Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos Ciudad de México. 28 de septiembre de 2026.- Hoy se amenaza con censura institucional a quienes se atrevan a criticar al gobierno o a los políticos con cargos públicos. Para empezar, el IFE actúa como autoridad judicial y prohíbe a los priistas que se refieran al Poder Ejecutivo como “narcogobierno” y a Morena como “narcopartido”, cuando se trata de expresiones surgidas de la protección que se ofrece a Rubén Rocha Moya y al senador Inzunza. La llamada ley antimemes es otro mecanismo para amordazar a la ciudadanía y la libertad de crítica consagrada en la Constitución, pues se pretende castigar hasta con siete años de prisión a quien critique a los políticos o haga parodia de la identidad gráfica del gobierno. Se olvida que las instituciones y quienes ostentan cargos públicos están y deben estar sometidos a escrutinio público. Efecto de esa campaña represiva es que políticos de baja estofa, como los Torquemadas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, imponen a la editorial Penguin Random House una multa de más de medio millón de pesos por usar el nombre y la imagen de Gloria Trevi en el libro Todo a la luz, de Karla de la Cuesta, quien debe estar muy agradecida por la publicidad que le regaló el IMPI.

JUAN GELMAN, EN ARGENTINA

Regresaron a Argentina los textos literarios y periodísticos de Juan Gelman en “una serie de cajas –dice la querida Stella Calloni—que contienen la huella de vida” del poeta argentino que, perseguido por la dictadura de su país, en México vivió y sufrió en la búsqueda de su nieta Macarena, hija de Marcelo, el vástago de Juan que fue detenido, torturado y asesinado por agentes de la satrapía argentina. La viuda de Marcelo, María Claudia García Iruretagoyena, fue llevada por los matones a Uruguay, entonces bajo la bota de otra tiranía castrense. En ese país nació Macarena, quien fue entregada a la familia de un policía uruguayo y la madre de la bebé fue “desaparecida” y muy probablemente asesinada. Juan se dedicó a buscar a esa nieta hasta que finalmente pudo localizarla, y él, que andaba cargando el pesado fardo de la desgracia, volvió a caminar erguido, feliz de haber recuperado a la nieta, para entonces en sus veintitantos años.

AGREDEN A PETRICH EN HONDURAS

La reportera mexicana Blanche Petrich fue objeto de una canallada en el aeropuerto de Tegucigalpa. Ella emplea un aparato ortopédico de cuatro barras metálicas, una bisagra de platino y dos cubiertas de fibra de vidrio, conjunto que ella nombra “mi exoesqueleto”. Como lo hace en todos los aeropuertos, nuestra colega advirtió que su prótesis haría sonar la alarma, pero poco importó eso a los guaruras, quienes ordenaron a nuestra colega, quien aún  estaba en la fila, que se desvistiera, a lo que lógicamente se negó. La separaron entonces de su acompañante, Érika Guevara, coordinadora global de Amnistía Internacional, y la llevaron a un cubículo custodiada por dos policías y le quitaron bolso, pasaporte y celular mientras insistían en que se quitara los pantalones. Por fin dejaron pasar a Érika Guevara y localizaron a la embajadora mexicana Susana Peón de Iruegas, quien habló con los jenízaros y estos tuvieron que permitir a la legendaria periodista que subiera al avión. Pero ahí queda la canallada de los acólitos de Nasry Asfura, el protegido de Trump.

JAIME SABINES Y SU POESÍA

En el centenario de Jaime Sabines está abierta la exposición colectiva de más de cien obras de pintura, arte objeto, escultura y fotografía, a manera de diálogo de imágenes con la obra del poeta chiapaneco en la Casa Jaime Sabines y el Centro Cultural San Ángel. En ese marco se ofrecerán mesas redondas, la primera de las cuales será el miércoles de esta semana con la participación de Armando González Torres, Mónica Mansour, Adolfo Castañón, Olivia Oropeza y Mario del Valle, con Pilar Jiménez Trejo como moderadora.

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Por Eduardo Ibarra Aguirre

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 23 de agosto de 2026.- La disminución de los homicidios dolosos diarios es de más de la mitad de septiembre de 2024 a julio de 2026 y constituye un avance extraordinario en 23 meses, si hacemos una mirada retrospectiva para no olvidar la maldita herencia de Felipe Calderón que para “legitimarse” en Los Pinos como presidente y afianzar su relación con Estados Unidos declaró una “guerra contra el narcotráfico” sin los más mínimos preparativos de toda índole. Herencia que achicó el comprador de voluntades ciudadanas, alrededor de 3.5 millones de votos, operación fraudulenta de la que nunca se enteró la mediocracia como es natural, pues Peña fue producto nato y neto de la teledictadura; tampoco el Instituto Federal Electoral que sancionó a los denunciantes y protegió al frívolo y corrupto “Bombón”.

Todavía el camino es largo y sinuoso, pero se localizó la ruta que desbrozó –para invertir la tendencia al alza– López Obrador durante 2018-24 con el criticado “¡Abrazos, no balazos!”, que no significa, añadía Rosa Icela Rodríguez, que nos crucemos de brazos. Quizá lo anterior explique que la valoración estadística, a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la información que brindan las fiscalías o procuradurías estatales, parta del último mes que gobernó AMLO. O como un mínimo reconocimiento a su aportación, porque lo más complejo es invertir la tendencia.

Lo que aún permanece sin explicación oficial son los porqués de las mediciones con base al número de delitos cometidos y sin correlacionarlos con la cantidad de habitantes, como se acostumbra en la Oganización de las Naciones Unidas por cada 100 000 habitantes y al no hacerlo resultaba que el estado de México siempre aparecía en tiempos del PRIAN (1982-2014) a la vanguardia de la comisión de ilícitos, igual que ahora sucede con el Guanajuato del panismo de los últimos 35 años.

De aplicarse la metodología de la ONU y otros organismos multilaterales, el estado de Colima encabezaría la lista en varios rubros de los delitos de alto impacto que, por cierto, durante los últimos 23 meses disminuyeron en una tercera parte, al pasar de 636.6 delitos en promedio al día en todo el país contra los 424.4 registrados en julio de 2026.

El hecho es que son siete entidades federativas las que concentran 49% de los homicidios: Guanajuato (representa 8.6%), Baja California (8.1%), Chihuahua (8%), estado de México (6%), Guerrero (5.6%) y Morelos con 5.5% del total nacional.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que en la mayoría de los casos mencionados la tendencia va a la baja. En febrero de 2025, Guanajuato tuvo un promedio de homicidios de 12.7. En este julio cerró en 3.1 asesinatos diarios, es decir, se redujo en 70%; en Baja California la incidencia pasó de 7.1 homicidios diarios en promedio a 3.7, una disminución de 48%.

Para la presidenta Claudia Sheinbaum las cifras demuestran que la estrategia está funcionando y resaltó la consolidación de la Guardia Nacional. “Es una institución de seguridad pública fundamental. No existía antes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él la forma y a nosotros ya nos toca consolidarla, y se está haciendo de manera permanente con un trabajo integral…”.  Además de la GN atribuyó el importante avance en seguridad pública en gran medida a la atención a las causas y al hecho de que hay 63 500 detenidos por delitos de impacto. Y reconoció que las cárceles ahora están saturadas y ya es la hora de construir nuevas. Que así sea.

                                          Acuse de recibo

Sólo a una bestia como la que encabeza el Pentágono, se le ocurre anunciar la realización de ejercicios entre los ejércitos de Colombia y Estados Unidos cuando miles de colombianos se encuentran bajo los escombros, desaparecidos, desplazados, heridos y sin atención gubernamental. Mientras, el presidente Gabriel de la Espriella pide “certificaciones” a la Secretaría de Relaciones Exteriores de los rescatistas que México está dispuesto a enviar. ¡Entre imbéciles te veas! (…) De Luz García: “Hola, buenas noches. Difiero un poco con el edadismo, creo que ‘todo a su tiempo’ y así evitar la discriminación. Saludos”. La señora se refiere a la Utopía: El edadismo, otra fuente de discriminación. (…) Del nonagenario y lúcido escritor Gonzalo Martré (Mario Trejo): “Va una entrevista que me hizo Amador Antanas https://www.youtube.com/@hoyenlanochecine”. (…) Video del rescate (o desalojo) de la sede del Canal 11, enviado por un trabajador y aquí se respeta escrupulosamente el derecho de réplica de los lectores.  23f8c563-940d-47e3-996b-4b5bcce6e182.MP4. (…) Desde Gaza: “Nour_aborokba indicó que le gusta tu post. 11 ago. https://entresemana.mx/utopia-cuba-un”(.) Ella es “A Palestinian journalist from Gaza, Al Jazeera reporter”. (…) Otro gazatí: “Mousa in Gaza   indicó que le gusta tu post. 16h. https://www.imagenpoblana.com.mx/26/08/12/el-edadismo-otra-fuente-de-discriminacion. Abrazos para los dos.

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Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 30 de junio de 2025.- Al anunciar la reforma electoral que hará llegar al Congreso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que era “para darles una nueva tarea a los comentócratas para que empiecen a hablar de eso”. Debemos suponer que el término “comentócratas” se refiere a quienes hacemos periodismo de opinión, esto es, los que, con base en la información, analizamos lo ocurrido y lo comentamos, algo que se considera necesario para que los ciudadanos cuenten con diversos elementos de juicio ante el acontecer político.

Andrés Manuel López Obrador, al asumir la Presidencia de la República, instauró las conferencias “mañaneras” en las que daba su versión del acontecer nacional e internacional, además de glorificar sus decisiones y despotricar contra quienes no compartían su punto de vista. Muchos reclamamos ese proceder autocrático, pues empleaba el conjunto de los medios de comunicación del Estado —del Estado, no del gobierno—, pero él, más de una vez, respondió que sus peroratas eran para informar al pueblo y que él tenía el derecho a expresarse.

Sobra decir que, de esa manera, AMLO se equiparaba al ciudadano común que, como persona, no tiene los medios para difundir sus puntos de vista y hacerlos llegar a toda la sociedad. Olvidaba, si es que lo sabía, que un gobernante no puede decir que tiene “derechos”, pues cuenta, eso sí, con atribuciones, de las cuales no puede abusar, como lo hizo en su sexenio.

En buena medida se conserva esa desigualdad en favor del gobierno, aunque al parecer no se considera suficiente, pues continúan las diatribas y descalificaciones contra quienes se atreven a externar una crítica y hasta mínimos desacuerdos con el parecer y el proceder oficiales.

Se acusa a los comentócratas de haber guardado silencio ante el fraude electoral de 2006, cuando lo cierto es que no pocos periodistas dijimos, con todas sus letras, que había serias dudas sobre el resultado electoral, señalamos irregularidades e incongruencias y criticamos severamente el comportamiento de aquel consejo del entonces IFE que, como dice la mandataria, no permitió que se contaran debidamente los votos y que no se opuso a que se quemaran las boletas que habían sido guardadas en la Cámara de Diputados, lo que, por supuesto, denunciamos y reprobamos no pocos comentócratas.

Pero esa lamentable y hasta punible actuación de los consejeros del INE en 2006 no puede invocarse para convalidar la próxima reforma electoral, misma que echará abajo la institución electoral, producto de varias décadas de lucha por contar con árbitros electorales confiables, no con empleados del gobierno ni servidores de quien esté en el puesto más relevante del Estado.

Un pésimo argumento para justificar la reforma del sistema electoral es que cinco de los 11 consejeros del INE votaron contra el dictamen que otorgó validez a la elección de jueces, magistrados y ministros, un proceso tan mal planeado y ejecutado que incluso altos funcionarios han declarado que se deben atacar sus deficiencias.

Los consejeros del INE están obligados a pensar con cabeza propia. Es su deber denunciar irregularidades y no aceptar votos fraudulentos, pero desde la cima del Poder Ejecutivo se descalifica a los que disienten de la verdad oficial, lo que presagia malos momentos para los procesos comiciales.

En poco más de un sexenio, los gobiernos de Morena se han empeñado en demoler la institucionalidad que se levantó en muchos años de luchas populares, de grandes esfuerzos por contar con un sistema electoral aceptable. En esos tiempos, miles de ciudadanos fueron a la cárcel, otros resultaron golpeados o heridos y no pocos dieron su vida porque deseaban un país democrático.

Claudia Sheinbaum Pardo participó en esa gesta y sabe cuántos y cómo se sacrificaron. La sociedad mexicana es afortunadamente diversa. Caben en ella múltiples opiniones y actitudes. Las diferencias nos enriquecen y la discrepancia es el signo de los tiempos. Lo que se espera de un gobierno democrático es el respeto a la disidencia y a la crítica.

No deben suprimirse instituciones que han permitido un mínimo equilibrio entre los poderes. Lo necesario es corregir sus desviaciones y mejorar su funcionamiento. Esperemos que se entienda y se actúe en consecuencia.

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Abstención no es apatía

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 16 de agosto de 2021.- Es comprensible la frustración que ha expresado una parte de los participantes en la consulta por la alta abstención que privó el 1 de agosto, sobre todo porque esperaban que la afluencia de votantes sería muy grande, dado que en tan sólo unos días un grupo promotor había logrado la firma de 2 millones 700 mexicanos con credenciales de elector que entregaron al IFE para así garantizar que la consulta se realizara. ¿Cómo suponer que por cada firma no acudirían a las urnas ni siquiera 3 personas?

Quienes de buena fe pensaron que éste sería el camino para procesar y sancionar a los últimos expresidentes vivos de México por sus actos delictivos hoy saben que eso no ocurrirá y hemos visto y escuchado a personas que atribuyen esto a la falta de participación ciudadana e interpretan que los mexicanos que no acudieron a las urnas, pudiendo haberlo hecho, son apáticos, indiferentes o están otorgando el perdón a los exmandatarios cuyas políticas y acciones han atentado contra la soberanía nacional, contra el bienestar del pueblo, su seguridad e incluso contra la vida de cientos de miles de víctimas mortales.

Los que sostienen semejante interpretación, parecen desconocer que muchos de quienes decidieron no acudir a votar siguen formado parte de combativos grupos que realizan actos y manifestaciones para exigir “esclarecimiento de los hechos y castigo a los culpables” de distintos actos delictivos, pero consideraron que para continuar luchando por la justicia no necesariamente se tenía que participar en la consulta y que ésta, en los términos en los que fue planteada, era un paso en la dirección incorrecta.

Para entender el tamaño de la abstención que imperó en la el ejercicio se requiere un balance crítico en el que, además de los señalamientos al papel del INE y otros odiadores de derecha, se reconozcan los tremendos errores de los impulsores de la consulta.

Las inconsistencias del Ejecutivo.

Desde que el presidente López Obrador tomó posesión no volvió a plantear su intención de someter a consulta popular lo que había anunciado en una entrevista que le dio a Carmen Aristegui el 21 de agosto de 2018: “¿Crees que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México debe promover que se juzguen, para que haya justicia y no sólo se persiga a chivos expiatorios, y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros delitos a Carlos Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto? ¿ SI o NO?”

Dado que ley no establece que el propio presidente es quien en lo personal debe fungir como la parte acusadora o promovente de los juicios, esta pregunta sí tiene sentido y si hubiera sido mantenida y dado a conocer en los medios con los que cuentan

los promotores de la consulta sin duda habría concitado un gran entusiasmo en la sociedad.

Pero en la segunda formulación que hizo de la pregunta, ya como presidente en funciones, eliminó el aspecto clave (que él sería quien asumiera la promoción de los juicios) y así generó que personas y grupos con posiciones políticas muy diversas, coincidieran en caracterizar a la consulta como innecesaria.¹

Además contuvo y casi anuló las expectativas de que ese ejercicio pudiera conducir a la aplicación de las sanciones que correspondieran a los delitos de los exmandatarios.

Finalmente, cuando aceptó la reformulación que hizo de la pregunta la Suprema Corte de Justicia aumentó y profundizó la percepción o convicción de muchas personas de que ese ejercicio no sería una vía para lograr que se sancionara a los expresidentes. Y esta convicción estuvo reforzada por el propio presidente, quien había declarado que no votaría y en caso de hacerlo lo haría por el “NO”.

Señalamientos desde la izquierda para evitar resultados indeseados

Hubo voces que desde posiciones de izquierda plantearon que la realización de la consulta, en los términos que se estaba impulsando, no sólo sería innecesaria sino también contraproducente para hacer realidad el anhelo de justicia que perdura en la sociedad.

Se hizo llegar al presidente López Obrador un llamado a retirar esa iniciativa, así como un listado de los preceptos legales que demuestran que para enjuiciar a los expresidentes, es superflua. Se argumentó que, de instrumentarse, sus efectos serían muy adversos aún en el remoto caso de que la participación alcanzara el 40% del padrón electoral.

Entre otros daños previsibles se destacó que: “Una consulta popular o ciudadana para decidir si se enjuicia a los expresidentes induciría a que muchas personas supusieran que los expresidentes cuentan con fuero constitucional; y por lo tanto atribuyeran la holganza de la Fiscalía y del Poder Judicial a una restricción o imposibilidad legal para realizar las diligencias o actuaciones, cuando en realidad se ha debido a la indolencia, ineptitud y corrupción de los encargados de garantizar la investigación y el castigo de los culpables de los delitos. De realizarse la consulta, se estaría poniendo en duda esta verdad que hoy está generalizada”.

“Es innecesario correr el riesgo de que quienes han venido impulsando la idea de que México es un país que debe ser intervenido, aprovechen la situación para argumentar que la debilidad institucional de nuestro país no permite hacer los cambios que se requieren para gobernar, dado que carece de los instrumentos jurídicos y de funcionarios capaces de desempeñarse con eficiencia y eficacia y sin corrupción” Con esto se hacía referencia a los supuestos argumentos que pretenden justificar la llamada justicia transicional.

Estas advertencias fueron desoídas y ahora vemos actores políticos trabajando para que el pueblo, que sigue sufriendo las consecuencias de los actos delictivos de los expresidentes y otros funcionarios, renuncie a que se les procese judicialmente y se conforme con comisiones de la verdad,

La propaganda del por qué y el para qué participar

Extensas recapitulaciones se difundieron sobre hechos comprobados que denuestan las conductas delictivas con las que los mandatarios han agraviado a los mexicanos. Se trata de verdades que se conocen en la sociedad, sobre las cuales ya existen juicios morales y políticos.

Estas recapitulaciones, sin duda son valiosas y bien fundadas, pues tienen como base los testimonios públicos de las víctimas, materiales periodísticos, videos, fotografías, denuncias y actos conmemorativos que los ofendidos y contingentes solidarios realizan para preservar la memoria histórica sobre los hechos delictivos que han quedado en la impunidad, además de los estudios académicos que se tienen publicados.

Durante décadas se han documentado toda clase de agresiones asociadas al cohecho, el peculado, el enriquecimiento ilícito y muchos otros delitos relativos a la destrucción del patrimonio nacional, al endeudamiento mafioso del país, al empobrecimiento de la población, a la inseguridad pública y sus víctimas mortales, a la desaparición de decenas de miles de personas, al desplazamiento obligado de poblados enteros.

Pero las organizaciones promotoras carecieron de elementos para hacer suponer que la garantía para derrotar la impunidad prevaleciente era que el 40 por ciento del padrón electoral acudiera a las urnas y que la mayoría votar por el “SI”. No existía sustento para argumentar, como se hizo, que no importa lo que se pregunte en las boletas, sino la respuesta que se dé en ellas.

Hacer creer que alguien indeterminado estaría obligado a enjuiciar a los expresidentes, porque una parte de los promotores de la consulta dijera que ese es el deseo de los votantes que contestaron afirmativamente a una pregunta cualquiera, es un esfuerzo poco convincente, por lo que es injusto atribuirle apatía, desinterés, indiferencia a quienes no se sintieron motivados a participar en una contienda con estas características.

*Integrante del Comité 68

1. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

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Foto: Cuartoscuro

Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 26 de junio de 2020.- Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que el Instituto Nacional Electoral “es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo”, pese a lo cual —agregó— nunca garantizó comicios libres y sugirió que sus funcionarios se hacían de la vista gorda si se rebasaban los topes de campaña o cuando, como lo hizo Odebrecht, corría el dinero ilegal en las campañas.

Ante eso, el mandatario anunció que vigilará los comicios y mandará a la cárcel a quienes realicen fraudes electorales. Con una extraña sintaxis, advirtió: “Nosotros no nos vamos a meter… (pero) es muy importante el que sí quede claro que vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral, me voy a convertir en guardián para que se respete la voluntad de los ciudadanos”.

Pues sí, el INE es un monstruo burocrático al que dejaron crecer durante cuatro sexenios, incluso cuando sólo se encargaba de las elecciones federales cada tres años, pese a lo cual los muchos miles de funcionarios y empleados seguían cobrando. Partidos y candidatos recibían y reciben auténticas fortunas de manera legal, pero el IFE, ahora INE, pese a sus proporciones paquidérmicas, resultó incapaz de contener el movimiento de dinero sucio, el proveniente del narco y, sobre todo, el que ilegalmente fluía desde los gobiernos federal y estatales para favorecer al PRI.

De ese dinero ilegal salía el pago para mapaches, cochupos, campañas negras en medios de comunicación, compra de votos, carruseles, sobornos, falsificación de actas, embarazo de urnas y toda clase de actividades para garantizar el triunfo del PRI y cerrarle el paso a la izquierda o todo candidato incómodo.

En efecto, el IFE-INE ha resultado ciego y sordo, incapaz de impedir los fraudes y la circulación en gran escala del dinero ilegal. Ha sido tan omiso que en 2006 hasta el candidato beneficiado por el fraude no pudo ocultar su sorpresa ante el resultado oficial, ante lo cual comentó cínicamente: “Haiga sido como haiga sido…”.

Por todo eso —suponemos— el Ejecutivo anunció que será “guardián” de la elección de 2021. Por supuesto, el papel del gobierno federal es garantizar que los comicios transcurran en orden y con garantías de seguridad para que los ciudadanos puedan emitir libremente su voto. Y hasta ahí. El resto corresponde al INE y los cientos de miles de funcionarios de casilla, en tanto que las irregularidades y todo lo que dé motivo de inconformidad deberá resolverlo el Tribunal Electoral.

Sin embargo, el guardián necesita de guaruras o achichincles. De ahí las irregularidades en el proceso para seleccionar a quienes ocuparán los cuatro lugares vacantes en el consejo del INE, para lo cual se formó un Comité Técnico con relevantes figuras de la academia, una reportera y a un fanático seguidor de AMLO, John Ackerman, quien, por supuesto, es el que parte el queso en todo este proceso.

Ackerman, conocido como el Sheriff de la 4T, resolvió eliminar a los candidatos que piensan con cabeza propia, pues la autonomía intelectual, técnica o política representa un riesgo inaceptable para todo poder unipersonal. Eso explica que se haya marginado de manera arbitraria y soez a Jorge Alcocer Villanueva, el más calificado de los candidatos, quien, justificadamente, se inconformó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde demandó que se informara sobre las razones que se tuvieron en cada caso individual para que unos pasaran a la siguiente ronda y se eliminara a los “peligrosos”.

El Tribunal resolvió que la comisión diera a conocer lo solicitado “a la brevedad”, con el fin de cumplir con la obligación de dar “máxima transparencia” a los asuntos electorales, pero sucedió lo contrario, pues la información desapareció de la portada (front desk) del portal de internet de la Cámara de Diputados, lo cual dificulta y hasta imposibilita su consulta.

Como es obvio, se trata de un desacato a la resolución judicial, de ahí que la Sala Superior del Tribunal ordenara el martes que, en un plazo de tres días, y ya no “a la brevedad”, informe el comité de marras sobre lo ordenado, algo que conoceremos hoy o, a más tardar, mañana. En suma, se trata de impedir un regreso a los viejos tiempos del presidencialismo omnipotente y omnipresente. Ya veremos.

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Foto: Saúl López / Cuartoscuro

Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 18 de enero de 2019.- El sexenio de Carlos Salinas de Gortari concluyó sin que se diera paso alguno para dotar a los mexicanos del citado documento. Durante el periodo de Ernesto Zedillo tampoco se procedió a hacer realidad la disposición legal. Menos todavía con el “gobierno” de Vicente Fox, que al parecer se creyó el reyecito de Disneylandia y no el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Con Felipe Calderón, el proyecto parecía que iba a cristalizar, pues se le asignaron tres mil 400 millones de pesos, lo que no pasó de hacer algún aporte a la Clave Única de Registro de Población (CURP), pues el interés mayor era convertir la cédula en un instrumento más de la malhadada “guerra contra el crimen organizado”, que dejó al país cubierto con la sangre de cien mil mexicanos.

Con Enrique Peña Nieto el proyecto pareció resucitar, pero, como tantas cosas de ese sexenio, todo acabó en agua de borrajas, esto es, en nada. Pero, eso sí, la erogación en favor del Registro Nacional de Población (Renapo), dependencia encargada del asunto, rebasó los dos mil 600 millones en esos años de dispendio.

Un argumento que se manejó contra la cédula de marras fue que ya existía la credencial que extendía el Registro Nacional de Electores, y que con el Renapo se incurría en duplicidad, pues la mica del IFE, hoy INE, era aceptada como documento de identidad para las más variadas funciones. Sin embargo, se omitía que la credencial de elector era únicamente para mayores de 18 años, y que la cédula de identidad debía acompañar a la persona desde su nacimiento, en el caso de los mexicanos, o desde su ingreso al país, si se trataba de extranjeros.

En diciembre pasado se firmó un acuerdo entre la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral “para hacer un esfuerzo interinstitucional que lleve a generar una cédula de identidad”, según palabras del subsecretario Alejandro Encinas, quien dijo que se puede avanzar en ese propósito “aprovechando la infraestructura del INE y otras instancias”.

En efecto, el Registro Nacional de Electores tiene acumulada una gran experiencia en la materia, pues atiende a una población estimada en más de 90 millones de ciudadanos y dispone de una capacidad subutilizada, pues puede expedir 32 millones de credenciales cada año, pero sólo emite entre 15 y 16 millones.

El acuerdo entre Gobernación y el INE, sin embargo, en este sexenio de austeridad, tiene un aspecto criticable, pues se propone avanzar manteniendo con vida dos organismos, el Renapo y el Registro Nacional de Electores, cuando lo procedente sería unificarlos, lo que permitiría aprovechar la experiencia y la infraestructura del segundo para cumplir con las metas del primero.

Por supuesto, el organismo unificado deberá extender la cédula de identidad a todos los mexicanos, obligatoriamente desde su nacimiento a partir de la creación del documento, y en cualquier momento para quienes ya han caminado en la vida. La identificación tendría que contener ya no fotografía, sino huella digital e imagen del iris, además de nombre, CURP y otros datos.

En todos los lugares donde se requiera el documento de identidad se tendría que contar con un aparato para cotejar la huella digital o un lector óptico, lo que hoy resulta posible porque se trata de tecnología computarizada, la única que tiende a bajar de precio en todo el mundo y a popularizarse precisamente por barata y útil.

Otro aspecto a discutir es si conviene a la sociedad que el organismo encargado de guardar los datos personales y expedir la credencial sea una dependencia de Gobernación. No se olvide que la autonomía del IFE, hoy INE, fue una reiterada demanda de la oposición, pues un registro de esa importancia en manos del gobierno en turno propiciaba los fraudes electorales y otros abusos. Tampoco parece sensato dejar el registro como parte del INE, pues sus funciones rebasan a ese instituto. En fin, que se trata de un asunto con aristas filosas, lo que obliga a discutirlo con calma y mucha responsabilidad. Si ya pasaron varias décadas, bien podemos esperar un poco más.

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