y del propio INE, simplemente, se tapan sus orejitas como si las leyes fueran mero adorno y poco importara que las reformas constitucionales choquen con otras disposiciones de la misma Carta Magna.

Pero lo ridículo de ese entreguismo ante las órdenes del tlatoani es que, hasta el pasado día 16, se habían inscrito como solicitantes de chamba 2,378 aspirantes a jueces, de los cuales, hasta ese día, sólo cumplían con todos los requisitos 39 candidatos, o 135, de acuerdo con otra versión. Sí, 39 o 135 para elegir a los cinco mil 410 juzgadores requeridos.

Evidentemente, con tales cifras, la elección camina derechito al desastre, lo que el complaciente Arturo Zaldívar atribuye a que algunos jueces y magistrados “tienen un poco amenazados a los empleados y trabajadores”, según le dijo el exministro de la Corte a Ciro Gómez Leyva.

El diario Reforma, en su columna Templo Mayor, dice que en el gobierno federal “están tomando medidas muy cuestionables para hacerle frente al déficit de solicitantes en la judicatura, para lo cual “alguien de arriba” ordenó registrar a candidatos que ni siquiera han solicitado su inscripción entre los aspirantes.

La presión está dirigida, sobre todo, a los gobernadores morenistas, porque colegios de abogados y cámaras empresariales recomiendan a los abogados no participar en un proceso al que tachan de “vergüenza política”. Otro factor del desánimo es que quienes lleguen a ocupar un cargo en la judicatura, si tienen algún problema con los criminales, no contarán con apoyo oficial, pues con el país hundido en la inseguridad nadie puede garantizar su integridad física.

Por supuesto, ya sonaron las alarmas en Morena y ayer debió ser instalada la comisión encargada de sacar el buey de la barranca, porque el primero de junio próximo deberá estar todo listo. El diario La Jornada, al que no se le puede acusar de conservador, neoliberal ni fifí, publicó que esta semana habrá “una importante renuncia y posiblemente cambios derivados de ello en la Junta General Ejecutiva, la médula administrativa y jurídica del instituto” (el INE), algo que puede alterar el sueño de todo cuatrotero.

Aun así, hay suficiente tiempo para que la elección se consume en condiciones más o menos regulares, pero con el INE en la bolsa y sin contrapesos ante las locuras y trampas de Morena, a ver quién les cree sus resultados.

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Foto: INE

Por Jorge Meléndez Preciado

            Periodistas Unidos. Ciudad de México. 24 de julio de 2020.- Independientemente de quiénes serían los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que se eligieron el miércoles 23, el debate acerca de lo que ocurre en nuestro polarizado México fue importante, pero más debido a lo que viene: la necesidad de no imponer mayorías en asuntos fundamentales y la obligación de escuchar todas las voces.

            Debemos recordar que varios decenios atrás las malas artes, el reparto de cuotas, el meter a como diera lugar a los amigos, la marginación de la oposición y el uso de la fuerza para acallar opiniones fue lo característico.

            Poco a poco se fue abriendo la tan parchada democracia que tenemos, en donde hay más de 700 reformas a la Constitución mexicana, y organismos por doquier para realizar las funciones que están encargadas al Estado, pero se sabe que no cumplirá.

            Vino el cambio tan deseado, y estamos entrampados en una discusión sin fin para los asuntos más importantes y otros menores que algunos consideran prioritarios.

            En esa situación, se abrió el proceso para escoger al cuarteto del INE, donde participaron centenas de aspirantes. De ellos, se escogerían cuatro quintetas para que salieran los indicados.

            En un comité balanceado, donde participaron: Diego Valadés, Blanca Heredia, José Roldán Xopa, Silvia Giorguli y John Ackerman, entre otros (increíble: se incluyó a Sara Lovera, una periodista sin conocimientos en el tema y muy desprestigiada en el gremio), se trabajó con rigor, aunque de repente, el doctor Ackerman se indignó porque no quedó en la lista Diana Talavera, quien tiene nexos con su familia política, los Sandoval.

            Protestó y exigió que se cambiaran los nombres porque algunos eran opositores a la 4T. Algo realmente increíble, ya que no se trata de controles unánimes en los organismos no gubernamentales.

            Le respondió el diputado morenista, Porfirio Muñoz Ledo: el señor Ackerman tiene mucho celo partidario, aunque él no estuvo involucrado cuando luchamos por las autonomías.

            John impugnó, además, que Eunice Rendón fuera candidata en este trascendental asunto ya que era pariente del consejero Ciro Murayama, uno de los más cercanos al presidente del INE, Lorenzo Córdova.

            En una carta Murayama explicó que nunca había ni propuesto ni siquiera platicado con los que seleccionaron a los nuevos miembros de quienes calificarán las elecciones del próximo año y otros, por lo que el reclamo del tan mencionado Ackerman no tenía ninguna validez. No hubo contestación a lo planteado por Ciro.

            Pero el asunto de John, el también conductor televisivo, trajo la revuelta de 75 legisladores del PT y Morena, quienes deseaban que los consejeros fueran más afines a sus propuestas. Al final los indignados llegaron a 97.

            La revuelta fue efímera, ya que Andrés Manuel López Obrador afirmó sensatamente: las resoluciones que se lleven a cabo son responsabilidad de los diputados.  Por lo que no existía óbice para que se concluyera un proceso muy lleno de problemas.          

            En este acto sumamente importante para el futuro comicial, Muñoz Ledo planteó dos cuestiones más de gran relevancia: que se eligieran tres mujeres y un hombre para que ellas tuvieran mayor incidencia en las decisiones futuras y que no es con el golpismo, aunque sea de manera civil, la forma en que se puede construir un país que necesita pluralidad, equilibrio, consensos y lógicamente, mayor participación de las féminas en las decisiones que urgen ahora y más adelante.

            Finalmente salieron elect@s, por mayoría calificada (399 votos, más cinco abstenciones y cinco en contra): Norma Irene de la Cruz, José Fernando Faz, Clara Humprey y Uuc-Kib Espadas.

            La lección mayor es que debemos abrir muchos espacios y no aferrarse a que uno solo es quien tiene la verdad en la mano.

             ¡No al golpismo!

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Foto: Cuartoscuro

Por Jorge Meléndez Preciado

            Periodismo Unidos. Ciudad de México. 26 de abril de 2020.- Cuando el notable documentalista Carlos Mendoza dio a conocer, El golpe blando contra López Obrador (septiembre de 2019), varios los tildaron de exagerado, alarmista y hasta locuaz. La historia le ha dado, como en otras ocasiones, la razón a quien ha puesto en imágenes muchas de las tragedias de México.

            En un reciente editorial del Financial Times, la voz de los inversionistas y especuladores del mundo, se sugiere un alianza entre empresarios, líderes políticos y dirigentes sociales contra López Obrador. Plantea, además, que vamos en México con el mismo rumbo de Venezuela-sic madurista-, y que puede suceder algo parecido a Bolivia y Brasil, el derrocamiento de Evo Morales y Dilma Roussef, respectivamente. Texto absurdo de un hebdomadario que se dice serio y puntual.

            El 17 de este mes, The Economist, otra publicación aparentemente muy profesional, también dijo que las medidas de Andrés Manuel pueden llevar al desastre económico, siendo que nosotros, según organismos internacionales, decreceremos 6.6 por ciento y en España e Italia lo harán al 8 y al 9, respectivamente. Mientras que en México hay más de 1,221 muertos ahora, en Inglaterra van más de siete mil y en Estados Unidos tenemos decenas de miles de fallecidos.

            Hace unos días en la Organización Mundial de la Salud (OMS), se aprobó una propuesta del gobierno mexicano, con el apoyo de 161 países, con el fin de no acaparar medicinas ni instrumentos para enfrentar la pandemia. Sobre esto no dijeron nada los medios del planeta, incluyendo los de aquí.

            Podríamos mencionar también los casos de los actores Derbez, Paty Navidad y hasta Carlos Villagrán, este último afirma que no existe el Covid-19. Lo que nos da un panorama de horror o de fake news.

            El golpismo en México, sin duda, está presente, ¿verdad,  Feli-pillo?

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Foto: Especial

Por Humberto Musacchio

EFE. Ciudad de México. 10 de abril de 2020.- La chayocracia pasó de la crítica contra el gobierno al insulto personal, circulan en redes sociales llamamientos a manifestarse contra Andrés Manuel López Obrador, piden organizarse para revocar el mandato presidencial, los voceros empresariales advierten que no tendrán dinero para pagar impuestos mientras el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) profetiza que la economía mexicana caerá diez por ciento y habrá un millón de desempleados de los que desde ahora culpa al habitante del Palacio Nacional.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, abandonó el tono conciliatorio que venía empleando para referirse al gobierno y a sus políticas, y ahora se ha puesto a la cabeza de la rebelión empresarial contra López Obrador, aunque, por supuesto, tiene muy claro que la revocación no será fácil, pues demanda a sus colegas reunir el apoyo de unos 30 millones de mexicanos. Fácil.

Salazar Lomelín tiene una larga trayectoria como cuadro gerencial del grupo FEMSA, uno de los consorcios más poderosos de Monterrey y de la República. El abandono de su actitud conciliadora coincide con la protesta de un sector empresarial en el que participa su patrón, pero éste y el propio Salazar no han sopesado debidamente el alcance de su actitud, pues las fuerzas que apoyan a López Obrador bien podrían declararle un boicot a las tiendas Oxxo, a la Coca-Cola o a las cervezas Tecate, Indio, Sol y otras que produce la alianza Cuauhtémoc-Heineken, firmas a las que sirve el señor Salazar.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), muy añeja defensora de las posiciones más sectarias y atrasadas del empresariado, vuelve a la carga con el panista Gustavo de Hoyos a la cabeza, quien se ha distinguido por abanderar causas impopulares, como el etiquetado de la comida chatarra, la intentona de una cervecera gringa que pretendía dejar sin agua a Mexicali y su hasta ahora exitosa defensa del outsourcing.

La desazón tiene motivos. Por supuesto, el llamado plan anticrisis del gobierno federal en nada se parece a las fórmulas empleadas por los gobiernos priistas y panistas, prestos a acudir al rescate de unos pocos para que los muchos acabarán pagando. Nadie olvida que el Fobaproa-IPAB lo impuso Ernesto Zedillo para salvar a los bancos y que, una vez saneadas sus finanzas, sus dueños mexicanos los pudieron vender a precio de oro a grandes firmas extranjeras. El costo, por supuesto, lo estamos pagando los contribuyentes y así seguiremos durante muchos años más.

Tradicionalmente, los gobiernos tricolores y azules endeudaban al país para cubrir la irresponsabilidad y la ineptitud de malos empresarios. Hoy se pide que México adquiera un billón de pesos en deuda para ayudar a los que más tienen, a lo que el gobierno ha respondido con un plan que puede ser discutible, pero que, definitivamente, no responde a las pulsiones del viejo orden, pues ahora se trata de ir en auxilio de los de más abajo.

Por supuesto, los quejosos tienen el derecho de protestar, pero no parece la mejor táctica llevar las cosas al choque franco ni mucho menos a la ruptura con el gobierno que buscan los halcones. En las condiciones políticas de hoy, como bien lo entiende Carlos Salazar Lomelín, sus representados se juegan demasiado y la correlación de fuerzas no los favorece. Lo más razonable sería bajarle de tono a la iracundia.

Por el lado del gobierno son varias las líneas poco claras, sinuosas y no del todo aceptables. Lo mejor será sentarse a discutir sin provocaciones, pero con franqueza. Para el caso, hará falta prudencia del lado oficial, dejar atrás los aportes a la polarización social y respetar la discrepancia legítima.

Para que eso ocurra, una medida recomendable será abandonar las mañaneras y toda declaración que despierte suspicacias y alarme a los adversarios. Paralelamente, el gobierno tendrá que mejorar sustancialmente su capacidad de respuesta, liberar recursos para fortalecer los medios públicos y ganar tiempo y espacio en los privados.

La disputa por el proyecto económico se desenvuelve en el campo de la política. Ahí hay que poner el acento. De continuar la escalada, lo que veremos será una actitud más beligerante de la derecha, pero también una respuesta contundente de quienes apoyan a López Obrador.

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Foto: Cuartoscuro

Por Miguel Ángel Ferrer

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 25 de noviembre de 2019.- En México, durante largos decenios, las expresiones golpe de Estado, golpismo y dictaduras militares eran de uso corriente, pero nunca o casi nunca se empleaban en referencia a la sociedad mexicana. Se utilizaban para referirse a procesos políticos vigentes, también por décadas, en otras naciones de América Latina y el Caribe.

Quizá los más célebres matrimonios entre golpe de Estado y dictadura militar se dieron en Chile, Argentina, Venezuela, Uruguay, Brasil, Cuba, Guatemala, Honduras y Paraguay. Más recientemente los golpes de Estado de carácter militar se transformaron en golpes parlamentarios o golpes judiciales, también llamados golpes blandos, como en Brasil, contra Dilma, y Paraguay contra Fernando Lugo.

Pero, blando o clásico, el golpe siempre se inició con un coordinado ataque mediático, nacional e internacional, contra el gobierno que se pretendía derrocar, a fin de crear las condiciones de desestabilización que justificaran el golpe.

De esa vieja y conocida historia negra se están presentando ahora mismo signos en México. Desde la asunción del régimen popular de López Obrador las expresiones golpe y golpismo empiezan a usarse y repetirse con preocupante frecuencia. Y los iniciales signos del fenómeno se encuentran, como siempre, en el coordinado, feroz y falaz ataque mediático con fines desestabilizadores.

Y últimamente han aparecido nuevas señales de golpismo: importantes cuadros militares del viejo régimen ya han expresado pública y solemnemente sus inconformidades con el rumbo económico y social  que lleva el nuevo gobierno. ¿Señales aisladas o sólo la punta del iceberg?

Tan claro fue el mensaje golpista, que éste obligó al Presidente de la república y al secretario de la Defensa a ocuparse del asunto, a condenarlo categóricamente y a cerrar filas en defensa de la institucionalidad democrática.

Como lo demuestra sobradamente el muy actual caso boliviano, ante la imposibilidad de llegar o retornar al poder por vía electoral, la derecha siempre tiene en mente el recurso golpista.

Y si bien, como dice López Obrador, por ahora no hay condiciones para el golpismo, éstas se pueden ir fabricando mediante el expediente de la campaña mediática desestabilizadora, como la que desde hace un año y cada día más se hace presente en México.

Contra la calumnia y la desinformación mediáticas el arma más efectiva es la información veraz. Pero no debe descuidarse el flanco del golpismo duro. El caso boliviano nos lo está recordando a gritos.

www.economiaypoliticahoy.wordpress.com

mentorferrer@gmail.com

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