• La muestra es una denuncia implícita que la artista visual ha capturado, con bitácora en mano, en los lugares de las desapariciones, en los que recopila las mínimas huellas que dan fe de las personas que estuvieron ahí algún día y que hoy son parte de las estadísticas del crimen organizado

• Adriana Calatayud ha expuesto su obra en América, Europa y Asia, obtuvo en 2016 la beca del Sistema Nacional de Creadores del Fonca y su obra forma parte de las colecciones del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de México y Museo de Arte Moderno

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 02 de octubre de 2024.- En el marco de la Noche de Museos de septiembre, Adriana Calatayud, artista visual y fotógrafa cuya obra se ha enfocado en el cuerpo humano, presentó en el Museo Archivo de la Fotografía (MAF), de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Indicios, una exposición de denuncia implícita, de inconformidad y de compromiso social que recopila las huellas de las miles de víctimas de desaparición y tráfico de órganos en el país.

La artista realizó el corte de listón de esta exposición propositiva y valiente junto a Lizbeth Ramírez Chávez, directora del MAF; Regina Tapia Chávez, directora del Archivo Histórico de la Ciudad de la Ciudad de México, y de la investigadora Laura González Flores.

Se trata de casi un centenar de piezas como fotografías, rastros de piel, libros de registros intervenidos y hasta órganos humanos, realizadas por la artista durante varios años de investigación en los lugares de las desapariciones, en los que recopiló las mínimas huellas que restan de quienes pasaron por ahí, con la certeza de que ausencia es presencia; pues los pliegues de la piel y sus secuelas, partes o indicios de ellas, dan la idea de que alguien o algo estuvo ahí.

“Esta investigación surge desde la concepción del cuerpo como una serie de partes que pueden ser separables y vistas como repuestos, así como de los órganos como materia prima, es decir, de un cuerpo desmembrado y fragmentado”, asegura Calatayud sobre el origen de la muestra.

La artista explica que Indicios no pretende ser un trabajo periodístico, “sino mostrar una serie de pistas, rastros, circunstancias y evidencias a través de imágenes para repensar nuestra forma de vivir, de relacionarnos y de soportar”.

“En México se dice que el tráfico de órganos no existe o que es un mito, pero a pesar de esta postura hay quienes dicen que la falta de donaciones si genera un mercado en el que se especula con el cuerpo, convirtiéndolo en producto de valor monetario”, dice Calatayud respecto al tema que se denuncia con Indicios.

Y con mínimos los rastros de aquellas presencias, a veces inaprensibles, la fotógrafa logra mostrar esos hoyos negros, en donde se erige principalmente el tráfico de órganos, ahí donde la vida parece estar en borrosa e inasible.

Como lo indica la propia autora, durante varios años se dedicó a la investigación documental y de campo, que la llevaron incluso a laboratorios de anatomía y medicina, sobre los procesos en torno a la donación de órganos y al tráfico de los mismos; pero también a aprender sobre diferentes técnicas que le permitieron trabajar con los rastros de piel y con las exposiciones de las fotografías de paisajes desolados, entre otras.

Esta investigación fue la que además arrojó para Calatayud muchas respuestas, “como que las posibles víctimas del tráfico de órganos son en su mayoría migrantes, que los presuntos implicados pertenecen a la delincuencia organizada, pero también médicos y enfermos”.

Con sus herramientas creativas en su labor de recolección, da vida de nuevo a esos fragmentos, crea huellas imborrables, imprime presencias matéricas que nos muestra en sus imágenes de cementerios silenciosos, mejor conocidos como fosas clandestinas, paisajes oscuros y negros, indicios y órganos, que, entre otros objetivos, pretenden ser una voz de quienes no están.

Y en ese tono de denuncia, Lizbeth Ramírez aseguró que los museos “también son puntos donde podemos debatir, reflexionar y cuestionarnos. El MAF siempre ha sido un espacio abierto y hoy es importante que la obra de Adriana Calatayud sea vista para cuestionarnos como sociedad qué hacemos con esta radiografía que es nuestro día a día”.

Indicios estará disponible hasta el 10 de noviembre en el Museo Archivo de la Fotografía, ubicado en República de Guatemala 34 en el Centro Histórico, detrás de la Catedral Metropolitana, a unos pasos de la estación Zócalo del Metro.

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EFE. Guanajuato, México. 18 de diciembre de 2023.- La masacre ocurrida en el municipio mexicano de Salvatierra, en la que se registraron casi 200 disparos y cayeron once personas asesinadas, se debió a que las víctimas no permitieron ingresar a un grupo de personas a una tradicional posada, informaron autoridades.

“La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios ha recabado más de 35 entrevistas con las que se ha logrado tener elementos objetivos para establecer una hipótesis de lo sucedido”, informó la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en el centro de México, mediante un comunicado.

En su información se aclara que fueron 11, no 12, las víctimas mortales que dejó el ataque armado registrado en la Exhacienda de San José del Carmen, en Salvatierra, municipio ubicado en el sur del estado de Guanajuato.

“En un inicio se informó que eran 12 las personas sin vida, esto a razón de que al hospital ingresó un lesionado a la misma hora que lo hicieron los lesionados del evento en mención, posteriormente se pudo establecer que este doceavo no estaba relacionado con los hechos citados”, explicó la fiscalía en el boletín.

Refirió que, con base en la información recabada a partir de las entrevistas, se ha podido establecer una hipótesis sobre lo ocurrido.

El domingo por la madrugada, un grupo de personas llegó a la exhacienda donde jóvenes convivían, los cuales, al notar su presencia, les pidieron que se retiraran.

Ante ello, se retiraron, pero luego regresaron acompañados por otro grupo de personas con armas de fuego, el cual comenzó a disparar contra los presentes. El saldo de la masacre fue de 11 personas muertas y 14 lesionadas.

También fueron incendiados diversos vehículos que se encontraban estacionados en el lugar.

En el lugar de los hechos, ministeriales mexicanos recabaron diversos indicios, entre los que destacan 195 casquillos de armas, detalló la Fiscalía General de Guanajuato.

«El grupo multidisciplinario que se asignó al caso permanecerá en la zona hasta el total esclarecimiento de estos hechos y llevar a los autores del atroz crimen ante la justicia”, sostuvo.

El estado de Guanajuato, el sexto más poblado de México, recientemente se ha visto cimbrado por actos violentos que han llamado la atención nacional e internacional.

Apenas el pasado 4 de diciembre, los cuerpos de cinco estudiantes fueron localizados en una terracería, dentro del municipio de Celaya.

Posteriormente, la noche del 16 de diciembre, 4 personas fueron asesinadas en una barbería ubicada en la ciudad de Salamanca.Desde el 2018, es la entidad mexicana con más homicidios y este año, entre enero y noviembre, se acumula 2.875 víctimas de homicidio doloso.

La entrada Fiscalía mexicana revela primeros indicios sobre la masacre en Salvatierra, en Guanajuato se publicó primero en Periodistas Unidos.

Foto: Francisca Meza / EFE

La búsqueda de indicios de los 43 estudiantes de Ayotzinapa llevó este martes a las autoridades mexicanas a un vertedero de basura cercano a Iguala, la ciudad donde fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014.

En la víspera del quinto aniversario de su desaparición, el basurero de Tepecoacuilco, municipio del estado mexicano de Guerrero, fue puesto bajo resguardo del Ejército Mexicano, en apoyo de los peritos que ingresaron para buscar pistas de los estudiantes.

Es la primera vez que las autoridades buscan indicios en este vertedero, que prácticamente permanecía desapercibido entre matorrales, casi a orillas del camino y muy cercano a la presa Valerio Trujano.

Aunque la búsqueda de pistas del caso Ayotzinapa, es algo habitual desde la creación en diciembre pasado de la Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, según confirmaron a Efe.

Este basurero a cielo abierto se localiza a orillas de la carretera que conecta a este municipio con las ciudades de Chilpancingo e Iguala y está vigilado por unas 20 unidades militares.

El operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia pasa prácticamente desapercibido en una vía distinguida por los restaurantes ubicados a orillas de la presa a fin de reactivar la economía de la zona.

El tiradero a cielo abierto solo es delimitado por alambre de púas y el portón es viejo, de fierro y malla, de fácil acceso, sin embargo los militares impiden el acceso a personas ajenas a las diligencias.

Al interior se observan camiones militares de carga conocidos como siete metros que son llenados en un punto del basurero con maquinaria pesada y posteriormente vaciados en otro punto dentro del mismo predio.

Los viajes de carga son continuos, a toda la capacidad de los carros pesados, pues para poder encontrar indicios relacionados con el casos se tendría que remover lo acumulado en el lugar durante cinco años.

También se observa que algunos espacios están cubiertos por toldos para las personas que supervisan, que cuentan solamente con cubrebocas pero no con la típica ropa blanca utilizada en las investigaciones.

De acuerdo con personas de la zona por la mañana el operativo de vigilancia al exterior es mayor que durante la tarde, cuando solo trabaja la máquina pesada.

En julio se llevó a cabo una diligencia con maquinaria pesada al interior de un domicilio de Iguala, que estuvo a cargo del subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal Alejandro Encinas Rodríguez, sin resultados positivos.

Ambas excavaciones recientes son derivadas de la investigación que lleva a cabo la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y que es diferente a lo que se había investigado en la llamada verdad histórica del gobierno federal anterior.

De acuerdo con la versión oficial del Gobierno de Peña Nieto, los estudiantes fueron interceptados por policías corruptos que los entregaron al crimen organizado, que los mató e incineró en el basurero del municipio de Cocula.

Pero una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso señaló con pruebas científicas que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

En los últimos días, un juez federal ha ordenado poner en libertad a 24 de los expolicías municipales presuntamente implicados en el caso.

Día antes, había sido absuelto Gildardo López Astudillo, uno de los principales acusados en la tragedia y presunto miembro de Guerreros Unidos, por falta de pruebas.

La búsqueda de indicios de los 43 estudiantes de Ayotzinapa llevó este martes a las autoridades mexicanas a un vertedero de basura cercano a Iguala, la ciudad donde fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014.

En la víspera del quinto aniversario de su desaparición, el basurero de Tepecoacuilco, municipio del estado mexicano de Guerrero, fue puesto bajo resguardo del Ejército Mexicano, en apoyo de los peritos que ingresaron para buscar pistas de los estudiantes.

Es la primera vez que las autoridades buscan indicios en este vertedero, que prácticamente permanecía desapercibido entre matorrales, casi a orillas del camino y muy cercano a la presa Valerio Trujano.

Aunque la búsqueda de pistas del caso Ayotzinapa, es algo habitual desde la creación en diciembre pasado de la Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, según confirmaron a Efe.

Este basurero a cielo abierto se localiza a orillas de la carretera que conecta a este municipio con las ciudades de Chilpancingo e Iguala y está vigilado por unas 20 unidades militares.

El operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia pasa prácticamente desapercibido en una vía distinguida por los restaurantes ubicados a orillas de la presa a fin de reactivar la economía de la zona.

El tiradero a cielo abierto solo es delimitado por alambre de púas y el portón es viejo, de fierro y malla, de fácil acceso, sin embargo los militares impiden el acceso a personas ajenas a las diligencias.

Al interior se observan camiones militares de carga conocidos como siete metros que son llenados en un punto del basurero con maquinaria pesada y posteriormente vaciados en otro punto dentro del mismo predio.

Los viajes de carga son continuos, a toda la capacidad de los carros pesados, pues para poder encontrar indicios relacionados con el casos se tendría que remover lo acumulado en el lugar durante cinco años.

También se observa que algunos espacios están cubiertos por toldos para las personas que supervisan, que cuentan solamente con cubrebocas pero no con la típica ropa blanca utilizada en las investigaciones.

De acuerdo con personas de la zona por la mañana el operativo de vigilancia al exterior es mayor que durante la tarde, cuando solo trabaja la máquina pesada.

En julio se llevó a cabo una diligencia con maquinaria pesada al interior de un domicilio de Iguala, que estuvo a cargo del subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal Alejandro Encinas Rodríguez, sin resultados positivos.

Ambas excavaciones recientes son derivadas de la investigación que lleva a cabo la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y que es diferente a lo que se había investigado en la llamada verdad histórica del gobierno federal anterior.

De acuerdo con la versión oficial del Gobierno de Peña Nieto, los estudiantes fueron interceptados por policías corruptos que los entregaron al crimen organizado, que los mató e incineró en el basurero del municipio de Cocula.

Pero una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso señaló con pruebas científicas que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

En los últimos días, un juez federal ha ordenado poner en libertad a 24 de los expolicías municipales presuntamente implicados en el caso.

Día antes, había sido absuelto Gildardo López Astudillo, uno de los principales acusados en la tragedia y presunto miembro de Guerreros Unidos, por falta de pruebas.

EFE. Ciudad de México. 25 de septiembre de 2019.- La búsqueda de indicios de los 43 estudiantes de Ayotzinapa llevó este martes a las autoridades mexicanas a un vertedero de basura cercano a Iguala, la ciudad donde fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014.

En la víspera del quinto aniversario de su desaparición, el basurero de Tepecoacuilco, municipio del estado mexicano de Guerrero, fue puesto bajo resguardo del Ejército Mexicano, en apoyo de los peritos que ingresaron para buscar pistas de los estudiantes.

Es la primera vez que las autoridades buscan indicios en este vertedero, que prácticamente permanecía desapercibido entre matorrales, casi a orillas del camino y muy cercano a la presa Valerio Trujano.

Aunque la búsqueda de pistas del caso Ayotzinapa, es algo habitual desde la creación en diciembre pasado de la Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, según confirmaron a Efe.

Este basurero a cielo abierto se localiza a orillas de la carretera que conecta a este municipio con las ciudades de Chilpancingo e Iguala y está vigilado por unas 20 unidades militares.

El operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia pasa prácticamente desapercibido en una vía distinguida por los restaurantes ubicados a orillas de la presa a fin de reactivar la economía de la zona.

El tiradero a cielo abierto solo es delimitado por alambre de púas y el portón es viejo, de fierro y malla, de fácil acceso, sin embargo los militares impiden el acceso a personas ajenas a las diligencias.

Al interior se observan camiones militares de carga conocidos como siete metros que son llenados en un punto del basurero con maquinaria pesada y posteriormente vaciados en otro punto dentro del mismo predio.

Los viajes de carga son continuos, a toda la capacidad de los carros pesados, pues para poder encontrar indicios relacionados con el casos se tendría que remover lo acumulado en el lugar durante cinco años.

También se observa que algunos espacios están cubiertos por toldos para las personas que supervisan, que cuentan solamente con cubrebocas pero no con la típica ropa blanca utilizada en las investigaciones.

De acuerdo con personas de la zona por la mañana el operativo de vigilancia al exterior es mayor que durante la tarde, cuando solo trabaja la máquina pesada.

En julio se llevó a cabo una diligencia con maquinaria pesada al interior de un domicilio de Iguala, que estuvo a cargo del subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal Alejandro Encinas Rodríguez, sin resultados positivos.

Ambas excavaciones recientes son derivadas de la investigación que lleva a cabo la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y que es diferente a lo que se había investigado en la llamada verdad histórica del gobierno federal anterior.

De acuerdo con la versión oficial del Gobierno de Peña Nieto, los estudiantes fueron interceptados por policías corruptos que los entregaron al crimen organizado, que los mató e incineró en el basurero del municipio de Cocula.

Pero una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso señaló con pruebas científicas que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

En los últimos días, un juez federal ha ordenado poner en libertad a 24 de los expolicías municipales presuntamente implicados en el caso.

Día antes, había sido absuelto Gildardo López Astudillo, uno de los principales acusados en la tragedia y presunto miembro de Guerreros Unidos, por falta de pruebas.

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