Periodistas Unidos. Ciudad de México. 29 de septiembre de 2026.- El Senado de la República aprobó este martes 29 de septiembre de 2026, por mayoría calificada de 86 votos a favor y 42 en contra, la reforma constitucional que exige contar de manera exclusiva con la nacionalidad mexicana por nacimiento para aspirar a la Presidencia de la República, gubernaturas estatales y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La minuta, avalada sin modificaciones en lo general y en lo particular, fue turnada a las legislaturas de los 32 estados del país para su ratificación.

El dictamen modifica tres artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que las personas aspirantes a dichos cargos ejecutivos deberán renunciar formalmente a cualquier otra ciudadanía antes de solicitar su registro ante las autoridades electorales. Asimismo, prohíbe explícitamente a los representantes en funciones adquirir otra nacionalidad, utilizar pasaportes expedidos por gobiernos extranjeros, invocar derechos políticos en el exterior o acogerse a la protección diplomática de un tercer Estado durante el ejercicio del encargo.

Las disposiciones normativas entrarán en vigor a partir de las elecciones ordinarias de 2028, precisando que las nuevas restricciones no afectarán de manera retroactiva a los funcionarios que actualmente desempeñen los cargos señalados. Una vez que la reforma sea promulgada tras el aval de la mayoría de los congresos locales, el Congreso de la Unión dispondrá de un plazo de 90 días naturales para adecuar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral secundaria, mismo periodo fijado para la armonización en las entidades federativas.

La iniciativa, presentada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 30 de agosto de 2026 y aprobada por la Cámara de Diputados el 22 de septiembre, generó debate en el pleno senatorial. La bancada mayoritaria de Morena y sus aliados sostuvieron que la medida salvaguarda la soberanía nacional al evitar posibles conflictos de interés en el ejercicio del mando público, asegurando que la enmienda no vulnera los derechos de la población con doble nacionalidad en otros ámbitos.

Por su parte, legisladores de las bancadas de oposición del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) cuestionaron el dictamen, argumentando que la restricción vulnera los derechos políticos de millones de connacionales radicados en el extranjero o nacidos en el exterior. Señalaron que el requisito impone una barrera de discriminación hacia la comunidad migrante mexicana que mantiene vínculos jurídicos con otros países.

La aprobación del proyecto en el órgano legislativo de México se suma a las discusiones regionales sobre la binacionalidad de los jefes de Estado en América Latina. Para que las adiciones constitucionales adquieran validez plena y sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se requiere la aprobación aprobatoria de por lo menos 17 congresos estatales en las próximas semanas.

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