EFE. Ciudad de México. 05 de junio de 2022.- Los padres de los 49 niños mexicanos que murieron en la Guardería ABC de Hermosillo, en el norteño estado de Sonora, protestaron este domingo en la capital y otras ciudades del país para exigir justicia al cumplirse 13 años del hecho, que permanece impune.

Decenas de padres marcharon por el Paseo de la Reforma de Ciudad de México con fotografías de sus hijos para exigir que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no abandone el caso.

“Recordarle al Gobierno que no nos vamos a cansar, quieren cansarnos, que nosotros nos enfademos y dejar de hacer este tipo de marchas, de protestas, para que ya quede olvidado y enterrado el caso”, expresó a Efe Luis Durazo, padre del niño Luis Denzel, que murió a sus 2 años de edad.

En lo que se considera la peor tragedia infantil de México, el 5 de junio de 2009 una bodega contigua a la Guardería ABC de Hermosillo, capital de Sonora, con unas cinco toneladas de papel se incendió y el fuego se propagó rápidamente hacia la estancia infantil.

La guardería privada, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no contaba con salidas de emergencia y las puertas se abrían hacia adentro, por lo que los niños no pudieron salir del inmueble hasta que un ciudadano impactó su vehículo contra una de las paredes y los liberó.

Pese a los años que han pasado, Luis Durazo lamentó que “son pocos los avances que lleva el Gobierno» para lograr justicia.

“Solamente nos hacen mesas de trabajo, nos hacen promesas, hacen como que van a resolver, pero en realidad pasan los meses y los años y nada más nada”, denunció.

Los padres se detuvieron en una glorieta del Paseo de la Reforma, la principal avenida de Ciudad de México, para hacer un pase de lista de los niños que murieron en el incendio, además de exigir justicia para los más de 100 que resultaron heridos y quedaron con secuelas.

Antes, los familiares realizaron un acto conmemorativo en el antimonumento que colocaron frente al edificio principal del IMSS.

Mientras que en Sonora, el gobernador Alfonso Durazo convocó a una reunión con los padres para ofrecerles una disculpa pública.

Ciudadanos se sumaron a los padres en su búsqueda de justicia, como Xóchitl Loreto, quien acudió a la marcha de Ciudad de México con su esposo.

“Fue un hecho muy lamentable, hasta este momento no hay resultados para los padres, no se ha hecho justicia, que es lo que todos esperamos y de este Gobierno todos esperábamos una respuesta positiva para ellos, no la habido, no hay personas detenidas”, manifestó Loreto a Efe.

Pese a los gestos simbólicos del Gobierno, el caso penal permanece impune porque nadie ha pisado la cárcel por los hechos a pesar de que la Suprema Corte enjuició a 22 acusados, de los que exoneró a 12 y a 10 les ratificó responsabilidad penal por homicidio y lesiones culposas.

“La pérdida es irreparable, ellos ya no van a regresar, pero mínimo que se les haga justicia”, exigió Loreto.

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EFE. Ciudad de México. 28 de febrero de 2022.- Un grupo de padres de niños que murieron en un incendio en la Guardería ABC de Sonora en 2009 pidieron este lunes al ministro consejero de la Embajada de España en México, Nicolás Díaz-Pache, que el Gobierno español rechace el nombramiento de la exgobernadora Claudia Pavlovich como cónsul en Barcelona.

“Es una de las puertas que nosotros queríamos tocar para evidenciar que aquí en México se premia a la impunidad y a la corrupción”, dijo en una breve conferencia de prensa Julia Escalante, madre de Fátima Sofía Moreno, una pequeña que falleció en el incendio de la guardería.

El 5 junio de 2009, 49 niños murieron y más de 80 resultaron heridos y con secuelas por el incendio de la guardería ABC de Hermosillo que se propagó desde una bodega contigua. La estancia infantil era privada, pero funcionaba con el modelo de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Acompañada por otros cinco padres de las víctimas, Escalante precisó que expusieron a Díaz-Pache que la designación de Pavlovich como diplomática en España debería rechazarse, ya que la exgobernadora era diputada local cuando sucedió la tragedia.

“Expusimos que la (ex) gobernadora en el tiempo de la tragedia fungía como funcionaria, era diputada local y extendió cartas donde avalaba la solvencia moral de los dueños de la guardería”, agregó.

NOMBRAMIENTO DUELE

El pasado 17 de enero, la Cancillería mexicana propuso a Pavlovich, exgobernadora de Sonora del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), como nueva cónsul de México en Barcelona.

El nombramiento causó polémica pues la exgobernadora sonorense ha sido señalada por algunos presuntos actos de corrupción.

En nombre de los padres de familia, Escalante dijo que el nombramiento de Pavlovich, que aún tiene que ser ratificado por el Senado mexicano, “nos duele, nos lastima. No es posible que se premie a la impunidad”, indicó.

Además, recordó que la trayectoria política de Pavlovich está empañada también porque mientras gobernaba el estado de Sonora (2015-2021) ocurrió el asesinato de la familia LeBarón, en noviembre de 2019, cuando presuntos miembros del crimen organizado atacaron y asesinaron a 12 miembros de aquella familia, 9 de ellos menores de edad.

“Hay muchos antecedentes por los que ella no debe ser grata en España, ni se le debe de premiar con un consulado”, consideró Escalante.

Finalmente, lamentó el distanciamiento que ha habido en los últimos meses con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien según ella ha sido uno de los mandatarios “más empáticos” con la causa.

“La Justicia debe ser clara y se lo debemos a nuestros hijos”, concluyó.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar confesó la semana pasada durante la presentación de un libro que «el asunto que más le ha conmovido, el que siempre ha considerado más cercano» es el de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, donde una prima de la entonces primera dama del país, Margarita Zavala, estaba implicada.

Zaldívar, quien ahora está señalado por su cercanía a López Obrador, rival político del exmandatario Felipe Calderón (2006-2012), ya había denunciado en 2019 presiones por el caso, pero ahora aseguró que hubo «una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del (ex) presidente».

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