• Autoridades del Gobierno Federal y de la Fiscalía General de Oaxaca acordaron agilizar y avanzar junto con las familias ante la CIDH

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 14 de octubre de 2022.- Después de la liberación, el 7 de septiembre de 2022, de los últimos cuatro presuntos responsables del asesinato de los defensores Alberta «Bety» Cariño y Jyri Antero Jaakkola, de nacionalidades mexicana y finlandesa, respectivamente, una delegación de eurodiputadas acudió a nuestro país con el objetivo de anunciar que, ante el panorama de doce años de impunidad en México, este asunto será llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En su décima primera visita a este país, las eurodiputadas Ska Keller, Anna Cavazzini y la exdiputada Gaby Küppers, del Grupo de Verdes/Alianza Libre Europea (Greens/EFA) sostuvieron reuniones con autoridades estatales y federales entre el 10 y el 13 de octubre, ante quienes expusieron que acompañarán a las familias de las víctimas ante su demanda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Lo mismo informó la embajadora de Finlandia Päivi Pohjanheimo quien también estuvo presente en las reuniones acompañando a Eeva-Leena Jaakkola, madre de Jyri y a Turo Jaakkola, hermano del finlandés; así como a Omar Esparza, viudo de Bety Cariño.

El abogado y defensor de derechos humanos David Peña, señaló en conferencia de prensa la complejidad de que se tomen acciones a nivel local para resolver el caso pues “el grupo armado UBISORT que estamos señalando como responsable del crimen tiene complicidad con líderes del partido político local Partido Unidad Popular, que apoyó al gobernador electo en su candidatura, es decir, que este grupo armado a través de ese partido local tiene una alianza electoral con Morena, lo que complejiza que se actúe en contra de estos intereses lo que abona a la decisión de resolver el caso ante el sistema interamericano”.

El jueves la delegación, se reunió con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas. A dicha reunión acudieron, además, por el ámbito local, el fiscal de Oaxaca Arturo Peimbert y, por el ámbito federal, el director general de Derechos Humanos de la SRE, Christopher Ballinas y el titular del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Enrique Irazoque.

En este encuentro se les expuso a las autoridades la decisión de las familias de ir al sistema interamericano a causa de la falta de voluntad política a nivel local que ha mantenido el caso en la impunidad.

La representación jurídica de las familias recalcó a los funcionarios que a causa de las cíclicas y permanentes violaciones a los derechos humanos que se han documentado en el asunto y a más de 12 años de haber ocurrido, la impunidad es total.

En dicha reunión de alto nivel “acordamos con las autoridades mexicanas que no litigarían el caso en la CIDH, sino que lo acompañarán sin pleito y con la posibilidad, no solo de buscar mecanismos de seguridad y de justicia en este caso, sino de atender algunos de los temas estructurales que se han detectado a raíz del mismo, mismas que son deficiencias del propio Estado mexicano que queremos compartir ante la Comisión» señaló Peña.

En conferencia de prensa, la directora de Acción DH Karla Micheel salas agregó que “los gobiernos local y federal han reconocido que este caso les ha rebasado, las autoridades locales por su parte, han demostrado su incapacidad para llevar a la justicia a los responsables, así como para sostener las acusaciones contra los detenidos y brindar protección a los testigos» señalando también que esa impunidad fue producto de la inacción de la Fiscalía General de la República «instancia que investigó al grupo armado y pese a que éste cuenta con armas de grueso calibre con las que controla varias comunidades del pueblo triqui, la instancia Federal no logró acreditar ningún delito».

“Tras 12 años de buscar justicia nos enfrentamos a este grupo, ahora que los detenidos han sido absueltos por decisión del poder judicial y por la incompetencia de la Fiscalía estos sujetos gozan de una carta abierta para seguir cometiendo más crímenes por esto mismo hemos manifestado nuestra preocupación del riego en contra de testigos y familiares por lo que esperamos que el estado cumpla su obligación y compromiso de brindarles protección,” enfatizó la abogada de Acción DH.

En la conferencia de prensa, Omar Esparza, viudo de Bety Cariño agregó: “esperemos que las autoridades a partir de estos diálogos que hemos tenido sean realmente sensibles al este nuevo capítulo que para nosotros ya cierra un ciclo de 12 años difíciles, de impunidad.”

Mientras que la eurodiputada Ska Keller apuntó que ”no es la primera vez que nos reunimos con esta administración, sin embargo, hubo ahora compromisos de los diferentes niveles de gobierno, con Segob, con SRE, y Fiscalía de Oaxaca quienes se mostraron colaborativos, esperamos que haya avances y apoyo del gobierno ahora a nivel internacional para que los familiares puedan tener un cierre de su dolor”.

Por su parte la madre de Jyry Jaakkola declaró que “todos estos años nuestra demanda ha sido protección de los testigos, de las víctimas como Omar (Esparza), de los abogados y los sobrevivientes, nunca se ha brindado protección suficiente, espero que en un futuro haya protección.”

Y concluyó la madre del finlandes asesinado con una expresión que denota lo complicado de todo el proceso «aquí en México he comprendido y entendido lo que significa la palabra impunidad» rematando al decir que «si no encontramos la justicia en México a nivel internacional estamos seguras que si la alcanzaremos».

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de junio de 2022.- La Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció su falta de capacidad para establecer un diálogo conciliatorio con la dirección de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, y buscar un acuerdo de solución a la huelga que ya cumplió 28 meses, por lo que dejó ver a las y los huelguistas que el conflicto se alargará el resto del sexenio si antes los trabajadores no presentan una propuesta que dinamite el movimiento.

Ante tal propuesta, las y los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), en Asamblea Permanente, rechazaron cualquier planteamiento que esté fuera de la legalidad, toda vez que las y los trabajadores han demostrado en diversas ocasiones la legitimidad de sus demandas.

Luego de la manifestación del pasado 21 de junio con motivo de los 28 meses de huelga en Notimex, una comisión del SutNotimex (representada por integrantes de los comités Ejecutivo y de Huelga, y de la Comisión de Honor y Justicia) fue recibida por los titulares de las Unidades de Gobierno y de Normatividad y Medios, William Castillo y Manuel Marroquín Pineda, respectivamente, quienes admitieron que el conflicto está empantanado por la negativa de la dirección.

Asimismo, reconocieron que los funcionarios de Notimex tampoco responden al llamado de la Segob para dar atención a la huelga, por lo que propusieron a las y los trabajadores que asuman el costo y presenten una propuesta de liquidación (que se presentaría al secretario de Gobernación, para su consideración), o de lo contrario, la huelga se extendería todo el sexenio.

Dicho planteamiento va en sentido contrario al compromiso del gobierno federal de respetar los derechos laborales y de huelga, así como la libertad sindical y de asociación, y refleja un encubrimiento a las actuaciones ilegales que la Dirección de Notimex ha realizado en dos años y cuatro meses de huelga.

En la Asamblea Permanente, el planteamiento de las autoridades fue rechazado de forma unánime, y se reiteró que el SutNotimex estará en disposición de revisar cualquier propuesta que sea formal y en apego a la ley.

La huelga de Notimex cumplió dos años y cuatro meses, tiempo en el que los huelguistas (80 por ciento mujeres) han permanecido sin ingresos, en medio de la pandemia y han padecido la muerte de familiares directos, además de enfrentar la enfermedad, sin seguridad médica ni social, sin que hasta ahora se muestre ninguna voluntad ni empatía de las autoridades federales para los periodistas, profesionales de la comunicación y administrativos de la agencia de noticias del Estado.

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EFE. Ciudad de México. 14 de enero de 2022.- Las decenas de migrantes muertos en accidentes viales en los últimos años en México y los miles de interceptados cuando viajaban hacinados en tráileres visibilizan la imposibilidad de controlar el flujo migratorio y hacen todavía más peligrosa la ruta hacia Estados Unidos.

En diciembre pasado, un total de 56 migrantes fallecieron al volcar el camión en el que viajaban hacinados mientras transitaban en una carretera del sureño estado mexicano de Chiapas.

Mientras que esta semana, mientras continúan las labores de repatriación de cadáveres de este trágico accidente vial, otros 38 migrantes resultaron lesionados en un siniestro carretero en Veracruz, al oriente de México.

Un reflejo de la ola migratoria que azota México y se ha cobrado multitud de vidas en los últimos años. Solo desde finales de 2018 a la fecha, cuando comenzaron las caravanas migrantes, se contabilizan decenas de fallecidos en accidente parecidos.

«El paso por las carreteras se ha vuelto muy peligroso para los migrantes, pero el riesgo es igual que quedarse en sus países con violencia, grupos de maras, inseguridad y sin empleo», dijo este viernes a Efe Eduardo González, profesor del Tecnológico de Monterrey y especialista en migración.

Estos son solo algunos motivos por los que muchos migrantes, según González, dejan atrás sus realidades y ponen en riesgo sus vidas para llegar a Estados Unidos, a menudo adquiriendo deudas estratosféricas e incluso perdiendo la vida en el camino.

«Buscan rutas seguras o menos peligrosas y por ello se ven obligados a trasladarse en tráilers o cabinas falsas. O en rutas más alejadas, donde suelen ser víctimas no solo de polleros (traficantes de personas) sino del crimen organizado», lamentó.

NO ES ALGO NUEVO

México es una ruta indispensable de paso para los migrantes que buscan alcanzar el llamado sueño americano.

Actualmente, la región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre pasado.

Y, desde hace décadas, los indocumentados han utilizado diferentes vías para atravesar ilegalmente el territorio nacional.

«En realidad esto no es algo nuevo, este tipo de transportación tiene al menos unos 20 años pero se hace evidente cuando hay una situación como un accidente», afirmó Leticia Calderón, doctora en Ciencias Sociales y experta en migración.

La experta señaló que aunque antes era más visible el uso del tren conocido como La Bestia, históricamente se han utilizado otras rutas marítimas y terrestres.

«Está documentado. Lo han sabido otros gobiernos y lo sabe el Gobierno actual. Esto habla de corrupción desde el propio Estado», comentó.

Lo grave, dijo, es que muchos migrantes en su intento por buscar una mejor vida han encontrado la muerte.

De acuerdo con el documento «Rutas: Estudios sobre movilidad y migración internacional», elaborado por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), tan solo en México, en el periodo de 2014 a julio de 2019, se identificaron 1.998 fallecimientos de personas migrantes.

De ellos, 1.270 se registraron en Estados Unidos -la mayoría en la frontera con México- 662 en territorio mexicano y 66 en el norte de Centroamérica.

Esto, significa que, en promedio mueren unas 30 personas cada mes durante su tránsito por México o en su intento de cruce en la frontera con Estados Unidos.

También, se calcula que 86 % de las personas migrantes detectadas en tránsito utilizan las carreteras del país para llegar a Estados Unidos, por lo que «es común» que se presenten accidentes carreteros.

«En especial en el sureste, donde las deficientes condiciones de las carreteras se suman al mal estado en que se encuentran los vehículos», señala el documento.

Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), publicó un comunicado el pasado 8 de diciembre donde informó que desde 2014 se han documentado al menos 3.575 muertes en la frontera entre México y Estados Unidos, una cifra todavía mayor a la de la Segob.

DOBLE DISCURSO

El fenómeno migratorio se ha desbordado en el país reflejando la incapacidad de atender la problemática por parte de las autoridades.

Para Eduardo González, esto es resultado de un doble discurso del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien «por un lado, busca cumplir con el acuerdo con el expresidente Donald Trump y, por el otro, da libertad a que los migrantes sigan avanzando hacia Estados Unidos».

En diciembre pasado, el Instituto Nacional de Migración (INM), informó que entre los años 2019 y 2021, en coordinación con otras autoridades nacionales y estatales, llevó a cabo 502 «rescates masivos» que permitieron la localización y auxilio de 42.692 personas extranjeras de diferentes nacionalidades.

Mientras que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo el jueves que están trabajando de manera coordinada con autoridades estatales y empresas para atender los casos de transportación de migrantes tanto en tráileres como en autobuses de pasajeros.

Para Ana Saiz, directora de la ONG Sin Fronteras, estos flujos migratorios se mantendrán mientras las economías de los países se sigan beneficiando de las remesas.

«El mismo presidente los ha calificado como héroes», apuntó la experta.

Y recalcó que las políticas migratorias, hasta ahora, han estado sustentadas en el miedo, la discriminación y sin tomar en cuenta los derechos humanos.

«Se han cerrado vías regulares de migración. Hoy, por ejemplo, se piden visas a los venezolanos para estar en México», lamentó.

Y aseguró que pese a las tragedias, las autoridades reaccionan cuando hay un accidente, pero hasta ahora «no vemos qué hay detrás del delito».

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