Periodistas Unidos. Ciudad de México. 13 de diciembre de 2024.- Tras estar detenido seis días, una jueza liberó a Javier Bello Orbe, excomandante de la Policía Ministerial de Guerrero, señalado por su participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2024, debido a la mala integración de la respectiva carpeta de investigación.

Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales, sentenció que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) no son suficientes para vincularlo a proceso por delincuencia organizada y desaparición forzada.

De acuerdo a la FGR el excomandante detuvo con su patrulla el autobús de los normalistas 

De acuerdo con la versión de la FGR, recreada por testimonios de testigos protegidos, el excomandante detuvo con su patrulla el paso del autobús en el que iban a bordo los estudiantes de la Normal Isidro Burgos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Sin embargo, la jueza Duarte Cedillo consideró que las pruebas y testimonios no señalan directamente a Bello Orbe como implicado, por lo que le otorgó la libertad tras seis días detenido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

A 10 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, sus familiares continúan exigiendo al gobierno federal y estatal que les entreguen avances en la investigación; la primera y única reunión que han tenido con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue el 04 de diciembre.

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EFE. Ciudad de México. 05 de diciembre de 2024.-  La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México anunció este jueves la detención de Adrián ‘N’, alias ‘El Gallero’, implicado en la confiscación de más de una tonelada de fentanilo, la mayor de la historia del país, el martes en Sinaloa (noroeste).

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que «personal del Gabinete de Seguridad detuvo a Adrián ‘N’ ‘El Gallero’ integrante de un grupo delictivo que opera en Sinaloa y relacionado con la droga asegurada hace dos días».

«Las investigaciones en el estado continúan», agregó el funcionario en un breve mensaje en X.

En un comunicado, la SSPC detalló que la detención fue «resultado de trabajos de inteligencia e investigación para identificar y detener a generadores de violencia en el estado de Sinaloa».

El operativo ocurrió en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR).

La autoridad explicó que, durante un patrullaje de vigilancia en la carretera Los Mochis – Navojoa, agentes detectaron una camioneta que conducía de forma errática y realizó maniobras evasivas al notar su presencia.

Ante esto, los agentes interceptaron el vehículo y al inspeccionarlo encontraron una bolsa de plástico con pastillas de fentanilo de color azul.

Al detenido, de 30 años, «se le vincula con una célula delictiva dedicada a confeccionar y elaborar pastillas de fentanilo en Culiacán», además de estar relacionado con el aseguramiento de más de una tonelada de fentanilo ocurrido en días pasados en el estado», agregó la dependencia.

La captura ocurre luego de que el martes la SSPC informara sobre un operativo realizado en Sinaloa, estado del noroeste del país, en el que confiscaron cerca de 300 kilos de fentanilo en un domicilio y otros 800 kilos de la misma droga en una camioneta.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha destacado que esta es la incautación “más grande que se haya hecho” de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de 20 millones de dosis, lo que podría haber generado cerca de 8.000 millones de pesos (400 millones de dólares) en el mercado negro.

La acción se da en medio de la presión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para que México controle el tráfico de fentanilo y la migración, bajo amenaza de imponer aranceles del 25 % a productos mexicanos.

Apenas el martes, Harfuch afirmó que la violencia en Sinaloa había logrado contenerse, pese a que las cifras oficiales muestran que en los primeros dos meses del Gobierno de Sheinbaum, el 7,3 % de los homicidios dolosos en el país se concentraron en ese estado, el segundo más violento de México.

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EFE. Ciudad de México. 23 de agosto de 2023.- Organizaciones civiles acusaron este miércoles al general del Ejército mexicano Rafael Hernández Nieto de recibir “tratamiento preferencial” para afrontar fuera de prisión su proceso judicial relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El general “recibió un inusual beneficio para enfrentar su proceso en prisión domiciliaria”, denunciaron en un posicionamiento el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Fundar, Serapaz, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

“La determinación adoptada por la Juez Segundo de Distrito muestra un innegable sesgo a favor del Ejército. Las organizaciones que acompañamos a las familias no hemos conocido de otros casos de delincuencia organizada donde se otorguen esta clase de beneficios”, indicaron en el pronunciamiento conjunto.

⚠️ Sobre el inusual cambio de medida cautelar a General implicado en el caso #Ayotzinapa

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— Centro Prodh (@CentroProdh) August 23, 2023

Las organizaciones atribuyeron la medida a “la identidad militar del acusado y por el enorme poder que se ha otorgado a las Fuerzas Armadas en el presente”.

El general está detenido por presunta delincuencia organizada desde del mes pasado por estar implicado en la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, donde él era el comandante del 41 batallón de Infantería.

Las asociaciones recordaron que su nombre “es expresamente mencionado en los mensajes de textos intercambiados por narcotraficantes del grupo involucrado en la desaparición de los normalistas con menciones que muestran que este tenía un trato asiduo de connivencia con la delincuencia organizada”.

“No es la primera vez que dicho general recibe un tratamiento preferencial. En agosto de 2022 fue acusado de delincuencia organizada y la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió de forma ilegal”, añadieron.

El hecho ocurre mientras crece la polémica desde que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso, abandonó México en julio pasado al denunciar la obstrucción de las Fuerzas Armadas en la investigación.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha negado proteger al Ejército al señalar que hay 115 detenidos, incluyendo dos generales y el entonces titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.

Pero las ONG señalaron que el trato del general acusado “es otro fuerte golpe de impunidad que acredita, como lo hizo la negativa castrense a entregar los documentos requeridos por el GIEI, que el Ejército mexicano se ha convertido en este sexenio en un poder sin contrapesos”.

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó el año pasado que la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014 fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas.

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Foto: Cuartoscuro

EFE. Ciudad de México. 19 de agosto de 2020.- Un juez mexicano amparó a Alonso Ancira, conocido como el Rey del Acero, contra la orden de arresto de la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto fraude que lo involucra con Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La empresa Altos Hornos de México (AHMSA), propiedad de Ancira, notificó este miércoles a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que la justicia federal le otorgó el 11 de agosto un amparo definitivo al empresario, detenido en España desde mayo del año pasado.

Con esto, afirmó el comunicado, Ancira obtiene protección contra la orden de aprehensión emitida el 25 de mayo de 2019 que derivó en la ficha roja de Interpol y la posterior solicitud de extradición del Gobierno de México a España.

«Se instruyó al juez de control adscrito al Reclusorio Norte de la Ciudad de México dictar todas las determinaciones que se deducen del fallo favorable», indicó la información.

La investigación al acerero comenzó por una denuncia de Pemex de un supuesto sobreprecio de unos 500 millones de dólares en la venta de la planta «chatarra» de fertilizantes de Agro Nitrogenados a la petrolera estatal de México.

Esta es una de las acusaciones que afronta Lozoya, exdirector de Pemex (2012-2016) extraditado de España el 17 de julio para afrontar en México un proceso judicial por este caso y por presuntos sobornos de 10,5 millones de dólares de la brasileña Odebrecht.

Sin embargo, Ancira y la empresa, con sede en la ciudad de Monclova, en el norteño estado de Coahuila, han rechazado los cargos.

También denunciaron un impacto por más de 350 millones de dólares y «un severo daño en todas sus operaciones financieras».

«Como comprueba la documentación aportada al tribunal, los fondos involucrados en las transferencias utilizadas para configurar la acusación provenían de cuentas bancarias regulares de AHMSA y obedecieron a un contrato de servicios entre particulares», argumentó el informe a la BMV.

A diferencia de Ancira, este mes trascendió que un juez negó un amparo a la alemana Marielle Helene Eckes, esposa y presunta cómplice de Lozoya, quien sigue prófuga.

Asimismo, por el caso de la planta de fertilizantes, la FGR también acusa a la hermana de Lozoya, Gilda Susana, y a su madre, Gilda Austin, de 72 años, quien pasó cerca de cien días detenida tras su arresto en julio pasado en Alemania.

En su audiencia de marzo, Ancira pidió a la justicia española no extraditarlo a un «país sin leyes».

«El señor presidente (Andrés Manuel López Obrador) quiere ir sobre la administración anterior (Enrique Peña Nieto)», aseveró tras calificar al actual mandatario de «mitómano del tamaño de Hitler».

López Obrador ha reiterado que «debe transparentarse todo el proceso de Lozoya» al argumentar que el caso de la planta de Agro Nitrogenados exhibe cómo los gobiernos anteriores intentaron «destruir» a Pemex. 

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