Periodistas Unidos. Veracruz, México. 23 de noviembre de 2025.- En un atentado que ha sacudido a la sierra centro de Veracruz, el líder indígena y exalcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, fue ejecutado a balazos esta mañana en la comunidad de Piedras Blancas, a escasos 50 metros de un cuartel de la Guardia Nacional. El crimen, perpetrado por hombres armados a bordo de dos camionetas, ocurrió alrededor de las 07:00 horas locales, apenas horas antes de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al puerto de Veracruz para conmemorar los 200 años de la independencia de la mar en México.

Mezhua, de 45 años y reconocido por su trayectoria como político de izquierda, empresario y ganadero, era una figura clave en la región montañosa de Zongolica, donde el náhuatl es la lengua predominante y las comunidades indígenas enfrentan desafíos crónicos de marginación. Ingeniero en Control de Calidad egresado de la Universidad Veracruzana, Mezhua impulsó durante su gestión como alcalde (2018-2021) por el extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) iniciativas altruistas en favor de pueblos originarios y rurales. También fungió como diputado local y federal, y recientemente dirigía el Movimiento Independiente de Zongolica (MIZ), con el que buscaba registrar un nuevo partido estatal: la Cruzada Ciudadana Alterna. En sus redes sociales, días antes del ataque, había expresado entusiasmo por este proyecto, invitando a la ciudadanía a unirse a asambleas para fomentar el desarrollo de Veracruz.

De acuerdo con informes preliminares de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV), Mezhua fue citado a la entrada de una calera de su propiedad bajo el pretexto de un negocio relacionado con una trituradora de piedras. Al llegar solo al sitio, fue emboscado y acribillado por los agresores, quienes huyeron sin dejar rastro inmediato. La FGEV abrió de inmediato una carpeta de investigación, a cargo de la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos, con el fin de esclarecer el móvil del homicidio, que podría vincularse a disputas políticas o actividades empresariales en una zona plagada de inseguridad.

El equipo de trabajo de Mezhua confirmó el deceso en sus redes sociales, donde publicaron un mensaje cargado de indignación: «Con profunda tristeza informamos que han asesinado a nuestro líder Juan Carlos Mezhua. Exigimos justicia y repudiamos las estrategias de seguridad del gobierno estatal y federal, que han fallado en proteger a quienes luchan por el pueblo». Sus allegados lo describieron como un hombre «íntegro y de mucho oficio político», con un arraigo profundo en la comunidad indígena, donde promovía el empoderamiento local y el diálogo intercultural.

Este asesinato se inscribe en un patrón alarmante de violencia política en Veracruz, un estado que acumula decenas de ataques contra figuras públicas en los últimos años. Solo el pasado 18 de noviembre, Pedro González Rodríguez, conocido como «El Pillica» y excandidato a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, fue ejecutado en su domicilio en Villa Comoapan, un crimen que vecinos atribuyeron a la creciente influencia de grupos delictivos en la región. Más atrás en el tiempo, en diciembre de 2024, el diputado federal indígena Benito Aguas Atlahua (PVEM) fue asesinado en Tepenacaxtla, también en Zongolica, durante una visita de campaña, lo que llevó a solicitudes urgentes de protección al INE. Y en 2020, Domingo Panzo, otro líder indígena de la misma sierra, cayó víctima de un ataque similar, elevando la cuenta de políticos ultimados en el gobierno estatal a al menos cinco en esa administración.

La ola de violencia ha generado condenas transversales. El PAN exigió una investigación «profunda y expedita» a la FGEV y al gobernador Rocío Nahle, argumentando que estos crímenes empañan el proceso político y amenazan la democracia local. Organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos, como el Observatorio en Línea, han alertado sobre el riesgo para líderes comunitarios en zonas serranas, donde la presencia del crimen organizado se entremezcla con disputas por recursos naturales y control territorial.

Hasta el cierre de esta edición, no se reportan detenciones, y la visita de Sheinbaum prosiguió sin menciones directas al suceso en su agenda oficial. Sin embargo, el homicidio de Mezhua no solo priva a Zongolica de un defensor incansable, sino que reaviva el debate nacional sobre la vulnerabilidad de la clase política en México, donde la inseguridad se ha cobrado más de 40 vidas de candidatos y funcionarios en el último lustro. La FGEV prometió avances pronto, pero la sierra veracruzana espera respuestas que trasciendan las palabras.

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Periodistas Unidos. Quito, Ecuador. 28 de septiembre de 2025.- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y sectores sociales cumplen 10 días de paro nacional contra el alza del diésel, el aumento del costo de vida, la crisis en salud y educación, el extractivismo y la represión a líderes indígenas y defensores de derechos humanos. El gobierno de Daniel Noboa ha respondido con militarización, censura y violencia, dejando un saldo de una persona asesinada, 47 heridos y cerca de 100 detenciones arbitrarias, según reportes de la CONAIE y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).

El 28 de septiembre, Efraín Fueres, comunero kichwa de 46 años de Inguintza-Cuicocha (Imbabura), murió tras recibir tres disparos de militares durante un bloqueo en la Panamericana Norte, en lo que la CONAIE califica como “ejecución extrajudicial”. Un video muestra a un civil intentando socorrerlo mientras es agredido por militares. Otro comunero permanece en estado crítico por heridas de bala. El Ministerio de Defensa reporta 12 militares heridos y 17 retenidos temporalmente, pero no ha confirmado la muerte ni iniciado investigaciones.

La CONAIE denuncia la criminalización de la protesta: 12 jóvenes kichwas de Otavalo fueron acusados de terrorismo y trasladados a cárceles de alta seguridad en Esmeraldas y Portoviejo, uno de ellos con epilepsia y sin acceso a medicación. Además, personas venezolanas han sido detenidas como “falsos positivos”, vinculadas sin pruebas al Tren de Aragua. “No son terroristas, son trabajadoras, estudiantes, artesanas y campesinas”, afirma la CONAIE. Medios indígenas han sido silenciados y cuentas bancarias de dirigentes congeladas, lo que se señala como persecución política.

El gobierno impulsa dos nuevas rondas petroleras (Suroriente y Subandina) y un referéndum que amenaza derechos colectivos y el Estado plurinacional, según las organizaciones. La CONAIE exige derogar el alza del diésel, reducir el IVA al 12%, frenar el extractivismo y priorizar salud y educación.

El 27 de septiembre, Gina Romero, Relatora Especial de la ONU, expresó “profunda preocupación” por el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias, urgiendo al gobierno a cumplir estándares internacionales de derechos humanos. El Foro Permanente de la ONU sobre Cuestiones Indígenas respaldó estas demandas.

La CONAIE llama al cese de la represión, la liberación de detenidos, el respeto a derechos colectivos y un diálogo real. Pide a la comunidad internacional vigilar para evitar más víctimas, advirtiendo: “Si nadie enfrenta a un gobierno autoritario, no hay democracia”. El paro, con bloqueos en Imbabura, Pichincha y Cotopaxi, ha generado pérdidas económicas de más de 40 millones de dólares, según sectores turísticos y comerciales.

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Periodistas Unidos. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 22 de agosto de 2025. El pasado 16 de febrero, 20 indígenas de la etnia lacandona fueron detenidos en un operativo en la comunidad de Lacanjachanzayá, municipio de Ocosingo, Chiapas, y trasladados al Centro de Reinserción Social (CERESO) número 17 “El Bambú”, en Playas de Catazajá, Palenque, mientras que dos de ellos fueron enviados al penal de Molollá de Juárez. La detención, calificada como arbitraria por su representante legal, José Domingo Rodríguez Mechún, ha desatado una serie de protestas, incluyendo una huelga de hambre encabezada por mujeres y niños de la comunidad, quienes exigen la liberación de sus familiares.

El operativo, según el informe de la Fiscalía General del Estado, buscaba desarticular una presunta célula del crimen organizado liderada por un individuo apodado “El Cabra”, acusado de utilizar terrenos de la zona arqueológica de Bonampak como pistas de aterrizaje para el tráfico de drogas y vehículos de transporte de pasajeros para el traslado de migrantes rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, Rodríguez Mechún, quien lleva más de 25 años defendiendo a los lacandones, cuestiona la veracidad de los documentos oficiales y denuncia irregularidades en el proceso.

Entre las inconsistencias señaladas por el abogado están la falta de identificación de un testigo clave, la discrepancia en la geolocalización de los hechos y la ausencia de pruebas como el análisis de rodizonato de sodio para detectar residuos de pólvora. Además, asegura que existen videos que desmienten la versión oficial y que los elementos de seguridad, conocidos como “pacales”, habrían solicitado 50 mil pesos a los detenidos a cambio de su libertad, grabaciones que no han sido entregadas por las autoridades.

Huelga de hambre y clamor por justicia

Alrededor de 20 mujeres y niños de la comunidad Lacanjachanzayá iniciaron una huelga de hambre para exigir la liberación de los detenidos, entre los que se encuentran esposos, padres, hermanos y sobrinos. Natalia Chankayon Chanakin, una de las afectadas, relató que tiene a cuatro familiares recluidos: su padre, Juan Chankayon Yuk; su hermano, Chanbor Chankayon Yuk; su sobrino, Og Chanbor Chankayon Kimbor; y su esposo, Héctor Chanbor. “Nos quedamos solas, sin dinero, sin sustento. Mi hijo de 14 años dejó la escuela y sufre de asma, no tenemos ni para sus medicamentos ni para comida”, expresó.

Por su parte, Jorge Luis Gómez Villar, otro representante de los lacandones, se encuentra en una huelga de hambre frente al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, donde lleva días exigiendo una solución. A sus casi 70 años y con un diagnóstico de cáncer, Gómez Villar asegura que no se moverá hasta que se firme una minuta de acuerdo que garantice la liberación de los 20 indígenas. “Me han traído de un lado a otro, pero no hay solución. Esto es una cuestión de humanidad. Las pruebas demuestran que la detención fue ilegal, con armas sembradas y contradicciones en las declaraciones de los pacales”, afirmó.

El abogado Rodríguez Mechún también denunció que cinco de los detenidos son policías turísticos que trabajaban en la entrada a Bonampak, un sitio arqueológico clave para el turismo en la región. “Es ilógico que se les acuse de espantar a los turistas, cuando su labor era protegerlos”, señaló. Además, destacó que una denuncia por corrupción, registrada el 5 de julio con el número 0494-101-1303-2025 ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción, no ha recibido respuesta.

Un llamado a las autoridades

Las familias lacandonas, acompañadas por sus representantes legales, piden la intervención del gobernador de Chiapas y de las autoridades federales para revisar el caso y garantizar la liberación de los detenidos. “Si el gobierno habla de humanismo, que lo demuestre. Hay grabaciones que acreditan la inocencia de los lacandones, pero nadie hace nada”, insistió Gómez Villar.

También se ha entregado una carta a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para pedir que tome medidas para la liberación de los implicados.

Mientras tanto, las mujeres y niños de Lacanjachanzayá, junto con sus defensores, continúan en resistencia, esperando que su clamor sea escuchado y que se haga justicia para los 20 lacandones que, tras casi seis meses, permanecen privados de su libertad.

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EFE. Ciudad de México. 20 de agosto de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tardaría unos 50 años en cumplir su promesa de deportar a 15 millones de migrantes, al ritmo actual de deportaciones, según señaló este miércoles Luciana Gandini, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante el foro ‘Migración: desplazamiento forzado, diásporas y apoyo universitario’, organizado por la UNAM, Gandini consideró que las medidas antiinmigrantes de Trump y su discurso político están «calando» en otras partes de la región y del mundo.

No obstante, la investigadora y socióloga destacó que las deportaciones de EE.UU. no han aumentado en comparación con años anteriores.

«No se han cumplido las promesas de Trump de expulsar entre 15 y 20 millones en su mandato. Hasta ahora lo ha hecho con unas 150.000. Tardaría 50 años para deportar a 15 millones», expuso Gandini, coordinadora del Seminario Universitario de Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación de la UNAM.

Además, la socióloga señaló que, entre 2010 y 2024, América Latina y el Caribe fue la región con más migrantes internacionales, que pasaron en ese periodo de ocho millones a casi 18 millones.

Gandini apuntó que el 85 % de esa movilidad ocurre dentro de América Latina y el Caribe, lo cual es un fenómeno «novedoso» que muestra una mayor complejidad del sistema migratorio México-Estados Unidos, ahora interceptado por nuevas nacionalidades.

En ese sentido, destacó que existen varios casos de autodeportaciones por miedo, amenazas y frustración, a pesar de que es costoso regresar al país de origen.

Migración al alza

Por su parte, la investigadora Martha Judith Sánchez resaltó que existe una tendencia creciente de la movilidad en el mundo, donde hay 304 millones de migrantes, quienes representan el 3,6 % de la población global.

Sánchez indicó que el número de solicitudes de asilo también ha aumentado tras pasar de 4,1 millones en 2020 a 5,4 millones en 2022, una subida del 30 %, al igual que la cantidad de refugiados, que se elevó de 14 millones en 2000 a 35,2 millones en 2014.

Sumado a ello, «durante los largos desplazamientos en rutas migratorias fallecieron 8.938 personas hasta 2024», expuso la socióloga y antropóloga.

El investigador Mario Luis Fuentes Alcalá agregó que en 40 % de los episodios de desplazamientos forzados en América Latina hay población indígena.

Asimismo, indicó que en México hubo aproximadamente 390.000 personas víctimas de traslado forzado interno al final de 2024, por lo que urgió a no estigmatizar los lugares como destructivos, pues están surgiendo nuevos tipos de colonias, familias y relaciones sociales.

“El territorio es una construcción social, cultural y política, además de una experiencia subjetiva. Genera muchas tensiones, son espacios ocupados por otros y al llegar una población nueva choca con los demás, compite por los mismos espacios”, explicó Fuentes, coordinador del proyecto ‘La UNAM en las fronteras’.

A través de la plataforma digital ‘UNAM, Acción Migrante’, la universidad ofrece acciones de contención, orientación y asistencia a personas migrantes mexicanas y de otras nacionalidades.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México.  29 de julio de 2025.- En México niñas indígenas están siendo obligadas a parir, criar y sobrevivir una maternidad impuesta en silencio. Esta negligencia y la omisión ante el fenómeno de “ver una niña criando a otra niña” es violencia institucional, aseguró la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas.

En fechas recientes, la Secretaría de Salud reveló que en el 2024 se registraron al menos 30 nacimientos de niñas indígenas entre 10 y 12 años, “lo que deja en evidencia la omisión sistemática del Estado mexicano, desmotivando y retrasando la activación de mecanismos de denuncia, dilación de la justicia y la negación del derecho a la educación integral en sexualidad en las escuelas de todos los niveles, violando con ella el cumplimiento de su deber como garante de derechos, más cuando se trata del interés superior de la niñez«, afirmaron.

Declararon que México no puede permitir que niñas de apenas 10 años estén siendo obligadas a parir mientras los violadores, hombres adultos de hasta 65 años, permanecen en libertad. “Es necesario nombrarlos así, porque detrás de cada número de partos en niñas hay una historia de violencia sexual infantil, impunidad institucional y abandono del Estado”.

Hacen el llamado urgente a la acción, de fortalecer el Código Civil Federal y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, además de la construcción de normas y reglas, con mecanismos y medidas eficientes para garantizar la No repetición. La ANPMI considera urgente la creación de un Programa Nacional con pertinencia cultural e interseccional donde la participación de las juventudes y mujeres indígenas es clave. Agregaron que es urgente destinar presupuesto específico, y que se garantice la atención física, emocional y legal a las niñas víctimas, puesto que las niñas merecen vivir en plenitud en un entorno libre de violencia.

Cabe recordar que 2025 fue declarado “Año de la Mujer Indígena” por el nuevo gobierno, por ello la ANPMI se pregunta ¿qué sentido tiene una conmemoración simbólica si las niñas y adolescentes indígenas están siendo obligadas a parir en condiciones de abandono?, sin acceso a justicia, sin acciones de reparación y no repetición.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 31 de marzo de 2025.- La llegada de una mujer a la Presidencia de la República y la integración paritaria de las cámaras legislativas del país, son avances numéricos en la agenda de género, pero sigue sin materializarse el compromiso con las luchas de las mujeres y con su agenda contra la violencia. El sistema patriarcal prevalece en México, denunció la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI).

Cristina Solano Díaz, representante de la ANPMI participó en el Foro Global de jóvenes parlamentarios como parte de las líderes de la sociedad civil del Foro Generación Igualdad, donde denunció que en México es necesaria una  “Autonomía real de las mujeres para tomar decisiones y romper el pacto patriarcal”, dados los últimos acontecimientos en la Cámara de diputados en el marco del 25 de marzo “Día Naranja”.

Además afirmó que es necesario promover acciones específicas contra la discriminación y el racismo institucional en todos los espacios de participación social, democrática y política, al tiempo que llamó a detener la criminalización de las personas jóvenes indígenas defensoras de los derechos humanos.

Las exigencias de la ANPMI en esta conferencia global fueron:

• Reconocimiento y respeto de las identidades de las juventudes Indígenas.
• Promoción de la participación de las juventudes indígenas sin discriminación y sin racismo institucional.
• Creación de una política pública de formación dirigida a servidores/as públicos sobre las implicaciones de ser un estado pluricultural y generar mecanismos de atención diferenciados hacia población indígena: Mujeres, juventudes, personas adultas mayores, entre otros.
• Implementar mecanismos de formación sobre los derechos colectivos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y afrodescendientes en las distintas regiones del mundo.
• Promover la participación de las mujeres jóvenes en todas sus diversidades con enfoque intercultural, interseccional y de género.
• Seguir impulsando acciones afirmativas y adecuación de leyes por la participación y representación de las juventudes Indígenas en todos los espacios de decisiones: en la vida pública y política.
• Impulsar el diálogo y relevo generacional.
• Bajo el principio de máxima publicidad difundir la Recomendación General 39 sobre Mujeres y Niñas Indígenas de la CEDAW, y la Recomendación 40 sobre representación igualitaria e inclusiva de las mujeres, con pertinencia cultural y lingüística.

En 2025, el mundo conmemora el trigésimo aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (Beijing +30), que incluye  la revisión de su implementación en la CSW por los Estados Parte.

En el mismo sentido la Iniciativa WYDE | Liderazgo de las Mujeres, con el apoyo de ONU Mujeres, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), la Unión Interparlamentaria (UIP) y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) convocaron a un foro internacional con juventudes parlamentarios del mundo para hablar de los pendientes en la promoción de derechos, el empoderamiento y la participación política de las juventudes.

La destacada participación de la ANPMI fue para enfatizar la necesaria visibilidad de las condiciones específicas de las mujeres jóvenes indígenas, ya que el estado mexicano sigue en deuda con este sector.

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EFE. Oaxaca, México. 14 de enero de 2025.-  Comunidades indígenas mexicanas tomaron la iniciativa para auxiliar y alimentar a migrantes que quedan varados lejos de la frontera en el sur de México, donde la incertidumbre se agrava a días de que Donald Trump asuma la presidencia en Estados Unidos, el próximo lunes.

En Oaxaca, una de las principales ciudades del sur del país, activistas crearon un comedor comunitario para dar alimento gratuito a los migrantes, en su mayoría de América Central y del Sur, que llegan para descansar, reunir dinero y reanudar su camino hacia Ciudad de México y, después, a Estados Unidos.

Su lema es ‘Nkaáymyujkeme’, una voz escrita en lengua mixe de la Sierra Norte de Oaxaca que significa ‘Comamos todos’, y que surgió durante los primeros días de 2025, principalmente para las infancias migrantes, al estimar que viene un «año difícil» en Estados Unidos ante las políticas restrictivas para la movilidad.

Oaxaca es origen de migrantes y para ayudar solo motiva la empatía de padecer en carne propia el hambre cuando se abandona la tierra en busca de una mejor vida, expresa a EFE su fundador, Filadelfo Aldaz Desiderio.

”Creo es justo a partir del hambre, o sea a partir del hambre que pasamos en nuestras comunidades, a partir del hambre que pasamos en las ciudades porque al final también somos personas que migramos de nuestras comunidades y, a partir de esa hambre precisamente hacemos esta labor», expone el activista.

Solidaridad de México con migrantes

En el país preocupan las deportaciones masivas prometidas por Trump porque cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos son mexicanos y casi el 4 % del producto interior bruto (PIB) de México lo representan sus remesas, que en 2024 recibió un récord estimado de 65.000 millones de dólares.

Además, el Gobierno de México detectó un récord de más de 925.000 migrantes irregulares de enero a agosto pasado, una subida interanual de casi el 132 %.

En este panorama, surgen iniciativas como ‘Comamos todos’, que se sostiene con donativos ciudadanos, pues no hay ninguna agrupación política ni religiosa que patrocine la donación de alimentos y bebidas calientes en terminales de autobuses para migrantes en la ciudad de Oaxaca.

Desiderio, indígena de la cultura mixe, expone que se trata de ayudar, pero también protestar.

«Es que en realidad la migración no va a parar, o sea, todas las personas nos movemos en todo el mundo. Sin embargo, Estados Unidos va a paralizar un poco a estas personas, a perseguirlos, a torturarlos, a asesinarlos, incluso. Es toda una política externa de Estados Unidos», opina.

El menú de la primera visita del año que la comedora entrega en la terminal de autobuses fue un plato de lentejas, arroz, frijoles y tortillas de maíz, acompañados con un vaso de café caliente para aminorar el frío de invierno que en la ciudad de Oaxaca desciende hasta los 6 grados.

El tiempo apremia para migrar

Juana Antonia Osorio, hondureña de 28 años que se aproximó al grupo, está en el séptimo mes de embarazo y tiene prisa por llegar a Estados Unidos, donde Trump asume la presidencia el 20 de enero.

“Yo quiero llegar a los Estados antes de que nazca para que sea americano (estadounidense) y allá lo voy a poner a estudiar», cuenta a EFE.

Al llegar a Oaxaca, Osorio se quedó sin dinero, por lo que el tiempo apremia.

«Quiero llegar rápido, pero las cosas se han complicado, ahorita no tengo pesos para continuar el viaje”, describe la mujer, quien será madre soltera porque grupos armados asesinaron a su esposo en Honduras.

La viajera recibe ahora el apoyo de la comedora comunitaria, que ha emprendido una campaña para solicitar recursos económicos y comida para ayudar a migrantes que intentan llegar a la frontera ya pedir asilo en Estados Unidos.

Para algunos migrantes, la comida obsequiada es lo único que comerán en su estancia en Oaxaca.

«Hasta el momento no habíamos comido, llevamos todo el día caminando, en espera”, dice Cristian Martínez, venezolano que busca llegar a Ciudad de México para trabajar, ahorrar y después ir a Estados Unidos.

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EFE. San Cristóbal de las Casas, México. 31 de diciembre de 2024.-  Cientos de habitantes de comunidades indígenas del estado de Chiapas, en el sureste de México, se manifestaron este lunes para demandar al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum garantizar la seguridad de los pueblos indígenas de la región, que atraviesa una ola creciente de violencia del crimen organizado.

Unas 1.500 personas de las etnias tseltal y tojolabal de la comunidad maya salieron a marchar por las calles del municipio de Altamirano, ante el temor de los constantes asesinatos, secuestros y despojos en la zona de la frontera sur mexicana.

Manuel López, indígena maya tzeltal, urgió a todos los niveles del Gobierno a trabajar en coordinación para no permitir que los «desestabilizadores» de la paz reactiven sus armas.

«Pedimos a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y a nuestro Gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, que garanticen la seguridad de los pueblos indígenas, más que nada en nuestro municipio, que es lo que queremos», expuso López.

Domingo Méndez, poblador de la etnia tzeltal, manifestó que el objetivo de la protesta es mostrar unidad frente a las constantes amenazas que atraviesan.

«Necesitamos que nos unifiquemos más porque la unificación es la tranquilidad, ya no queremos(…) violencia”, manifestó Méndez.

Altamirano es uno de los municipios más poblados que participaron en 1994 en el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), hace 31 años.

Según pobladores, la localidad estaba controlada por un caciquismo que mantenía a la comunidad indígena sometida y en el olvido.

Epifanio Vázquez, de la etnia tzeltal, llamó al Gobierno a no olvidarse de los pueblos indígenas y extender servicios básicos, como la iluminación, a todas las comunidades para mejorar la seguridad.

«Le pedimos con todo el corazón en la mano al Gobierno que se ilumine más allá en las comunidades, que se vea el reflejo y así la gente va a estar agradecida», expresó Vázquez.

Los manifestantes portaban banderas blancas que ondeaban en señal de paz por las vías de la localidad, y algunos sostenían pancartas con frases como: ‘Altamirano vive en paz’.

La protesta pacífica culminó en la plaza pública del municipio, con un mitin donde los pobladores llamaron a unirse y reconstruir el tejido social del municipio maya tzeltal-tojolabal.

El alcalde de Altamirano, Gaspar Zantis, quien participó como invitado en la marcha, hizo un llamado a la presidenta Sheinbaum y al gobernador Ramírez a voltear a ver el municipio y trabajar de la mano, lo que calificó como «primordial para poder reactivar» su economía.

Esta manifestación ocurre en un ambiente de violencia generalizada en la frontera sur de México, donde existe una guerra entre carteles que ha afectado a miles de indígenas con el desplazamiento forzado, pérdida de derechos comunitarios, secuestros, muerte y reclutamiento de adultos y niños.

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AMEXI. Ciudad de México. 10 de diciembre de 2024.- En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó dos decretos destinados a garantizar los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.

Estos decretos representan un avance significativo en la lucha por la igualdad y el reconocimiento pleno de estos grupos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Detalles de los decretos

El primer decreto instruye la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la traducción de la Reforma Constitucional que otorga derechos plenos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Esta reforma ha sido traducida a 57 lenguas indígenas, asegurando que los derechos sean accesibles en los idiomas nativos de estas comunidades.

El segundo decreto establece la creación de la Comisión Presidencial para el Seguimiento y la Atención de los Planes de Justicia de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Esta comisión se encargará de supervisar y garantizar la implementación de los planes de justicia y desarrollo regional para estas comunidades.

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Impacto y reacciones

La firma de estos decretos fue recibida con entusiasmo por líderes y representantes de las comunidades indígenas y afromexicanas.

Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), destacó la importancia de estas medidas para el reconocimiento y la protección de los derechos de estos grupos.

Estas medidas incluyen, además, la realización de traducciones de audios que se transmitirán a través de radios en México, ampliando aún más el alcance de la información.

Hito en la historia de México

Estos decretos firmados por Claudia Sheinbaum marcan un hito en la historia de México, reafirmando el compromiso del gobierno con la equidad y la justicia para todos los ciudadanos, independientemente de su origen étnico.

La creación de la Comisión Presidencial y la traducción de la reforma constitucional son pasos cruciales para garantizar que los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas sean plenamente reconocidos y respetados.

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EFE. Ginebra, Suiza. 08 de noviembre de 2024.- La relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, expresó este viernes su preocupación por la detención arbitraria de defensores de los indígenas en México y la larga privación de libertad contra al menos nueve de ellos, por lo que pidió la revocación de las penas y su libertad inmediata.

«No solo han sido criminalizados por sus actividades pacíficas y legítimas, sino que además son sometidos a penas de prisión muy largas o a detención preventiva prolongada, con la aparente intención de impedirles llevar a cabo su labor en favor de los derechos humanos», manifestó Lawlor en un comunicado.

Lawlor mencionó las condenas de entre 20 y 58 años impuestas a Kenia Hernández, Tomás Martínez, Saúl Rosales, Versaín Velasco, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez, Juan Velasco y Agustín Pérez Domínguez.

«Fueron acusados injustamente de delitos como asesinato, en algunos casos incluso cuando no se encontraban en el lugar o zona donde se cometió el delito», aseguró la relatora.

Las condenas de larga duración «representan una tendencia muy preocupante de uso indebido del derecho penal contra los defensores indígenas, muchos de ellos líderes de sus comunidades, con el aparente fin de limitar su capacidad de proteger a sus comunidades y defender los derechos humanos en general», afirmó.

La experta de Naciones Unidas también citó el caso del líder zapoteca Pablo López, quien lleva 14 años detenido sin sentencia, y recordó que en 2017 el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que su privación de libertad no es acorde al derecho internacional.

Un décimo activista, David Hernández Salazar, fue condenado a 46 años y seis meses de prisión, aunque su sentencia fue revocada, algo que celebró la relatora, si bien subrayó que ello probaba que las acusaciones contra él habían sido fabricadas, «como parece ser también el caso de los otros nueve defensores».

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