AMEXI. Ciudad de México. 07 de enero de 2025.- El Comité de Víctimas de Nochixtlán (Covic-Nochixtlán) denunció que la jueza Guadalupe Patricia Hernández Juárez ordenó la liberación de los policías Juan Peralta Álvarez y Carlos Guerrero Romero, responsables del asesinato de ocho personas, en la masacre del 19 de junio de 2016, en Nochixtlán, Oaxaca.

Tras nueve horas y media de audiencia de juicio de amparo, la jueza de circuito, ordenó el cambio de medida cautelar, para que Juan Peralta, exjefe de reacción de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Oaxaca, y Carlos Romero, mando de la desaparecida Policía Federal, lleven el proceso en libertad.

El profesor Santiago Ambrocio Hernández, presidente del Covic-Nochixtlán, responsabilizó a Hernández Juárez “de cualquiera agresión física o psicológica que puedan tener las víctimas del 19 de junio”; además desmintió el argumento de que los policías tuvieran problemas de salud, ya que sus certificados médicos demuestran lo contrario.

Policías liberados, responsables de varios asesinatos

Ambrocio Hernández, en un mitin frente al palacio de gobierno de Oaxaca, denunció que el Poder Judicial federal, en contubernio con el gobierno de Claudia Sheinbaum, encubre a los asesinos de la masacre de Nochixtlán.

“Uno de ellos (de los policías) es responsable de cinco muertes de los compañeros y otro de tres de ellos, lo que está demostrado científicamente, que dio positivo que sus armas… de los 80 heridos de bala, uno de los policías es responsable de 27 heridos de bala y otro con 28”, señaló Santiago Ambrocio.

Con esta liberación suman cinco de los policías implicados en la masacre del 19 de junio que quedan en libertad, con lo que se confirma la impunidad con que actúa el Poder Judicial federal, señaló el presidente del Covic-Nochixtlán.

Riesgo de fuga de los asesinos

Ambrocio Hernández externó la preocupación de las víctimas de que los policías evadan la acción de la justicia y que, con ello, la masacre ordenada en el gobierno de Enrique Peña Nieto quede en la impunidad.

Primero, porque “no tienen ninguna propiedad en Oaxaca… y por otro lado, su trayectoria ha hecho ser guardaespaldas de un exgobernador de Puebla, tienen relaciones políticas, por eso la jueza no podía dejarlos en libertad”, dijo Ambrocio Hernández.

Contexto de los hechos del 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca

El 19 de junio del 2016, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaba una jornada nacional de movilización exigiendo la abrogación de la reforma educativa.

El presidente Enrique Peña Nieto ordenó la intervención de la Policía Federal, por lo que agentes de esa corporación se trasladaron a Oaxaca para reprimir aquella lucha magisterial, que contaba con un amplio apoyo popular.

En su trayecto, el convoy de policías federales que se dirigía a la ciudad de Oaxaca fue rechazado por una manifestación de maestros y habitantes de diferentes pueblos de la región mixteca oaxaqueña, con una manifestación masiva sobre la autopista Oaxaca-México, a la altura de Asunción Nochixtlán.

En respuesta a la manifestación, los policías federales, con el apoyo de policías estatales y municipales, dispararon contra la población civil, dejando más de 80 heridos con armas de fuego. Las ocho personas asesinadas por los policías fueron las siguientes:

1. Jesús Cadena Sánchez
2. Oscar Luna Aguilar
3. Yalid Jiménez Santiago
4. Omar Gonzáles Santiago
5. Anselmo Cruz Aquino
6. Oscar Nicolás Santiago
7. Silvano Sosa Chávez
8. Jhovan Azarel Galán Mendoza

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EFE. Tuxtla Gutiérrez, México. 02 de octubre de 2024.- Al menos dos militares mexicanos son investigados por disparar contra migrantes de países de Medio Oriente en el estado de Chiapas, sureste de México, lo que resultó en seis migrantes muertos y 10 lesionados.

Así lo confirmó en un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde precisó que los hechos ocurrieron la noche del martes 1 de octubre, en un tramo carretero entre Villa Comaltitlán y Huixtla, municipios de Chiapas.

“El personal militar al acercarse identificó 33 migrantes de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, hindú, pakistaní y árabe, de los cuales cuatro habían fallecido, 12 lesionados y 17 ilesos”, reconoció la Sedena.

De acuerdo con la nota, los dos agentes de Ejército mexicano habrían confundido a los 33 migrantes que viajaban en dos camionetas con presuntos delincuentes.

“Integrantes del Ejército Mexicano al efectuar reconocimientos terrestres, detectaron un vehículo tipo ‘pick-up’ que iba a alta velocidad, mismo que al ver al personal militar se evadió”, narró la Sedena.

Detalló que a la retaguardia de la camioneta “se desplazaban dos camionetas de redilas como las que usan grupos delincuenciales en esa región”.

“Personal militar manifestó escuchar detonaciones, por lo que dos elementos accionaron su armamento, deteniendo su marcha una de las camionetas de redilas”, añade la nota.

Al acercarse, los militares mexicanos identificaron a cuatro migrantes muertos y 12 lesionados, los cuales fueron trasladados a un hospital cercano, donde dos más perdieron la vida.

Las 17 personas restantes que resultaron ilesas fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración, quien atendió el incidente según protocolo.

Por estos hechos, los dos militares que accionaron sus armas contra los migrantes fueron separados de sus funciones y por incurrir en afectaciones a civiles serán investigados por la Fiscalía General de la República (FGR).

A la par, la Sedena informó que la Fiscalía General de Justicia Militar también desarrollará sus propias “investigaciones respecto a la disciplina militar”.

Además, la Sedena indicó que estableció coordinación con la Cancillería para que se mantenga en contacto con las embajadas correspondientes.

“La Secretaría de la Defensa Nacional, en el ámbito de su competencia, refrenda su compromiso de actuar con estricto apego al estado de derecho, bajo una política de cero impunidad y está atenta a requerimientos por parte de las autoridades civiles para el esclarecimiento de los hechos”, concluyó.

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EFE. Ciudad de México. 09 de mayo de 2024.- Un juzgado federal concedió este jueves la libertad provisional a ocho militares que están implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

La liberación de los militares, acusados de desaparición forzada y delincuencia organizada, ocurrió por un «criterio parcial y sesgado», según denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que ha acompañado a las familias de los jóvenes desaparecidos.

Los soldados pertenecían a los batallones 27 y 41 de Infantería de Guerrero, estado del sur de México en el que ocurrió el crimen el 26 de septiembre de 2014 por un presunto contubernio de grupos criminales y autoridades, incluyendo al Ejército.

El juzgado, ubicado en el Estado de México, consideró innecesaria e injustificada la prisión preventiva para los militares, aunque la Guardia Nacional argumentó que existe un «alto» riesgo de fuga.

El Centro Prodh y las organizaciones Fundar, Talchinollan y SeraPaz, que también han seguido el crimen, acusaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de «seguir litigando a favor de los militares acusados en el caso Ayotzinapa, lo que se suma a su reticencia a entregar todos los documentos de sus archivos».

«Esto confirma lo que hemos visto en los últimos años: el poder militar sin contrapesos afecta a la justicia y el esclarecimiento del caso», concluyeron en un breve comunicado.

Las protestas por el caso Ayotzinapa se han incrementado ante las elecciones presidenciales del 2 de junio, pues los estudiantes actuales y familias acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador de proteger a militares involucrados en la desaparición de los 43 jóvenes y de incumplir su promesa de resolver el caso.

La Comisión de la Verdad del Gobierno concluyó en agosto de 2022 que el hecho fue un «crimen de Estado» en el que participaron grupos criminales en colusión con autoridades de todos los niveles, incluidas las Fuerzas Armadas.

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• Familiares de las víctimas y GADH anuncian envío del caso ante la CIDH

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 08 de septiembre de 2022.- El día de ayer el Juez Integrante del Tribunal Unitario de la Región de la Mixteca ordenó la liberación de los últimos cuatro miembros del grupo paramilitar Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) encarcelados por su presunta participación en el asesinato de los defensores de derechos humanos Alberta Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola, de nacionalidades mexicana y finlandesa, respectivamente.

Los sujetos que desde ayer se encuentran en libertad, fueron acusados de homicidio calificado con ventaja, alevosía y premeditación; al haber participado en la emboscada armada en contra de una misión civil de paz en las inmediaciones del Municipio de San Juan Copala el 27 de abril de 2010.

En ese ataque fueron asesinados los dos activistas, por impactos de bala de alto calibre, resultando heridas varias personas más del grupo de veinte que integraban la caravana de misión humanitaria entre los que se encontraban otros activistas y defensores de derechos humanos y algunos periodistas. .

Tras la emboscada las personas sobrevivientes fueron amenazadas de muerte por miembros de la UBISORT en caso de que se atrevieran a denunciar los hechos. Esto ocurrió durante las horas en que también los mantuvieron en cautiverio. Desde entonces, tanto los representantes jurídicos de las víctimas (GADH), como los testigos, han solicitado en múltiples ocasiones medidas de seguridad y protección para las personas sobrevivientes, las testigos, así como para la familia Esparza- Cariño.

Sin embargo, todas estas medidas han sido negadas por las autoridades tanto federales como estatales bajo el pretexto de que “no hay un mecanismo de protección a testigos ni víctimas en México”, pese a que, tanto a nivel federal como estatal, existen leyes relacionadas con estos temas y con obligaciones claras.

La solicitud de protección para las víctimas y los testigos, tenía como finalidad el que ellas y ellos pudieran acudir a los respectivos juicios contra los asesinos, bajo condiciones mínimas de seguridad, dado que el grupo paramilitar UBISORT sigue operando con total impunidad en Oaxaca manteniendo su poderío económico y armado prácticamente intocado.

La complicidad entre el Gobierno del Estado de Oaxaca y el grupo paramilitar ha sido evidente a lo largo de estos 12 años pues la investigación judicial tardó cuatro años en iniciarse, de las 14 órdenes de aprehensión libradas solo se cumplimentaron siete de ellas, destacando que previamente tanto el líder del grupo paramilitar Rufino Juárez, como Juan Macario Bautista, ya habían recuperado su libertad por estos mismos hechos.

El día de ayer fueron puestos en libertad Daniel Martínez López, Antonio Solano Velásquez, Mauro Vásquez Ramírez Y Elías Cruz Merino debido a que en el juicio que se siguió en su contra, no pudieron presentarse los sobrevivientes ni las víctimas para señalarlos directamente, pues todas y todos se encuentran en una alta condición de riesgo y algunos de ellos incluso amenazados desde hace años.

Es importante resaltar que el grupo UBISORT sigue asediando a las comunidades triquis bajo la protección de las autoridades estatales que le ha permitido consolidar un gran poder político-territorial en la región.

Ante la noticia de la liberación de los últimos presuntos responsables del homicidio de Bety Cariño y Jyri Jaakkola y la inviabilidad de encontrar justicia en el país, anunciamos que las familias de las víctimas y su representación jurídica han decidido acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia ante la cual solicitarán se admita el caso Alberta Cariño Trujillo, Jyri Antero Jaakkola, Personas Testigos y Familiares.

Llama la atención que a 30 días de la visita de Europarlamentarias a nuestro país para dar seguimiento al caso se presente esta liberación. Ante este acto culminante de 12 años impunidad, el GADH presenta la campaña mediática ¿A quién protege el gobierno? que buscará sumar pronunciamientos de solidaridad a nivel nacional e internacional, para exigir #QueSeRompaElSilencio y se castigue a los responsables de este crimen.

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EFE. Ciudad de México. 16 de abril de 2022.- Autoridades mexicanas detuvieron este sábado a ocho personas quienes presuntamente habrían participado en el asesinato a tiros de ocho personas, cuatro de ellas menores de edad, en una vivienda del municipio de Tultepec, en el céntrico estado de México, informó la Fiscalía estatal.

“A través de diversas acciones operativas realizadas por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), se logró la detención en flagrancia de 8 personas, al ser probable que hayan participado en el hecho”, señaló la fiscalía en un boletín difundido este sábado.

Entre los detenidos, precisó, se encuentra Ricky Ángel “N”, presunto líder del grupo criminal autodenominado “Los Rikis”.

El lunes, la FGJEM informó el hallazgo de cuerpos que habían sido ultimados a tiros en una casa de Tultepec, el cual, de acuerdo con la misma Fiscalía, estaría relacionado con el narcomenudeo.

Este sábado, la Fiscalía destacó que logró las aprehensiones en flagrancia de los ocho presuntos implicados quienes fueron ubicados en el municipio de Villa del Carbón, luego de que elementos policiales detectaran en el estacionamiento de un restaurante a una persona que portaba un arma de fuego “quien al notar la presencia de los agentes intentó huir a bordo de un vehículo”.

Sin embargo, el sujeto, identificado como Ricky Ángel “N”, fue alcanzado y arrestado, momento en que se detectó que portaba una pistola calibre .380, con cargador y 3 cartuchos útiles, “así como diversos envoltorios que contenían sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina y hierba color verde, al parecer marihuana”.

En las investigaciones, las autoridades determinaron que el detenido dirige un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, homicidio y robo con violencia en los municipios de Tultepec, Tultitlán, Melchor Ocampo y Cuautitlán.

“Asimismo, Ricky Ángel “N” se encuentra relacionado con dos homicidios más; por lo que cuenta con 2 mandatos judiciales emitidos en su contra durante el 2021”, precisó.

Según la Fiscalía, fue él quien posiblemente dio la orden de privar de la vida a una de las víctimas.

En el operativo, abundó la dependencia, detuvieron también a Víctor Manuel “N”, Juan Jesús o Juan José “N”, José Luis “N”, Jorge Antonio “N” y Neri Dayami “N” y dos menores de edad, quienes tenían en su poder envoltorios que contenían hierba color verde, con las características de la marihuana.

Todos fueron puestos a disposición del Agente de Ministerio Público correspondiente, a fin de que se determine su situación jurídica.

México registró 33.315 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020.

En los primeros dos meses del año, el país acumula 4.697 homicidios dolosos.

En el primer bimestre del año, el estado de México -vecino de la capital del país- registró 380 homicidios dolosos.

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EFE. Querétaro, México. 08 de marzo de 2022.- La Fiscalía de Querétaro informó este martes de la detención de 10 personas presuntamente implicadas en la multitudinaria pelea ocurrida en el partido entre el equipo local y el Atlas de la última jornada del Clausura 2022 del fútbol mexicano.

La institución explicó en una nota de prensa que desde las últimas horas del lunes se llevaron a cabo 21 órdenes de registro de forma simultánea en 19 colonias del estado de Querétaro en busca de 26 posibles agresores que generaron violencia en el duelo entre los Gallos Blancos de Querétaro y el Atlas, de la novena jornada del torneo Clausura 2022.

La Fiscalía consiguió detener a los 10 primeros presuntos implicados, todos hombres, que provocaron que el partido Gallos-Atlas se detuviera a los 62 minutos por una pelea entre hinchas de ambos equipos en la tribuna que se trasladó a la cancha y dejó 26 personas hospitalizadas.

La fiscalía queretana reveló que a los detenidos se les acusa de los delitos de «homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito».

Además de detener a estos presuntos delincuentes, las autoridades se incautaron de «82 prendas deportivas con logos del equipo de Querétaro, cuatro pares de tenis -algunos con posibles manchas de sangre-, 22 teléfonos celulares y diferentes indicios» que servirán para continuar con las investigaciones.

La Fiscalía informó de que para dar con los posibles responsables se analizaron 583 imágenes y 78 vídeos que recibieron en sus redes sociales, además de 1.000 mensajes que les aportaron información y denuncias con llamadas telefónicas anónimas.

Los 10 detenidos serán puestos a disposición de las autoridades judiciales, quienes en las próximas horas determinarán si permanecen bajo arresto o llevan en libertad el proceso en el que se concluirá si son culpables o no de la violencia que se generó en el partido Querétaro-Atlas.

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La capacidad de ocultar dinero tiene un impacto directo en tu vida… afecta el acceso de tus hijos a la educación, el acceso a la salud, el acceso a un hogar. Lakshmi Kumar, del grupo de expertos estadounidense Global Financial Integrity.

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 07 de octubre de 2021.- Imaginar a una adolescente indígena en la cárcel por abortar o intentarlo; no es difícil, hay cientos de ellas por ese motivo. Imaginar campesinos muy pobres en la cárcel siendo inocentes; también es muy fácil saberlo porque hay miles de ellos en esa condición. Los requisitos para entrar a centro de reclusión es ser pobre, ser inocente y en muchos casos indígenas. Una niña rica en la cárcel por abortar no existe, no la ha visto ni ha sabido de ello ni siquiera el ministro presidente Arturo Záldivar, quién así lo declaró. Ser hijo de un millonario poderos es no pisar la cárcel aunque haya cometido el peor de los delitos. Así es en casi todo el mundo, pero México es de los peores en aplicación de “justicia justa”.

Realmente para encarcelar a un político o empresario poderosos, es cercano a lo imposible en nuestro País. Quizás algunos menores como Rosario Robles, Luis Lavalle o Juan Collado; chance a Ricardo Anaya en un futuro. También algunos ex gobernadores de Tamaulipas, Quintana Roo y Nayarit. Pero ninguno de estos son verdaderos pesos completos como muchos de los mencionados en los Pandora Papers. Abrir esta caja de Pandora donde aparece ese monstruo de mil cabezas vomitando casi 11 millones de papeles donde están los nombres de poderosos mexicanos: Carlos Slim, a quién el Premio Nacional de Periodismo José Martínez Mendoza, le dedica el artículo de portada de la revista Proceso del 8 de octubre. Por cierto, este periodista es el biógrafo del magnate dueño de Telmex. También José Martínez, en su cuenta de Facebook publica en septiembre pasado datos del “hermano incómodo” de AMLO, Julio Scherer Ibarra muy interesantes y le quita su aureola de gente decente. Scherer Ibarra  seguramente sabía que se le venía la noche y por eso fue separado del Gobierno.

Estos son los mexicanos exhibidos en Pandora Papers:

Julio Scherer Ibarra

Exconsejero jurídico de la Presidencia

Armando Guadiana Tijerina

Senador por Coahuila y empresario minero

Jorge Arganis Díaz Leal

Secretario de Comunicaciones y Transportes

Enrique Martínez y Martínez

Exgobernador de Coahuila

José Manuel Sanz Rivera

Jefe de la oficina del gobernador de Morelos

Fernando Donato de las Fuentes Hernández

Secretario de Gobierno de Coahuila

Juan Ignacio García Zalvidea

Exdiputado y exalcalde en Cancún

Juan Carlos Márquez Heine

Secretario de Salud de Oaxaca

Julia Abdala Lemus

Empresaria, pareja de Manuel Bartlett

Arturo Montiel Yáñez

Empresario, hijo del exgobernador de Edomex

Paulina Díaz Ordaz

Publirelacionista, esposa de diputado y nieta de expresidente

Jesús Murillo Ortega

Empresario, hijo del exgobernador de Hidalgo

Francisco Antonio José Patrón Laviada

Empresario, hermano del exgobernador de Yucatán

Francisco Labastida Gómez

Empresario, hijo del exgobernador de Sinaloa

Fernanda Castillo Cuevas

Esposa del gobernador del Edomex

Marcelo y Carlos de los Santos

Empresarios, hijos del exgobernador de San Luis Potosí

Germán Larrea Mota Velasco

Grupo México

María Asunción Aramburuzabala

Empresaria e inversionista

Fernando Chico Pardo

Asur

Alberto Baillères González

Grupo Bal

Carlos Peralta Quintero

Grupo IUSA

Familia Salinas

Grupo Salinas

Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir

Grupo Empresarial Ángeles

Leopoldo Espinosa Abdala

Farmacéutica

Jorge Humberto Santos Reyna y Samira Barragán Juárez

Arca Continental

Alejandro González Zabalegui

Empresario

Alejandro Aboumrad González

Directivo IDEAL

Antonio Madero Bracho

Rassini

Armando Hinojosa Cantú

Grupo Higa

Ricardo Pierdant Grunstein

Empresario

Edgar Manuel Méndez Montoya

Operador financiero de Borge

Luis Garza Medina

Exvicario general de los Legionarios de Cristo

*Lista sacada de Aristegui Noticias

Es imposible imaginar en la cárcel a varios de esta lista por razones de harto dinero y poder. Nada les pasará a ellos ni a sus negocios; quizás regresen al erario parte del dinero en evasión de impuestos y le quede el sabor de boca de “carajo, no nos los pudimos chingar de nuevo” Además del blindaje de poder y dinero, algunos son dueños de esas cárceles y sería como la cárcel paradisiaca de Pablo Escobar, quien también era el dueño del reclusorio. Mientras en Guatemala y en Perú, ex presidentes, políticos importantes y empresarios, sí están en la cárcel.

Si varios de los más importantes personajes de esta lista, resultará culpable de evasión de impuestos o lavado de dinero usted puede apostar para perder si pronostica su encarcelamiento.

No pasó con Panamá Papers, no sucederá con Pandora Papers por muchas ganas que le echen AMLO, Santiago Nieto y Raquel Buenrostro ¿Quieren?: quizás ¿Pueden?: parece que no. Y en un país sin Fiscalía menos.

Los no tan poderosos de multi dicha lista, no duermen tranquilos; cada noche se les sube el muerto, sudan frío; los empiezan a ver como apestados; quizás terminen de parias. Algunos  se los cargará el payaso, los apresarán para calmar el hambre de justicia popular y mediática. Y los otros, desde sus aviones privados verán ese espectáculo sangriento.

NOTA: “La riqueza es como el agua salada; cuanto más se bebe, más sed da.” Arthur Schopenhauer.

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Foto: Claudio Cruz / AFP

EFE. Ciudad de México. 01 de diciembre de 2020.- Las autoridades mexicanas detuvieron a otros tres presuntos implicados en el asesinato del empresario francés Baptiste Lormand y su socio mexicano Luis Orozco en Ciudad de México, informó este martes la Fiscalía capitalina.

«Gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía de la Ciudad de México, la Policía de Investigación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Secretaría de Marina, en cateos (allanamientos) positivos en dos alcaldías, se aseguró (decomisó) una importante cantidad de botellas de licor de alta gama, armas y se detuvo a 3 personas», informó la titular de la Fiscalía capitalina, Ernestina Godoy.

En otro mensaje en Twitter, Godoy aseguró que «no habrá impunidad en el caso de los empresarios asesinados», e indicó que se está avanzando en la investigación.

El asesinato de ambos empresarios ha causado conmoción en la capital del país.

El francés, un empresario de la restauración que vivía en Polanco, un exclusivo barrio de Ciudad de México, desapareció el pasado viernes tras abandonar su domicilio.

El sábado, los cadáveres del francés y su socio mexicano aparecieron con las manos atadas en el barrio del Pueblo Magdalena Petlacalco, en la alcaldía Tlalpan, en el sur de la urbe.

Aproximadamente un millar de personas pidió justicia este lunes por el empresario francés Baptiste Lormand, asesinado el sábado en Ciudad de México, con una marcha que paró en el restaurante que regentaba y finalizó en la embajada de Francia.

En la tarde del lunes, el jefe de policía de Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó en su cuenta de Twitter de la detención de la «primera persona posiblemente relacionada» con la muerte del empresario de la restauración galo.

Ciudad de México ocupa el décimo lugar nacional en número de homicidios absolutos con 1.079 víctimas en los primeros 10 meses del año, una tasa de 12 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

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Foto: Especial

EFE. Ciudad de México. 10 de abril de 2020.- Las autoridades mexicanas arrestaron este viernes a dos trabajadores del metro de Ciudad de México implicados en el choque de dos trenes ocurrido el pasado 10 de marzo en el que falleció una persona y otras 41 resultaron heridas.

«Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentaron órdenes de aprehensión contra dos servidores públicos, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad», informó la institución en un comunicado.

La fiscalía capitalina detalló que dichos delitos están relacionados con «el choque de dos trenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la estación Tacubaya, ocurridos el pasado mes de marzo».

Aunque las autoridades no lo detallaron, en la prensa local trascendió que el hombre detenido es el conductor del convoy que impactó con el otro tren estacionado, mientras que la mujer arrestada es reguladora del metro.

La fiscalía capitalina detalló que el hombre fue arrestado en el municipio de Tlanepantla, colindante con la capital mexicana, mientras que la mujer fue detenida en el oriente de Ciudad de México, en la alcaldía Venustiano Carranza.

«Fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte y al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, respectivamente, donde se encuentran a disposición del juez de control que los requiere, quien determinará su situación jurídica», expresó la institución.

El pasado 31 de marzo, la fiscalía de la capital mexicana concluyó en su investigación de los hechos que el choque de dos trenes del metro fue resultado de omisiones de operación, incurridas por el conductor y la reguladora en los procedimientos de seguridad.

El peritaje realizado por la Fiscalía coincide con el presentado por la empresa alemana TÜV Rheinland, contratada para elaborar un dictamen de manera independiente, a partir de los análisis de caja negra, radio Tetra, telefonía fija, videos y documentos técnicos.

La Fiscalía indicó que el accidente «pudo evitarse si el conductor del tren 33 y la reguladora hubieran actuado conforme a los manuales técnicos operativos del Sistema de Transporte Colectivo (STC), que conocían y para los cuales fueron capacitados».

El metro de la Ciudad de México entró en funcionamiento el 4 de septiembre de 1969, hace más de 50 años.

Tan solo en 2018, el metro transportó a 1.647 millones de usuarios y recorrió 44,07 millones de kilómetros. 

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Foto: Victoria Valtierra / Cuartoscuro

EFE. Ciudad de México. 07 de enero de 2020.- Julián y Adrián LeBarón, miembros de una de las familias mormonas víctimas de la masacre del 4 de noviembre en Sonora, aseguraron este martes que hay «alrededor de 40» implicados en la matanza, la mayoría identificados por su apodo.

«Hasta ahora siete están presos y nos han dicho que todos son de Chihuahua», explicó Julián LeBarón al salir de la Fiscalía General de la República (FGR), en Ciudad de México, donde se reunieron con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

El abogado de la familia, Abel Murrieta Gutiérrez, precisó que hay, según lo establecido en la reunión, «tres personas detenidas y cuatro arraigadas».

Asimismo, Murrieta Gutiérrez reveló que la FGR se comprometió a dar a la familia un acceso «total» al expediente de la investigación y a que «todas las acciones que se lleven a cabo» sean con su participación.

De todos modos, el abogado no supo precisar todavía a cuántos sospechosos o posibles implicados se les ha tomado declaración, dado lo reciente de la autorización para consultar el estado de las pesquisas.

Además, los hermanos LeBarón confirmaron haber denunciado a las autoridades, a las que acusaron de «ineptitud e incompetencia», por su actuación el día de la masacre, cuando murieron seis niños y tres mujeres.

«Hicimos aquí la denuncia. Les pedimos ayuda el 4 de noviembre por la mañana. Que se investigue por qué nunca llegaron. (Los agentes en) el estado de Sonora no llegaron y del de Chihuaha tampoco. Y estaban heridos y con frío por diez horas estos pobres niños en medio de la sierra», insistió Julián LeBarón.

Al respecto, su representante legal aclaró que buscarán depurar las responsabilidades de todos aquellos implicados en los asesinatos ya sea de «manera directa, indirecta, intelectual, por acción o incluso por omisión».

Ante lo que consideraron una actuación negligente del poder judicial y del poder legislativo, los familiares apelaron, como ya han hecho otras veces, a la unión de la sociedad civil «para proteger la vida» y convocaron a una marcha el próximo jueves en Tlatelcoco, junto al activista Javier Sicilia.

Posteriormente, el próximo domingo día 12, los LeBarón recibirán la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su casa en el norteño estado de Sonora, en lo que será el segundo encuentro que mantengan con él.

«Estoy contento de que el presidente se esté atreviendo a ir a esas tierras abandonadas, que camine esos caminos difíciles y que vea las realidades que vivimos en nuestros pueblos. Espero que él salga de ahí con una convicción más grande de servir a las entidades allá abandonadas», se pronunció Adrián LeBarón.

Aunque, eso sí, el mormón advirtió a López Obrador de que el problema no es solo de su familia, sino también de los Langford y los Miller, cuyos miembros también fueron asesinados, y de toda la región.

«Le pido al presidente que no vaya a llegar a Sonora o a La Mora con que es el caso LeBarón, porque tal vez lo sacan a tomatazos», advirtió.

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