Periodistas Unidos. Ciudad de México. 28 de septiembre de 2025.- La cifra de víctimas mortales por la explosión de un camión cisterna cargado con 49.500 litros de gas licuado de petróleo (LP) en la alcaldía Iztapalapa subió este domingo a 31, según el último reporte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que confirmó el deceso de una mujer de 45 años internada en el Hospital General de México «Dr. Eduardo Liceaga». El siniestro, ocurrido el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, ha dejado un saldo devastador de 31 muertos –12 hombres y 19 mujeres–, 94 heridos iniciales y daños en más de 30 vehículos, en una zona de alto tráfico que conecta la capital con el Estado de México y Puebla.

El accidente inició alrededor de las 14:30 horas del miércoles pasado, cuando la pipa de la empresa Transportadora Silza, con matrícula de circulación 78-AN-3G, se volcó presuntamente por exceso de velocidad –el conductor, Fernando Soto Munguía, falleció el 16 de septiembre sin recuperar la conciencia–. La fuga de gas provocó una nube tóxica visible que se expandió rápidamente, seguida de una explosión masiva y un incendio que consumió autos, camiones de carga y mobiliario urbano. Videos de testigos captaron el pánico: peatones huyendo, autos en llamas y una bola de fuego que alcanzó los 500 grados Celsius, según peritajes preliminares de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Entre las víctimas se destacan historias de heroísmo y dolor: Alicia Matías Teodoro, la «abuelita heroína» de 62 años que protegió a su nieta de dos años de las llamas –la menor fue trasladada a un hospital en Galveston, Texas, donde se recupera–, falleció el 13 de septiembre por quemaduras en el 80% de su cuerpo. Otras incluyen a Misael Cano Rodríguez, trabajador de imagen urbana de Iztapalapa; Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de la UNAM; y el propio conductor Soto. De los 94 heridos, 32 permanecen hospitalizados en nueve unidades médicas, incluyendo el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Hospital Juárez, con secuelas como quemaduras graves, fracturas y problemas respiratorios por inhalación de humo.

La FGJCDMX, que abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo y daños en propiedad ajena, maneja dos líneas: exceso de velocidad y posible colisión con un objeto sólido que causó la fuga. La pipa carecía de seguro vigente desde junio, lo que complica indemnizaciones, aunque la empresa Silza se comprometió a cubrir gastos médicos y funerarios. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la presidenta Claudia Sheinbaum han extendido condolencias y apoyo: el gobierno capitalino destinó 5 millones de pesos por familia afectada, mientras Sheinbaum anunció que la próxima semana se publicarán nuevas normas de seguridad para el transporte de combustibles, incluyendo inspecciones más estrictas a pipas y rutas prioritarias.

El incidente ha reavivado debates sobre la seguridad vial en México, donde miles de camiones transportan gas LP diariamente –dependiente del 70% de hogares para cocinar–, y recuerda tragedias como la de Nayarit en 2020 (13 muertos) o el hospital materno en 2015 (5 fallecidos). La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) suspendió operaciones de Silza temporalmente, y peritos recolectan evidencias como la caja negra del vehículo. Mientras familiares velan a las víctimas en el Zócalo –donde se instaló un módulo de atención–, la zona del Puente de la Concordia reabrió parcialmente, pero el trauma persiste en Iztapalapa, una alcaldía de 1.8 millones de habitantes. En un país con más de 16 mil muertes anuales por accidentes viales, esta explosión urge reformas urgentes para prevenir más «dramas evitables», como lo describió Brugada. Las autoridades esperan identificar todos los cuerpos esta semana, pero para las familias, el conteo de 31 no cierra el capítulo de pérdida.

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