Por José Luis Camacho Acevedo

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 08 de noviembre de 2025.- De una fuente muy cercana a la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sé que la política potosina es una de las integrantes del gabinete presidencial que está las 24 horas del día pendiente de los asuntos que representan la posibilidad de generar una inestabilidad mayor que la que causan muchos de sus compañeros de gabinete.

Decíamos el pasado lunes que la presente se presagiaba como una semana anticlimática para el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Y efectivamente la suma de acontecimientos ocurridos en apenas cinco días puso contra la pared el modelo de conducción política que desarrolla la presidenta Claudia Sheinbaum y se cumplió el presagio, a causa de las ineficiencias de algunos de sus colaborados y de las traiciones de aquellos que, estando en su equipo, no dejan de voltear a La Chingada para ver si de ese lugar salen algunas señales que manda el habitante encuevado en la selva, para tratar de interpretar que es lo que sugiere como acción para enfrentar los problemas que ocurrieron en el país en el hebdomadario periodo que mencionamos.

Es obvio que las señales políticas que puede enviar el ex presidente López Obrador son, primordialmente, de carácter defensivo.

Estados Unidos le vuelve a mandar mensajes intimidatorios al tabasqueño.

Un caso que ejemplifica lo anterior es la decisión del gobierno de Donald Trump de cancelar la visa al hijo del mandatario de Sonora, Alfonso Durazo, por tener presuntas ligas con el crimen organizado y participar en acciones que son las más condenables para los sabuesos del vitriólico mandamás norteamericano.

Durazo fue el primer jefe de la secretaria de seguridad en la pasada administración.

Se le conocieron actos de tráfico de influencias, señaladamente en la adquisición de patrullas y otros vehículos para la Guardia Nacional. Pero su poderosa relación con López Obrador le permitió tener una interlocución con identificados integrantes del crimen organizado acogiéndose al mandamiento de abrazos y no balazos.

Alfonso Durazo tiene relaciones peligrosas que comprometen la relación de México con Estados Unidos en materia del combate a los carteles de la droga.

Si Ramírez Bedolla tiene encima los reflectores por su manifiesta incapacidad para gobernar Michoacán, una ineficiencia que explotó a nivel internacional con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Pero es solo eso, un político incapaz y ya sin autoridad moral ante sus gobernados.

Cuando Durazo se fue de candidato al gobierno de Sonora lo sustituyó Rosa Icela Rodríguez.

Desde esa posición la potosina inició una limpia de corruptelas que ahora como secretaria de gobernación completa con una tarea incansable, pero sobre todo completamente leal a Claudia Sheinbaum.

Si el destino político de Rosa Icela es ir a gobernar su estado natal en el 2027, la verdad sería un sacrificio para el gabinete de Claudia Sheinbaum.

No se ve en el panorama de los cuadros del entorno de Claudia Sheinbaum a nadie con la entrega, la eficiencia y la lealtad política que caracteriza a Rosa Icela Rodríguez.

Es ya una pieza insustituible en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Una política que ya supo asumir el papel de jefa del gabinete, condición no legal, pero sí indiscutiblemente moral, en favor de la conducción del país en momentos en que, cada semana, se abren flancos al gobierno. Unos flancos que son producto de las traiciones o de las tentaciones transexenales de los que no quieren dejar el poder.

El poder es algo que se ejerce sin aspavientos.

Rosa Icela no es de ninguna manera Fernández Noroña o Félix Salgado Macedonio o Alfonso Durazo con todos los muertos que el mandatario sonorense tiene guardados en su clóset.

Afortunadamente, para las posibilidades de recuperar la estabilidad social del país, Rosa Icela ya es una secretaria de gobernación fuerte.

Nada más.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 08 de noviembre de 2025.- A una semana del devastador incendio en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, que ha cobrado la vida de 24 personas y dejado 14 heridos graves, familiares de las víctimas y sobrevivientes mantienen un clamor unificado por justicia y prevención, temiendo que la falta de mantenimiento en instalaciones eléctricas de inmuebles históricos propicie una nueva catástrofe. En medio del duelo, marchas masivas y denuncias contra la negligencia de autoridades y empresas han paralizado el corazón de la capital sonorense, exigiendo no solo castigo a los responsables, sino reformas estructurales para evitar que el horror se repita.

El siniestro, ocurrido el 1 de noviembre alrededor de las 14:00 horas en la sucursal de Waldo’s ubicada en la calle Matamoros y Doctor Noriega, inició por la explosión de un transformador eléctrico sobrecargado, según la Fiscalía General del Estado de Sonora (FGES). El fuego se propagó rápidamente por el edificio de tres pisos —conocido por su antigüedad y valor histórico—, atrapando a clientes y empleados en un laberinto de humo y llamas. Entre las víctimas fatales se cuentan familias enteras, estudiantes y trabajadores: Johana Guadalupe Hernández, de 20 años, cajera y estudiante; Zelma Quintero, enfermera de 35 años; Carmen Aguilar, de 42, empleada pública; y Marcos Segundo Reyes, de 81 años, quien falleció el 7 de noviembre tras cinco días en coma. Dos heridos permanecen en estado crítico en el Hospital General del Estado.

Familiares como Eusebio Arias, tío de Johana Hernández, han liderado las protestas, acusando a Waldo’s, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Gobierno municipal de omisión. «Queremos respuestas: comercios obsoletos, muy viejos, necesitan mantenimiento. Es responsabilidad del gobierno, la tienda y la CFE; se sobrecalentó y explotó», denunció Arias a EFE, señalando que el Centro Histórico de Hermosillo alberga decenas de edificios sin planes de inspección eléctrica actualizados. Aurelia Galván Beltrán, de 67 años, madre y suegra de dos víctimas, clamó: «No estamos protegidos por las autoridades ni por la tienda. ¡Ojalá la justicia de los hombres sea justa, porque la de Dios llegará a su tiempo!».

Las manifestaciones escalaron el 6 de noviembre con una marcha organizada por la Asociación de Estudiantes Universitarios Sonorenses (Adeus), que reunió a cientos en el Centro Histórico, partiendo del Palacio de Gobierno hacia el sitio de la tragedia. Vestidos de negro y con carteles como “Por ellos marchamos, no los olvidamos” y “Justicia para las 24 almas”, los participantes —incluyendo sobrevivientes y estudiantes— exigieron la creación de la Ley 1ro de Noviembre, una iniciativa para obligar a comercios, escuelas y negocios a implementar medidas rigurosas de seguridad, como inspecciones anuales de instalaciones eléctricas, planes de evacuación y observatorios ciudadanos. «No queremos impunidad; queremos que el Congreso de Sonora legisle a favor de Protección Civil«, gritaron los manifestantes, culminando en un altar improvisado con velas y fotos de las víctimas.

Tatiana Soriano Castro y Azul Castro Fernández, familiares de una de las fallecidas, se unieron al reclamo: «Johana era una estudiante, una amiga, una hermana; no solo una cajera. Exigimos que se recuerde como tal, no como estadística». La marcha del 7 de noviembre, con participación de empleados del Hospital San José —donde laboraba Zelma Quintero—, incluyó un mitin frente al ayuntamiento, donde el padre de la enfermera exigió justicia y reparación integral para las familias.

La FGES ha detenido a tres personas relacionadas con el mantenimiento eléctrico de la tienda, imputadas por homicidio culposo y lesiones, pero las familias cuestionan la profundidad de la investigación, alegando que Waldo’s no contaba con salidas de emergencia adecuadas ni extintores funcionales. El Gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo, anunció un fondo de 50 millones de pesos para apoyos a damnificados y una auditoría a 200 comercios históricos, pero activistas lo tildan de «insuficiente». La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia del 8 de noviembre, expresó condolencias y prometió apoyo federal: “Esta tragedia nos obliga a fortalecer la prevención; nadie debe temer por su vida en un simple paseo de compras”.

Expertos en Protección Civil, como los del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), atribuyen el incendio a la obsolescencia de la red eléctrica en Sonora —rebasada por el calor extremo de 2025, con temperaturas superiores a 45°C— y urgen una reforma nacional a normativas de seguridad en comercios. Mientras el altar en Waldo’s crece con ofrendas diarias, Hermosillo llora a sus 24 ausentes y clama por un futuro sin fuego. En un noviembre de luto colectivo, estas voces recuerdan que la justicia no es solo castigo: es prevención, para que una chispa no vuelva a apagar vidas enteras.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 28 de septiembre de 2025.- La cifra de víctimas mortales por la explosión de un camión cisterna cargado con 49.500 litros de gas licuado de petróleo (LP) en la alcaldía Iztapalapa subió este domingo a 31, según el último reporte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que confirmó el deceso de una mujer de 45 años internada en el Hospital General de México «Dr. Eduardo Liceaga». El siniestro, ocurrido el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, ha dejado un saldo devastador de 31 muertos –12 hombres y 19 mujeres–, 94 heridos iniciales y daños en más de 30 vehículos, en una zona de alto tráfico que conecta la capital con el Estado de México y Puebla.

El accidente inició alrededor de las 14:30 horas del miércoles pasado, cuando la pipa de la empresa Transportadora Silza, con matrícula de circulación 78-AN-3G, se volcó presuntamente por exceso de velocidad –el conductor, Fernando Soto Munguía, falleció el 16 de septiembre sin recuperar la conciencia–. La fuga de gas provocó una nube tóxica visible que se expandió rápidamente, seguida de una explosión masiva y un incendio que consumió autos, camiones de carga y mobiliario urbano. Videos de testigos captaron el pánico: peatones huyendo, autos en llamas y una bola de fuego que alcanzó los 500 grados Celsius, según peritajes preliminares de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Entre las víctimas se destacan historias de heroísmo y dolor: Alicia Matías Teodoro, la «abuelita heroína» de 62 años que protegió a su nieta de dos años de las llamas –la menor fue trasladada a un hospital en Galveston, Texas, donde se recupera–, falleció el 13 de septiembre por quemaduras en el 80% de su cuerpo. Otras incluyen a Misael Cano Rodríguez, trabajador de imagen urbana de Iztapalapa; Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de la UNAM; y el propio conductor Soto. De los 94 heridos, 32 permanecen hospitalizados en nueve unidades médicas, incluyendo el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Hospital Juárez, con secuelas como quemaduras graves, fracturas y problemas respiratorios por inhalación de humo.

La FGJCDMX, que abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo y daños en propiedad ajena, maneja dos líneas: exceso de velocidad y posible colisión con un objeto sólido que causó la fuga. La pipa carecía de seguro vigente desde junio, lo que complica indemnizaciones, aunque la empresa Silza se comprometió a cubrir gastos médicos y funerarios. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la presidenta Claudia Sheinbaum han extendido condolencias y apoyo: el gobierno capitalino destinó 5 millones de pesos por familia afectada, mientras Sheinbaum anunció que la próxima semana se publicarán nuevas normas de seguridad para el transporte de combustibles, incluyendo inspecciones más estrictas a pipas y rutas prioritarias.

El incidente ha reavivado debates sobre la seguridad vial en México, donde miles de camiones transportan gas LP diariamente –dependiente del 70% de hogares para cocinar–, y recuerda tragedias como la de Nayarit en 2020 (13 muertos) o el hospital materno en 2015 (5 fallecidos). La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) suspendió operaciones de Silza temporalmente, y peritos recolectan evidencias como la caja negra del vehículo. Mientras familiares velan a las víctimas en el Zócalo –donde se instaló un módulo de atención–, la zona del Puente de la Concordia reabrió parcialmente, pero el trauma persiste en Iztapalapa, una alcaldía de 1.8 millones de habitantes. En un país con más de 16 mil muertes anuales por accidentes viales, esta explosión urge reformas urgentes para prevenir más «dramas evitables», como lo describió Brugada. Las autoridades esperan identificar todos los cuerpos esta semana, pero para las familias, el conteo de 31 no cierra el capítulo de pérdida.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 09 de septiembre de 2025.- La Global Sumud Flotilla (GSF) informó que, en la mañana de este martes, su barco “Alma”, registrado bajo bandera británica, fue atacado por un dron mientras permanecía atracado en aguas territoriales tunecinas. El ataque provocó un incendio en la cubierta superior del navío, que ya ha sido controlado. Según el comunicado oficial de la GSF, todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo y no se reportan heridos.

Este incidente marca el segundo ataque contra la flota de la GSF en tan solo dos días, en un contexto de creciente tensión debido a la intensificada agresión israelí contra los palestinos en Gaza. El lunes 8 de septiembre, otro barco de la flotilla, el “Libertad”, también sufrió un ataque similar con un dron en aguas internacionales cercanas a la costa de Túnez, resultando en daños materiales menores y sin víctimas. Las autoridades tunecinas y la GSF han iniciado una investigación conjunta para determinar el origen y las circunstancias de ambos ataques, aunque hasta el momento no se han identificado a los responsables.

Ojo: Reportan nuevo ataque con posible dron a Global Sumud Flotilla en barco -El Alma- #GlobalSumudFlotilla pic.twitter.com/fD05dsOMqO

— Alejandro Meléndez @alexmelon.bsky.social (@alexmelon) September 9, 2025

La GSF calificó estos incidentes como “un intento orquestado de distraer y desviar” su misión humanitaria, que busca romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel a Gaza y expresar solidaridad con el pueblo palestino. “Nuestra determinación permanece intacta. Estos ataques no detendrán nuestro viaje pacífico para desafiar el ilegal asedio de Israel y apoyar al pueblo de Gaza”, afirmó un portavoz de la organización.

La Global Sumud Flotilla, compuesta por activistas internacionales y defensores de los derechos humanos, ha reiterado su compromiso de continuar su travesía hacia Gaza, a pesar de las crecientes amenazas. Las autoridades locales y la comunidad internacional están siendo instadas a garantizar la seguridad de la flotilla y a condenar estos actos de violencia. La GSF prometió actualizar la información tan pronto como avancen las investigaciones.

Por el momento, el “Alma” permanece en el puerto tunecino para evaluar los daños y garantizar la seguridad de su tripulación antes de retomar su itinerario. La comunidad internacional sigue de cerca estos acontecimientos, mientras crece la preocupación por la escalada de tensiones en la región.

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Periodistas Unidos. Ciudad de  México. 08 de septiembre de 2025.- Un dron no identificado impactó esta noche contra el «Barco Familiar» de la Global Sumud Flotilla (GSF), la principal embarcación de la coalición civil que busca romper el bloqueo israelí a Gaza, mientras anclaba en el puerto de Sidi Bou Said, cerca de la capital tunecina. La transmisión en directo del activista sudafricano Yusuf Omar (@yusufomar) capturó el pánico a bordo: una explosión masiva provocó un incendio en la proa, obligando a la tripulación a evacuar temporalmente mientras buscaban extintores y alertaban a las autoridades. Afortunadamente, no se reportan heridos graves entre los más de 20 activistas a bordo, incluyendo figuras como la climática Greta Thunberg y la eurodiputada francesa Rima Hassan, pero el buque sufrió daños significativos en su estructura y generadores.

 

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«¡Hemos sido alcanzados por lo que parece un dron! ¡El barco está en llamas! ¡Hay fuego en la proa! ¡Una explosión masiva!», gritaba Omar en su transmisión en Instagram, visible para miles de seguidores en tiempo real. El video muestra humo negro elevándose del barco portugués de bandera, con la tripulación llamando al capitán Pedro y a otros miembros mientras la policía tunecina y equipos de bomberos se aproximaban. La GSF confirmó en un comunicado oficial que el dron «lanzó una bomba desde arriba», causando el incendio, pero que el fuego fue controlado rápidamente gracias a la respuesta local.

La activista turco-alemana Yasemin Acar, portavoz de la coalición, relató en un video posterior: «Hola a todos, Yasemin aquí. El barco de la familia ha sido oficialmente atacado. Un dron vino por encima, lanzó una bomba, explotó y el barco estaba en llamas. Todos en ese barco están bien. El fuego ha sido extinguido. Pero este es el barco donde Greta Thunberg, yo, Thiago, Stripe y tantas personas increíbles estuvieron. Han bombardeado un barco con civiles, una vez más, en territorio tunecino. Este es un ataque contra Gaza porque no nos quieren allí. Necesitamos que se movilicen. No dejen que nos acallen». Acar enfatizó que el incidente ocurrió dentro de la jurisdicción marítima de Túnez, violando la soberanía del país magrebí y el derecho internacional.

❗️Gaza aid flotilla BOMBED by Israeli drone in Tunisia

Greta and other flotilla leaders were on board when drone ‘released a bomb’ from above

Activist Yasemin Acar describes attack https://t.co/dpoUdEyZff pic.twitter.com/FgjsBmrmcX

— RT (@RT_com) September 8, 2025

La GSF, que partió de Barcelona el 31 de agosto con más de 50 embarcaciones y 500 activistas de 44 países, había llegado a Túnez el domingo como última escala antes de dirigirse a Gaza. El «Barco Familiar» transportaba al Comité Directivo, incluyendo a Thunberg, el actor irlandés Liam Cunningham, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el brasileño Thiago Ávila, quien fue deportado por Israel en junio tras un incidente similar con el buque Madleen. La flotilla, la más grande en la historia de estas misiones humanitarias, busca entregar ayuda como leche infantil, medicinas y alimentos a un Gaza en hambruna, donde la ONU reporta más de 64.000 muertos desde octubre de 2023 y un bloqueo total que ha impedido la entrada de suministros básicos.

Este ataque se suma a una serie de incidentes contra la flotilla en 2025. En mayo, el buque Conscience fue golpeado por drones israelíes frente a Malta, causando un incendio y daños que casi lo hunden. En junio, el Madleen fue interceptado y rociado con una sustancia irritante por drones israelíes antes de ser abordado en aguas internacionales. En julio, el Handala fue detenido por fuerzas navales israelíes a 70 millas de Gaza. La coalición atribuye estos actos a Israel, que ha calificado la misión como «publicidad para Hamás» y amenazado con tratar a los participantes como «terroristas». El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, propuso enviarlos a prisiones de alta seguridad.

 

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Expertos en derecho internacional, como Huwaida Arraf de la Freedom Flotilla Coalition, denunciaron que estos ataques violan la Convención de Ginebra y el derecho marítimo, protegiendo a civiles en misiones humanitarias. «Es piratería estatal«, afirmó Arraf. La flotilla planea zarpar de Túnez este miércoles, reforzada por más de 130 participantes locales, hacia el Mediterráneo oriental. Mientras, en Gaza, la hambruna declarada por la ONU afecta a 500.000 personas, con Israel restringiendo el 56% de la ayuda al norte. La GSF insta a la comunidad internacional a condenar la agresión y garantizar un corredor humanitario, recordando que «la solidaridad no se bloquea».

El incidente ha generado indignación global, con manifestaciones en Barcelona y Roma exigiendo protección para la flotilla. La ONU y la UE han sido llamadas a actuar, pero hasta ahora, solo Colombia y Malasia han ofrecido apoyo oficial. La misión, que une a médicos, artistas y parlamentarios, simboliza la resistencia civil ante la inacción gubernamental. Como dijo Thunberg al llegar a Túnez: «Frente al agua, hay un genocidio en marcha. No nos detendrán». La situación evoluciona; la GSF actualizará en Instagram (@globalsumudflotilla).

Breaking news;

Here is the security camera footage from the Family vessel of the Sumud Flotilla, stationing just outside Tunis port. So:
1. Sound of something that the crew identified as a drone.
2. Crews sounds the alarm and calls for help.
3. Explosion.
Draw your conclusions. pic.twitter.com/HmkFG7yaEt

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) September 8, 2025

En una transmisión en vivo desde Instagram, la activista mexicana Karen Castillo, integrante de la delegación de México a bordo de otro barco de la flotilla, describió la escena desde el puerto: “Es la solidaridad de todo el pueblo. Estamos viendo a la gente de Túnez venir al puerto a mostrar su apoyo. Palestina es un pueblo hermano que, desde la primera Nakba, siempre ha estado en resistencia y en solidaridad con Palestina”. Castillo confirmó la información oficial de la GSF: “Fue un ataque de dron en el ‘Barco Familiar’, donde viajaban miembros del Comité Directivo. Esto sucedió en aguas soberanas de Túnez.

El barco, con bandera portuguesa, sufrió daños por el fuego en la cubierta principal, pero las seis personas a bordo están a salvo”. La activista subrayó la gravedad del incidente: “Es un ataque al Comité Organizador y a la solidaridad con Gaza. No solo pone en riesgo vidas, sino que es una agresión al pueblo tunecino y a la región, sumándose a ataques impunes de Israel contra Líbano, Irán y Yemen”. Castillo, desde su embarcación, destacó la resistencia tunecina: “Aquí todo el mundo apoya y se ha sumado para romper el cerco de muchas formas”. Advirtió contra la desinformación: “Estando en el puerto, no siempre sabemos lo que pasa en otros barcos. Pedimos revisar solo los pronunciamientos oficiales de la GSF para no caer en narrativas de miedo. Esta flotilla va a seguir, con la fuerza de los pueblos”. Enfatizó el contexto: “Este ataque refleja lo que Gaza sufre hace dos años: el 90% de su territorio destruido, más de 60.000 muertos y una hambruna que amenaza a 400.000 personas. No podemos quitar los ojos de Palestina”.

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AMEXI. Ciudad de México. 04 de mayo de 2025.- El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, brinda apoyo y atención a afectados por el incendio registrado la noche del 2 de mayo en un asentamiento irregular en la colonia Lindavista, donde no hubo pérdidas humanas.

El asentamiento irregular de Lindavista lo conformaban 150 viviendas construidas de lámina, de las cuales 33 se incendiaron y las 100 personas, aproximadamente, que vivien en ellas, y a quienes se ofreció apoyo y atención.

Personal de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien)y del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México realizó los censos en las 33 viviendas afectadas.

“Que no dejen de ir a la escuela, que tengan todas las condiciones para vivir, todos, pero principalmente las niñas, los niños y las personas mayores o con alguna discapacidad”, expresó Clara Brugada.

“Llegó la hora de hacer justicia”, señaló Clara Brugada durante la visita al asentamiento que junto con el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, realizó el sábado.

Instruyó a las dependencias correspondientes iniciar el diálogo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), propietario del predio y avanzar en la resolución definitiva del problema habitacional.

Afectados contarán con un hogar

Funcionarios del Instituto de Vivienda establecieron contacto con las personas afectadas por el incendio, con el objetivo de incluirlas y puedan contar con un hogar, sin intermediarios.

Por instrucciones de la Jefa de Gobierno, se brindará a las familias afectadas la opción de acceder a una vivienda temporal mientras se concreta un proyecto más consolidado que garantizará condiciones dignas y seguras.

Esta estrategia, coordinada por la Secretaría de Vivienda, forma parte del compromiso de ofrecer soluciones integrales sin que ello implique la separación de las comunidades de su entorno habitual.

Limpieza del predio afectado

Personal de distintas dependencias inició el retiro de escombros y limpieza del predio, a fin de que los habitantes afectados vuelvan pronto a sus actividades cotidianas.

Asimismo, la Secretaría de Bienestar, en atención a las instrucciones de la Jefa de Gobierno, se abocó a brindar apoyo y atención en alimentos a las familias.

También participaron, desde el 3 de mayo, 27 elementos de la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, del área natural protegida Sierra de Guadalupe y del Bosque de Aragón.

Remoción de restos

Las dependencias apoyan en la remoción de los restos que dejó el incendio y apoyaron a los ciudadanos a reubicar sus pertenencias.

Además, recuperaron un enjambre de abejas europeas, no africanizadas, que fue trasladado a la Sierra de Guadalupe.

Se removieron láminas de asbesto y de lámina, cartón, polines, tinacos, refrigeradores, colchones, sillones, llantas, roperos, bolsas de ropa, así como productos quemados de tienda de abarrotes.

También, elementos de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y de la Dirección de Imagen Urbana de la Secretaría de Obras realizaron labores de limpieza.

Reparten raciones de comida

Además, participaron en el barrido manual en 450 metros cuadrados y recolectaron 256 metros cúbicos de desechos, que fueron retirados en 32 viajes a través de 17 vehículos.

La titular de Sebien, Araceli Damián González, puntualizó el compromiso a tener 200 raciones de comida hasta que las familias ya puedan iniciar su preparación de alimentos por cuenta propia.

“Mientras, aquí vamos a estar,  dándoles el apoyo que lo requiera y estaremos muy al pendiente”, dijo.

Cuando se reportó la conflagración, la Jefa del Ejecutivo local giró instrucciones a su gabinete para actuar de inmediato en la calle Colector 13, esquina avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, y brindar atención a las familias afectadas.

Datos preliminares 

El incendio comenzó por un cortocircuito derivado de sobrecargas eléctricas en el lugar, pero habrá que esperar que concluyan los peritajes que realiza la Fiscalía General De Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Desde el puesto de mando unificado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) coordinó los trabajos para atender la emergencia.

La intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos fue decisiva para controlar el fuego.

En esa labor contaron con el apoyo de pipas de agua de las secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC), de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) y de varias alcaldías.

Además, se habilitaron algunas garzas para el abastecimiento de agua.

Junto con la SSC y la policía metropolitana, la SGIRPC estableció un cordón de seguridad e instaló el puesto de mando permanente, donde se atendió a la población afectada con la actividad especial Operativo Lindavista.

Tanques de gas portátiles

Tras la mitigación del siniestro, personal técnico de la SGIRPC encontró que todas las viviendas tienen tanques de gas portátiles, lo que representa un riesgo para los habitantes.

Constató además que ninguna de las instalaciones eléctricas cumplía con la normatividad, pues se encontró una gran cantidad de cableado expuesto, instalaciones provisionales y falta de canalización.

La SGIRPC mantendrá el puesto de mando las 24 horas a fin de garantizar la seguridad de los habitantes y coordinar las acciones respectivas para la reducción de riesgos en la zona.

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El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, supervisó las acciones para sofocar un incendio en el centro comercial Plaza Artz Pedregal. El siniestro ocurrió la tarde de este miércoles 5; las autoridades locales actuaron rápidamente para combatirlo.

Rescatistas de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía, junto con efectivos de la policía, se coordinaron con los bomberos de la Ciudad de México para controlar el incendio. En total, 400 personas fueron desalojadas del inmueble, ubicado en Anillo Periférico 3720.

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AMEXI. Ciudad de México. 26 de julio de 2024.-  ¿Es una coincidencia que durante ocupaciones de instalaciones de la UNAM realizadas por grupos de estudiantes y personas ajenas a la institución ocurra un incendio? El pasado jueves la institución pidió a las autoridades investigar el incendio en la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), ubicadas en Ciudad Universitaria, el cual fue sofocado por los bomberos.

Los inconformes ocupaban las instalaciones desde el 22 de mayo en protesta y demandando el cumplimiento de su pliego petitorio, aduciendo la inacción de las autoridades universitarias ante la beligerancia de grupos porriles, en cuyos altercados murió un estudiante de la FES Acatlán el pasado 8 de mayo.

En redes sociales dijeron que lo del incendio fue un pretexto y que fueron desalojados de manera violenta.

Autoridades de la UNAM informaron que no hubo lesionados y que presentarán denuncias ante la autoridad correspondiente, por los delitos de despojo, robo y daño a instalaciones públicas.

Desde el mediodía en los alrededores de esas instalaciones se empezó a percibir gas en el ambiente y hacia las 13 horas el olor ya era muy intenso e inició un incendio, por lo que el cuerpo de Bomberos y Protección Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acudieron a sofocarlo y en este operativo también desalojaron a las personas que ocupaban Ilegalmente las instalaciones desde hacía casi dos meses.

Mediante un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México precisó: “Al ingresar a las instalaciones, que habían permanecido ocupadas ilegalmente durante varias semanas, el personal jurídico de la Universidad [Nacional] y las autoridades del CCH constataron destrozos al patrimonio universitario y saqueos al interior de las oficinas”.

Y agregó: “No sólo de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, sino también de la Dirección General de Presupuesto, y de los Consejos Académicos de Área, oficinas contiguas al área siniestrada. De todo lo anterior ha dado fe la Notaría 114 de la Ciudad de México, así como la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género.

“La Universidad Nacional repudia la ocupación ilegal de las instalaciones, la sustracción de equipamiento y documentación, además del daño causado al patrimonio universitario”, subrayó el boletín oficial.

Desde el pasado 22 de mayo, un grupo de encapuchados y supuestos estudiantes del CCH Naucalpan mantenían secuestradas las instalaciones de la DGCCH en protesta aduciendo que las autoridades de la UNAM no realizan acciones respecto a la problemática de los grupos porriles, luego de que un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán falleció durante un altercado entre porros el pasado 8 de mayo.

Exigen en su pliego petitorio “la expulsión inmediata de los grupos porriles, más presupuesto para el área de servicios médicos para cada plantel y servicios de ambulancia, así como mayor seguridad para toda la comunidad estudiantil”, de acuerdo con publicaciones en redes sociales.

Los inconformes rompieron ventanas, hicieron pintas y demandaron ser recibidos por autoridades universitarias para establecer una mesa de diálogo.

Previamente hicieron una marcha del monumento a Álvaro Obregón en la zona de San Ángel sobre avenida de Los Insurgentes Sur y, al llegar a Rectoría de la UNAM, rompieron candados y cadenas y colocaron nuevas cadenas.

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EFE. Hermosillo, México. 05 de junio de 2024.- Padres de los 49 bebés fallecidos y sobrevivientes del incendio de la Guardería ABC acusaron al Gobierno mexicano este miércoles, cuando se cumplen 15 años de la tragedia, de no reconocer a las víctimas pese a que toda su vida padecerán traumas y secuelas.

Karla Maritza Gutiérrez tenía tres años cuando ocurrió el incendio en la guardería, subcontratada por el Instituto Mexicano del Seguro Social Social (IMSS), por lo que afirmó que los funcionarios ocultaron el dictamen médico que establece el daño que sufrió en su sistema respiratorio.

“Las autoridades dicen que soy una niña expuesta, es decir, que solo estuve en la guardería, no quieren reconocer el daño que me dejó el humo tóxico que respiré, los médicos en Estados Unidos dicen que tengo un pulmón más chiquito que el otro y que es irreversible”, aseguró Gutiérrez a EFE durante una vigilia para recordar el hecho.

Su madre, Karla Gastélum, advirtió que aún hay 15 familias en una batalla legal con el Estado mexicano para que reconozca a sus hijos como víctimas del incendio, les brinden atención médica y la reparación integral del daño.

«No sé por qué Zoé Robledo, director del IMSS, dice que mi hija es una expuesta, cuando ella estuvo dentro de la Guardería ABC y respiró el humo tóxico, han pasado 15 años y seguimos luchando, es una pena que otros países nos reconozcan y en México oculten los expedientes para ignorarnos”, afirmó.

El 5 de junio del 2009 en Hermosillo, capital del norteño estado de Sonora, un incendio que comenzó en una bodega de la Secretaría de Hacienda del Gobierno estatal se propagó hacia la Guardería ABC, subrogada por IMSS.

En el incendio fallecieron 25 niñas y 24 niños menores de cinco años, y sobrevivieron más de 70 con quemaduras severas en su cuerpo y más de 39 con afectaciones en su organismo.

La guardería tenía las salidas de emergencias bloqueadas e incumplía con las medidas de seguridad, pero nadie está en prisión por su responsabilidad en el incendio y, aunque se han fijado responsabilidades a más de 20 exfuncionarios públicos, muchos han muerto y quienes están vivos no han recibido sentencia.

Cris Hiram Aguilar es un sobreviviente fanático de los deportes, pero no puede practicarlos porque su sistema respiratorio quedó afectado.

“Tengo asma, un pulmón me funciona al 80 % y el otro al 70 %, debido a tantos medicamentos me salieron úlceras en el estómago, padezco de la vesícula y una enfermedad llamada inmunodeficiencia con predominio de insuficiencia neumococo que afecta mi sistema inmunológico, todo esto me impide hacer esfuerzos físicos”, lamentó.

Las familias denunciaron que actualmente hay órdenes de aprehensión, pero las autoridades no las ejecutan, mientras que funcionarios públicos y socios de la Guardería ABC permanecen impunes.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 05 de abril de 2024.- Hoy se cumple un año desde la trágica noche en la Estancia Migratoria de Ciudad Juárez, donde 40 migrantes perdieron la vida en un incendio que ha sacudido las conciencias y desatado el clamor por justicia y el fin del perfilamiento racial en México. Defensoras y defensores de los derechos de las poblaciones históricamente discriminadas y racializadas se unen en solidaridad con las familias de las víctimas y exigen acciones contundentes por parte de las autoridades.

El Instituto Nacional de Migración (INM) está en el centro de la controversia, acusado de cometer un crimen de Estado al detener y privar de libertad a migrantes, incluso aquellos con documentos migratorios regulares. Las 40 personas fallecidas provenían de Guatemala, Colombia, El Salvador, Honduras y Venezuela, todos ellos identificados como racializados. Este trágico evento pone de manifiesto la necesidad urgente de revisar y reformar las políticas migratorias en México.

Las críticas no son nuevas. Desde hace años, el INM ha sido señalado por prácticas de perfilamiento racial, una práctica que contraviene los principios de los derechos humanos y que ha sido condenada internacionalmente. La falta de acceso a la justicia y los pocos avances en la reparación del daño son motivos de indignación y llamados a la acción por parte de activistas y defensores de los derechos humanos.

Protesta a un año del asesinato de migrantes en la Estancia Migratoria de Ciudad Juàrez. En el Instituto Nacional de Migración en la #CDMX. Fotos: @alexmelon #nofueelincendiofueelestado #unañosinjusticia pic.twitter.com/fyZZ7SvTVH

— Periodistas Unidos (@PeriodistasU) April 5, 2024

El llamado es claro: el perfilamiento racial en la migración debe terminar. Esto implica derogar disposiciones como los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración, que permiten revisiones migratorias fuera de los puntos de entrada internacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado al respecto, sentando un precedente que exige cambios significativos en las políticas migratorias del país.

Mientras se conmemora la memoria de las 40 personas fallecidas en este trágico evento, también se recuerda a otras víctimas de la política migratoria, como la niña de 9 años que falleció por negligencia médica en 2019 o el migrante haitiano que perdió la vida recientemente en Chiapas. Cada vida perdida es un recordatorio doloroso de la urgencia de proteger los derechos humanos de todas las personas, sin importar su origen o apariencia física.

En este día de memoria y reclamo de justicia, se hace un llamado al Poder Legislativo y a las autoridades competentes para que tomen medidas efectivas que eviten futuras tragedias y garanticen el respeto de los derechos de las personas migrantes en México. La justicia y la dignidad de todas las personas, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria, deben ser prioridad en cualquier sociedad que aspire a la igualdad y la justicia.

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