AMEXI. Ciudad de México. 23 de julio de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) está garantizada, luego del incidente registrado el lunes 21 de julio, cuando dos aeronaves comerciales estuvieron a punto de colisionar en la pista 05 derecha.

Detalles del incidente

El vuelo AM1631 de Aeroméxico, proveniente de Aguascalientes, descendía para aterrizar justo cuando el vuelo 590 de Delta Air Lines, con destino a Atlanta, iniciaba su carrera de despegue en la misma pista.

Según datos de Flightradar24, el avión de Aeroméxico pasó a menos de 60 metros sobre el Boeing 737 de Delta, lo que obligó a la tripulación estadunidense a abortar el despegue y regresar a la terminal.

Investigación en curso

Las autoridades mexicanas, junto con Aeroméxico y Delta, han iniciado una investigación para determinar si hubo fallas en la comunicación de la torre de control, errores en las autorizaciones o problemas técnicos en los sistemas de navegación

La Dirección General de Aeronáutica Civil mantiene abierta la indagatoria, mientras expertos advierten sobre los riesgos derivados de la saturación operativa del AICM.

Postura presidencial

Sheinbaum reconoció el incidente durante su conferencia matutina, pero subrayó que “afortunadamente no pasó a mayores” y que “se activaron todas las alertas a tiempo”.

Reiteró su confianza en el personal de tráfico aéreo, calificándolos como “profesionales reconocidos internacionalmente”, y aseguró que se están tomando medidas para evitar que se repita una situación similar.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 23 de julio de 2025.– Un torneo de pádel en el club Alfa Pádel, ubicado en el municipio de Atizapán, Estado de México, se convirtió en escenario de una violenta agresión el pasado sábado 19 de julio, cuando el empresario Alejandro Germán Mondragón Camacho, su hijo, su esposa Karla Mondragón, su gerente Otón Olvera y tres escoltas armados atacaron brutalmente al instructor de pádel Israel Morales Hernández. El incidente, que fue grabado y se viralizó en redes sociales, ha generado indignación y ha llevado a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Según el testimonio de Morales, la agresión comenzó tras una discusión durante un partido amistoso. “Estábamos en un partido de pádel y todo parecía normal. Le lancé la pelota a los contrarios para que sacaran, y Otón Olvera me reclamó de forma agresiva que le diera la pelota. Le dije que no lo había escuchado y me acomodé para defender el punto. Su compañero sacó mientras yo estaba de espaldas, y cuando le dije que no estaba listo, me retó diciendo ‘¿qué pasó de qué, güey?’”, relató Morales en un video difundido en redes sociales. La situación escaló rápidamente cuando Olvera cruzó la red y lo atacó con su pala de pádel, seguido por Mondragón y sus escoltas, quienes impidieron que otras personas intervinieran.

En las imágenes viralizadas, se observa cómo Mondragón, apodado en redes como “Lord Pádel”, junto con su grupo, rodea a Morales, lo derriba y lo golpea repetidamente, incluso cuando ya no podía defenderse. “¡Lo voy a matar!”, se escucha gritar a Mondragón, mientras la víctima suplicaba que lo dejaran. Además, Karla Mondragón, vestida de rojo, intentó impedir que una testigo grabara el incidente, confrontándola agresivamente.

Morales aclaró que los agresores no tienen ninguna relación con el club Alfa Pádel, sino que Germán Mondragón es propietario de Golden Point, otro club de pádel en el Estado de México, donde Otón Olvera funge como gerente. “Ellos entraron por la fuerza. Los escoltas, que estaban armados, no permitieron que nadie se metiera. Me golpearon cobardemente entre seis personas: los tres escoltas, Mondragón, Olvera y el hijo de Mondragón”, denunció la víctima, quien también expresó preocupación por su seguridad y la de su familia, responsabilizando directamente a los agresores de cualquier represalia.

El club Alfa Pádel emitió un comunicado deslindándose de los hechos, aclarando que Mondragón no es propietario ni está relacionado con sus instalaciones. “Activamos de inmediato nuestros protocolos de seguridad, brindamos atención médica al afectado y notificamos a las autoridades. Los involucrados fueron expulsados del torneo y se les prohibió el ingreso futuro”, señaló el club, que condenó cualquier acto de violencia. Por su parte, Golden Point también rechazó la violencia, pero afirmó que los videos muestran “solo una parte de lo ocurrido” y que el altercado fue provocado por una persona ajena, una declaración que ha sido criticada en redes sociales por intentar minimizar los hechos.

Tras la agresión, Morales recibió primeros auxilios en el lugar y fue escoltado por la policía a la Cruz Roja para recibir atención médica. Debido a las lesiones sufridas, estará un mes fuera de sus actividades. La FGJEM inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones y está recabando testimonios y pruebas, incluyendo una inspección en el club. También se investiga el posible uso de armas por parte de los escoltas, quienes bloquearon el acceso a la cancha durante el ataque.

La indignación en redes sociales ha sido masiva, con usuarios exigiendo justicia y que el caso no quede impune. La víctima ha pedido apoyo para que las autoridades actúen contra Germán Mondragón, Otón Olvera y los demás involucrados, destacando que este tipo de violencia no debe ocurrir en espacios deportivos.

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Periodistas Unidos. Campeche, México. 16 de julio de 2025.- En un polémico fallo judicial, la jueza de control interina del Sistema Penal Oral y Acusatorio del Estado de Campeche, Ana Maribel de Atocha Huitz May, dictó medidas cautelares que prohíben al periodista Jorge Luis González Valdez y al periódico digital Tribuna referirse a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román. Además, se les impuso la intervención de un censor oficial designado por el Tribunal Superior de Justicia para supervisar y aprobar previamente cualquier contenido que publiquen, en lo que ha sido calificado como un acto de censura abierta y una grave violación a la libertad de expresión.

El caso tiene su origen en una denuncia presentada por Sansores contra González Valdez y Tribuna por el presunto delito de incitación al odio, derivado de publicaciones que, según la gobernadora, contenían contenido misógino y discriminatorio que habría generado violencia psicológica en su contra. En junio de 2024, la jueza Guadalupe Martínez Taboada vinculó a proceso al periodista y al medio, imponiendo inicialmente una prohibición de dos años para que González ejerciera el periodismo y la suspensión de las actividades de Tribuna. Estas medidas fueron revertidas por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, que las consideró inconstitucionales por vulnerar los derechos humanos protegidos por los artículos 5, 6 y 7 de la Constitución mexicana, relacionados con la libertad de trabajo, expresión y prensa.

Sin embargo, en una audiencia celebrada el 15 de julio de 2025, la jueza Huitz May estableció nuevas medidas cautelares que, según el periodista, son aún más drásticas. Estas incluyen la prohibición expresa de mencionar a Sansores en cualquier formato, ya sea en publicaciones, declaraciones, opiniones o imágenes, y la supervisión previa de todo el contenido publicado por González Valdez y Tribuna por parte de un interventor judicial. La jueza argumentó que estas medidas buscan “salvaguardar los derechos de la víctima”, refiriéndose a la gobernadora, y afirmó que no se trata de una restricción a la libertad de expresión, sino de proteger la dignidad de Sansores.

El periodista, de 71 años y con más de 40 años de trayectoria, calificó las medidas como “aberrantes” y una clara violación a sus garantías constitucionales. “Esto se llama censura oficial. No se había visto en años recientes una decisión que ataque tan directamente la libertad de expresión”, declaró González Valdez a diversos medios, incluyendo Milenio y Proceso. Por su parte, Tribuna anunció que se abstendrá de publicar contenido mientras esté vigente lo que han denominado “la ley mordaza de Layda Sansores”.

Organizaciones de defensa de la libertad de prensa y periodistas locales han denunciado este caso como parte de un patrón de hostigamiento judicial contra comunicadores críticos en Campeche. Rafael Cano Franco, analista para Tribuna Campeche, señaló que existe “una persecución orquestada contra periodistas no alineados” al gobierno de Sansores, quien ha sido señalada por recurrir a instrumentos legales para silenciar críticas a su administración. Asimismo, Enrique Pastor Cruz Carranza, otro periodista, denunció que el gobierno estatal ha manipulado el sistema judicial, incluyendo cambios de jueces, para perseguir a González Valdez con fines políticos.

El caso ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios y medios como Radio Fórmula y Etcétera han criticado la decisión judicial. “Un tribunal federal le recordó a Layda Sansores que criticar a los políticos no es delito, sino deporte nacional”, escribió la periodista Bere Aguilar en X, resumiendo el sentir de muchos que ven en este caso un intento de acallar la prensa crítica.

Aunque el Tribunal Colegiado otorgó una suspensión provisional contra las medidas iniciales, las nuevas restricciones impuestas por la jueza Huitz May han reavivado el debate sobre la libertad de prensa en México. González Valdez y Tribuna han anunciado que continuarán apelando estas medidas, mientras que la comunidad periodística exige la intervención de organismos nacionales e internacionales para proteger los derechos fundamentales de los comunicadores.

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